JAVIER CORRAL JURADOPor las posiciones que ya han expresado legisladores del PRI sobre el presupuesto, más que un instrumento de redistribución del ingreso hacia proyectos prioritarios, programas sociales y sectores necesitados, se configura un agandalle de recursos para los gobernadores priístas, con miras a las elecciones de 2010. Algo muy delicado porque el margen de redistribución del presupuesto, si mucho, llega a 10%. Veremos cómo termina este segundo capítulo de la política económica del Presidente, porque la Ley de Ingresos ha dejado honda insatisfacción.
Conforme las negociaciones mezquinas se van conociendo, se acrecienta la sensación de engaño en varios legisladores por haber recibido información falsa o a medias. Fue un proceso en el que concurrieron diversos actores y contradictorios intereses, en un momento deteriorado de la Hacienda pública, bajo presiones y con una correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados que a los del PAN nos coloca en desventaja frente a la mayoría PRI-telebancada del Verde y al resto de los partidos.
Aunque en el grueso del paquete económico, todos los legisladores del PAN apoyamos la negociación en su conjunto, no todos votamos a favor de todo lo propuesto. Muchos, respaldando la necesidad de mayores ingresos para el gobierno, nos opusimos a introducir privilegios indebidos para las fortunas más acaudaladas. En tres asuntos las votaciones dividieron a los legisladores del PAN.
Señalo privilegios indebidos porque hay quienes se aprovechan de las crisis y de las negociaciones para imponer condiciones ventajosas, hacer negocios y sacar provecho personal, político y económico. En la difícil situación que viven los más en México, aumentar impuestos resulta muy difícil de explicar, pero no hay posibilidad de ofrecer argumentos cuando se conceden grandes privilegios a los más pudientes. Y esa fue la línea que varios tomamos: apoyar al gobierno en una mayor recaudación porque de ahí saldrá el presupuesto, pero no prestarnos a componendas vergonzantes.
Por eso varios votamos contra los tratamientos especiales en el régimen de consolidación fiscal que permitieron diferir el pago de impuestos a las empresas más acaudaladas por los siguientes cinco años. El Presidente, que había reclamado su responsabilidad a las grandes empresas, propuso originalmente que en el primer año los grandes causantes que no habían pagado sus impuestos cumplieran con el 60% y el resto diferido a cuatro años. Eso significaba 27 mil millones de pesos. La Cámara de Diputados, al aprobar la consolidación, bajó el primer pago al 40%. Aun así, votamos a favor. Donde varios ya no estuvimos de acuerdo fue cuando el Senado le rebajó otro 15% y lo colocó en 25%. Votamos en contra.
No sólo la clase política está dejando de ver la irritación social que producen estas decisiones, sino que también el sector empresarial debería ser el más preocupado por la desigualdad social. Hay una bomba de tiempo que puede detonar.
Por eso también varios legisladores panistas nos opusimos al diferimiento gradual del impuesto del 2% al tabaco. Cuando el Senado aprobó aplicarlo todo de entrada, respaldé esa medida, recaudatoria y un instrumento eficaz contra el tabaquismo.
Con más ganas, resistimos la exención fiscal para los nuevos operadores de telefonía móvil. Empresas rentables conquistaron finalmente bajo la presión de Televisa una condonación en el pago de derechos por dos años. Este asunto está resultando el más desgastante para las relaciones partido-gobierno pues, al hacerse cargo directamente el Presidente de la defensa de esa inconstitucional exención, ha quedado un ambiente desanimado en cuanto a los compromisos de modernización política.
No creo que haya un solo legislador conforme o satisfecho. Por eso hay un sabor amargo con el desenlace y de la forma en que se han procesado varias decisiones. También hay unos que tienen más cara que otros para dar razón de su conducta. De lo que no tengo ninguna duda es de que el modelo de procesamiento de estos asuntos está agotado, y de que se necesita redefinir tiempos y métodos, reglas y fuentes confiables de información.
Conforme las negociaciones mezquinas se van conociendo, se acrecienta la sensación de engaño en varios legisladores por haber recibido información falsa o a medias. Fue un proceso en el que concurrieron diversos actores y contradictorios intereses, en un momento deteriorado de la Hacienda pública, bajo presiones y con una correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados que a los del PAN nos coloca en desventaja frente a la mayoría PRI-telebancada del Verde y al resto de los partidos.
Aunque en el grueso del paquete económico, todos los legisladores del PAN apoyamos la negociación en su conjunto, no todos votamos a favor de todo lo propuesto. Muchos, respaldando la necesidad de mayores ingresos para el gobierno, nos opusimos a introducir privilegios indebidos para las fortunas más acaudaladas. En tres asuntos las votaciones dividieron a los legisladores del PAN.
Señalo privilegios indebidos porque hay quienes se aprovechan de las crisis y de las negociaciones para imponer condiciones ventajosas, hacer negocios y sacar provecho personal, político y económico. En la difícil situación que viven los más en México, aumentar impuestos resulta muy difícil de explicar, pero no hay posibilidad de ofrecer argumentos cuando se conceden grandes privilegios a los más pudientes. Y esa fue la línea que varios tomamos: apoyar al gobierno en una mayor recaudación porque de ahí saldrá el presupuesto, pero no prestarnos a componendas vergonzantes.
Por eso varios votamos contra los tratamientos especiales en el régimen de consolidación fiscal que permitieron diferir el pago de impuestos a las empresas más acaudaladas por los siguientes cinco años. El Presidente, que había reclamado su responsabilidad a las grandes empresas, propuso originalmente que en el primer año los grandes causantes que no habían pagado sus impuestos cumplieran con el 60% y el resto diferido a cuatro años. Eso significaba 27 mil millones de pesos. La Cámara de Diputados, al aprobar la consolidación, bajó el primer pago al 40%. Aun así, votamos a favor. Donde varios ya no estuvimos de acuerdo fue cuando el Senado le rebajó otro 15% y lo colocó en 25%. Votamos en contra.
No sólo la clase política está dejando de ver la irritación social que producen estas decisiones, sino que también el sector empresarial debería ser el más preocupado por la desigualdad social. Hay una bomba de tiempo que puede detonar.
Por eso también varios legisladores panistas nos opusimos al diferimiento gradual del impuesto del 2% al tabaco. Cuando el Senado aprobó aplicarlo todo de entrada, respaldé esa medida, recaudatoria y un instrumento eficaz contra el tabaquismo.
Con más ganas, resistimos la exención fiscal para los nuevos operadores de telefonía móvil. Empresas rentables conquistaron finalmente bajo la presión de Televisa una condonación en el pago de derechos por dos años. Este asunto está resultando el más desgastante para las relaciones partido-gobierno pues, al hacerse cargo directamente el Presidente de la defensa de esa inconstitucional exención, ha quedado un ambiente desanimado en cuanto a los compromisos de modernización política.
No creo que haya un solo legislador conforme o satisfecho. Por eso hay un sabor amargo con el desenlace y de la forma en que se han procesado varias decisiones. También hay unos que tienen más cara que otros para dar razón de su conducta. De lo que no tengo ninguna duda es de que el modelo de procesamiento de estos asuntos está agotado, y de que se necesita redefinir tiempos y métodos, reglas y fuentes confiables de información.
No hay comentarios:
Publicar un comentario