ALEJANDRO GERTZ MANEROSe está discutiendo en el Congreso el gasto público que habrá de ejercerse el próximo año, y la danza de decenas de miles de millones de pesos se multiplica en cada tema de la vida nacional, mientras el gobierno federal, los gobernadores y los presidentes municipales “se placean” en una exhibición mediática que más parece precampaña que gestión para la asignación de fondos.
Las cifras del Presupuesto de Egresos son de vértigo y las cantidades que se señalan sobrepasan muchas veces la comprensión de quienes tienen el tiempo contado en el Congreso para aceptar o rechazar los gastos, que durante años el Poder Ejecutivo en todos sus niveles ha tenido tiempo de integrar, a través de sus enormes estructuras burocráticas, que saben manejar, esconder, mistificar y hacer aparecer y desaparecer mágicamente los dineros que el pueblo aporta, y que estas voraces burocracias se devoran en forma irresponsable e implacable.
Es evidente que las necesidades de gasto público son ineludibles y que uno de los caminos, aun cuando no el único, de impulsar el crecimiento económico de un país como el nuestro es el gasto presupuestal, cuando está bien encaminado y aplicado con prudencia y honestidad, pero que de ninguna manera se debe ejercer en forma frívola, irresponsable y corrupta, como ha venido ocurriendo en el país.
Estas afirmaciones las podemos ratificar a través del análisis de las propuestas presupuestales, que multiplican exponencialmente el gasto asignado a los grandes sueldos de los altos y medianos funcionaros, que son producto del favoritismo político, y en los despilfarros en la inversión que se dilapida sin el mínimo control verificable de productividad y resultados.
Una de las razones subyacentes de esta rebatiña presupuestal se halla en la necesidad imperiosa de contar con fondos que permitan la compra de votos durante el próximo año, cuando 10 gubernaturas y un buen número de presidencias municipales y legislaturas locales habrán de cambiar de manos mediante un voto que en buena parte se obtiene con dádivas y con toda la gama de actos de corrupción que están sustentados en el dinero público, al servicio de una estrategia electoral que opera sobre el hambre, la necesidad de las mayorías y la inmoralidad política galopante.
En este proceso de asignación presupuestal, es infantil o grotesco, según se quiera ver y creer, que en unos cuantos días un grupo de diputados que carece de los equipos de técnicos fiscales y de las estructuras de auditoría y planeación adecuadas pueda emitir votos mínimamente razonados para asignar o negar esas enormes partidas presupuestales, y simplemente lo que observamos es el brutal jaloneo y la imposición abrumadora de los grandes intereses partidistas y del gobierno para obtener el botín de la asignación de recursos para el siguiente año.
Frente a esta realidad tan ofensiva para todos los mexicanos, después de que hemos sufrido la aplastante “reforma fiscal” que le arrancará a cada persona y a cada empresa (con exclusión de los favoritos y los cómplices) aún más dinero y más exacciones fiscales de las que ya veníamos padeciendo, ahora resulta que todos esos enormes recursos se van a seguir gastando sin algún control real y eficiente que permita aplicar los fondos públicos a una verdadera recuperación nacional.
Ante esta doble crisis fiscal de ingresos y egresos que nos golpeará por todas partes, es indispensable establecer la obligación de generar una verdadera auditoría ciudadana que apoye el gasto público bien ejercido, pero que impida y sancione la distorsión, la inmoralidad y la ineficiencia que estamos sufriendo, y que evidentemente se puede remediar, si a partir de enero de 2010 contamos con un sistema de auditoría confiable e independiente que nos permita impedir que continúe el desastre que estamos viviendo.
Por todas estas razones, desde este momento nos estamos comprometiendo para formar un frente ciudadano de diputados en el Congreso para establecer todos los métodos que sean necesarios para ejercer una función real y cotidiana de auditoría; y para ello, generaremos las obligaciones y la transparencia que son indispensables en la Auditoría Superior de la Federación, mientras logramos la creación de la Contraloría General de la Nación como órgano de Estado independiente, autónomo y ciudadano que verdaderamente nos defienda y represente.
