LA LEY DEL PACTO

JOHN M. ACKERMAN

Es un mal presagio para los ciudadanos cuando políticos y autoridades empiezan a pregonar la firma de un nuevo "pacto" o "acuerdo" para atender algún problema social. En lugar de enfrentar la situación por medio de acciones concretas e indicadores precisos, este tipo de estrategias tiende a diluir la responsabilidad de los gobernantes y a llenar los huecos con discursos y promesas vacías. El escenario se torna aún más preocupante cuando el pacto respectivo se ufana de ser en pro de "la legalidad" o de alguna alocución similar, como si hiciera falta acordar lo que es de por sí una obligación del Estado.Han transcurrido casi 100 días desde la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en Palacio Nacional y las autoridades ya empiezan a celebrar su "cumplimiento" por medio de desplegados y pronunciamientos públicos. Sin embargo, la delincuencia organizada, la violencia y la corrupción siguen más presentes que nunca. Mientras el gobierno festeja, los ciudadanos seguimos sufriendo los estragos de una estrategia de seguridad pública errada y errática.El Instituto Federal Electoral (IFE) no quiere quedarse fuera de la moda de los "acuerdos" y en días recientes decidió emular la estrategia de Felipe Calderón de pactar el cumplimiento de la ley. Así tenemos el "Acuerdo por la legalidad y contra la injerencia del ilícito en el proceso electoral 2008-2009" que supuestamente busca blindar a los partidos políticos y candidatos de la intervención del narcotráfico. Pero al igual que el pacto signado en Palacio Nacional, el acuerdo propuesto por Leonardo Valdés está repleto de declaraciones generales y buenos deseos que no contemplan ningún plan de acción específico. "Mediante este acuerdo, expresamos nuestra firme voluntad para que los fenómenos y las redes vinculadas con el ilícito no interfieran en el proceso electoral federal, bajo ninguna modalidad y en ninguna de sus etapas", afirma el texto del eventual acuerdo, y añade: "los partidos políticos nos comprometemos a respetar todos y cada uno de los preceptos constitucionales, legales y normativos que el IFE disponga para la regulación de las precampañas y las campañas electorales". Faltaba más. Las medidas más concretas a que se comprometerían las partes firmantes del acuerdo revelan la existencia de graves problemas con el régimen de transparencia de los partidos políticos que difícilmente se resolverán por medio de un pacto de caballeros. Por ejemplo, los institutos políticos acordarían hacer públicas sus listas de precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, así como toda la información financiera sobre las precampañas. También entregarían al IFE una lista completa de todos sus proveedores y prestadores de servicios y atenderían "de manera expedita y oportuna los requerimientos de información" de parte de la autoridad electoral. El hecho de que sea necesario pactar asuntos tan básicos en materia de transparencia refleja el grado de impunidad en que suelen operar los partidos, así como la evidente carencia de legitimidad y arrojo por parte de los consejeros electorales en su tarea de reguladores y árbitros electorales. Para ser justos, hay que señalar que el acuerdo refiere una idea sugerente: la propuesta de que todos los precandidatos y candidatos hagan pública una "declaración de posibles conflictos de interés". Esto sí que sería interesante si se cumpliera al pie de la letra. Formalmente, un conflicto de interés existe cuando una persona cuenta con vínculos económicos, políticos, o familiares que podrían influir negativamente en el desempeño de sus labores profesionales. Por ejemplo, un candidato a diputado federal que sea dueño de una red de gasolinerías o socio en un bufete de abogados que litiga contra el Estado, potencialmente podría tener conflictos de interés a la hora de ejercer su cargo público. Si a este tipo de vínculos se refiere el acuerdo, habría que darle la bienvenida a la iniciativa, ya que todos los ciudadanos efectivamente tenemos el derecho de saber sobre los vínculos de nuestros representantes populares.Sin embargo, no parece que la propuesta va en este sentido, pues un asunto que brilla por su ausencia es la más mínima mención a las empresas mercantiles o los medios de comunicación. Si bien la posible intervención futura del narcotráfico en las campañas presenta riesgos importantes, la participación ilegal de las principales empresas de radio y televisión y de los grandes empresarios desde ahora representa un verdadero peligro para la equidad de las elecciones de 2009. Con la prohibición de la compra de propaganda electoral, ha empezado a florecer un mercado negro de tratos informales entre gobernantes, futuros candidatos y medios de comunicación para promocionar ilegalmente algunas expresiones políticas. Así mismo, los partidos ya alistan formas "alternativas" para allegarse de financiamiento y apoyo del sector privado. Si el IFE realmente estuviera preocupado por defender el espacio público, ampliaría su mira más allá del narcotráfico para incluir estos otros actores que también atentan contra la legalidad electoral. Acciones firmes son más contundentes que mil palabras. En lugar de perder el tiempo firmando documentos, los políticos deberían abocarse a incluir a los partidos políticos como sujetos obligados plenos en la nueva Ley Federal de Transparencia, así como aprobar las reformas pendientes a la Ley Federal de Radio y Televisión y el Código Penal en materia electoral. De parte de la autoridad electoral, el combate a la impunidad es la mejor forma para incentivar el cumplimiento de la ley. Una investigación a fondo del cúmulo de irregularidades cometidas durante 2006 en materia de financiamiento y propaganda electoral, empezando con el caso del Consejo Coordinador Empresarial, sería la mejor manera de enviar un mensaje claro a los partidos de que los consejeros toman en serio su labor de garantes de la democracia mexicana.