CÉDULA PROFESIONAL Y CORRUPCIÓN

ERNESTO VILLANUEVA

La cédula profesional es un documento que otorga el Estado para que un profesionista se ostente como tal. Para obtener la cédula se requiere haber cursado una carrera universitaria y haber aprobado los exámenes correspondientes. No se trata de un asunto menor ni accesorio; al contrario, puede representar una diferencia sustantiva entre la vida y la muerte, entre la seguridad y la inseguridad y entre la satisfacción del interés público y el interés personal. Vayamos por partes.Primero. Todos en algún momento tenemos relación con profesionistas que la ley les exige su cédula como el médico, el dentista, el abogado, los profesores, los arquitectos, los ingenieros civiles y un largo etcétera. La sociedad parte de la premisa que estas personas que se presentan como profesionistas cuentan con su respectiva cédula profesional. De manera particular, la sociedad confía (o desconfía menos) de quien exhibe su cédula como prueba de su pericia. La estructura de opacidad del Estado mexicano hacía poco menos que imposible el escrutinio social de esta información que debe ser pública por el interés comunitario. Es precisamente por el valor social de esta figura que la ley castiga su incumplimiento de manera severa no sólo como una falta menor, sino como un delito. En efecto, el artículo 250 del Código Penal establece que se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien sin tener título profesional o autorización para ejercer una profesión reglamentada se atribuya el carácter de profesionista.Segundo. El Estado mexicano -Federación, estados y municipios- ha establecido la acreditación de la cédula profesional para ejercer distintos empleos y cargos públicos a fin de brindarle certeza mínima a los gobernados de que esos servidores públicos, por la naturaleza de sus funciones, deben tener conocimientos certificados. Tales son los casos, por ejemplo, de los jueces que necesariamente deben ser licenciados en derecho o los médicos de un hospital público que deben documentar esa condición e incluso los profesores en todas sus modalidades. En estos casos la violación a la ley, además de ser castigada penalmente es sancionada de acuerdo a la legislación de responsabilidades de servidores públicos. El problema por fortuna no es que esa conducta no se sancione. El reto reside en cómo la sociedad puede verificar la autenticidad de que su médico lo es realmente o el jefe de una obra en verdad es un ingeniero civil, tan sólo por citar dos casos cercanos a todos.Tercero. La Secretaría de Educación Pública ha puesto a disposición pública en su página de internet el denominado Registro Nacional de Profesionistas para comprobar la veracidad de la cédula profesional de quien se presente como profesionista. Es un buen principio, aunque sería todavía mejor que se pudiera buscar por nombre y apellidos. Gracias a este sistema, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) pudo cotejar, por ejemplo, la autenticidad de una cédula profesional que un solicitante había solicitado conforme a la ley de acceso para conocer además cuántas plazas tenía en el sistema educativo local. Corresponde a una persona que tiene una plaza de profesor cuyo nombre es Erasmo Amaro Acosta. Resulta que su cédula profesional que lo acredita como licenciado en educación media con número 2205180 no es la suya propia. Al ingresar al Registro Nacional de Profesionistas, el sistema informó que esa cédula corresponde a Nora Hilda Galván Balderas, como Licenciada en Enfermería. Y así se han detectado un número apreciable de casos que lastiman a la comunidad.Cuarto. Frente a esta circunstancia, que se puede suponer razonablemente que pasa en todo el país, el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, y el presidente del IMIPE, Eleael Acevedo, anunciaron el pasado miércoles 18 de noviembre, en el marco de la inauguración del IX Congreso Nacional de Derecho de la Información, hacer públicas todas las cédulas profesionales de los servidores públicos del Gobierno de esa entidad, que conforme a la ley deban acreditar la calidad de profesionista. De ese modo la sociedad podrá ver quién es quién y dar vida a mecanismos de participación ciudadana en el mejor interés público. Es un hecho inédito de rendición de cuentas que pone de relieve una de las múltiples aplicaciones de la transparencia que a todos nos impacta para combatir la corrupción. Habrá que ver qué estado sigue ese precedente morelense.