martes, 31 de enero de 2012

JUSTICIA A SECAS

ANA LAURA MAGALONI

¿Por qué en México la calidad de la justicia no importa en absoluto? Mientras en Estados Unidos, Colombia o Chile, por señalar algunos ejemplos, organizaciones civiles, centros de estudios, escuelas de derecho y expertos discuten las metodologías apropiadas para generar evidencia sólida que permita tener acusaciones creíbles y juicios justos, en México seguimos hablando de tasas de impunidad y sentencias condenatorias. No parece importar mucho si las pruebas son claras y contundentes, tampoco parece relevante si el Ministerio Público (MP) plantea una historia creíble del caso, mucho menos si el acusado fue o no fue quien cometió el delito. Lo único realmente relevante es que haya más personas en prisión, para simular o creer que disminuye la tasa de impunidad y con ello todos estamos más seguros. Los miles de inocentes encarcelados no son un asunto que nos quite el sueño. Ello hace que tampoco les importen a jueces ni a ministerios públicos. En México, no hay una brújula axiológica ni principios básicos compartidos cuando se trata de la justicia penal.
El caso de Sergio Dorantes, acusado en el Distrito Federal del homicidio de su esposa, es quizá uno de los mejores ejemplos de cómo, en la persecución criminal mexicana, vale todo hasta el absurdo. Como muchos otros acusados en nuestro país, la evidencia en su contra es principalmente un testimonio. En este caso fue el de Luis Eduardo Sánchez. Este testigo declaró un mes después de sucedidos los hechos. Ello no es un dato menor. Según los miles de estudios empíricos sobre la mecánica y la psicología de la identificación de presuntos responsables a partir de testigos, el tiempo transcurrido entre los hechos y el testimonio es una variable muy relevante para evaluar su veracidad. En cualquier parte del mundo con un sistema de justicia que funcione medianamente bien, el juez sospecharía de la veracidad de un testimonio que se produce un mes después. Sin embargo, ello no forma parte del DNA de nuestros jueces.
Otra variable elemental para determinar el valor probatorio de un testimonio es el sentido común y la lógica de lo que se sostiene. Según la averiguación previa, el señor Sánchez, un día como cualquier otro, sin más, decide presentarse voluntariamente a declarar en la agencia del MP donde se investigaba el homicidio de Alejandra Dehesa, esposa de Dorantes. ¿Cómo supo cuál de las miles de agencias del MP era la indicada? ¿Por qué se presentó? No importa. El caso es que en su primera declaración señala que el día del homicidio él se encontraba caminando en Coyoacán y de repente vio salir de una casa -que es en donde sucedió el homicidio- a un hombre, que chocó con él y se notaba que estaba alterado. Después vio que se metió en un coche rojo. El hombre era Sergio Dorantes. ¿Cuánto tiempo pudo haber visto el rostro de Sergio Dorantes? ¿Tres o cuatro segundos? ¿Quién recordaría el rostro de una persona en esa situación? Es increíblemente débil este testimonio. Pues a pesar de ello, este testimonio ha mantenido a Dorantes más de ocho años en prisión.
La historia no termina ahí. Luis Eduardo Sánchez vuelve a declarar unos meses después y señala que en realidad la agente del MP, María del Rocío García, lo buscó porque él era amigo de su hermano. Le dijo que necesitaba un testigo para un caso que estaba "investigando". A cambio de mil pesos, le pide que declare lo antes señalado. La retractación de su primera declaración hace que la Procuraduría capitalina lo persiga por falsedad en declaración. Sin embargo, la declaración que se estima "falsa" es la segunda y no la primera. Así de absurda y caricaturesca puede ser la justicia penal mexicana. En 2008, Luis Eduardo Sánchez fue procesado por falsedad en declaración y sentenciado a seis años. Para hacer la historia aún más tortuosa, lo encarcelan en el mismo reclusorio que a Dorantes.
¿A quién le importa la calidad de la evidencia en el juicio de Dorantes? En la estadística de la Procuraduría capitalina el homicidio de Alejandra Dehesa no quedó impune, pues hubo una consignación con detenido. Ello es lo que cuenta para medir el buen desempeño del MP y para que los ciudadanos creamos que estamos más seguros.
Nuestra obsesión colectiva con la impunidad tiene que tener contrapesos. Debería importar también la justicia. Así como nos indigna que los que secuestran o matan estén en la calle, también nos debería indignar, comenzando por las propias víctimas de delitos, tener un sistema de persecución criminal que no ofrece pruebas, razones ni argumentos para tener una mediana certeza de que quien es sentenciado por un delito es altamente probable que sea el responsable. La demanda popular, por más consignaciones y más sentencias condenatorias, sin un sistema de justicia digno de ese nombre, nos aleja del país que soñamos. México necesita justicia y no venganza para volverse a pegar.
Sergio Dorantes, a diferencia de la mayoría de los acusados que enfrentan juicios absurdos, tiene la fortuna de contar con la defensa de uno de los mejores abogados penalistas del país, Alonso Aguilar Zinser, quien decidió llevar el caso pro bono. Hoy ambos están en espera de la sentencia del juez de primera instancia. ¿Tendrá el juez el poder para ir en contra de los designios del MP? ¿Podrá su sentencia hacerse cargo del absurdo y el sin sentido de la acusación? Yo espero, de verdad, que en el caso de Sergio Dorantes se haga justicia a secas y que pronto recupere su libertad.

AMPARO DEFRAUDADO

MIGUEL CARBONELL

Los días 6 y 10 de junio de 2011 se publicaron dos decretos de reforma constitucional que pueden calificarse sin exageración como históricos. Se trata de reformas que afectan profundamente al tema de los derechos humanos y al régimen constitucional del amparo.
En la reforma relativa al juicio de amparo se incorporaron novedades de gran relevancia, como por ejemplo la declaración general de inconstitucionalidad de leyes. Se añadieron a nuestro texto constitucional aspectos esenciales del amparo que resultan muy novedosos para nuestro sistema jurídico, como el concepto de “interés legítimo” para promover el amparo, una nueva forma de comprender la “suspensión del acto reclamado” o la posibilidad de que existen “cumplimientos sustitutos” de las sentencias, a partir de los cuales el afectado en sus derechos perciba una indemnización por los actos de autoridad contrarios a la Constitución que le generaron un daño.
La reforma también crea los llamados “Plenos de Circuito”, que tienen a su cargo la delicada y muy importante tarea de unificar criterios jurisprudenciales, para que los asuntos no se pierdan o se ganen dependiendo del tribunal ante el que uno litiga, sino que existan parámetros de interpretación constitucional más o menos compartidos por todos los jueces federales.
Ahora bien, la reforma constitucional señala en su artículo transitorio segundo que el legislador ordinario debe expedir una nueva ley de amparo o una reforma integral a la ley vigente, dentro de los 120 días siguientes a la publicación de la misma. Sucede que ese plazo venció el día 4 de este mes de octubre y la ley de amparo o su correspondiente reforma integral no aparecen todavía y no sabemos si aparecerán en algún momento.
Los legisladores, una vez más, nos faltaron al respeto a los ciudadanos y se faltaron al respeto a sí mismos, al no poder cumplir con un mandato que incluyeron (ellos mismos, cabe recordarlo) en nuestra Carta Magna.
Podría pensarse que es muy complejo redactar una nueva ley de amparo y que, tratándose de un tema tan relevante para la salvaguarda de nuestros derechos, conviene no tener demasiada prisa, a fin de que salga un buen texto legislativo. Es probable que así sea, pero nadie les dijo a los legisladores que fijaran un plazo tan corto. Fueron ellos los que se metieron solitos en ese problema y ahora nos toca recordarles que deben cumplir con la disposición de nuestra Carta magna, para no incurrir (una vez más) en un fraude constitucional cuyo resultados serán muy perjudiciales para miles de ciudadanos mexicanos.
El sistema jurídico mexicano está teniendo importantes avances. Ya existen en México los juicios orales en materia penal y a partir de enero funcionarán en materia mercantil, para juicios ordinarios en los que se ventilen montos que no superen los 220 mil pesos. Ya tenemos nuevos criterios judiciales sobre el alcance del fuero militar y sobre el papel de los jueces de las entidades federativas en materia de aplicación de tratados internacionales. Ya estamos comenzando a aplicar los criterios garantistas que nos señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias de sus sentencias, en las que el Estado mexicano fue condenado como violador de derechos humanos.
Todos esos son cambios que, a la postre, suponen muy buenas noticias para millones de mexicanos y cuya aplicación debemos apoyar en lo que cada uno tenga a su alcance. Pero para poder aterrizar tales cambios es necesario que los legisladores hagan su parte.
No tengo duda de que la agenda de nuestros diputados y senadores está repleta de compromisos, reuniones, seminarios, desayunos de trabajo, etcétera. Son personas muy importantes y ocupadas. Pero no deben olvidar que están ejerciendo su cargo porque los ciudadanos votamos por ellos. Nosotros, los ciudadanos, deberíamos ser su primera prioridad. Si en verdad hay legisladores que sienten ese compromiso con la ciudadanía, deberían aprobar a la brevedad una nueva ley de amparo, que tiene por objeto precisamente proteger a las personas en contra de los abusos de la autoridad. ¿No es esa la esencia de la democracia constitucional? Señores legisladores: no esperen más, México exige y demanda con urgencia una nueva ley de amparo

