MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPAEn la primera semana de su gobierno, el alcalde sampetrino Mauricio Fernández Garza echó fuera de su municipio a la delincuencia organizada. En el sexto día de su nueva gestión (ya antes encabezó el ayuntamiento de San Pedro Garza García, en Nuevo León) pudo anunciar que las bandas dedicadas a extorsionar (cobrar derecho de piso, para permitir operar a negocios lícitos) se marcharon de ese territorio vecino a Monterrey. Ufano como se ha mostrado desde antes de tomar posesión, y en ese momento mismo en particular, Fernández Garza hasta se permitió el recurso de la ironía, prenda infrecuente en una personalidad contundente y exuberante como la suya. Mandó decir al secretario de Gobernación que va a "portarse bien", en respuesta a la observación indirecta pero clara que días atrás había formulado Fernando Gómez Mont: quien opone delitos a la delincuencia es un delincuente.
No se puede aplicar ese calificativo al alcalde de San Pedro Garza García. Para llegar a ese extremo, y generar las sanciones correspondientes, es preciso seguir un camino trazado por la ley, algo que impacienta a ese presidente municipal, que por eso se ha permitido -y no sólo ha anunciado- tomar atribuciones que no tiene, todo con tal de erradicar de su territorio a las bandas que infringen la ley. No todas, sin embargo, pues al menos dos permanecerán allí, para evitar que nuevos grupos mafiosos ingresen a San Pedro a tomar el lugar que dejaron vacío los atemorizados extorsionadores que entendieron de inmediato el mensaje implícito en el homicidio de Héctor El Negro Saldaña, sus dos hermanos y su primo.
Las dos bandas que deambularán por San Pedro, y quizá sus alrededores, dada la dificultad de limitar acciones del género que les es propio en una zona donde la conurbación hace de los municipios centrales de Monterrey prolongación uno de otro, son las que Fernández Garza llama "de inteligencia" y de "limpieza". Es muy probable que esos grupos hayan transgredido ya la ley. Por lo menos el grupo de inteligencia lo ha hecho, si atendemos a las palabras mismas de su organizador y jefe.
Por lo menos dos meses antes de su asunción al cargo comenzó a operar ese grupo de espías, de fisgones que interfieren comunicaciones telefónicas. Ésta es una actividad ilegal, prevista sólo en casos definidos jurídicamente y practicable sólo con autorización judicial a agencias de gobierno federal. Pero Fernández Garza encargó a particulares espiar a grupos y personas. De ese modo los empleados del alcalde, electo pero todavía no en funciones, lo enteraron de que El Negro Saldaña se disponía a matarlo. En vez de utilizar esa información conforme a la ley, tal como cumple a un funcionario elegido para el ejercicio de atribuciones específicas, es decir, en vez de presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, parecería que el alcalde decidió o dejó que se decidiera la ejecución del delincuente que presumiblemente lo amagaba. Entonces entró en operación el grupo de limpieza.
Esto último es una conjetura, pero autoriza a formularla lo que ocurrió el 31 de octubre. Fernández Garza quedó oportunamente enterado de que ya no debía temer a las acciones de su presunto atacante, porque estaba muerto. En su prolijo uso de la palabra Fernández Garza no ha podido explicar a las claras el origen de su información, y deja lugar a la hipótesis de que su grupo de limpieza pudo habérsela entregado con la ufana divisa de: misión cumplida. Lo cierto es que no sólo se ignora cuál fue el prodigioso mecanismo que lo proveyó de esa utilísima información, sino que en su afán de ocultar ese origen, Fernández Garza ha implicado al gobernador y al procurador del estado, que se han deslindado de lo dicho por Fernández, negando que hubieran tenido simultáneamente la misma información.
A pesar de su promesa de portarse bien, Fernández Garza insinúa que continuará operando al margen de la ley. Delibera consigo mismo sobre el destino del grupo "de inteligencia". No ha resuelto si hará empleados municipales a sus integrantes o seguirán operando "por fuera". Si opta por este camino se asumirá como responsable de acciones contrarias al derecho que, por su propia naturaleza, tienden a quedar fuera de control. Desde la lógica del alcalde y de quienes lo aplauden, hay que privilegiar la eficacia sobre las formas legales, es bueno que el presidente municipal -que no el ayuntamiento, pues se trataría de particulares ajenos a esa autoridad- disponga de información para decidir si la pasa a los militares, a la autoridad estatal o al grupo de limpieza. Pero en esa circunstancia nada impedirá a los fisgones hurgar en la vida privada no sólo de presuntos delincuentes sino de cualquier persona. La sociedad sampetrina, que lo eligió, puede confiar en la solvencia ética de Fernández Garza en cuanto a que él mismo no ordenará indagar subrepticiamente vidas ajenas que no tengan que ver con la delincuencia. Pero el alcalde no podrá, en rigor, quedar garante de la honestidad de quienes se dedican a esa tarea, sucia por definición.
En cuanto al grupo de limpieza, Fernández Garza está pensando no integrarlo al gobierno, sino hacerlo operar bajo sus órdenes directas y con patrocinio privado. Por fuerza, la fuente de los recursos que a ese propósito se canalizaran tendrá que permanecer en la oscuridad. Y de ese modo tendremos por doquier -porque si deja consolidar el modelo sampetrino, se convertirá en riesgoso ejemplo- bandas privadas de matones.
