DEBATIR LOS DEBATES

JULIO JUÁREZ GÁMIZ

Apenas inician las campañas y ya se respira en el aire el aroma de lo que bien podríamos llamar la reforma electoral 2013. Al parecer nadie, ni los partidos políticos ni las autoridades electores ni mucho menos los concesionarios de la radio y la televisión (ciudadanos abstenerse), están conformes con un marco regulatorio que, en materia del acceso de los partidos a la radio y la televisión, es un amasijo de contradicciones, interpretaciones encontradas y sanciones de origami.

El último episodio del juego de las interpretaciones se da en torno a la figura de los debates que, en la radio y la televisión, pueden sostener los (pre)candidatos a un puesto de elección popular. Los concesionarios han tronado ya contra la ley electoral agitando como abanico en llamas el expediente de la resolución que el TEPJF emitiera en septiembre de 2011 sobre la difusión de dos debates entre los tres precandidatos de la alianza “Nayarit, Paz y Trabajo” transmitido por el Canal 2 de esta aquella entidad.

Tras el fallo del Tribunal, hoy la sentencia SUP/RAP/0459/2011 arrastra sus cadenas por los pasillos de radiodifusoras y estudios de televisión. El coco mismo que pone los pelos de punta a productores y conductores amenazando con raptar a la virginal libertad de expresión. Tienen los medios razón en cuestionar la claridad de la ley electoral pues, efectivamente, la referida resolución ha creado confusión por utilizar una aproximación rigorista al determinar que un ejercicio periodístico constituye, en sentido opuesto, un acto de propaganda contratado o adquirido ilegalmente por un partido o candidato.

Básicamente fueron dos criterios los que utilizaran los magistrados del Tribunal, quienes votaron de manera unánime por sancionar a la televisora que transmitió el debate con una multa de 500 mil pesos. Primero, el carácter excluyente del debate al cual, según lo argumentara el promoverte de la queja (PT-Alianza por el Cambio Verdadero), solamente fueron invitados los precandidatos de la alianza PAN-PRD. Segundo, que el tiempo aire utilizado para transmitir el debate había sido contratado o adquirido en franca violación al Art. 41 de la Constitución que prohíbe a partidos políticos, candidatos y terceros adquirir o contratar tiempo aire en radio y televisión.

El asunto terminó en una carambola de tres bandas sin claro ganador. El partido promoverte vio una violación a la equidad de la contienda debido a que, desde su interpretación, el debate referido no fue otra cosa más que un enorme promocional resultante de una transacción comercial. El Consejo General del IFE determinó que, por el contrario, el debate se había realizado dentro de los márgenes permitidos por el libre ejercicio de la actividad periodística del medio. El Tribunal metió reversa y calificó el origen de ambos debates, realizados el 28 de marzo y el 11 de abril, en la adquisición ilegal de tiempo aire.

Hasta este punto parecería que el argumento de algunos medios, particularmente los expresados en días anteriores por directivos de Milenio Diario y la CIRT, para justificar su renuncia a transmitir debates de cualquier tipo entre aspirantes a un puesto de elección popular es impecable. Lo cierto es que en sus diatribas contra la ley electoral a raíz de ‘fallo nayarita’ del Trife han omitido mencionar otros casos en donde no hubo queja ni sanción pero si un debate. Tal es el caso de dos debates que, en igualdad de condiciones, celebraron los aspirantes a la gubernatura del Estado de México en los canales 2 y 4 de Televisa el año pasado. El primero dentro del noticiero ‘Punto de partida’ que conduce la periodista Denisse Maerker en Foro TV. El segundo transmitido en vivo la noche del 15 de junio dentro del espacio informativo que conduce Joaquín López Dóriga en el canal 2 de Televisa.

Paradójicamente, este último fue apercibido por la CIRT el pasado viernes 13 a no transmitir un debate entre los cinco aspirantes a contender por el PRD en la elección de jefe de Gobierno del DF dentro de su programa radiofónico transmitido en Radio Fórmula. Habrá desoído el consejo el comunicador el año pasado o la respuesta de la CIRT ante el tema de los debates también ha adoptado la inconsistencia de las autoridades electorales. Lo mismo sucedió con Milenio que, tras sendos editoriales reclamando las amenazas sancionadoras del IFE, el martes pasado transmitió en vivo por su señal de cable el debate que por Internet realizarán los tres aspirantes panistas. Hasta el momento de redactar este editorial nadie había presentado una queja por ello ante el IFE.

La sentencia del Trife representó un precedente confuso y, una vez más, sujeto a un encuadre interpretativo poco confiable. Sin embargo, los medios de comunicación no han hecho otra cosa más que abonar a la confusión mediante una lectura que los victimiza como si el IFE fuera una suerte de Gestapo medieval. Ellos son los primeros en saber que uno de los principales objetivos de la actual legislación es evitar la compra ilegal de publicidad integrada, entrevistas e infomerciales en un contexto mediático que cada día se parece más a un supermercado informativo.

Por lo pronto apunte usted el tema como parte de la agenda (contra)reformista. No pocos lo utilizarán como pretexto para que regrese la compra indiscriminada de publicidad en radio y televisión y con ello consolidar un mercado de información aceitado con nuestros impuestos. Al tiempo.