SEGUNDA LLAMADA. LAS REFORMAS PENDIENTES

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

En materia mercantil se están produciendo algunos fenómenos que conviene dar a conocer. Lo que resulte en esta materia tendrá muy importantes repercusiones para la vida de muchas personas. Desde su entrada en vigor en 1890, en el Código de Comercio se previó que los procedimientos serían fundamentalmente escritos. Como juicios mercantiles se litigan una gran cantidad de conflictos, tales como el cobro de títulos de crédito (cheques, pagarés, etcétera) o controversias relacionadas con compras o adquisición de servicios con comerciantes, por ejemplo. Por lo mismo, todos estamos en la posibilidad de participar en alguna modalidad de este tipo de procedimientos para hacer valer nuestros derechos. Por diversas razones de carácter federal, los juicios mercantiles pueden ser presentados, a elección de quien inicia el juicio, ante los tribunales federales o los locales. La distribución ha sido hasta ahora sumamente desigual, pues buena parte de este tipo de juicios son conocidos por los tribunales de los estados y del Distrito Federal, al extremo de representarles una buena parte de su carga.
Fue precisamente la enorme cantidad de asuntos, su lenta tramitación y su desigual distribución lo que llevó a modificar los procedimientos mercantiles en enero de 2010. Se creó entonces una solución para los juicios que tuvieran como suerte principal una cantidad inferior a 220 mil 533.48 pesos. Se previó que la demanda y la contestación seguirían haciéndose de manera escrita, para luego pasar a una audiencia pública presidida por el juez con la finalidad de desahogar las pruebas ofrecidas, y al finalizar la misma debería dictarse sentencia. De forma adicional se previó que las sentencias no serían impugnables, por lo que su impugnación debería hacerse directamente mediante el juicio de amparo.
Esta reforma debió haber entrado en vigor el 27 de enero de este año en todo el país. Sin embargo, esto no será así, o al menos no totalmente. Mediante reforma publicada el 9 de enero pasado, se estableció una nueva solución. El monto para hacer procedente el juicio oral se incrementó a 500 mil pesos y se reiteró la prohibición de apelar la sentencia, fundamentalmente. Lo más relevante, sin embargo, fue el cambio introducido en cuanto a la entrada en vigor del nuevo modelo. Por una parte, y con la idea de generar, se dice, las condiciones materiales necesarias para su funcionamiento, se determinó que las legislaturas de los estados y el Congreso de la Unión deberían establecer las previsiones presupuestables, la infraestructura y la capacitación necesaria. Por otro, se estableció que los tribunales de los estados y del Distrito Federal conocerán de los juicios orales a partir del 1 de julio del 2013, mientras que los federales lo harán a partir del 27 de enero próximo.
Desde luego llama la atención la extensión del término otorgado a unos y otros tribunales, pero más aun lo que ello implica. Dada la condición de "concurrencia" entre ambos órganos, es decir, ante la posibilidad de que quien promueva el juicio decida llevarlo ante los locales o los federales, a partir del próximo día 27 los juicios escritos corresponderán a los primeros y los orales a los segundos. Algo que se previó para ser uniforme y dar seguridad no lo será más, al menos durante prácticamente año y medio. Las razones para hacer las diferencias mencionadas francamente no son sólidas.
Lo que acontece en materia mercantil es por sí mismo grave. Sin embargo, es sólo una parte de un fenómeno, ¿por qué no decirlo?, generalizado. El sistema nacional de impartición de justicia está descuidado. No se han emitido las leyes necesarias para darle aplicación a las reformas constitucionales (amparo), no se ha creado el número de jueces de ejecución de sentencia necesarios, no se han adoptado medidas eficaces para enfrentar los delitos de "narcomenudeo" que se asignarán a los estados, no se han implementado los juicios orales, ni se han creado las medidas necesarias para sostenerlos (capacitación policial, peritos, etcétera), por ejemplo. En un país aquejado por importantes retrasos en seguridad, empleo y, prácticamente, todo lo relacionado con el Estado de derecho, actuar erráticamente o a destiempo en materia de justicia es, cuando menos, irresponsable. Ojalá que la asfixiante coyuntura del 2012 nos permita a todos mirar un poco más allá de las elecciones. De no hacerlo, en un año tendremos un sistema de impartición de justicia cuestionado y deslegitimado.

EL HORNO DEL PAN

JORGE ALCOCER

Uno de los objetivos de la reforma electoral 2007-2008 fue inducir en los partidos políticos la realización de precampañas con la participación de sus militantes, adherentes y simpatizantes. En los años anteriores diversas experiencias dejaron lecciones contradictorias. Por un lado, los tres mayores partidos habían acudido a ese método para seleccionar candidatos a cargos de elección popular, federales o locales, admitiendo el ejercicio más abierto y directo de los derechos que los estatutos de cada partido otorgan a sus afiliados; por otro, ante la ausencia de normas claras en el Cofipe, aspirantes de todos los signos partidistas se aprovecharon para realizar actividades proselitistas con mucha antelación al inicio de los procesos electorales.
Tiempo atrás la SCJN dejó establecido, mediante jurisprudencia, que las precampañas formaban parte del sistema constitucional electoral y por ende debían ser materia de la regulación y vigilancia de las autoridades comiciales.
Con esos precedentes, la reforma estableció un marco regulatorio para los procesos de selección interna, concentrando la mira en las precampañas, entendidas por tales la competencia interna, entre dos o más precandidatos de un mismo partido, que desemboca en una consulta abierta. El legislador estableció en el Cofipe plazos únicos y comunes para la realización de las precampañas, indicando las obligaciones de los partidos, aspirantes y precandidatos, así como las facultades del IFE y del TEPJF en esta materia; de igual manera se establecieron bases para el acceso a los tiempos en radio y televisión. Sin embargo, la reforma fue omisa en precisar las normas aplicables a los métodos de selección de candidatos diferentes al de precampaña y consulta abierta, ya fuese a los afiliados, o a la ciudadanía en general.
La omisión del legislador, la deficiente reglamentación emitida por el IFE, y varias sentencias de la Sala Superior del TEPJF, provocaron, desde 2008, polémicas y litigios por el desarrollo de las precampañas, pese a lo cual ni el Congreso de la Unión ni las autoridades electorales se ocuparon de perfeccionar el marco legal y reglamentario. Así llegamos al proceso electoral federal en curso, en que el tema ha sido fuente de interminables discusiones, quejas y juicios, a grado tal que el debate más importante que se produjo con motivo de las precampañas no fue protagonizado por precandidatos, sino por la CIRT y las autoridades electorales, en relación a si los debates entre aquellos, y su difusión en radio o televisión, están permitidos por la ley.
Queda para el balance un hecho relevante: solamente el PAN decidió realizar precampañas y consulta directa a sus militantes y adherentes, para seleccionar a su candidato presidencial y a la mayoría de quienes competirán para diputados y senadores. En el PRI prevalecen las candidaturas de unidad, mientras que en el PRD las encuestas han sido convertidas en el gran elector.
Así las cosas, el próximo domingo los militantes y adherentes inscritos en el padrón panista (1.8 millones) podrán acudir a los centros de votación, instalados en cientos de municipios y en el DF, para elegir a su candidato presidencial de entre los tres precandidatos registrados. Conforme a los estatutos del PAN, si uno de ellos obtiene la mitad más uno de los votos, o bien alcanza, al menos, el 37%, con una ventaja de 5 puntos porcentuales sobre el segundo lugar, será declarado candidato. Pero si ninguno obtiene lo anterior, los dos de más alta votación pasarán a la segunda vuelta, que tendrá lugar el 19 de febrero.
Las encuestas colocan a Josefina Vázquez Mota en el primer lugar de preferencias, con una considerable ventaja sobre los otros dos competidores, por lo que son muchas las voces que dan por resuelta la contienda. Sin embargo, las encuestas no se realizaron entre quienes pueden acudir a votar el próximo domingo, y la experiencia de 2005, con el propio PAN, fue que el ganador no era el favorito según los ejercicios demoscópicos previos.
Con independencia del resultado que salga del horno del PAN, haber perseverado en este ejercicio democrático distingue a ese partido, cuyo abanderado presidencial podrá ufanarse de ser el único surgido de una consulta directa.

LO QUE HAY DETRÁS DE LA RUPTURA

ARNALDO CÓRDOVA

La alianza del PRI con el Panal alegró mucho a Enrique Peña Nieto porque, según confesó a sus allegados, era hora de hacer volver a la Gordillo y sus huestes al antiguo redil. Fue notable, desde luego, el empeño que el entonces presidente del partido, Humberto Moreira, puso en la obra, tanto que se le atribuyó a él la misma idea de la alianza. Peña Nieto, empero, fue el que verdaderamente se encargó de cocinar el acuerdo. En varias ocasiones se le vio en encuentros con la cacique magisterial. El caso fue que la dirigencia priísta parecía estar muy contenta con esa alianza. De repente, el cielo se le vino encima y la coalición se esfumó.
A todos aquellos que prefieren las malas artes en las contiendas electorales, los que buscan ganar a como dé lugar, se les antoja siempre un aliado como la Gordillo y sus mafiosos, sobre todo, como operadores electorales, en lo que se han creado una gran fama, más que por los votos que realmente representen. Moreira tiene fama de ser un cuadro político hechura de la dirigente chiapaneca, pero él no era más que un instrumento en manos del precandidato priísta que hacía todo lo que éste decidía. La alianza fue obra, ante todo, de Peña Nieto. Así lo mostraba él mismo cuando aludía al pacto.
La alianza, sin embargo, resultó muy costosa para el partidazo y aquellos de los suyos que fueron sacrificados en aras de la misma muy pronto comenzaron a respingar y se iniciaron las rebeliones abiertas no sólo contra el acuerdo de cúpula, sino en contra del mismo precandidato priísta, víctima, por lo demás, de sus errores y pifias. La cosa empezó a preocupar a la dirigencia priísta y se hizo evidente el miedo en los círculos allegados a Peña Nieto por la mala fama de la Gordillo (hasta entonces repararon en ella o, cínicamente, hasta entonces empezaron a repudiarla). La aparente tranquilidad con la que ambos aliados han reaccionado después de la ruptura ha sido sólo para enmascarar las decepciones a que ha dado lugar.
No se trató de un rompimiento violento, sino y hasta donde se pudo, negociado y con algunos acuerdos. Algunos de éstos, por cierto, fueron un verdadero tanque de oxígeno para los gordillistas, como, por ejemplo, el mantenimiento de alianzas a nivel local con el PRI. El senador Labastida, uno de los más feroces enemigos de la alianza, aseveró que la misma no era ni podía ser con el grupo dirigente de la Gordillo, sino, dijo, con las bases del magisterio, y agregó que muchos maestros serán candidatos del PRI.
Eso ha dado lugar a que algunos (el precandidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en primerísimo lugar) piensen, fundadamente, que el drama tiene mucho de comedia y de farsa, y que se hace sólo para descargar a Peña Nieto del oneroso fardo que representa el inconmensurable descrédito de la Gordillo. En todo lo que tenga de real, ello no obstante, quedó claro que fueron los priístas quienes decidieron romper con el Panal, aunque ahora todos, priístas y panaleros, nos vengan con el cuento de que fueron los últimos los que lo acordaron. El mismo Peña Nieto declaró el pasado día 23 que la decisión, en efecto, fue del Panal, dijo el precandidato, “en un acuerdo amigable”.
Dos días antes, Peña Nieto fue más claro, dejando entrever que la alianza se había vuelto irrealizable e inmanejable para su partido; “lo ocurrido –dijo– fue una falta de conciliación [sic] en los intereses de cada uno y eso nos llevó a definir de manera mutuamente acordada, que cada partido fuera por su cuenta”. El golpe para Gordillo y su grupo, como lo señalara Luis Hernández Navarro, fue seco y demoledor. Porque no se trata solamente de que el Panal ya no pueda tener 24 diputados y cuatro senadores, que era el botín de la alianza, sino un mayor desprestigio y un virtual aislamiento de las huestes gordillistas.
El presidente panalero, Luis Castro Obregón, le echó la culpa de la ruptura a “la parte conservadora del PRI”, a “los labastidas, los augustos santiago… que representan el pasado”. Exonera a Peña Nieto, “con quien hablamos siempre”. Pero luego se sacó un conejo de la chistera al denunciar, según él, que fueron aquellos mismos priístas tradicionales y conservadores los que echaron a pique la alianza, al intentar modificar el convenio de la coalición. De acuerdo con Castro, esos priístas habrían exigido del Panal que aceptara “ir en más estados”, cosa que no aclaró en qué podría consistir. Que el PRI le soltara más puestos de elección es absolutamente improbable. En todo caso, esas entidades serían Campeche, Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Baja California y el DF.
Sea como fuere, parece claro que los que faltaron a la palabra empeñada fueron los priístas, que ni siquiera se preocuparon de guardar las formas. Pudieron haber dejado la cosa en la simple petición de que los panaleros aceptaran que los diputados (24) y senadores (4) fueran menos de lo que se acordó. Según una nota de Andrea Becerril (22 de enero), el argumento de inconformidad de los priístas fue por la postulación de los familiares de Gordillo (su hija y su yerno), lo que estaba provocando la rebelión de las bases partidarias. Después de varias horas de negociaciones telefónicas con la Gordillo, los priístas se decidieron por la ruptura.
Tal parece que en esta contienda hubo ganadores y perdedores. El primer perdedor de todos, por lo menos en el tiempo, fue Humberto Moreira y no tanto por sus malos manejos financieros en el gobierno de Coahuila, como por su responsabilidad en el acuerdo de alianza con su maestra y por el costo para el PRI. Todo mundo pudo ver que el bailarín fue obligado a renunciar a su cargo y todavía no está claro cómo podrá pagar sus yerros. Para la Gordillo, desde luego, el golpe fue seco y, para algunos, definitivo. Los panaleros alardean, dándose valor, de su fuerza electoral que, afirman, les bastará y les sobrará para seguir vivos. Eso, por supuesto, está por verse. Si bien los priístas, a nivel local, pudieran ayudarlos.
Distinguir a los ganadores resulta harto difícil. Peña Nieto no ganó nada, excepto, tal vez, que, no teniendo otra opción, el Panal lo haga su candidato presidencial. Él fue el verdadero promotor de la alianza y Moreira su mandadero. Ahora fue él mismo quien torpedeo esa alianza porque no pudo resistir la presión que subía desde las bases priístas. Y el país entero se pregunta cómo fue capaz de aliarse con semejantes bichos y, luego, por el modo en que se resolvió la ruptura. El baldón está ahí. Se suele decir que, con tal de ganar, se debe hacer alianzas hasta con el diablo. Eso está bien, empero, para quienes acostumbran vivir en los estercoleros de la política y son muy dados a no respetar leyes ni lealtades.
La verdad es que, tanto en el acuerdo de la coalición como en su ruptura, pudimos ver en acción a dos rufianes listos para degollarse a la primera ocasión. En el PRI son muchos los que se alegran del desenlace y hay muchos más que le están echando medidas al otro aliado, el PVEM, al que Moreira (con el aval cierto de Peña Nieto) también le hizo concesiones muy gravosas para el tricolor. Eso ha puesto a temblar a los verdes que se desviven gritando a los cuatro vientos su adhesión al futuro candidato priísta y su confianza en que los priístas respetarán sus acuerdos con ellos.

