Cuando el 20 de noviembre de 2006 Andrés Manuel López Obrador rendía protesta como Presidente Legítimo de México, la sorna y el escarnio dieron continuidad a una guerra mediática que, desde la confrontación alentada por el gobierno federal que conllevó al desafuero del entonces jefe de Gobierno, vaticinaba el colapso de un movimiento político que asumió la resistencia civil pacífica, como vía para encauzar la inconformidad creada tras el fraude electoral del 2 de julio y comenzar la construcción de una nueva República.
Tres años después, pese a los malos augurios, este movimiento ha encauzado los avatares del conflicto postelectoral y organizado una vasta red territorial que, tras el recorrido de López Obrador por los 2 mil 456 municipios del país, ha articulado a más de 2 millones 300 mil mexicanos, y hoy, de cara al 2012, inicia un nuevo ciclo que busca, desde esa estructura territorial, ampliar su base social y acreditar un proyecto político alternativo que busca traducirse en una corriente de pensamiento que permita la conformación de una mayoría electoral, sustentada en valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad, la protección del medio ambiente y un crecimiento económico con justicia social.
Con ese propósito, este domingo se ha hecho pública una propuesta que busca alentar el debate nacional en el diseño de un Proyecto Alternativo de Nación, que entre otros puntos plantea:
Recuperar democráticamente al Estado, en un escenario donde existe una República simulada, en la que los poderes constitucionales se han subordinado a poderes de facto que privilegian sus intereses en la conducción del país.
Democratizar los medios masivos de comunicación, impidiendo el control monopólico de la radio y la televisión, y que se utilice una concesión pública en función de intereses particulares. Como se subrayó en el Zócalo, no se trata de expropiar, sino de que el Estado cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información, sin crear una excesiva reglamentación ni optar por la censura, auspiciando la libre competencia.
Transformar el actual modelo económico, haciendo que el Estado asuma su responsabilidad rectora para planear el desarrollo de acuerdo con el interés nacional, enfrentar la especulación financiera y enfocar los esfuerzos alentado la actividad productiva y el empleo; combatir las prácticas monopólicas y abolir los privilegios fiscales, abriendo paso a una reforma fiscal equitativa y progresiva, con autonomía de gobiernos extranjeros y de los organismos financieros internacionales.
Ejercer la política como imperativo ético. Cambiar la forma de hacer política. Hoy la política es sinónimo de engaño y corrupción. Es urgente darle un nuevo sentido al quehacer político, imprimiéndole convicciones y principios. Hacer valer el principio de austeridad republicana, eliminando el derroche y los privilegios de los funcionarios públicos.
Fortalecer al sector energético, lograr la soberanía alimentaria y establecer un Estado de bienestar que enfrente la desigualdad social y la incertidumbre económica, garantizando el derecho a la educación, al trabajo, la salud, la alimentación y la vivienda.
A lo largo de los últimos tres años este movimiento ha resistido todo tipo de embates, en medio del profundo deterioro de la vida pública del país, que han intentado, una y otra vez, su extinción política. Pese a ello, el movimiento ha persistido oponiéndose a la violencia y la mediocridad. Se trata de un movimiento que no se vence ante la adversidad y que lucha por convertir a México en una patria justa y libertaria.
Tres años después, pese a los malos augurios, este movimiento ha encauzado los avatares del conflicto postelectoral y organizado una vasta red territorial que, tras el recorrido de López Obrador por los 2 mil 456 municipios del país, ha articulado a más de 2 millones 300 mil mexicanos, y hoy, de cara al 2012, inicia un nuevo ciclo que busca, desde esa estructura territorial, ampliar su base social y acreditar un proyecto político alternativo que busca traducirse en una corriente de pensamiento que permita la conformación de una mayoría electoral, sustentada en valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad, la protección del medio ambiente y un crecimiento económico con justicia social.
Con ese propósito, este domingo se ha hecho pública una propuesta que busca alentar el debate nacional en el diseño de un Proyecto Alternativo de Nación, que entre otros puntos plantea:
Recuperar democráticamente al Estado, en un escenario donde existe una República simulada, en la que los poderes constitucionales se han subordinado a poderes de facto que privilegian sus intereses en la conducción del país.
Democratizar los medios masivos de comunicación, impidiendo el control monopólico de la radio y la televisión, y que se utilice una concesión pública en función de intereses particulares. Como se subrayó en el Zócalo, no se trata de expropiar, sino de que el Estado cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información, sin crear una excesiva reglamentación ni optar por la censura, auspiciando la libre competencia.
Transformar el actual modelo económico, haciendo que el Estado asuma su responsabilidad rectora para planear el desarrollo de acuerdo con el interés nacional, enfrentar la especulación financiera y enfocar los esfuerzos alentado la actividad productiva y el empleo; combatir las prácticas monopólicas y abolir los privilegios fiscales, abriendo paso a una reforma fiscal equitativa y progresiva, con autonomía de gobiernos extranjeros y de los organismos financieros internacionales.
Ejercer la política como imperativo ético. Cambiar la forma de hacer política. Hoy la política es sinónimo de engaño y corrupción. Es urgente darle un nuevo sentido al quehacer político, imprimiéndole convicciones y principios. Hacer valer el principio de austeridad republicana, eliminando el derroche y los privilegios de los funcionarios públicos.
Fortalecer al sector energético, lograr la soberanía alimentaria y establecer un Estado de bienestar que enfrente la desigualdad social y la incertidumbre económica, garantizando el derecho a la educación, al trabajo, la salud, la alimentación y la vivienda.
A lo largo de los últimos tres años este movimiento ha resistido todo tipo de embates, en medio del profundo deterioro de la vida pública del país, que han intentado, una y otra vez, su extinción política. Pese a ello, el movimiento ha persistido oponiéndose a la violencia y la mediocridad. Se trata de un movimiento que no se vence ante la adversidad y que lucha por convertir a México en una patria justa y libertaria.
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