SERGIO AGUAYO QUESADAMedio siglo de movimientos potosinos deja lecciones para los ciudadanos sin partido que deseamos transformar la inconformidad en la defensa del bien común.
Salvador Nava Martínez encabezó en San Luis Potosí un movimiento pacífico, plural y autónomo en favor de la democracia. Sus banderas fueron el respeto a la dignidad ciudadana y la limpieza del voto y sus métodos incluyeron la resistencia no violenta, la transparencia y la rendición de cuentas. Durante su brega de cuatro décadas padeció golpizas, cárceles y burlas. Sus éxitos vinieron por el respaldo social y, en época de elecciones, por el apoyo de los partidos opositores. Logró, de hecho, hacer coincidir al PAN y a las izquierdas en torno a la limpieza electoral. Murió en 1992, cuando empezaba la alternancia en los estados.
Después de su desaparición física, el navismo se diluyó como sucedería, tiempo después, con el vigoroso movimiento cívico de los años noventa. Se iniciaba el auge de los partidos que coincidieron en la indiferencia y el bloqueo de los movimientos ciudadanos autónomos.
En 1995, la Minera San Xavier, filial de la empresa canadiense New Gold Inc, reabrió la mina de Cerro de San Pedro, un municipio de la zona conurbada de la ciudad de San Luis Potosí. Tiene años extrayendo plata y oro con técnicas destructivas del medio ambiente. Lo ha hecho con el respaldo de los gobiernos estatales y federales panistas.
En 1999 el Frente Amplio Opositor empezó la defensa de su ambiente exigiendo que la empresa canadiense detuviera la destrucción de un cerro que adorna el escudo de armas del estado. Diez años después, está a punto de lograr su objetivo. El 24 de septiembre el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ordenó que se cumplieran los fallos anteriores: la compañía debe salir del Cerro de San Pedro. Salvo una nueva maniobra de la empresa y sus aliados en el gobierno, la minera abandonará las instalaciones este mes.
Un éxito notable porque el Frente carece de oficinas y presupuesto. Su núcleo es un grupo pequeño de personas donde los nuevos activistas se mezclan con herederos del navismo. Tanto así, que participa un hijo del doctor (Manuel) y su viuda doña Conchita Calvillo. Pese a la precariedad con la cual han trabajado, obtuvieron la victoria porque demostraron jurídicamente que tienen razón y porque el litigio lo ha llevado gratuitamente el abogado Héctor Barri, quien de esa manera cumple con una promesa que hizo a su esposa, la fallecida doctora y ambientalista Beatriz Septién. Las biografías individuales sí cuentan en el tejido de la historia.
He seguido la evolución de este caso que deja varias conclusiones útiles. La primera es la visión tan simplista de un panismo para el cual toda la inversión extranjera es por definición positiva para el país. Son incapaces de distinguir a los depredadores. La segunda es el menosprecio de ese partido a los movimientos ciudadanos, muy parecido al desprecio del priismo por el doctor Nava, a quien le pusieron varios apodos. Entre otros, le decían El Nerón de San Luis Potosí y El Ciempiés.
No sorprende, por tanto, la forma en que la joven dirigente panista Mariana Gómez del Campo celebró el nombramiento de Raúl Plascencia Villanueva como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como la fiesta en el Pedregal no prendía lanzó, entre risotadas de algunos presentes, un "¡Oigan, pero si esto parece un funeral! Deberíamos poner la foto de [Emilio] Álvarez Icaza" (Silvia Garduño, Reforma, 7 de noviembre de 2009). ¡Cuánto desprecio por el candidato respaldado por el grueso del movimiento social de derechos humanos! ¿Alcanzarán todos los templos del país para colgar las fotos de, y rezar el novenario por, los panistas que han renegado de su ideario original?
Los movimientos sociales tampoco se han beneficiado de las instituciones creadas por la alternancia. En mayo del 2003 la Comisión de Baja California emitió una rara recomendación inspirada en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales para proteger a los jornaleros agrícolas. El titular Raúl Ramírez Baena llevó al límite su mandato, y el panismo que controlaba el Congreso lo expulsó del cargo. Algo parecido sucedió en San Luis Potosí, en donde la antigua presidenta de la comisión local sacó una recomendación muy ligerita sobre el caso, y del actual presidente, José Ángel Morán, se puede esperar bien poco porque es uno de los clones más fieles de José Luis Soberanes.
Así pues, la mayor parte de las instituciones es hostil a los movimientos ciudadanos independientes que defienden causas justas. El cambio vendrá cuando los partidos se liberen de su obsesión por los presupuestos y los cargos o cuando las organizaciones sociales se unan en un movimiento que limpie un sistema político corrupto y podrido. Las bregas potosinas nos recuerdan que nadie nos regalará la dignidad y la libertad; éstas se conquistan.