EN LA SOLEDAD DE LA CRISIS

ROLANDO CORDERA CAMPOS

Davos terminará y las profecías de Soros podrán cumplirse o no, pero lo que parece inevitable es la afirmación de una perspectiva de letargo económico, que también de modo inevitable se desplegará en grandes cuotas de desempleo abierto que afectarán en mayor medida a los más vulnerables. La obcecación europea con el déficit, advierte nada menos que el FMI, puede resultar en su contrario, es decir, en mayores brechas fiscales, y el sueño civilizatorio de una Unión Europea dinámica, y a la vez justa y estable, puede hacerse añicos o iniciar un periodo igualmente largo de desmantelamiento de resortes y mecanismos institucionales, sin los cuales la solidaridad moderna que requiere todo Estado social se vuelve impensable.
Los hombres de las nieves que han visto en la Montaña Mágica no un sanatorio, sino una especie de Disneylandia para adultos, se rinden a la evidencia de los ocupas globales y, sin dejar de citar a Churchill, admiten que el capitalismo pudo haberles fallado a muchos de ellos y, desde luego, a todos los demás. El capitalismo podrá ser, como la democracia, el peor de los sistemas, con excepción de los demás que la humanidad ha experimentado, pero es imposible no registrar la evidencia abrumadora del desempleo y el empobrecimiento masivos, así como el desorden del sistema financiero, cuyo salvamento ha costado demasiado y cuyo comportamiento lo ha vuelto impresentable a los ojos de sus propios y cercanos prójimos. Igual cosa ocurre con varios de los que tiritan en Davos y sus irredentos epígonos, que insisten en edulcorar la hiel desparramada por la convulsión de 2009, que se ha convertido en inundación estancada pero también en desierto, legado de la sequía que se abate inclemente sobre la agricultura mundial.
Nada de esto parece inmutar a los que pretenden gobernar el Estado mexicano, o conducir a mejor puerto su desvencijada economía. Ya sabemos que el Presidente admira las destrezas de Ernesto Zedillo, graduado en cumbres y honoris causa del cónclave anual de los muy muy ricos, pero insiste en poner la carreta delante del caballo: no es el equilibrio fiscal la condición del crecimiento sino, en las actuales circunstancias de recesión casi global, al revés. En vez de dar lecciones desde lejos, Calderón debería aprestarse a reaccionar pronto ante una tormenta que sin pausa se despliega por Europa pero pronto puede arribar a la costa atlántica de América. Que el magro crecimiento del empleo haya dependido –en más de la mitad– de la maquila debería advertirnos de la fragilidad económica nacional, imposible de exorcizar con medallas al mérito globalista.
Pero lo que priva arriba, en los corredores del poder real y temporal, desde las nieves eternas o desde el pantano terrenal, es una curiosa indiferencia nutrida en la convicción de que aquí no pasa nada, porque todo se aguanta hasta volverse una costumbre del contento universal con la supervivencia de cada quien. El modo azteca de producción del eterno presente.
Las crisis echan para atrás al más pintado; convierten en “tontos racionales” a los más avezados luchadores sociales y llevan a la rendición al más parlanchín de los políticos socialdemócratas. Pero con el tiempo, muchos toman nota de que su entorno natural y social ha sido puesto en peligro de desaparecer y descubren, de nuevo, el valor de la acción colectiva, de la organización de masas y de la conveniencia y urgencia de que el Estado se despoje de las más groseras ataduras doctrinarias y de clase, y busque actuar en función de alguna versión del interés general o del bien común, o de la justicia social.
Éste es un péndulo histórico que en momentos límite creó estructuras de oportunidad para hacer reformas profundas al capitalismo, como ocurrió en Estados Unidos o en Suecia en los años 30 del siglo XX, y en México, en especial, durante el gobierno del presidente Cárdenas.
En contextos sin duda distintos, en esos y otros casos tuvo lugar una formidable oleada de incorporación de los excluidos por la crisis y de muchos quienes ni siquiera habían estado incluidos en la economía capitalista de entonces. Racional o no, mal intencionada o virtuosa, el hecho es que la política se puso al mando y fue capaz de traducir movilización e incorporación, incluso confrontación, en lo que hoy suele llamarse política de Estado.
En todas esas experiencias hubo comuniones diversas entre cúspide, grupos medios y bases sociales, siempre consagradas por una ampliación de la política de masas y de un reconocimiento expreso de su importancia. La organización social, en sindicatos y otras formas, fue decisiva para que los dirigentes apenas llegados al Estado se mantuvieran y avanzaran, así como para dar a la sociedad cultura, estructura y carácter de sociedad de masas, en la que pudiera sustentarse y ostentarse otra modernidad.
Sólo los timoratos apoltronados en una racionalidad impostada e imaginaria se opusieron. Como ocurre hoy, para enseñarnos sobre la larga duración de la necedad y la miopía del ser reaccionario.
El gobierno actual, y quienes lo acompañan en esta coalición de obcecados, cuya divisa es la oposición al cambio aunque sea para que “todo siga igual”, han protagonizado el embate antisindical más agresivo de los últimos tiempos, que forma ya una fase histórica de México. No obstante la debilidad de las organizaciones laborales, sus enemigos parecen empeñados en hacer de ésta una guerra de clases ejemplar, para con ello tal vez demostrar que la victoria cultural del panismo, que tan gozosamente comprara Castillo Peraza, no fue sino una superchería. Lo que sus herederos han hecho no es sino la actualización para el México urbano y abierto, de la más rupestre versión de la modernización conservadora que intentaran don Porfirio y sus científicos. Pero para eso, hubiera sido mejor mantener en hibernación a Limantour.
La soledad en la crisis como estrategia no puede sino resultar en un encierro delirante. Hay que abrir y abrirnos ya. Ojalá y las marchas y concentraciones obreras y campesinas del próximo martes, del Movimiento y la UNT, sean un buen comienzo.

PAN: ¿ELECCIÓN INESCRUTABLE?

RODRIGO MORALES MANZANARES

Hoy se llevará a cabo el segundo y último debate entre los tres aspirantes panistas a la candidatura presidencial. El domingo tendrá lugar la votación de los militantes y adherentes para elegir a su abanderado. Si atendemos lo que dicen las encuestas, hay poco margen para la sorpresa: Josefina Vázquez Mota viene acrecentando su ventaja de manera consistente.
Ante ello, quienes no se ven beneficiados por las mediciones han insistido en que la del domingo es una elección inescrutable. Dicen, con algo de razón, que cuando se pregunta a los simpatizantes panistas sobre su preferencia, no se está preguntando necesariamente a los electores del domingo, que la representatividad de la submuestra (simpatizantes panistas) puede tener problemas.
Ahora bien, concediendo sólo algo de razón a esa alerta, hay encuestas que sí superan esa dificultad y se enfocan únicamente a entrevistas a universo de electores reales. La encuesta pública que conozco es la de GEA ISA levantada telefónicamente el 20 y el 21 de enero a ciudadanos afiliados al PAN y dada a conocer recientemente. En ella se consigna, entre otras cosas, que en el balance entre opiniones positivas y negativas, Vázquez Mota obtiene 73 puntos, Creel 20 y Cordero 19. De manera consistente con ese balance, cuando se inquiere por la intención de voto, Vázquez Mota tiene a 61% de esos electores, Creel a 14%, Cordero a 15% y hay 10% de indefinidos.
Hay que decir que estos porcentajes son muy similares a los que ofrecen otros ejercicios a población abierta. Y realmente hubiera sido difícil pensar que pudiera ser de otra manera. Incluso creo que sería un poco desastroso para el PAN. Me explico. Si la distancia entre lo que piensan los simpatizantes no necesariamente militantes panistas (lo que reportan la mayoría de las encuestas) y lo que resuelven los electores internos (lo que anticipa la encuesta GEA ISA) es tan elevada como para producir un resultado sorpresivo el domingo, me parece que el PAN tendrá muchas cosas que revisar, y habrá que ofrecer alguna explicación creíble de ese vuelco. Más allá de lo que las casas encuestadoras tuvieran que decir para explicar sus números, para el partido tendría que ser preocupante la existencia de un divorcio tan marcado entre el sentir y la percepción generalizada que reportan las encuestas, y la decisión de los electores panistas. Lo lógico es que esos universos se parezcan, se conecten.
Por supuesto que aún falta saber cómo se desarrolla el debate interno y medir sus efectos, pero dada la distancia que hay entre los aspirantes, tendría que ser históricamente desastroso el desempeño de Vázquez Mota como para pensar en revertir lo que anticipan las mediciones. La distancia de Josefina es de cuatro a uno con sus adversarios; reitero que se ve muy difícil que el efecto de un debate produzca un giro tan dramático en las preferencias. Al tiempo, pero no creo que sea tan inescrutable la elección.
Lo esperable, por tanto, es que el domingo se conozca el tercero de los cuatro nombres que aparecerán en la boleta presidencial. Por lo pronto, hoy hay que ver si los panistas son capaces de transformar una exposición de ideas en un verdadero debate.

