MARÍA DEL CARMEN ALANÍS FIGUEROA
Como resultado de las elecciones del 3 de julio, el país habrá de renovar tres gubernaturas, media centena de diputaciones locales por ambos principios y poco más de 100 ayuntamientos.
En México, hasta hace algunas décadas estas ocasiones eran un factor de intranquilidad, pues la sociedad sabía que la lucha por el poder político podía desbordarse y generar conflictos, movilización y violencia. Por fortuna se optó por un cambio de gran calado, al crear instituciones democráticas robustas que, desde fines del siglo pasado, dan cauce a la competencia político-electoral. Por la solidez de su diseño y el rigor de su operación cotidiana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Federal Electoral (IFE) son, con frecuencia, utilizados como referentes internacionales de experiencias exitosas.
No obstante, las elecciones del 2006 recordaron al país la necesidad de mantener frescura y actualidad, tanto en la norma como en las organizaciones. Las fórmulas que habían funcionado bien por años podían perder niveles de desempeño institucional en situaciones límite si no se mantenían ajustadas y vigentes.
Esa nueva enseñanza fue aprendida y asumida con gran responsabilidad. Por poner algunos ejemplos, el Senado encontró perfiles de consenso al designar a los magistrados de la Sala Superior del TEPJF; el Constituyente permanente inyectó importantes dosis de equidad al reformar la Carta Magna en 2007, y el Legislador reformó con éxito las leyes electorales, no sólo para hacer operables los nuevos principios, sino también para fortalecer las instituciones del sistema electoral mexicano.
El Tribunal Electoral asumió con entusiasmo los nuevos retos. Debía, por un lado, generar criterios interpretativos para las nuevas reglas del juego. Era menester, por el otro lado, modernizar su organización interna con velocidad, pues la nueva regulación y, sobre todo, el reclamo social le demandaban ser más eficiente, más transparente y más cercano a los ciudadanos.
Esa repentina necesidad de interpretaciones jurisdiccionales es la que explica que hayan cobrado tanta notoriedad las decisiones del Tribunal en cuanto a las precampañas, los límites a la propaganda gubernamental en periodos de elecciones, la promoción personalizada de candidatos y la legitimación de los medios de comunicación como entes facultados para promover medios de impugnación en materia electoral.
Pero la centralidad que han adquirido la justicia electoral y el derecho se pone de manifiesto, sobre todo, en el alto volumen de asuntos que se ponen a consideración del Tribunal Electoral. De noviembre de 2006 a la fecha, hemos resuelto casi 39 mil asuntos, es decir, aproximadamente dos tercios del total resuelto por el propio Tribunal a lo largo de toda su historia.
El Tribunal encontró novedosas fórmulas para ser más eficiente y acercarse más a los ciudadanos. Así, por ejemplo, se pusieron en operación Salas Regionales permanentes. Se implantaron, además, esquemas de notificaciones electrónicas y estrados electrónicos que permiten que —a través del internet— se dé acceso a la revisión de expedientes y se cumpla con formalidades procesales, sin la necesidad de desplazamientos para los actuarios y para los justiciables.
Pero todas estas acciones no son suficientes para mantener vigente la democracia si no cuenta con el respaldo de los ciudadanos. De ahí que los magistrados del Tribunal impulsan programas televisados, foros públicos de discusión y publicaciones de divulgación, en que se dan a conocer las razones que subyacen a las principales sentencias emitidas, así como el análisis crítico que expertos ajenos al Tribunal pudieran emitir. Con ello, el proceso jurisdiccional se ha vuelto más conocido.
Las elecciones del próximo domingo son una prueba más de las muchas que han tenido las instituciones electorales del país después de las elecciones de 2006. El esfuerzo ha valido la pena. Los procesos locales y federales que se han llevado a cabo a lo largo de toda la geografía nacional se han conseguido sin quebrantos políticos. Todas las elecciones se han llevado a cabo y las personas electas han asumido sus cargos, una vez finalizada la ruta impugnativa. Las instituciones democráticas del país son, por ello, fuente de confianza para la vida política del país.
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