JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
En materia mercantil se están produciendo algunos fenómenos que conviene dar a conocer. Lo que resulte en esta materia tendrá muy importantes repercusiones para la vida de muchas personas. Desde su entrada en vigor en 1890, en el Código de Comercio se previó que los procedimientos serían fundamentalmente escritos. Como juicios mercantiles se litigan una gran cantidad de conflictos, tales como el cobro de títulos de crédito (cheques, pagarés, etcétera) o controversias relacionadas con compras o adquisición de servicios con comerciantes, por ejemplo. Por lo mismo, todos estamos en la posibilidad de participar en alguna modalidad de este tipo de procedimientos para hacer valer nuestros derechos. Por diversas razones de carácter federal, los juicios mercantiles pueden ser presentados, a elección de quien inicia el juicio, ante los tribunales federales o los locales. La distribución ha sido hasta ahora sumamente desigual, pues buena parte de este tipo de juicios son conocidos por los tribunales de los estados y del Distrito Federal, al extremo de representarles una buena parte de su carga.
Fue precisamente la enorme cantidad de asuntos, su lenta tramitación y su desigual distribución lo que llevó a modificar los procedimientos mercantiles en enero de 2010. Se creó entonces una solución para los juicios que tuvieran como suerte principal una cantidad inferior a 220 mil 533.48 pesos. Se previó que la demanda y la contestación seguirían haciéndose de manera escrita, para luego pasar a una audiencia pública presidida por el juez con la finalidad de desahogar las pruebas ofrecidas, y al finalizar la misma debería dictarse sentencia. De forma adicional se previó que las sentencias no serían impugnables, por lo que su impugnación debería hacerse directamente mediante el juicio de amparo.
Esta reforma debió haber entrado en vigor el 27 de enero de este año en todo el país. Sin embargo, esto no será así, o al menos no totalmente. Mediante reforma publicada el 9 de enero pasado, se estableció una nueva solución. El monto para hacer procedente el juicio oral se incrementó a 500 mil pesos y se reiteró la prohibición de apelar la sentencia, fundamentalmente. Lo más relevante, sin embargo, fue el cambio introducido en cuanto a la entrada en vigor del nuevo modelo. Por una parte, y con la idea de generar, se dice, las condiciones materiales necesarias para su funcionamiento, se determinó que las legislaturas de los estados y el Congreso de la Unión deberían establecer las previsiones presupuestables, la infraestructura y la capacitación necesaria. Por otro, se estableció que los tribunales de los estados y del Distrito Federal conocerán de los juicios orales a partir del 1 de julio del 2013, mientras que los federales lo harán a partir del 27 de enero próximo.
Desde luego llama la atención la extensión del término otorgado a unos y otros tribunales, pero más aun lo que ello implica. Dada la condición de "concurrencia" entre ambos órganos, es decir, ante la posibilidad de que quien promueva el juicio decida llevarlo ante los locales o los federales, a partir del próximo día 27 los juicios escritos corresponderán a los primeros y los orales a los segundos. Algo que se previó para ser uniforme y dar seguridad no lo será más, al menos durante prácticamente año y medio. Las razones para hacer las diferencias mencionadas francamente no son sólidas.
Lo que acontece en materia mercantil es por sí mismo grave. Sin embargo, es sólo una parte de un fenómeno, ¿por qué no decirlo?, generalizado. El sistema nacional de impartición de justicia está descuidado. No se han emitido las leyes necesarias para darle aplicación a las reformas constitucionales (amparo), no se ha creado el número de jueces de ejecución de sentencia necesarios, no se han adoptado medidas eficaces para enfrentar los delitos de "narcomenudeo" que se asignarán a los estados, no se han implementado los juicios orales, ni se han creado las medidas necesarias para sostenerlos (capacitación policial, peritos, etcétera), por ejemplo. En un país aquejado por importantes retrasos en seguridad, empleo y, prácticamente, todo lo relacionado con el Estado de derecho, actuar erráticamente o a destiempo en materia de justicia es, cuando menos, irresponsable. Ojalá que la asfixiante coyuntura del 2012 nos permita a todos mirar un poco más allá de las elecciones. De no hacerlo, en un año tendremos un sistema de impartición de justicia cuestionado y deslegitimado.
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