Cajón de Sastre
Hace 20 años, el 9 de noviembre de 1989, "cayó el muro de Berlín", y con él las restricciones para viajar entre las dos porciones de la antigua capital. Al aplastar al Reich que duraría mil años, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña controlaron la parte occidental y la otra fue influida por la Unión Soviética. Ante el éxodo de alemanes orientales al Oeste, y pretextando infiltraciones de enemigos del Estado, el gobierno comunista de Alemania del Este edificó a partir de 1961 un cerco amurallado que se convirtió en símbolo de la antidemocracia represiva prevaleciente allí. Cuando prosperó la resistencia interior y se abrió la frontera entre los dos Berlín, de modo espontáneo la gente derribó una mínima parte de la muralla. Y con ello se inició la desaparición del socialismo realmente existente.
No se puede aplicar ese calificativo al alcalde de San Pedro Garza García. Para llegar a ese extremo, y generar las sanciones correspondientes, es preciso seguir un camino trazado por la ley, algo que impacienta a ese presidente municipal, que por eso se ha permitido -y no sólo ha anunciado- tomar atribuciones que no tiene, todo con tal de erradicar de su territorio a las bandas que infringen la ley. No todas, sin embargo, pues al menos dos permanecerán allí, para evitar que nuevos grupos mafiosos ingresen a San Pedro a tomar el lugar que dejaron vacío los atemorizados extorsionadores que entendieron de inmediato el mensaje implícito en el homicidio de Héctor El Negro Saldaña, sus dos hermanos y su primo.
Las dos bandas que deambularán por San Pedro, y quizá sus alrededores, dada la dificultad de limitar acciones del género que les es propio en una zona donde la conurbación hace de los municipios centrales de Monterrey prolongación uno de otro, son las que Fernández Garza llama "de inteligencia" y de "limpieza". Es muy probable que esos grupos hayan transgredido ya la ley. Por lo menos el grupo de inteligencia lo ha hecho, si atendemos a las palabras mismas de su organizador y jefe.
Por lo menos dos meses antes de su asunción al cargo comenzó a operar ese grupo de espías, de fisgones que interfieren comunicaciones telefónicas. Ésta es una actividad ilegal, prevista sólo en casos definidos jurídicamente y practicable sólo con autorización judicial a agencias de gobierno federal. Pero Fernández Garza encargó a particulares espiar a grupos y personas. De ese modo los empleados del alcalde, electo pero todavía no en funciones, lo enteraron de que El Negro Saldaña se disponía a matarlo. En vez de utilizar esa información conforme a la ley, tal como cumple a un funcionario elegido para el ejercicio de atribuciones específicas, es decir, en vez de presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, parecería que el alcalde decidió o dejó que se decidiera la ejecución del delincuente que presumiblemente lo amagaba. Entonces entró en operación el grupo de limpieza.
Esto último es una conjetura, pero autoriza a formularla lo que ocurrió el 31 de octubre. Fernández Garza quedó oportunamente enterado de que ya no debía temer a las acciones de su presunto atacante, porque estaba muerto. En su prolijo uso de la palabra Fernández Garza no ha podido explicar a las claras el origen de su información, y deja lugar a la hipótesis de que su grupo de limpieza pudo habérsela entregado con la ufana divisa de: misión cumplida. Lo cierto es que no sólo se ignora cuál fue el prodigioso mecanismo que lo proveyó de esa utilísima información, sino que en su afán de ocultar ese origen, Fernández Garza ha implicado al gobernador y al procurador del estado, que se han deslindado de lo dicho por Fernández, negando que hubieran tenido simultáneamente la misma información.
A pesar de su promesa de portarse bien, Fernández Garza insinúa que continuará operando al margen de la ley. Delibera consigo mismo sobre el destino del grupo "de inteligencia". No ha resuelto si hará empleados municipales a sus integrantes o seguirán operando "por fuera". Si opta por este camino se asumirá como responsable de acciones contrarias al derecho que, por su propia naturaleza, tienden a quedar fuera de control. Desde la lógica del alcalde y de quienes lo aplauden, hay que privilegiar la eficacia sobre las formas legales, es bueno que el presidente municipal -que no el ayuntamiento, pues se trataría de particulares ajenos a esa autoridad- disponga de información para decidir si la pasa a los militares, a la autoridad estatal o al grupo de limpieza. Pero en esa circunstancia nada impedirá a los fisgones hurgar en la vida privada no sólo de presuntos delincuentes sino de cualquier persona. La sociedad sampetrina, que lo eligió, puede confiar en la solvencia ética de Fernández Garza en cuanto a que él mismo no ordenará indagar subrepticiamente vidas ajenas que no tengan que ver con la delincuencia. Pero el alcalde no podrá, en rigor, quedar garante de la honestidad de quienes se dedican a esa tarea, sucia por definición.
En cuanto al grupo de limpieza, Fernández Garza está pensando no integrarlo al gobierno, sino hacerlo operar bajo sus órdenes directas y con patrocinio privado. Por fuerza, la fuente de los recursos que a ese propósito se canalizaran tendrá que permanecer en la oscuridad. Y de ese modo tendremos por doquier -porque si deja consolidar el modelo sampetrino, se convertirá en riesgoso ejemplo- bandas privadas de matones.
Cajón de Sastre
Hace 20 años, el 9 de noviembre de 1989, "cayó el muro de Berlín", y con él las restricciones para viajar entre las dos porciones de la antigua capital. Al aplastar al Reich que duraría mil años, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña controlaron la parte occidental y la otra fue influida por la Unión Soviética. Ante el éxodo de alemanes orientales al Oeste, y pretextando infiltraciones de enemigos del Estado, el gobierno comunista de Alemania del Este edificó a partir de 1961 un cerco amurallado que se convirtió en símbolo de la antidemocracia represiva prevaleciente allí. Cuando prosperó la resistencia interior y se abrió la frontera entre los dos Berlín, de modo espontáneo la gente derribó una mínima parte de la muralla. Y con ello se inició la desaparición del socialismo realmente existente.
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