EL IFE, LEGISLADOR

RODRIGO MORALES MANZANARES

Mientras los partidos en el Poder Legislativo siguen haciendo cálculos políticos en torno a la oportunidad de un periodo extraordinario, la necesidad de regular impone sus urgencias. El Consejo General del IFE está por emprender una actualización reglamentaria que implicará modificaciones en muchas y muy diversas materias. Sin duda una de las que más ha llamado la atención es la referida a la posible reglamentación del derecho de réplica. Ciertamente no es la única. Veamos.

En 2007, cuando se emprendieron las reformas constitucionales en materia electoral, se modificó el artículo sexto, se estableció la réplica como un derecho y se dejó su desarrollo normativo a una ley reglamentaria que no ha sido expedida. Entretanto, se han presentado casos en el Tribunal Electoral, y éste ha determinado que el IFE es competente para garantizar el ejercicio de un derecho que quedó consagrado en la Constitución. Frente a ello, en efecto, el IFE tiene la disyuntiva de elaborar un reglamento que prevea y tipifique ciertas conductas, o bien resolver casuísticamente las quejas que se le presenten.

Más allá de la ruta que finalmente ensaye el IFE, me parece que hay que insistir en que no se trata de una ocurrencia de los consejeros, sino de una necesidad real de resolver de alguna manera la omisión legislativa. El derecho existe, hay que generar los instrumentos para garantizar su ejercicio. Así de simple. Pero insisto en que no es el único punto. El Consejo General deberá adecuar su reglamentación en otras materias delicadas, como fiscalización, radio y televisión, quejas, actos anticipados, etcétera, y lo deberá hacer, de nuevo, porque la omisión del Legislativo, al dejar inconclusa la reforma constitucional, ha obligado a las autoridades electorales a interpretar el sentido de las normas. Los ajustes no sólo son necesarios, sino deseables.

Hay que llamar la atención también del momento en que se emprenden las revisiones reglamentarias. El IFE, me parece que con mesura, había esperado a que el Congreso pudiera resolver dos cosas: la plena integración del Consejo General, para que la deliberación de dichas reformas pudiera incorporar a las nuevas voces que se integrarían; y la aprobación de los prometidos ajustes a la ley electoral. Ello sin duda hubiera ayudado a precisar las modificaciones pendientes

Sin embargo, creo que el IFE hace bien en dejar de esperar reformas que no están en el horizonte, y asumir la responsabilidad que tiene para inyectarle toda la certeza que sea posible al próximo proceso electoral federal. Sin duda, podremos debatir si tal o cual adecuación reglamentaria es más o menos correcta, pero el hecho es que se deben hacer reformas.

Mientras tanto, los grupos parlamentarios siguen debatiendo en torno a los alcances y fechas de un posible periodo extraordinario. En materia electoral, todo aquello que se modifique 90 días antes del inicio del proceso (primera semana de octubre) tendrá validez para regular los próximos comicios, cualquier reforma ulterior no podrá aplicar para las elecciones de 2012. Así están los tiempos. Los partidos se podrán quejar de las reformas que emprende el IFE, pero siempre ha estado a su alcance la posibilidad de precisar los contornos de la reforma que ellos mismos hicieron en 2007.

Me temo que, si no hay periodo extraordinario, nos estaremos acercando a una verdadera pesadilla: instituciones desgastadas y golpeadas, reglas inciertas y jugadores rijosos. Ojalá me equivoque.