Salvador Nava Martínez encabezó en San Luis Potosí un movimiento pacífico, plural y autónomo en favor de la democracia. Sus banderas fueron el respeto a la dignidad ciudadana y la limpieza del voto y sus métodos incluyeron la resistencia no violenta, la transparencia y la rendición de cuentas. Durante su brega de cuatro décadas padeció golpizas, cárceles y burlas. Sus éxitos vinieron por el respaldo social y, en época de elecciones, por el apoyo de los partidos opositores. Logró, de hecho, hacer coincidir al PAN y a las izquierdas en torno a la limpieza electoral. Murió en 1992, cuando empezaba la alternancia en los estados.
Después de su desaparición física, el navismo se diluyó como sucedería, tiempo después, con el vigoroso movimiento cívico de los años noventa. Se iniciaba el auge de los partidos que coincidieron en la indiferencia y el bloqueo de los movimientos ciudadanos autónomos.
En 1995, la Minera San Xavier, filial de la empresa canadiense New Gold Inc, reabrió la mina de Cerro de San Pedro, un municipio de la zona conurbada de la ciudad de San Luis Potosí. Tiene años extrayendo plata y oro con técnicas destructivas del medio ambiente. Lo ha hecho con el respaldo de los gobiernos estatales y federales panistas.
En 1999 el Frente Amplio Opositor empezó la defensa de su ambiente exigiendo que la empresa canadiense detuviera la destrucción de un cerro que adorna el escudo de armas del estado. Diez años después, está a punto de lograr su objetivo. El 24 de septiembre el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ordenó que se cumplieran los fallos anteriores: la compañía debe salir del Cerro de San Pedro. Salvo una nueva maniobra de la empresa y sus aliados en el gobierno, la minera abandonará las instalaciones este mes.
Un éxito notable porque el Frente carece de oficinas y presupuesto. Su núcleo es un grupo pequeño de personas donde los nuevos activistas se mezclan con herederos del navismo. Tanto así, que participa un hijo del doctor (Manuel) y su viuda doña Conchita Calvillo. Pese a la precariedad con la cual han trabajado, obtuvieron la victoria porque demostraron jurídicamente que tienen razón y porque el litigio lo ha llevado gratuitamente el abogado Héctor Barri, quien de esa manera cumple con una promesa que hizo a su esposa, la fallecida doctora y ambientalista Beatriz Septién. Las biografías individuales sí cuentan en el tejido de la historia.
He seguido la evolución de este caso que deja varias conclusiones útiles. La primera es la visión tan simplista de un panismo para el cual toda la inversión extranjera es por definición positiva para el país. Son incapaces de distinguir a los depredadores. La segunda es el menosprecio de ese partido a los movimientos ciudadanos, muy parecido al desprecio del priismo por el doctor Nava, a quien le pusieron varios apodos. Entre otros, le decían El Nerón de San Luis Potosí y El Ciempiés.
No sorprende, por tanto, la forma en que la joven dirigente panista Mariana Gómez del Campo celebró el nombramiento de Raúl Plascencia Villanueva como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como la fiesta en el Pedregal no prendía lanzó, entre risotadas de algunos presentes, un "¡Oigan, pero si esto parece un funeral! Deberíamos poner la foto de [Emilio] Álvarez Icaza" (Silvia Garduño, Reforma, 7 de noviembre de 2009). ¡Cuánto desprecio por el candidato respaldado por el grueso del movimiento social de derechos humanos! ¿Alcanzarán todos los templos del país para colgar las fotos de, y rezar el novenario por, los panistas que han renegado de su ideario original?
Los movimientos sociales tampoco se han beneficiado de las instituciones creadas por la alternancia. En mayo del 2003 la Comisión de Baja California emitió una rara recomendación inspirada en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales para proteger a los jornaleros agrícolas. El titular Raúl Ramírez Baena llevó al límite su mandato, y el panismo que controlaba el Congreso lo expulsó del cargo. Algo parecido sucedió en San Luis Potosí, en donde la antigua presidenta de la comisión local sacó una recomendación muy ligerita sobre el caso, y del actual presidente, José Ángel Morán, se puede esperar bien poco porque es uno de los clones más fieles de José Luis Soberanes.
Así pues, la mayor parte de las instituciones es hostil a los movimientos ciudadanos independientes que defienden causas justas. El cambio vendrá cuando los partidos se liberen de su obsesión por los presupuestos y los cargos o cuando las organizaciones sociales se unan en un movimiento que limpie un sistema político corrupto y podrido. Las bregas potosinas nos recuerdan que nadie nos regalará la dignidad y la libertad; éstas se conquistan.
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