LAS "PARA-CAMPAÑAS"

JOHN ACKERMAN

Es poco probable que los esfuerzos recientes por revertir la simulación e impunidad en materia electoral sean suficientes para prevenir un desastroso choque de trenes durante el proceso electoral en curso. Para los partidos y los candidatos, violar la ley sigue siendo una empresa con grandes beneficios y pocos costos. Asimismo, los poderes mediáticos buscan a toda costa tronar la reforma electoral y sus instituciones garantes. Enrique Peña Nieto ya se ha declarado en contra del actual sistema de comunicación política y ha afirmado que, de llegar a Los Pinos, propondrá inmediatamente “algunos ajustes” al marco legal en la materia.
El miércoles pasado, el Instituto Federal Electoral (IFE) finalmente decidió multar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por su abierta burla a la normatividad electoral durante el proceso electoral federal de 2009. Esta decisión había estado congelada desde el 27 de abril de 2011 por el empate entre los seis consejeros que entonces ocupaban la herradura de Viaducto Tlalpan. Los nuevos consejeros, nombrados el pasado 15 de diciembre, tardaron más de un mes en retomar el caso. Pero el feliz desenlace llegó y, ahora sí, la mayoría votó a favor de multar al partido de Jorge Emilio González con 194 millones de pesos.
La multa fue por la “propaganda integrada” que utilizó el partido en 2009. Todos recordamos, por ejemplo, cómo el actor Raúl Araiza usaba y presumía su camiseta con la leyenda “Soy Verde” en sus telenovelas. También fue evidente la burla a la ley cuando Televisa difundió ampliamente en televisión la portada de la revista Tv y Novelas, que igualmente incluía propaganda a favor del PVEM.
Con esta decisión, el IFE se lava la cara y evita caer en una situación de total desprestigio. Una determinación que auspiciara la impunidad para el PVEM hubiera enviado el clarísimo mensaje a todos los contendientes de que la autoridad electoral no es más que un espantapájaros. También se hubiera consolidado la desconfianza ciudadana en el IFE. El lunes 23 de enero, El Universal dio a conocer datos alarmantes que muestran que casi la mitad de los mexicanos (47%) simplemente no cree que los resultados electorales que proporcione el IFE en las elecciones de 2012 serán confiables.
Pero esta resolución sobre el PVEM también tiene su lado oscuro. En primer lugar, llega tres años tarde. Asimismo, los consejeros utilizaron criterios sumamente cuestionables para reducir la multa drásticamente a última hora. También falta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avale la resolución del IFE, algo que no es nada seguro dada la tendencia actual del TEPJF a revertir las decisiones de la autoridad administrativa. Y aun si el tribunal ratificara la multa, lo más probable es que ordene que se pague después del 1 de julio y en cómodas mensualidades.
Así, las ilegalidades del PVEM habrán resultado ser un gran negocio para el partido. Ellas le permitieron aumentar su votación en 2009, lo cual se tradujo en mayores prerrogativas en los años subsecuentes y en superior presencia electoral este año. La liquidación a plazos de una multa después de las elecciones será asunto menor y no desalentará futuros atropellos.
En su discusión del caso, los mismos consejeros electorales se preocuparon por evitar que la multa tuviera un efecto desalentador de futuros fraudes a la ley. Uno de los elementos cruciales para fundamentar la multa fue que el PVEM no se deslindó de la propaganda ilegal de manera “eficaz, idónea, jurídica, oportuna y razonable”, tal y como señalan los criterios del TEPJF. Es decir, que el PVEM podría haber evitado cualquier responsabilidad si hubiera protestado pública y formalmente en tiempo y forma.
Las autoridades entonces dan un cheque en blanco al libre desarrollo de lo que podríamos llamar “para-campañas”. Esto sería el símil, en un contexto democrático, de las estrategias “para-militares” donde los actores formales fomentan la creación de grupos supuestamente “independientes” para que les hagan el trabajo sucio y después poder deslindarse de cualquier responsabilidad. Aquí, el partido alentaría la creación de grupos de choque integrados por actores, deportistas o cantantes, una especie de “guerrilla” de popstars, para realizar las acciones de propaganda ilegal que tienen prohibidas los mismos partidos.
La decisión del IFE, el 18 de enero, en el caso del boxeador Juan Manuel Márquez camina en el mismo sentido. Es cierto que el IFE emitió una “amonestación pública” y reprobó la inclusión de propaganda en el calzoncillo del deportista como un acto “irregular”. Sin embargo, la ausencia de cualquier sanción monetaria para Márquez, así como la impunidad total tanto para el PRI como para TV Azteca, literalmente dejan la cancha abierta para todo tipo de nuevos actos abusivos de parte de partidos y deportistas durante el proceso electoral en curso.
En la sesión del IFE, Pablo Gómez, representante del PRD del Poder Legislativo en el Consejo General, llamó a la reflexión: “Supongamos que en la víspera de la elección presidencial, en un encuentro de campeonato de futbol –un clásico muy importante, que lo ve todo el país en cuanto a la afición–… los jugadores de las dos escuadras acuerdan sacar el logotipo de un partido político y se ponen a danzar con la publicidad, y la televisora dice: ‘Bueno, fui sorprendida. ¿Qué hago? ¿Suspendo esto o qué?’. El partido político dice: ‘Yo no tuve nada que ver; puede ser que hasta se hayan puesto de acuerdo contra mí’, y se deslinda y dice: ‘Yo no tengo nada que ver’. ¿Eso podría ocurrir?”
La respuesta es, desde luego, un rotundo sí. Y, con el antecedente del caso de Márquez, lo único que podría hacer el IFE sería regañar públicamente a los futbolistas. O quizás llegue una multa simbólica tres años después, como en el caso del PVEM. Mientras tanto, el daño ya se habrá hecho y el nuevo presidente de la República estaría despachando en Los Pinos y regresando generosamente los favores tanto a los jugadores como a las empresas televisivas que hicieron posible su “triunfo”.
Urge que las autoridades electorales desarrollen acciones mucho más contundentes y preventivas para evitar “sorpresas” como estas durante los últimos días de la campaña. No será suficiente reaccionar mal y tarde, sino habría que anticipar los escenarios y adelantarse a los hechos. De lo contrario, fácilmente el proceso se les saldría de las manos y de nuevo estaríamos ante una Presidencia ganada de manera ilegítima, de espaldas a la legalidad