Las cifras del Presupuesto de Egresos son de vértigo y las cantidades que se señalan sobrepasan muchas veces la comprensión de quienes tienen el tiempo contado en el Congreso para aceptar o rechazar los gastos, que durante años el Poder Ejecutivo en todos sus niveles ha tenido tiempo de integrar, a través de sus enormes estructuras burocráticas, que saben manejar, esconder, mistificar y hacer aparecer y desaparecer mágicamente los dineros que el pueblo aporta, y que estas voraces burocracias se devoran en forma irresponsable e implacable.
Es evidente que las necesidades de gasto público son ineludibles y que uno de los caminos, aun cuando no el único, de impulsar el crecimiento económico de un país como el nuestro es el gasto presupuestal, cuando está bien encaminado y aplicado con prudencia y honestidad, pero que de ninguna manera se debe ejercer en forma frívola, irresponsable y corrupta, como ha venido ocurriendo en el país.
Estas afirmaciones las podemos ratificar a través del análisis de las propuestas presupuestales, que multiplican exponencialmente el gasto asignado a los grandes sueldos de los altos y medianos funcionaros, que son producto del favoritismo político, y en los despilfarros en la inversión que se dilapida sin el mínimo control verificable de productividad y resultados.
Una de las razones subyacentes de esta rebatiña presupuestal se halla en la necesidad imperiosa de contar con fondos que permitan la compra de votos durante el próximo año, cuando 10 gubernaturas y un buen número de presidencias municipales y legislaturas locales habrán de cambiar de manos mediante un voto que en buena parte se obtiene con dádivas y con toda la gama de actos de corrupción que están sustentados en el dinero público, al servicio de una estrategia electoral que opera sobre el hambre, la necesidad de las mayorías y la inmoralidad política galopante.
En este proceso de asignación presupuestal, es infantil o grotesco, según se quiera ver y creer, que en unos cuantos días un grupo de diputados que carece de los equipos de técnicos fiscales y de las estructuras de auditoría y planeación adecuadas pueda emitir votos mínimamente razonados para asignar o negar esas enormes partidas presupuestales, y simplemente lo que observamos es el brutal jaloneo y la imposición abrumadora de los grandes intereses partidistas y del gobierno para obtener el botín de la asignación de recursos para el siguiente año.
Frente a esta realidad tan ofensiva para todos los mexicanos, después de que hemos sufrido la aplastante “reforma fiscal” que le arrancará a cada persona y a cada empresa (con exclusión de los favoritos y los cómplices) aún más dinero y más exacciones fiscales de las que ya veníamos padeciendo, ahora resulta que todos esos enormes recursos se van a seguir gastando sin algún control real y eficiente que permita aplicar los fondos públicos a una verdadera recuperación nacional.
Ante esta doble crisis fiscal de ingresos y egresos que nos golpeará por todas partes, es indispensable establecer la obligación de generar una verdadera auditoría ciudadana que apoye el gasto público bien ejercido, pero que impida y sancione la distorsión, la inmoralidad y la ineficiencia que estamos sufriendo, y que evidentemente se puede remediar, si a partir de enero de 2010 contamos con un sistema de auditoría confiable e independiente que nos permita impedir que continúe el desastre que estamos viviendo.
Por todas estas razones, desde este momento nos estamos comprometiendo para formar un frente ciudadano de diputados en el Congreso para establecer todos los métodos que sean necesarios para ejercer una función real y cotidiana de auditoría; y para ello, generaremos las obligaciones y la transparencia que son indispensables en la Auditoría Superior de la Federación, mientras logramos la creación de la Contraloría General de la Nación como órgano de Estado independiente, autónomo y ciudadano que verdaderamente nos defienda y represente.
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