MIGUEL CARBONELL
Los días 6 y 10 de junio de 2011 se publicaron dos decretos de reforma constitucional que pueden calificarse sin exageración como históricos. Se trata de reformas que afectan profundamente al tema de los derechos humanos y al régimen constitucional del amparo.
En la reforma relativa al juicio de amparo se incorporaron novedades de gran relevancia, como por ejemplo la declaración general de inconstitucionalidad de leyes. Se añadieron a nuestro texto constitucional aspectos esenciales del amparo que resultan muy novedosos para nuestro sistema jurídico, como el concepto de “interés legítimo” para promover el amparo, una nueva forma de comprender la “suspensión del acto reclamado” o la posibilidad de que existen “cumplimientos sustitutos” de las sentencias, a partir de los cuales el afectado en sus derechos perciba una indemnización por los actos de autoridad contrarios a la Constitución que le generaron un daño.
La reforma también crea los llamados “Plenos de Circuito”, que tienen a su cargo la delicada y muy importante tarea de unificar criterios jurisprudenciales, para que los asuntos no se pierdan o se ganen dependiendo del tribunal ante el que uno litiga, sino que existan parámetros de interpretación constitucional más o menos compartidos por todos los jueces federales.
Ahora bien, la reforma constitucional señala en su artículo transitorio segundo que el legislador ordinario debe expedir una nueva ley de amparo o una reforma integral a la ley vigente, dentro de los 120 días siguientes a la publicación de la misma. Sucede que ese plazo venció el día 4 de este mes de octubre y la ley de amparo o su correspondiente reforma integral no aparecen todavía y no sabemos si aparecerán en algún momento.
Los legisladores, una vez más, nos faltaron al respeto a los ciudadanos y se faltaron al respeto a sí mismos, al no poder cumplir con un mandato que incluyeron (ellos mismos, cabe recordarlo) en nuestra Carta Magna.
Podría pensarse que es muy complejo redactar una nueva ley de amparo y que, tratándose de un tema tan relevante para la salvaguarda de nuestros derechos, conviene no tener demasiada prisa, a fin de que salga un buen texto legislativo. Es probable que así sea, pero nadie les dijo a los legisladores que fijaran un plazo tan corto. Fueron ellos los que se metieron solitos en ese problema y ahora nos toca recordarles que deben cumplir con la disposición de nuestra Carta magna, para no incurrir (una vez más) en un fraude constitucional cuyo resultados serán muy perjudiciales para miles de ciudadanos mexicanos.
El sistema jurídico mexicano está teniendo importantes avances. Ya existen en México los juicios orales en materia penal y a partir de enero funcionarán en materia mercantil, para juicios ordinarios en los que se ventilen montos que no superen los 220 mil pesos. Ya tenemos nuevos criterios judiciales sobre el alcance del fuero militar y sobre el papel de los jueces de las entidades federativas en materia de aplicación de tratados internacionales. Ya estamos comenzando a aplicar los criterios garantistas que nos señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias de sus sentencias, en las que el Estado mexicano fue condenado como violador de derechos humanos.
Todos esos son cambios que, a la postre, suponen muy buenas noticias para millones de mexicanos y cuya aplicación debemos apoyar en lo que cada uno tenga a su alcance. Pero para poder aterrizar tales cambios es necesario que los legisladores hagan su parte.
No tengo duda de que la agenda de nuestros diputados y senadores está repleta de compromisos, reuniones, seminarios, desayunos de trabajo, etcétera. Son personas muy importantes y ocupadas. Pero no deben olvidar que están ejerciendo su cargo porque los ciudadanos votamos por ellos. Nosotros, los ciudadanos, deberíamos ser su primera prioridad. Si en verdad hay legisladores que sienten ese compromiso con la ciudadanía, deberían aprobar a la brevedad una nueva ley de amparo, que tiene por objeto precisamente proteger a las personas en contra de los abusos de la autoridad. ¿No es esa la esencia de la democracia constitucional? Señores legisladores: no esperen más, México exige y demanda con urgencia una nueva ley de amparo
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