EL MÉXICO DEL LIMBO: DE LA COFECO A LA COFETEL

JAVIER CORRAL JURADO

Dos decisiones de gran relevancia vinculadas a la radiodifusión y las telecomunicaciones, que centralmente atraviesan el futuro de la competencia económica en ambos sectores y que según el sentido de su resolución comprometerían gravemente las libertades de expresión e información, se procesaron a puerta cerrada en los órganos de autoridad que tienen a su cargo la decisión. Tanto la Comisión Federal de Competencia, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones, integradas ambas por cinco comisionados cada una, deliberaron, si es que lo hicieron, en total privacidad; como si los asuntos a su consideración fueran privados y no públicos. Es increíble, pero el país no sabe todavía exactamente lo que pasó en esas sesiones
En el primer caso la Cofeco se reunió en privado para resolver si autorizaba o no la fusión de la empresa Televisa, propiedad de Emilio Azcarraga, con la empresa Iusacell, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, concesionario a la vez de Tv Azteca. Se sabe que se llevó la sesión y que el asunto fue resuelto, no se sabe en que sentido y con qué votación, aunque el periódico El Universal ha especulado con la versión de que fue rechazada. Como decía mi abuelita Elisa, "Dios lo quiera".
Esa pretendida fusión ha sido hasta ahora la amenaza más descomunal a la política de competencia del Estado mexicano, contenida en el artículo 28 constitucional que exige para el otorgamiento de concesiones sobre bienes del dominio de la Nación asegurar la eficacia en la prestación de los servicios, garantizar el uso social y evitar fenómenos de concentración. Y sin duda, ha sido el tema más relevante, desde su creación, que ha conocido el pleno de la Cofeco.
Está absolutamente documentada la dominancia que Televisa y TV Azteca ejercen en el mercado de la televisión abierta, y es absurdo suponer que los que se habrían de asociar en el mercado más importante y rentable en ingresos que es la telefonía, iban a mantenerse separados y no coludidos en el manejo televisivo. De hecho, en medio del proceso por el cual solicitaron la fusión, tuvieron el descaro de coludirse para expulsar de sus pantallas la publicidad de Telmex y de Dish, el primero operador dominante en telefonía y el segundo competidor de sky en la televisión satelital. Si eso hicieron cuando estaba en vías de aprobación la fusión, ¿qué no harían si se les hubiera autorizado?. Bueno, no tenemos certeza de ello, porque todo se ha llevado con extremo sigilo.
En un comunicado emitido por el Presidente de esa Comisión, Eduardo Pérez Mota, se informa que el fallo será dado a conocer a más tardar el 7 de febrero, porque primero hay que notificar a las partes y, antes de ello, engrosar la resolución. Que lapso tan preocupante como peligroso para una decisión de esta naturaleza, y que atraso en materia de transparencia acusa el método. La Suprema Corte de Justicia de la Nación que delibera públicamente los asuntos jurídicos de mayor calado (económicos, políticos, civiles, etc), discute primero una ponencia, vota, engrosa y luego vuelve a confirmar el sentido del voto de cada uno de los ministros. El contraste con lo ocurrido en Cofeco es del día a la noche.
El segundo caso parece tener relación con el anterior, y es el hecho que me inclina a pensar en la negativa a la fusión Televisa-Iusacell, se trata de la sesión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en la que se aplazó votar la licitación de una tercera cadena nacional de Televisión abierta y varias regionales. Apertura en la que se ha apostado con toda valentía el Presidente de esa comisión, Mony De Swan, pero no así el resto de los comisionados.
Están acreditadas mis diferencias con Mony De Swan en su posición con relación a la licitación 21 y a la política de Televisión Digital Terrestre sobre todo en el tema de la multiprogramación. Pero ello no me impide reconocer que, en consistencia con su planteamiento general, ha sido el único que realmente se ha apostado por liberar el espectro para radiodifusión del largo secuestro en que el duopolio de la Televisión comercial lo ha mantenido durante décadas. De ahí que tanto las televisoras como sus personeros en el Congreso, entre los que se destaca el servilismo de César Augusto Santiago, se lo quieran comer vivo.
Desde siempre he luchado para que en México haya no sólo una tercera cadena, sino que en función de la disponibilidad real de espectro, debiéramos hablar de una cuarta y hasta quinta cadenas nacionales, y varias de carácter regional que redunden no sólo en una mayor competencia, sino reflejen la pluralidad y diversidad de Nación que somos. Anhelo también una red nacional de Televisión se servicio público como en España, Inglaterra o Italia, incluso, como la tiene Estados Unidos.
Pues esa decisión, fundamental para eliminar la hiper concentración que tiene ese mercado, está nuevamente aplazada; como dice Javier Solorzano, "algo pasa" siempre que se quiere abrir la televisión. Es que en realidad tampoco sabemos con certeza qué pasó en la sesión del pasado 25 de enero, y qué quieren hacer los comisionados. Dos boletines del mismo órgano, ofrecen dos versiones.
El Presidente Mony De Swan, emitió un Comunicado de Prensa No. 03/2012 que señala: “el Pleno de la COFETEL… resolvió aplazar la votación del proyecto y que el mismo no sea integrado en la agenda de futuras sesiones del Pleno hasta considerar que han quedado atendidos elementos que están fuera del ámbito de competencia de la Comisión. No se definió una fecha para que el tema sea analizado nuevamente.”
Y los cuatro comisionados restantes, Ernesto Gil Elorduy, Gonzalo Martínez Pous, Alexis Milo y José Luis Peralta signaron un nuevo comunicado el 26 de enero, un día después, presumiblemente para "aclarar" que no era cierto que habían aplazado "indefinidamente" su decisión, lo que nunca se mencionó en el primer comunicado. Este segundo boletín es de una preocupación enorme; tratando de sacudirse la decisión pusilánime, sólo la confirmaron, porque tuvieron el buen cuidado de no de especificar cuándo volverán a someter el tema a votación, no aclaran los elementos que “están fuera del ámbito de competencia de la Comisión” y no mencionan el tema central que es la licitación de la tercera cadena.
Esta manera de rehuir a la transparencia, no explicando las verdaderas razones por las que no votaron un proyecto que claramente le urge a México, para abonar a la competencia en un sector tan acaparado, es resultado de la presión de las televisoras y como reacción a la eventual resolución de la Cofeco en el asunto de la fusión. No había necesidad de aclarar nada; lo que en realidad sucedió es que los cuatro comisionados se sintieron exhibidos y se sintieron molestos porque tuvieron que salir de su zona de confort en donde llevan dos meses cómodamente sentados, aplazando los temas por una u otra razón, mientras a su Presidente se le viene el mundo encima.
La posibilidad de licitar una tercera cadena de TV tiene dos antecedentes públicos: el compromiso de la COFETEL del 14 de julio de 2010 y las Acciones de Política Regulatoria 2011-12, presentadas el 1 de agosto pasado. Por eso nadie debe llamarse a sorpresa. La primera vez que se subió el Programa a Pleno fue el 5 de octubre y en esa sesión se hicieron comentarios de fondo tanto al mismo, como al estudio de mercado. Esas observaciones se atendieron durante meses conjuntamente con las oficinas de los comisionados. Paralelamente se lanzó una consulta pública no vinculatoria, pero cuyos resultados son aplastantes: 1130 personas manifestaron su interés en participar, sólo 451 cuestionarios fueron recibidos, procesados y validados y en éstos se exhibió que gran mayoría de los consultados está en contra de la concentración, a favor de la licitación de más cadenas de televisión y que además creen que es insuficiente la oferta de la tv abierta.
La consulta pública abarcó catorce temas entre los que destacan: suficiencia de oferta de TV abierta; suficiencia de mercado publicitario para nuevas empresas; suficiencia de canales de distribución para contenidos independientes; viabilidad financiera de una cadena de televisión digital; número de cadenas que deberían licitarse; restricciones al número de cadenas que un mismo oferente pudiera obtener; dimensión geográfica; promoción y acceso a productos independientes, como criterio de evaluación y contraprestación en especie.
En la consulta el 89.3% se pronunció a favor de la licitación de televisión abierta, sobresalen los altos porcentajes del sector académico (93.3%), ciudadano (90.2%), potencial inversionista (100%) y el de los productores independientes (94.1%), así como la respuesta negativa del 69.2% del sector comercial, que contempla a los concesionarios de radiodifusión, personas relacionadas con la televisión y profesionistas.
Sobre cuántas cadenas debieran licitarse el 81.8% se manifestó por dos, ponderando la cobertura nacional o bien, una cadena de cobertura nacional y varias de cobertura regional. La Cofetel preguntó si en caso de licitarse dos cadenas deberían imponerse restricciones al número de cadenas que un solo oferente pudiera obtener, 76% dijo que así debiera ser, destacando nuevamente el sector comercial quien se manifestó en un 62.5% de manera negativa.
Ante la pregunta ¿Considera que la producción independiente de contenidos encuentra en el mercado actual suficientes canales de distribución? el 88.6% de los consultados dijo que no y el 61.5% del sector comercial se manifestó por el sí.
Finalmente 86.7% consideró que existe mercado publicitario suficiente para hacer rentable la operación de nuevas empresas de televisión abierta.
Del comunicado de los cuatro comisionados se desprende, no lo dicen con claridad, que después de revisar el programa todas estas veces, ahora quisieran primero concluir la licitación de radio en el sureste y, sólo entonces, decidir sobre televisión. En todo caso eso debiera decirse con toda claridad y asumir esa responsabilidad, pero hay un hecho fundamental: la licitación de radio se diseñó como una que fomente cobertura (se licitan estaciones de FM donde no las hay), mientras que la de Televisión sería pro-competencia.
La enorme tragedia es que después de un año de trabajo, la Cofetel no ha ejercido un solo acto de autoridad en televisión (como sería publicar el programa de licitación). Porque ni el estudio de la disponibilidad de espectro, ni el estudio de mercado, ni la consulta, son actos de autoridad. En realidad el "aplazamiento" no es más que la cancelación, otra vez, de la apertura de la Televisión.
Recuerdo cuando en el foro convocado por El Universal para analizar los resultados de la consulta sobre la eventual licitación, el Presidente Mony De Swan mencionó que habían recibido 55 solicitudes de interesados en obtener concesiones, de las cuales 19 eran para operar de manera local, 23 para regional y 13 para cobertura nacional, y ahí mismo adelantó que el proceso recorrería un camino tortuoso pues no descartó amparos para intentar frenar el proceso. Quién iba a decir que sus mismos compañeros comisionados le iban a poner el freno.
El de la tercera cadena de televisión no es un debate sobre comunicados de prensa, y sus "aclaraciones", sino sobre la transparencia, la necesaria rendición de cuentas y los mecanismos que permitan conocer de mejor manera el funcionamiento interno de la Cofetel, sus procesos y a los comisionados asumir la responsabilidad de sus posiciones.
Es una lástima que el de la competencia en las Telecomunicaciones y en la TV siga siendo el México de la larga espera, el del siguiente sexenio, el que nunca llega; es el México de la menor transparencia, el menos claro o si se quiere el más opaco; es un México siempre a la deriva que concentra como ningún otro tema las mayores contradicciones de todos los avances que presumimos como Estado democrático, el que exhibe la mediocridad - de pies a cabeza - de la clase política; es el México que nos confronta en el interior y nos exhibe en el mundo. Es el México del limbo, siempre entre la vida o la muerte, a veces como lo más probable, a veces como lo imposible. Que tristeza.

¿DEBATES...? ¡SÍ POR SUPUESTO!

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

El miércoles pasado el Consejo General del IFE acordó crear una comisión temporal para que se aboque a proponer las bases y lineamientos de organización de los debates entre candidatos de los partidos políticos, tanto de aquellos cuya coordinación la propia ley electoral establece como mandato del órgano electoral (el artículo 70 determina que se realizarán dos debates entre los candidatos presidenciales cuya coordinación corresponde al IFE), como eventualmente de los adicionales que convengan los partidos políticos. La discusión que arropó la adopción del acuerdo fue rica y clara en el sentido de que los debates electorales en México no sólo no están prohibidos, sino que son fundamentales en los contextos democráticos.
Adicionalmente, el día anterior el mismo IFE emitió un comunicado de prensa en el que aclaró que “ni la Constitución ni la ley electoral prohíben, en modo alguno, la realización de debates” y, en consecuencia, “pueden y deben celebrarse los debates que los medios de comunicación consideren pertinentes y oportunos, para los cargos, el nivel, las precandidaturas y las candidaturas que sean necesarios”.
Me parece que ambos documentos constituyen un mensaje claro e indubitable de parte de esa autoridad electoral en torno a la posibilidad de que ocurran debates electorales. Para decirlo de manera enfática y taxativa: los debates, todos los debates, proceden y son, no sólo útiles y pertinentes, sino consustanciales al funcionamiento de la democracia, siempre y cuando no se contravenga la taxativa prohibición establecida por la Constitución consistente en la compra absoluta de espacios con fines de propaganda política en radio y televisión.
Las últimas semanas se había generado un enrarecido y confuso ambiente público en relación con la posibilidad de que se realizaran en espacios noticiosos debates entre precandidatos y aspirantes a diversos cargos de elección popular. A ello contribuyeron lecturas equivocadas de la Constitución y la ley, así como de alguna resolución de las autoridades electorales.
Sin prejuzgar las dudas legítimas que pudieron haberse generado en estos días, no debe perderse de vista que la reforma electoral de 2007-2008 -concretamente el modelo de comunicación política que ésta introdujo, el cual se centra en la prohibición de compra de publicidad electoral por parte de partidos y particulares y en el uso de tiempos del Estado para transmitir mensajes de los partidos- ha resultado incómoda e irritante para los grandes intereses que prevalecen en la industria de la radio y la televisión.
Desde su nacimiento, y no es ningún secreto, la reforma ha sido el blanco de una descalificación sistemática y no se han escatimado esfuerzos para presentarla como un impracticable amasijo de sinsentidos y peligrosos riesgos para las libertades democráticas, en primer término la de expresión.
No obstante, la viabilidad del modelo ha sido demostrada con creces en más de 50 elecciones locales y una federal. A lo largo de cuatro años los mecanismos, reglas de operación y la práctica del modelo se han ido perfeccionando y sofisticando.
Ello no ha sido fácil y no ha sido un proceso exento de sobreinterpretaciones o de lecturas en ocasiones confusas por parte de las autoridades electorales, pero la eficaz instrumentación del modelo y el respeto de las libertades y derechos constitucionales han estado garantizadas. Tomar en cuenta lo anterior es importante para poder contextualizar la serie de dudas y las confusiones que han surgido en torno al tema de los posibles debates. No debemos perder de vista que hay quienes lucran de episodios como éste, y son aquéllos que apuestan por una contrarreforma que revoque un modelo de comunicación que a varios resulta incómodo.
Los momentos de incertidumbre requieren de pronunciamientos expresos y francos de las autoridades electorales, el IFE -a pesar de que tal vez hubiera debido tener un más ágil sentido de la oportunidad-, me parece que ha mandado esta semana un mensaje indubitable.

