JORGE ALCOCER VILLANUEVASoy partidario de la existencia de la cédula de identidad ciudadana, documento que permitiría acreditar la ciudadanía mexicana, de manera plena y fehaciente, ante cualquier autoridad, o ante otras personas físicas o morales.
En 1990 quedó establecido, en el artículo 36 constitucional, el Registro Nacional de Ciudadanos (RNC) y la obligación de inscribirse en él, obteniendo el documento que acredite la ciudadanía mexicana; un artículo transitorio de esa reforma dispuso que "En tanto no se establezca el servicio del Registro Nacional Ciudadano, los ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales." Esa es la base del Registro Federal de Electores (RFE), a cargo del IFE, y de la credencial para votar, que durante casi dos décadas ha suplido el documento de identidad a que se refiere la Constitución.
Sin embargo, es conocido que el RFE, como ocurre en otras instituciones registrales, enfrenta problemas para alcanzar la plena veracidad del padrón electoral; entre otros, por las deficiencias de los registros civiles para informar las defunciones; por los 4 millones de mexicanos que radican y trabajan en Estados Unidos, y por el hecho de que millones de ciudadanos no informan oportunamente sus cambios de domicilio. Además, a pesar de que el RFE exige desde hace años la presentación de acta de nacimiento, o de otro documento de identidad, y comprobante de domicilio, el padrón y la credencial para votar siguen siendo, legalmente, instrumentos basados en la buena fe de la autoridad registral, que confía en que la información que le proporciona cada ciudadano es fidedigna.
Por otra parte, dado que legalmente los representantes de los partidos políticos ante el RFE tienen derecho a consultar la base de datos, así como a recibir impreso el listado nominal de electores, la confidencialidad de la información no puede ser plenamente garantizada; se han presentado casos de empresas privadas que disponen de la base de datos del padrón, quizá por habérselas proporcionado algún partido político.
Los especialistas coinciden en la necesidad de transitar de la credencial para votar a la cédula de identidad. Desde hace muchos años la Ley General de Población establece que para ese tránsito el RFE debería proporcionar al RNC la base de datos e imágenes del padrón electoral, como primer paso para la integración del nuevo listado ciudadano que dé lugar a la expedición de la cédula de identidad.
Sin embargo, la Secretaría de Gobernación ha decidido emprender un confuso proyecto, ajeno a los antecedentes y bases constitucionales establecidas en 1990, que no contemplan la duplicidad de documentos de identidad. Sin explicar con claridad y suficiencia sus objetivos y propósitos, el gobierno pretende que el Registro Nacional de Población (Renapo), organismo desconcentrado de la SEGOB, integre y salvaguarde una base de datos biométricos -con las diez huellas digitales, la huella del iris y la fotografía del rostro- de cada ciudadano, para posteriormente expedir la cédula de identidad que, se ha afirmado, coexistirá de manera permanente con la credencial para votar que expide el IFE. Tal proyecto está marcado por la opacidad y la confusión, agravadas por las contradictorias explicaciones del subsecretario de Población, Alejandro Poiré.
La confusión es ahora mayor pues alguien en la Cámara de Diputados, en una maniobra de madrugada, canceló los recursos solicitados para la cédula de identidad (mil millones de pesos), pero los reasignó, íntegramente, al Renapo y a la modernización de registros civiles; lo primero para obtener la información biométrica de cada ciudadano, y lo segundo a fin de llevar a término la certificación de la clave única del registro de población (CURP) que son los dos elementos base para emitir ¡la cédula de identidad!
Es necesaria una explicación de lo aprobado por los diputados en el presupuesto, pero sobre todo debe transparentarse plenamente un proyecto que involucra y afecta de manera directa a todos los ciudadanos.
En 1990 quedó establecido, en el artículo 36 constitucional, el Registro Nacional de Ciudadanos (RNC) y la obligación de inscribirse en él, obteniendo el documento que acredite la ciudadanía mexicana; un artículo transitorio de esa reforma dispuso que "En tanto no se establezca el servicio del Registro Nacional Ciudadano, los ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales." Esa es la base del Registro Federal de Electores (RFE), a cargo del IFE, y de la credencial para votar, que durante casi dos décadas ha suplido el documento de identidad a que se refiere la Constitución.
Sin embargo, es conocido que el RFE, como ocurre en otras instituciones registrales, enfrenta problemas para alcanzar la plena veracidad del padrón electoral; entre otros, por las deficiencias de los registros civiles para informar las defunciones; por los 4 millones de mexicanos que radican y trabajan en Estados Unidos, y por el hecho de que millones de ciudadanos no informan oportunamente sus cambios de domicilio. Además, a pesar de que el RFE exige desde hace años la presentación de acta de nacimiento, o de otro documento de identidad, y comprobante de domicilio, el padrón y la credencial para votar siguen siendo, legalmente, instrumentos basados en la buena fe de la autoridad registral, que confía en que la información que le proporciona cada ciudadano es fidedigna.
Por otra parte, dado que legalmente los representantes de los partidos políticos ante el RFE tienen derecho a consultar la base de datos, así como a recibir impreso el listado nominal de electores, la confidencialidad de la información no puede ser plenamente garantizada; se han presentado casos de empresas privadas que disponen de la base de datos del padrón, quizá por habérselas proporcionado algún partido político.
Los especialistas coinciden en la necesidad de transitar de la credencial para votar a la cédula de identidad. Desde hace muchos años la Ley General de Población establece que para ese tránsito el RFE debería proporcionar al RNC la base de datos e imágenes del padrón electoral, como primer paso para la integración del nuevo listado ciudadano que dé lugar a la expedición de la cédula de identidad.
Sin embargo, la Secretaría de Gobernación ha decidido emprender un confuso proyecto, ajeno a los antecedentes y bases constitucionales establecidas en 1990, que no contemplan la duplicidad de documentos de identidad. Sin explicar con claridad y suficiencia sus objetivos y propósitos, el gobierno pretende que el Registro Nacional de Población (Renapo), organismo desconcentrado de la SEGOB, integre y salvaguarde una base de datos biométricos -con las diez huellas digitales, la huella del iris y la fotografía del rostro- de cada ciudadano, para posteriormente expedir la cédula de identidad que, se ha afirmado, coexistirá de manera permanente con la credencial para votar que expide el IFE. Tal proyecto está marcado por la opacidad y la confusión, agravadas por las contradictorias explicaciones del subsecretario de Población, Alejandro Poiré.
La confusión es ahora mayor pues alguien en la Cámara de Diputados, en una maniobra de madrugada, canceló los recursos solicitados para la cédula de identidad (mil millones de pesos), pero los reasignó, íntegramente, al Renapo y a la modernización de registros civiles; lo primero para obtener la información biométrica de cada ciudadano, y lo segundo a fin de llevar a término la certificación de la clave única del registro de población (CURP) que son los dos elementos base para emitir ¡la cédula de identidad!
Es necesaria una explicación de lo aprobado por los diputados en el presupuesto, pero sobre todo debe transparentarse plenamente un proyecto que involucra y afecta de manera directa a todos los ciudadanos.
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