MANLIO FABIO BELTRONESMéxico cumple nueve años de gobiernos de alternancia, sin que éstos hayan cumplido su tarea de diseñar un sistema fiscal suficiente, ni un Estado de derecho pleno. El anhelo democrático de los últimos decenios contrasta hoy con un desempeño gubernamental de calidad precaria.
En estas circunstancias, las finanzas públicas merecen una atención especial, pues durante mucho tiempo fueron objeto de un descuido injustificable. O los funcionarios no prestaban la atención debida, o el gobierno no comunicó oportunamente su gravedad. Nunca se alertó que el "destino" nos pisaba los talones, hasta que en forma tardía se dio la voz de alarma. Antes, se había afirmado que los efectos de la crisis financiera mundial tendrían repercusiones limitadas en nuestro país.
La verdad, ahora la insolvencia del gobierno a nivel federal y estatal es un escenario factible, lamentablemente, pero evitable aún. El presidente Felipe Calderón envió al Poder Legislativo la Ley de Ingresos de la Federación para el 2010, con previsiones para superar un "boquete fiscal" que el gobierno federal estima en 300 mil millones de pesos. La propuesta llegó a los legisladores con la gravedad de un enfermo que ingresa al área de emergencias de un hospital. Si bien se entiende la necesidad de contar con mayores recursos públicos, las medidas propuestas por el gobierno federal y la realidad de la mayoría de los mexicanos no son compatibles.
Otra vez, las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso nos hemos encontrado discutiendo únicamente cómo solventar el gasto del año entrante. La coyuntura ha impuesto el peso de la necesidad inmediata sobre la visión de Estado y de futuro del país. Pero no es posible dejar que el corto plazo se siga imponiendo sobre los propósitos de largo plazo. Es hora de adquirir nuevos compromisos para construir un horizonte viable. Por ello, es indispensable emprender la tarea de reformar la hacienda pública, más allá de una ley recaudatoria para el siguiente año.
Se necesita una reforma hacendaria que responda a dos preguntas fundamentales: ¿Para qué queremos los recursos públicos? ¿A dónde queremos que nos lleve ese dinero? Requerimos una perspectiva distinta: resolvamos, primero, para qué queremos los recursos; y, luego, veamos de cuánto disponemos y de dónde vamos a sacar el resto que requerimos. Para ello necesitamos, justamente, fijar un rumbo y una visión de México.
La pobreza sigue siendo la principal fuente de injusticia social y una asignatura que exige solución urgente. La mejor manera de combatir la pobreza no es manteniéndola, sino creciendo y creando empleos. Hacia este reto debemos concentrar nuestros esfuerzos y dirigir la inversión pública, proveniente de las modificaciones hacendarias. Si adoptamos las medidas adecuadas, incluso sería posible reducir algunos impuestos, al tiempo que incrementamos la recaudación, y podríamos considerar factible el siguiente escenario: Reducir la tasa del IVA del 16% al 12% ¡Pero donde todos paguen!
Reducir el impuesto sobre la renta (ISR) a 25% ¡Pero donde todos paguen!
Revisar íntegramente los regímenes e impuestos especiales ¡Para que todos paguen!
Simplificar el pago de impuestos ¡Para que sin pretexto todos cumplan!
Nos corresponde cambiar la historia, para que todos paguen y nadie quede excluido de sus obligaciones fiscales. Construyamos un acuerdo nacional. Debemos concluir la tarea de hacer que México cuente, de una vez por todas, con un sólido sistema fiscal. Es un deber que debemos cumplir, al mismo tiempo que terminamos de edificar el Estado de derecho y consolidar nuestra democracia. Los recursos públicos deben conducirnos a un destino deseado, no a una sobrevivencia coyuntural. Celebraremos 200 años de independencia y 100 años de la revolución mexicana con más de 50 millones de mexicanos en condiciones de pobreza. No podemos permitirnos, por dignidad humana y responsabilidad histórica, esperar 100 años más para ser un país distinto.
El autor es coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado
En estas circunstancias, las finanzas públicas merecen una atención especial, pues durante mucho tiempo fueron objeto de un descuido injustificable. O los funcionarios no prestaban la atención debida, o el gobierno no comunicó oportunamente su gravedad. Nunca se alertó que el "destino" nos pisaba los talones, hasta que en forma tardía se dio la voz de alarma. Antes, se había afirmado que los efectos de la crisis financiera mundial tendrían repercusiones limitadas en nuestro país.
La verdad, ahora la insolvencia del gobierno a nivel federal y estatal es un escenario factible, lamentablemente, pero evitable aún. El presidente Felipe Calderón envió al Poder Legislativo la Ley de Ingresos de la Federación para el 2010, con previsiones para superar un "boquete fiscal" que el gobierno federal estima en 300 mil millones de pesos. La propuesta llegó a los legisladores con la gravedad de un enfermo que ingresa al área de emergencias de un hospital. Si bien se entiende la necesidad de contar con mayores recursos públicos, las medidas propuestas por el gobierno federal y la realidad de la mayoría de los mexicanos no son compatibles.
Otra vez, las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso nos hemos encontrado discutiendo únicamente cómo solventar el gasto del año entrante. La coyuntura ha impuesto el peso de la necesidad inmediata sobre la visión de Estado y de futuro del país. Pero no es posible dejar que el corto plazo se siga imponiendo sobre los propósitos de largo plazo. Es hora de adquirir nuevos compromisos para construir un horizonte viable. Por ello, es indispensable emprender la tarea de reformar la hacienda pública, más allá de una ley recaudatoria para el siguiente año.
Se necesita una reforma hacendaria que responda a dos preguntas fundamentales: ¿Para qué queremos los recursos públicos? ¿A dónde queremos que nos lleve ese dinero? Requerimos una perspectiva distinta: resolvamos, primero, para qué queremos los recursos; y, luego, veamos de cuánto disponemos y de dónde vamos a sacar el resto que requerimos. Para ello necesitamos, justamente, fijar un rumbo y una visión de México.
La pobreza sigue siendo la principal fuente de injusticia social y una asignatura que exige solución urgente. La mejor manera de combatir la pobreza no es manteniéndola, sino creciendo y creando empleos. Hacia este reto debemos concentrar nuestros esfuerzos y dirigir la inversión pública, proveniente de las modificaciones hacendarias. Si adoptamos las medidas adecuadas, incluso sería posible reducir algunos impuestos, al tiempo que incrementamos la recaudación, y podríamos considerar factible el siguiente escenario: Reducir la tasa del IVA del 16% al 12% ¡Pero donde todos paguen!
Reducir el impuesto sobre la renta (ISR) a 25% ¡Pero donde todos paguen!
Revisar íntegramente los regímenes e impuestos especiales ¡Para que todos paguen!
Simplificar el pago de impuestos ¡Para que sin pretexto todos cumplan!
Nos corresponde cambiar la historia, para que todos paguen y nadie quede excluido de sus obligaciones fiscales. Construyamos un acuerdo nacional. Debemos concluir la tarea de hacer que México cuente, de una vez por todas, con un sólido sistema fiscal. Es un deber que debemos cumplir, al mismo tiempo que terminamos de edificar el Estado de derecho y consolidar nuestra democracia. Los recursos públicos deben conducirnos a un destino deseado, no a una sobrevivencia coyuntural. Celebraremos 200 años de independencia y 100 años de la revolución mexicana con más de 50 millones de mexicanos en condiciones de pobreza. No podemos permitirnos, por dignidad humana y responsabilidad histórica, esperar 100 años más para ser un país distinto.
El autor es coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado
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