jueves, 26 de enero de 2012

MÉXICO: EN VÍAS DE SUBDESARROLLO

CIRO MURAYAMA RENDÓN

La industrialización se ha entendido desde hace mucho tiempo como sinónimo de desarrollo, de ahí que cuando se alude a los “países industrializados” se habla de las economías desarrolladas del orbe (como EU, Alemania y Japón). Asimismo, por países “en vías de desarrollo” se entiende a las economías inmersas en procesos de industrialización, es decir, que producen una gama creciente de manufacturas de forma más compleja, que incorporan cambio técnico, que generan una mayor inversión en capital y hacen uso de una fuerza de trabajo con altos niveles de calificación.
El crecimiento del sector industrial arrastra también al sector servicios, pues al producir más manufacturas para los mercados interno y externo se fomentan el comercio, los transportes, los servicios financieros y administrativos, por ejemplo. El papel de la expansión industrial como motor del desarrollo nacional se puede constatar una y otra vez a lo largo de la historia. No es casual que el desarrollo de la economía mexicana haya ido atado a nuestra industrialización o que las grandes economías emergentes como China y la India, o Brasil, por hablar de un caso más cercano, precisamente estén viviendo la expansión de sus industrias.
Si industrializarse es desarrollarse, México se encuentra en serios aprietos, ya que nuestra industria sufre un proceso de achicamiento. Son elocuentes las cifras de empleo industrial. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en el 2000 había 7 millones 442 mil trabajadores en la industria manufacturera y 10 años después sólo 6 millones 760 mil. En una década se perdieron 682 mil puestos de trabajo en la industria en México. El hecho de que desaparezcan empleos industriales no puede atribuirse siquiera a la crisis de 2008, sino a que la caída viene de antes: entre 2000 y 2005 ya se había registrado una disminución de más de medio millón de puestos de trabajo en el sector manufacturero.
Esta dinámica negativa en el empleo industrial no se explica sólo por el mal desempeño agregado de la economía y el empleo en el país. Entre 2000 y 2010 el volumen de trabajadores ocupados en México aumentó en 15%, pero en la industria se redujo en 9%.
Las cifras revelan con claridad que no sólo se trata de una pérdida de dinamismo o que se viva una fase de estancamiento de la industria sino, peor, que la industria está en franco declive.
En el interior de la industria se encuentran casos sumamente graves, como el del sector textil, que parece condenado a la desaparición y no sólo por la competencia asiática, sino incluso por la proveniente de Centroamérica. Y el sector automotriz, que consigue reactivar sus exportaciones cuando hay cierto repunte de la demanda principalmente en Estados Unidos, se ha vuelto cada vez más dependiente de las importaciones de autopartes y tecnología, por lo que sus efectos en el tejido productivo nacional son reducidos.
La realidad de una industria que se contrae, que genera menos empleo, que pesa menos en el total de la economía, que no expande el avance tecnológico y que se vuelve menos competitiva con el exterior no es ajena a la política económica vigente, caracterizada por: 1) el abandono del fomento productivo; 2) una estrategia comercial de anárquica y generalizada apertura que sólo estimula a las importaciones y rompe los encadenamientos productivos internos y, 3) una política cambiaria de sobrevaluación del peso que castiga la competitividad de los productos y productores nacionales.
Los resultados del desempeño industrial de 2000 a la fecha indican que nos estamos desindustrializando. Con la política económica imperante hemos conseguido volvernos un país en vías de subdesarrollo.

¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN NUESTRO PAÍS?

GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL
 
En este sexenio que está por terminar, nuestros gobernantes no lograron comprender cuales son las prioridades de nuestro pueblo mexicano.
Estamos un poco perdidos, nuestro actual gobierno no ha sabido balancear sus intereses con las prioridades nacionales. Los índices de extrema pobreza van a la alza, en 2011 sólo dos países a nivel Latinoamérica incrementaron sus niveles de pobreza, entre ellos el nuestro; la educación se encuentra en total abandono, no hay un sistema educativo que dignifique a los miles de estudiantes de todos los niveles; no hay empleos de calidad para la gran mayoría de mexicanos y mexicanos; no hay crecimiento económico, no el que deberíamos tener por poseer las características y el potencial necesarios para ser un país desarrollado y la seguridad a la que todo ciudadano y ciudadana de este país tiene derecho es inexistente.
El gobierno de este sexenio ha sido un gobierno fallido. Según el índice elaborado por el Instituto Fraser, en septiembre de 2011 México disminuyó su posición en libertad económica, ocupando el sitio 75 de entre 114 países, quedando debajo de países latinos como Chile, Costa Rica y Uruguay.
En el 2012 no logramos salir del atolladero, volvimos a retroceder en índice de libertad económica. Las causas que influyeron para que esta dramática situación siguiera así, fue la inseguridad pública, la debilidad institucional y la corrupción.
La libertad económica de México disminuyó 2.5 puntos en el Índice 2012 elaborado por la Fundación Heritage, las causas fueron los severos problemas que enfrenta el país, como un nulo o escaso Estado de Derecho y el hecho de que hasta el día de hoy no se hayan logrado realizar las diversas reformas estructurales que son urgentes y necesarias.El análisis de dicha Fundación, consideró que “El imperio de la ley ha sido severamente socavado por la violencia y la inestabilidad social relacionado con el trafico de drogas. Otras graves debilidades institucionales incluyen la corrupción rampante y la débil protección a los derechos de la propiedad privada”.
Según lo revelado por esa Institución, México se ubica en el lugar 54 de entre 179 naciones. Una posición inferior a la que ocupan países como Chile (lugar 7), Uruguay (lugar 29) o el Salvador (lugar 41), por mencionar algunos.
En general agrega el análisis, el desempeño económico de México “está muy por debajo de su potencial”. México necesita un gobierno con capacidad para poner orden en medio de tremendo desorden en el que actualmente vivimos. Hay una ausencia de mecanismos efectivos para la resolución de conflictos, una total impunidad, no existe respeto a las leyes ni a nuestras autoridades, hay un desempeño económico deficiente y, en un sentido amplio, todo se ha derivado de la crisis de seguridad que vivimos y a la enorme falta de oportunidades que nos caracteriza y que se traduce en pobreza y desigualdad.

LO PÚBLICO

JOSÉ WOLDENBERG

El automóvil fue un gran invento y es hoy expresión de modernidad. Aceleró el transporte, multiplicó los grados de libertad de las personas, fortaleció el individualismo. Intentar erradicarlo sería una tontería. Pero su propio éxito, su multiplicación acelerada, ha generado un enorme cuello de botella: lo que ofreció velocidad y eficiencia hoy entrega lentitud y neurosis. De tal suerte que su expansión no puede ser hacia el "infinito" porque acaba saturando las vialidades y taponando la comunicación. En cualquier ciudad que se respete la apuesta fundamental es por un servicio de transporte público. Y si éste funciona de manera correcta, puntual, eficiente; si sus operadores son respetuosos, sus interiores limpios, sus lugares de abordaje accesibles, los camiones, los vagones del metro, los trenes, se convierten en espacios de encuentro y coexistencia de los miembros de una sociedad. Si por el contrario, el transporte público es abandonado, si no se le proporcionan los insumos necesarios para su modernización, si las unidades se encuentran descuidadas, si sus conductores están subcapacitados, entonces las fórmulas de transporte se acabarán escindiendo: de un lado quienes cuenten con recursos suficientes utilizarán sus propios carros y los pobres estarán condenados a utilizar un medio de transporte colectivo indigno.
El transporte acaba así escindiendo más a una sociedad de por sí escindida. No es la causa de esa escisión, pero contribuye a perpetuarla. No es una historia lejana, transcurre ante nuestros ojos, pero vale la pena reparar en ella porque expresa de manera elocuente la importancia social que tiene el reforzamiento de los espacios e instituciones públicas. Si los instrumentos que cada individuo pueda allegarse van a definir las relaciones sociales, cosecharemos espacios polarizados; y si por el contrario, somos capaces de construir instituciones donde converja la inmensa mayoría de los ciudadanos, entonces quizá contemos con una sociedad medianamente integrada, con un sentido de inclusión, capaz de edificar un nosotros que nos abarque a todos.
Quizá los dos circuitos fundamentales para lograr eso sean la educación y la salud. Sistemas públicos universales y de calidad en esas materias ayudan a construir un piso común, un sentido de pertenencia. No hablo de suprimir a las instituciones privadas que en mucho pueden contribuir en esos terrenos, pero lo fundamental -por ser lo elemental- sería la edificación de sólidos sistemas universales públicos.
Guardando todas las distancias y evitando las falsas analogías, como en el transporte, las universidades privadas pueden jugar un papel relevante, son una opción legítima, contribuyen a la formación de miles de mexicanos. Hablo de las buenas, las que son auténticos centros de educación superior, porque ante la demanda incrementada han proliferado las universidades "patito" que no cuentan con instalaciones adecuadas, tienen nula investigación, desatienden las carreras que requieren una mayor inversión y sus profesores se encuentran subcapacitados. Son en buena medida un producto de la inexistencia de un sistema de educación superior pública capaz de atender la demanda creciente.
Por eso preocupa una nueva decisión en materia educativa: el programa de financiamiento a la educación superior que consiste en préstamos hasta por 2 mil 500 millones de pesos anuales a estudiantes de algunas universidades privadas (No sabemos con qué criterios se eligieron). Los mismos tendrán una tasa anual del 10 por ciento y con recursos de Nacional Financiera serán operados por la banca privada. Con ello se favorecerá a algunas universidades privadas con el pago de nuevas colegiaturas. Varios miles de estudiantes podrán beneficiarse de esos créditos, aunque quienes de esto saben han señalado que la tasa de interés podría ser más baja si la operación estuviera en manos de la banca pública de "primer piso"; pero sobre todo, de cara a la experiencia estadounidense, alertan sobre el incremento del costo de la educación superior y de la enorme deuda acumulada por los estudiantes que asciende a los 600 mil millones de dólares. (Ciro Murayama, "Créditos educativos: 'reaganomics', versión mexicana", El Universal, 10-1-12).
Más allá de las virtudes o taras del sistema educativo, el mismo debe pensarse en la perspectiva de la sociedad que queremos. Hubo un tiempo en que los centros de educación superior públicos fueron auténticos crisoles: la cúspide de una pirámide en la que convergían estudiantes de diferentes estratos sociales, que en sus aulas se encontraban y tejían redes de relaciones. Eran un espacio de encuentro de una cierta diversidad social y una plataforma eficiente para el acceso al mercado laboral. Claro, la economía crecía y llegaban a las universidades muy pocos. Pero el punto es que al igual que en el transporte, la "apuesta" por la educación debe darse en el horizonte de construcción de cohesión social, y no convertirla en un circuito más de diferenciación y exclusión.

