PEDRO SALAZAR UGARTE“¡Alguien tiene que poder hacer algo!” es una frase que emerge espontánea de la preocupación. Clamor que proviene de la ansiedad. Esa es mi reacción cuando pienso en la intransigencia de los diputados priístas y la impericia de los otros que, en conjunto, han impedido el nombramiento de los tres consejeros que le faltan al IFE. La cosa es seria, porque han maltratado a una institución clave para la democracia mexicana y porque, en estricto sentido, si nos atenemos a lo que dicta el artículo 41 de la Constitución, el Consejo General de esa autoridad no está plenamente integrado. Ese órgano tiene una conformación constitucional puntual: “se integrará por un consejero presidente y ocho consejeros electorales”. Y hoy sólo hay un presidente y cinco consejeros que, para colmo, como en el chiste aquél de las neuronas, están peleados.
Así que la omisión de los diputados no es cosa menor. La falta de nombramiento, en un cierto sentido, materializa la violación de una obligación constitucional: los consejeros “serán elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios”. Y ello se traduce en la deficiente integración del órgano “superior de dirección” de la autoridad que tiene a su cargo “en forma integral y directa”, entre otras, nada más y nada menos que “las actividades relativas a la capacitación cívica (…), al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos (…), declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente (...)”.
Algunas voces ocurrentes ya preguntan qué pasaría si comienza el proceso electoral de 2012 sin que se verifique el nombramiento de los consejeros. Conviene advertirlo: la legitimidad de la elección podría quedar comprometida, y la legalidad de las decisiones del consejo podría controvertirse. Y, tratándose de una elección presidencial y de la renovación del Congreso de la Unión, ello puede provocar una crisis constitucional. Basta con que los poderosos actores que se ven afectados por las decisiones del máximo órgano de dirección del IFE usen este defecto como estrategia. Por eso, potencialmente, el orden constitucional democrático y, junto con éste, el Estado mexicano (Kelsen, dixit) pueden entrar en crisis. De ese tamaño es la irresponsabilidad de los partidos y de sus diputados. Y por eso conviene preguntarnos si existe una ruta constitucional para sortear la omisión legislativa. Ello para garantizar que el nombramiento de los consejeros se realice antes del 1 de octubre de este año. Propongo una alterativa que, dada la situación, conviene analizar.
Todos los poderes tienen la responsabilidad de velar por la vigencia del ordenamiento constitucional. Y, cuando algo falla, en última instancia, corresponde al Poder Judicial —en particular a la SCJN en sus vestes de Tribunal Constitucional— garantizar la integridad del mismo. Este es el caso porque la omisión legislativa amenaza al orden constitucional del país. Pues bien: el Poder Ejecutivo o incluso los senadores podrían presentar una controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados para que el Pleno de la SCJN intervenga (Art. 105, I). Ello aduciendo que no se trata de un asunto en estricto sentido electoral y porque la Corte es el último garante del sistema constitucional mexicano. En su defecto, si se considera que la materia sí es electoral, la estrategia sigue abierta, pero ante el Tribunal Electoral (Art. 99, V). La Corte o el Tribunal podrían: a) ordenar a los diputados sesionar para nombrar inmediatamente a los consejeros; b) establecer un plazo perentorio para que los propios diputados hagan su tarea, pero si no lo hacen; c) nombrar a los consejeros mediante la insaculación de tres nombres de la lista que ya existe. Es una solución extrema —que trastoca el sentido político del nombramiento—, pero hay un precedente: Yucatán en 2001.
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