LORENZO CÓRDOVA VIANELLOCuando una sociedad es aquejada por la inseguridad y las debacles económicas, es normal que se abran peligrosas ventanas de oportunidad para que proliferen discursos autoritarios que ofrecen soluciones inmediatas y enérgicas a los problemas. No es algo raro, ni tampoco un fenómeno difícil de explicar. Lo delicado es que esos momentos de crisis normalmente van acompañados de un desasosiego y una desesperación de gran parte de los gobernados que, de manera instintiva, acogen de buena gana las voces que ofrecen restaurar el orden y la tranquilidad social con mano dura.
Ya a mediados del siglo XVII Thomas Hobbes sugirió que el origen del poder político respondía a la necesidad de los hombres que vivían en el “estado de naturaleza”, un contexto de “guerra de todos contra todos” y en el que la vida estaba en peligro en todo momento, por procurarse orden y seguridad. Hobbes sostenía que la única manera de frenar la peligrosa situación presocial era que los hombres le cedieran todos sus poderes y derechos individuales a un Estado fuerte y plenipotenciario encargado de instaurar la paz social. El problema es que Hobbes abogaba por la legitimación del Estado absoluto. La renuncia de los derechos a cambio de seguridad es, así, la lógica que subyace a todos los regímenes autoritarios, no a las democracias constitucionales.
Los tres siglos y medio siguientes constituyen la época en la que nació, evolucionó y proliferó el discurso de los derechos humanos que están en la base del moderno estado de derecho. Esos derechos nacieron, ante todo, como límite al poder discrecional y arbitrario del Estado, y son la base para una convivencia pacífica y democrática. En eso reside su obra civilizatoria y su carácter ilustrado.
Afortunadamente, los principios de la que Norberto Bobbio definió como la “civilización de los derechos” terminaron por difundirse y reconocerse universalmente al cabo de las catastróficas conflagraciones mundiales que caracterizaron la primera mitad del siglo pasado. Pero su suceso histórico que se ha plasmado normativamente en las varias declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos, así como en todas las constituciones de los estados democráticos, no está exento de riesgos y eventuales retrocesos. Es más, vivimos en una época en la que la globalización del crimen organizado, la recesión económica, las migraciones y los varios conflictos étnicos, sociales y las guerras ponen en riesgo la vigencia de los derechos fundamentales.
Por eso son alarmantes las ligeras y primitivas declaraciones del alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, en el sentido de que ha creado grupos de inteligencia y “limpieza” para combatir al crimen en su municipio, tomándose para ello “atribuciones que no tiene”, pues suponen el abandono del estado de derecho (fundado en el principio de legalidad, un derecho humano que protege a los individuos frente al uso arbitrario del poder y que obliga a las autoridades a hacer sólo aquello para lo que están facultadas) y por ello de la lógica de los derechos humanos.
Lo grave es que ello ocurre en un contexto en el que cada vez más ciudadanos están dispuestos a renunciar a sus derechos y libertades en aras de que se les garantice seguridad a toda costa y por cualquier medio, sin percatarse de que esa es la vía más segura para que los derechos —que tanto ha conquistado reivindicar, aunque están lejos aún de estar plenamente garantizados— se anulen y la democracia degenere en mera apariencia.
Todo esto es, además, el escenario para la renovación de la CNDH. La decisión que en breve tomará el Senado nos permitirá saber si la clase política se pliega a la lamentable lógica de ver a los derechos como un tema secundario y se cede a la tentación del continuismo de una gestión que coquetea con los poderes, o si se decide dar un vuelco hacia las pocas opciones que han venido construyendo un discurso que propone colocar a la agenda de los derechos humanos en el centro de las políticas públicas y subordinar efectivamente el poder a dichos derechos.
Ya a mediados del siglo XVII Thomas Hobbes sugirió que el origen del poder político respondía a la necesidad de los hombres que vivían en el “estado de naturaleza”, un contexto de “guerra de todos contra todos” y en el que la vida estaba en peligro en todo momento, por procurarse orden y seguridad. Hobbes sostenía que la única manera de frenar la peligrosa situación presocial era que los hombres le cedieran todos sus poderes y derechos individuales a un Estado fuerte y plenipotenciario encargado de instaurar la paz social. El problema es que Hobbes abogaba por la legitimación del Estado absoluto. La renuncia de los derechos a cambio de seguridad es, así, la lógica que subyace a todos los regímenes autoritarios, no a las democracias constitucionales.
Los tres siglos y medio siguientes constituyen la época en la que nació, evolucionó y proliferó el discurso de los derechos humanos que están en la base del moderno estado de derecho. Esos derechos nacieron, ante todo, como límite al poder discrecional y arbitrario del Estado, y son la base para una convivencia pacífica y democrática. En eso reside su obra civilizatoria y su carácter ilustrado.
Afortunadamente, los principios de la que Norberto Bobbio definió como la “civilización de los derechos” terminaron por difundirse y reconocerse universalmente al cabo de las catastróficas conflagraciones mundiales que caracterizaron la primera mitad del siglo pasado. Pero su suceso histórico que se ha plasmado normativamente en las varias declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos, así como en todas las constituciones de los estados democráticos, no está exento de riesgos y eventuales retrocesos. Es más, vivimos en una época en la que la globalización del crimen organizado, la recesión económica, las migraciones y los varios conflictos étnicos, sociales y las guerras ponen en riesgo la vigencia de los derechos fundamentales.
Por eso son alarmantes las ligeras y primitivas declaraciones del alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, en el sentido de que ha creado grupos de inteligencia y “limpieza” para combatir al crimen en su municipio, tomándose para ello “atribuciones que no tiene”, pues suponen el abandono del estado de derecho (fundado en el principio de legalidad, un derecho humano que protege a los individuos frente al uso arbitrario del poder y que obliga a las autoridades a hacer sólo aquello para lo que están facultadas) y por ello de la lógica de los derechos humanos.
Lo grave es que ello ocurre en un contexto en el que cada vez más ciudadanos están dispuestos a renunciar a sus derechos y libertades en aras de que se les garantice seguridad a toda costa y por cualquier medio, sin percatarse de que esa es la vía más segura para que los derechos —que tanto ha conquistado reivindicar, aunque están lejos aún de estar plenamente garantizados— se anulen y la democracia degenere en mera apariencia.
Todo esto es, además, el escenario para la renovación de la CNDH. La decisión que en breve tomará el Senado nos permitirá saber si la clase política se pliega a la lamentable lógica de ver a los derechos como un tema secundario y se cede a la tentación del continuismo de una gestión que coquetea con los poderes, o si se decide dar un vuelco hacia las pocas opciones que han venido construyendo un discurso que propone colocar a la agenda de los derechos humanos en el centro de las políticas públicas y subordinar efectivamente el poder a dichos derechos.
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