LA MULTA AL PVEM Y LA FUSIÓN DE LAS TELEVISORAS

JULIO JUÁREZ GÁMIZ

Semana de definiciones trascendentales para dos instituciones del Estado mexicano cuya máxima autoridad es un órgano colegiado. Trascendentales por el impacto que tendrán en la configuración del mercado mediático (incluyendo no solo la producción de contenidos sino también su transmisión en distintas plataformas tecnológicas). La primera, el pronunciamiento (desconocido aun) que hiciera el pasado martes 24 de enero la Comisión Federal de Competencia en torno al acuerdo comercial entre Televisa y Iusacell para asociarse en el mercado de las telecomunicaciones. La segunda, la formalización que anoche hiciera el Consejo General del IFE de la multa impuesta al PVEM por la adquisición de publicidad integrada a las dos cadenas de televisión abierta durante la elección federal de 2009.
Me voy a permitir abundar en tan sólo uno de los varios argumentos que colegas, organizaciones ciudadanas y especialistas han presentado en contra de que la Cofeco apruebe esta fusión. Televisa y TvAzteca (propiedad del mismo grupo que es dueño de Iusacell) concentran el 88% de las concesiones de televisión abierta lo que, entre otras cosas, significa que su audiencia llega al 94.4% del teleauditorio a nivel nacional, es decir, 9 de cada 10 mexicanos ve sus programas.
Según datos de la Latin American Multichannel Advertising Council (LAMAC) el valor del mercado publicitario en televisión en México es de aproximadamente 35,000 millones de pesos anuales. Dada su participación en el mercado de televisión abierta haría que para Televisa y TvAzteca fuera a parar el 58% de esta inversión, algo así como 20,000 millones de pesos al año.
A pesar de la dominancia de ambas empresas en el mercado de televisión abierta el valor del mercado ha ido bajando cada año debido a, entre otras cosas, el crecimiento de la televisión de paga y el arribo de nuevas tecnologías. Esto hace que la gente diversifique su consumo de medios y, en consecuencia, que el número de televidentes irá a la baja disminuyendo así el potencial comercial del medio. Es un proceso lento pero irreversible.
Es por ello que los formatos tradicionales de publicidad se han diversificado. Uno de los más socorridos consiste en la colocación de anuncios pagados dentro de la programación de ambas cadenas (no en los bloques de comerciales). Algo conocido comúnmente como ‘producto integrado’ y que, en materia electoral, representa ya un concepto que ha sido reconocido por la autoridad electoral como producto informativo resultante de una contratación comercial. Es a partir de la adquisición de productos integrados en telenovelas de Televisa y revistas propiedad de TvAzteca (cuyos anuncios se transmiten por televisión) que ha sido sancionado el PVEM.
Casi tres años después de haber contratado publicidad integrada en las dos principales televisoras el IFE resolvió en su sesión del miércoles 25 de enero aplicar la tercera multa más alta en su historia a un partido político, solo por debajo del Pemexgate y Amigos de Fox. Al final la multa alcanzó los 194 millones de pesos, casi 100 millones menos de lo que hubiera costado al PVEM de haberse aplicado la primera sanción propuesta en el Consejo cuando, por culpa de la omisión legislativa a elegir tres consejeros electorales, la votación quedase empatada.
El año pasado una investigación que coordiné en la UNAM detectó un incremento del 37.6% en la presencia de este tipo de publicidad en la programación de los canales 2 (Televisa) y 13 (TvAzteca) entre las 06:00 y las 24:00 horas. Tomando como muestra una semana de transmisión encontramos que ambos canales pasaron de transmitir 186 productos integrados en 2006 a 410 en 2011. Prácticamente no hay programa en donde el televidente no encuentre inserta la referencia directa o indirecta a un producto o servicio comercial. El hecho no viola la ley pues, simple y sencillamente, no existe un marco regulatorio que, en materia de publicidad comercial, reconozca la figura de la publicidad encubierta o integrada.
No pocos hemos externado nuestra preocupación por el tema de la concentración en la propiedad de las industrias culturales (entre ellas a las televisoras) y las plataformas a través de las cuales se transmiten sus contenidos (como las telecomunicaciones). Es pertinente preguntarse que pasaría de ser aprobada la fusión entre Televisa y Iusacell en cuanto a las estrategias de comercialización del tiempo aire. Trate de nombrar un programa de la televisión mexicana que no tenga insertada publicidad comercial y verá a lo que me refiero. Estilos de vida, transmisiones deportivas, noticieros, telenovelas, concursos de talento, realities y demás ofertas comunicacionales pasan por el mismo molde comercial. Y cuándo le vamos a entrar a regular el fenómeno. ¿Podríamos conformarnos con una sanción en el ámbito electoral y disculpar la subordinación de contenidos a la venta de productos? La audiencia no lo merece.

LOS GRANDES TEMAS DE LA CAMPAÑA

RAÚL CARRANCÁ

En una campaña política como la de este año todos los temas a tratar son importantes. Sin embargo, resaltan aquellos que la sociedad considera privilegiados, ya sea por su relevancia en sí o por sus repercusiones en el propio cuerpo social. En tal sentido, pues, yo considero que los grandes temas de la campaña son, por orden de prioridad, el de la seguridad pública, el de la administración y control de los bienes y recursos naturales, y el del crecimiento económico; todos dependientes, como debe ser en un Estado de Derecho, del mandato constitucional. Ahora pregúntese usted quién o quiénes de los precandidatos o aspirantes presidenciales los tratan a fondo, en serio; no por simpatía a alguno de ellos, tampoco por compromiso o pasión partidarios, sino por simple y llana objetividad antes de emitir un juicio de valor (votar). O sea, para saber cómo abordan asuntos de excepcional trascendencia para México. La verdad es que yo pienso que salvo López Obrador, los demás apenas si los acarician con tiento y cuidado en la superficie. Mejor dicho, los citan, los señalan, pero no se comprometen. A lo sumo sugieren algunos cambios que son, en rigor, alteraciones mínimas. Es que hay en la política un acomodo de piezas intocables que en su sitio y movimiento se respetan a toda costa, a todo trance, sean incluso del partido que sean. Son los famosos "valores entendidos". Y como siguen allí, la consecuencia es que hay atrofia y anquilosamiento en el cuerpo social, en el ejercicio político de la democracia. Frente a dicho panorama los políticos de acomodo y concesión guardan silencio, disimulan o dicen mezquindades ideológicas. Y pocos, muy pocos, son claros, directos, estemos de acuerdo con ellos o no.
Ahora bien, es inadmisible que ciertos aspirantes hablen tan a la ligera de posibles cambios en la organización y administración de Pemex, igual que lo hacen al referirse a la estrategia del presidente Calderón en "su guerra" contra la delincuencia. Olvidan que la Revolución Mexicana, tan socorrida y alabada cuando les conviene, plasmó gran parte de sus ideales en el artículo 27 de la Constitución. Y "no hay que verle tres pies al gato" porque "no tiene vuelta de hoja" la contundencia y claridad del párrafo sexto de ese artículo: "Tratándose del petróleo... no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado". En tal virtud coincido plenamente con el compromiso de López Obrador (palabra dada) de no privatizar Petróleos Mexicanos ni la Comisión Federal de Electricidad, lo que es muy aparte de la demagogia populista que algunos suponen. Por desgracia, quienes padecen de la vista intelectual creen que oponerse a privatizar es detener el desarrollo, y nada hay más contrario a esto. El artículo 27 consagra la soberanía de la Nación sobre sus riquezas naturales en tierras y aguas aunque delegando en los particulares el dominio de ellas, lo que constituye la propiedad privada. Roto este límite se llega o llegaría al caos social, lo cual se demuestra con la expansión inhumana del capitalismo y la libre empresa. Empresa y capitalismo desde luego positivos, pero sin que la Nación pierda sus derechos, o sea, sin que se desnaturalice. Y es precisamente el artículo 27 el que establece las bases de la que llamamos soberanía nacional, concepto del que se abusa en pro y en contra. Incluso algunos la tildan de antigualla y valladar impertinente de la libertad y progreso. Olvidan que "la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo", en los términos del artículo 39 de la Constitución. Por lo tanto la riqueza de las aguas, suelo y subsuelo mexicanos, es del pueblo y no de unos cuantos contratistas. En consecuencia muchos de nosotros suscribimos las palabras de López Obrador pronunciadas por López Obrador en Tampico: "ya no va a haber contratos que son un buen negocio para empresas extranjeras y un mal negocio para México". ¿Populista, demagogo? En todo caso lo sería la Constitución... .

EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO: UNA EXPRESIÓN DE LA SOBERANÍA LEGISLATIVA

SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ

Esta semana resolvimos en la Suprema Corte una controversia constitucional promovida por Baja California en contra de las autoridades Legislativas del Distrito Federal, que reformaron su código civil para reconocer la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo. La inquietud de los bajacalifornianos se plantea porque no consideran legal en su estado el matrimonio entre personas de un mismo sexo, y les preocupa que por mandato de la Constitución federal, en su artículo 121, tengan que reconocer la validez de los actos del registro civil de otras entidades federativas y concretamente los de la Ciudad de México en materia de derecho de familia.
Pero el federalismo es así. Los estados pueden imprimir su propio código moral en sus respectivas leyes, teniendo como límite lo permitido por la Constitución federal. Por esta razón un estado puede tipificar un delito que en otro estado no lo es; o que siendo un delito en ambos estados en uno se imponga por mandato del legislador una condena más elevada que en otro.
El federalismo es pluralismo. La diferencia entre la legislación civil de una entidad federativa y otra no es un resultado indeseado -un efecto colateral como se diría en la expresión de moda- sino que es la seña misma de identidad del diseño federal. Por mandato de los ciudadanos del D.F., éste es gobernado por una mayoría legislativa liberal, mientras que Baja California lo está por una mayoría legislativa de signo ideológico contrario, y es eso lo que se proyecta en sus respectivos códigos civiles.
La Suprema Corte, por mayoría, decidió sobreseer el asunto por falta de interés de Baja California, pues en abstracto no le afecta que el Distrito Federal legisle de una manera diferente a la suya; y la situación queda tal y como lo expresa la Constitución federal en su artículo 121: Baja California no puede desconocer la validez de los actos del registro civil del Distrito Federal. Pero al mismo tiempo esto quiere decir que en Baja California seguirán reconociéndose únicamente matrimonios heterosexuales; que la legislación del DF, no obliga a los bajacalifornianos a cambiar su modelo de familia.
Lo misma regla aplica para el DF, que tiene intacta su soberanía legislativa para configurar los modelos de familia que en la sociedad capitalina se consideren apropiados. Ahora bien, cuando en el federalismo surgen conflictos jurídicos entre personas de diferentes estados con sustento en derecho estatal -como seguramente sucederá por la diferencia de legislaciones locales de familia-, el asunto se convierte en federal, y son, por tanto, los poderes federales los que tienen que proponer la solución correspondiente por medio de derecho legislado y derecho jurisprudencial.
Es decir, no es el DF, el que impone su posición ideológica a Baja California, ni ésta la que lo hace sobre los habitantes de la Ciudad de México, sino que son los poderes federales electos directa o indirectamente por los ciudadanos de los diferentes estados, y es ésta fuente democrática nacional la que imprime legitimidad a las decisiones de las autoridades federales de decidir cómo se resolverán tales asuntos que se caracterizan por su complejidad y ribetes morales.
Pero para despejar cómo se habrán de solucionar los problemas que el conflicto de leyes trae consigo, habrá que esperar a que se produzcan concretamente. Al interponer la controversia constitucional, dicho en términos muy coloquiales, los promoventes de la misma "se pusieron el parche antes de que les saliera lo que ellos consideran un chipote". No es por esta vía procesal que se irán despejando los problemas prácticos que desde luego va a generar el conflicto horizontal de leyes que, como dije, es natural en el Estado federal. Tan natural que la Constitución establece reglas de resolución de conflicto de leyes verticales (federación-estado) y reglas de resolución de conflicto horizontales (entre entidades federativas).
La de los conflictos verticales está establecida en el precepto 133 de nuestra Constitución, y las reglas de conflicto horizontales están incorporadas en los artículos 119 y 121, para las materias penal y civil respectivamente. Por lo que se refiere al derecho legislado, será caso por caso, con los problemas reales de las personas como se construirá un derecho civil federal, o mejor dicho, se reconstruirá, para encajar un auténtico federalismo que permite soluciones legislativas diferentes en las relaciones humanas.

MONTIEL-PEÑA NIETO, CONFLICTOS PRIVADOS, CRISIS PÚBLICA

JENARO VILLAMIL
 
A Arturo Montiel y a Enrique Peña Nieto no sólo los une el origen común en Atlacomulco, su paso como gobernadores del Estado de México, su presunto parentesco, sus aspiraciones presidenciales (frustrado como candidato el primero y ahora precandidato único el segundo) y las sospechas de complicidad en varios expedientes polémicos en la administración de la entidad más poblada del país.
Ahora también los une el desarreglo desde el frente privado, marital y extramarital. En ambos casos rebasó el terreno de lo íntimo porque ya se ventilaron de manera pública. Peor aún: los dos apuntan a una crisis pública en la campaña presidencial del PRI, tanto o más grave que la ruptura de Elba Esther Gordillo con el PRI o los errores y dislates cometidos por Peña Nieto y señalados en las redes públicas.
Ya no hablamos de un reality show o de una telenovela producida desde los estudios de Televisa y sus asesores mercadológicos, especialistas en “control de daños”. Ahora vemos el entrelazamiento de la vida privada con el uso y abuso del poder.

Montiel-Versini
El conflicto entre el ex gobernador Arturo Montiel y su ex esposa Maude Versini dejó de ser un chisme de café en los pasillos toluqueños para convertirse en un asunto diplomático, con fuerte carga partidista.
Desde el viernes 13 de enero, el consulado general de Francia en México confirmó que existe un conflicto legal entre Versini y Arturo Montiel “relacionado con la custodia de sus tres hijos, quienes habían sido confiados, por el Tribunal de Primera Instancia en Tenancingo, a la señora Versini”.
Según la información del mismo comunicado, los niños se encuentran en México desde el 17 de diciembre de 2011. Debieron regresar a Francia el 2 de enero de 2012. El consulado aclaró que se trata “de un caso estrictamente privado”, en virtud del cual ya se ha recurrido a las autoridades judiciales y administrativas correspondientes.
Sin embargo, la señora Versini, en entrevistas y declaraciones a medios como Reforma o el blog Animal Político se ha encargado de ventilar este conflicto. La parte más álgida del asunto es que su asesor legal no es un abogado cualquiera: se trata del despacho de Fernando Gómez Mont, ex secretario de Gobernación con Felipe Calderón, destacado militante panista y, sobre todo, abogado defensor también de Calderón ante la Corte Penal Internacional. Es innegable el sesgo partidista que puede adquirir este conflicto.
Versini y la gente cercana a ella han señalado que si Montiel no acepta un arreglo para devolver a los niños, ella está dispuesta a revelar las “maniobras” y “la corrupción” de la cual fue testigo durante el gobierno del ex precandidato presidencial priista.
Todos los que vivieron el famoso affaire entre Montiel y Versini, durante la época del gobierno montielista, saben el grado de influencia que ejerció Versini y los negocios que se entretejieron entre ambos, al amparo del presupuesto público. Ella tuvo acceso a información privilegiada.
Versini también fue uno de los actores claves que influyeron para que Montiel decidiera que su sucesor fuera Enrique Peña Nieto y no Isidro Pastor o cualquier otro de los aspirantes de aquel gabinete. Había una buena relación entre Maude, Enrique y el ex procurador Alfonso Navarrete Prida que cristalizó en la postulación del Golden Boy en 2005.

Hijos Fuera de Matrimonio
El propio Peña Nieto decidió ventilar su vida privada y la existencia de hijos fuera del matrimonio cuando le confirmó a Mario Vázquez Raña y a Katia D’ Artigues, en entrevistas por separado, que los rumores sobre la existencia de estos niños eran ciertos.
En las próximas semanas aparecerá un libro, escrito por el periodista Alberto Tavira, ex editor y cronista de la revista Quién, que detalla las relaciones de Peña Nieto con varias parejas sentimentales y otras mujeres que fueron determinantes en su vida.
El flanco privado se le abrirá a Peña Nieto. Al parecer, las recientes entrevistas tuvieron el objetivo de “vacunarlo” contra el escándalo y de revertir el impacto negativo que puede generar en sus índices de popularidad.
Peña Nieto y sus publicistas no sólo construyeron la imagen de un hombre impoluto, de un viudo atento a su familia, sino que convirtieron su segundo matrimonio con la actriz Angélica Rivero en un reality show, en el cual utilizaron hasta una visita de ambos a El Vaticano para anunciarlo “involuntariamente” en cadena nacional.
La imagen de galán católico, respetuoso de las formas y las creencias de la ortodoxia cristiana (que prohíbe las relaciones extramaritales) se enfrenta a las propias palabras de Peña Nieto, especialmente en la entrevista con Katia D’Artigues, en El Universal, el pasado 22 de enero.
Llama la atención que Peña Nieto opte por el estilo de confesión unilateral. No acepta réplica ni polémica. En esta entrevista describe sus relaciones extramaritales y sus hijos como si se tratara de adquirir un bien inmueble, cambiar de carro o de vestuario.
¿Por qué decidió ventilar de esta manera un asunto que involucra a menores de edad (uno de ellos fallecido a los 6 meses de nacido y otro de más de 7 años) y a mujeres que, en algún momento, asumieron guardar el silencio para no afectar la carrera política de Peña Nieto y a sus propios hijos? ¿Se trata otra vez de un guión tele-producido para generar un efecto en el largo reality show de Peña Nieto?
Si es así, erró el camino y las palabras. A través de su cuenta en Facebook, Martiza Díaz Hernández, ex pareja de Peña Nieto, madre del niño de siete años que nació antes de que él fuera gobernador del Estado de México, decidió replicar, sin ofrecer mayores detalles, la versión del aspirante presidencial priista de un capítulo de su vida íntima.
Una sucesión de mensajes en esta cuenta de Facebook califican a Peña Nieto de “mentiroso” porque no cumplió con lo prometido: reconocer a su hijo:
“-2012, desde finales del 2006 he venido escuchando… ‘en el 2012…en julio de 2012…Hasta el 2012’. Por fin es 2012”, dice el primero.
“Mi respeto y admiración a los HOMBRES que defienden a sus hijos con uñas y dientes… de todos contra todos..s ¡Esos son hombres! (Sábado 21 de enero).
“A principios de noviembre me dijo que en alguna entrevista diría exactamente lo que ha mencionado en las entrevistas de este fin de semana. Qué bárbaro. No le falló ni un punto ni una coma… tal cual me dio, en ese entonces, la misma versión” (Lunes 23 de enero, un día después de la entrevista en El Universal).
“EPN. Entrevistas llenas de mentiras… hasta cuándo dejarás de mentir. Es más loable ser sincero, que seguir mintiendo. Piensa que la presidencia dura sólo 6 años, tus hijos son para siempre y estás dejando huella de todo lo que haces y dices. A ellos no los engañas, ellos saben y se dan cuenta de muchas cosas, aunque tú salgas y digas otras cosas” (este mensaje es del mismo lunes. Hasta la tarde de este martes 24 de enero había sido reproducido más de 600 veces en la red social de Facebook).
Existe una versión, nunca explícita, de que esta cuenta es apócrifa, que no se trata de Maritza Díaz. Pero esto no es lo importante. El punto es que fue el propio Peña Nieto el que ha decidido ventilar en medio de la contienda presidencial asuntos delicados de su vida privada, pretendiendo cancelar por decreto que se investiguen los entretelones de estas historias.
Como a Montiel, el conflicto privado puede transformársele en una crisis pública por una sencilla razón: si la mentira es el eje, entonces dejará de ser la simulación de un reality para convertirse en un expediente más de falta de confiabilidad en quien pretende gobernar con pleno respeto a las mujeres.
A la cultura misógina siempre se le aparece, en algún momento, su némesis: una Lisbeth Salander dispuesta a dar la contraparte.