DEL CONSUELO A LA RESISTENCIA

JOHN ACKERMAN

El pasado 10 de junio algo mágico ocurrió en Ciudad Juárez. Inspirados por la visita de Javier Sicilia a esta dolida y atormentada ciudad, una amplia diversidad de víctimas, defensores de derechos humanos, jóvenes, mujeres, intelectuales y activistas tomaron la decisión de sentar las bases para una refundación de la República. Todos ellos lograron traducir su dolor y coraje en propuestas y acciones concretas encaminadas a transformar de raíz el sistema de opresión, corrupción y marginación que es la causa originaria de los 40 mil muertos de la “guerra” de Felipe Calderón. En lugar de quedarse únicamente con la valiosa e imprescindible demanda de justicia ante los muertos, cuya búsqueda diariamente les quema el pecho, mostraron la generosidad de también promover cambios en la estructura social, económica y política que ha hecho posible la injusticia que hoy todos padecemos.

No han faltado las voces que en los últimos días hayan querido descalificar este acontecimiento, y llaman a Sicilia a controlar y encauzar el emergente movimiento para que se enfoque exclusivamente en el tema de la seguridad pública y la resolución judicial de casos concretos. Ricardo Alemán escribe que “un grupo de vividores de la política” “chamaquearon” a Sicilia al “secuestrar” las mesas de discusión en Juárez. Federico Reyes Heroles lamenta que “la pureza de un discurso ciudadano emanado del dolor” fuera corrompido cuando “los ultras –siempre al acecho– colaron sus provocaciones”.

De acuerdo con este punto de vista, las víctimas son “puros” cuando nos conmueven con sus lágrimas y los podemos “apoyar” de manera paternalista. Pero cuando estas víctimas levantan la voz para convertirse en actores de la arena pública y exigir un cambio en la política nacional, súbitamente se transforman en “peligros” para la estabilidad política y el desarrollo social. En lugar de asustarse por este empoderamiento de los de abajo, habría que celebrarlo y hacer todo lo posible para facilitar su florecimiento. Al parecer, el mismo Sicilia tiene esto claro y seguramente no se dejará llevar por el canto de las sirenas que lo quiere ver frenando el movimiento que él mismo ha auspiciado.

Algunos de los puntos más importantes que fueron acordados en las mesas de discusión de Juárez (ver documento en: http://www.cencos.org/node/27032), y que generan mayor escozor a los críticos, incluyen, por ejemplo, la exigencia de cancelar la Iniciativa Mérida y toda “asesoría policiaco-militar” de Estados Unidos; la demanda del regreso inmediato del Ejército a los cuarteles; la petición de someter a juicio político a Calderón, Genaro García Luna y Javier Lozano; la exigencia de esclarecer los orígenes de las fortunas de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Elba Esther Gordillo; la posición a favor de las candidaturas ciudadanas y la revocación de mandato; la exigencia de democratizar y contar con espacios para la sociedad en los medios de comunicación electrónicos; el rechazo total a la reforma laboral y a la Ley de Seguridad Nacional, y la cancelación de las concesiones mineras a empresas corruptas e irresponsables.

Más que “distraer” el emergente movimiento en temas que supuestamente no le competen, este amplio menú de propuestas y exigencias demuestra que se empieza a aglutinar un esfuerzo sumamente poderoso con gran potencial de acción. Recordemos, por ejemplo, cómo en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no pedía menos que “tierra, techo, trabajo, alimentación, salud, educación y cultura”. En su Tercera Declaración de la Selva Lacandona explicaba su postura: “Se nos ha criticado que los zapatistas pedimos mucho, que debemos conformarnos con las limosnas que nos ofreció el mal gobierno. Aquel que está dispuesto a morir por una causa justa y legítima tiene derecho a pedirlo todo. Los zapatistas estamos dispuestos a ofrendar lo único que tenemos, la vida, para exigir democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos”.

Hoy, 40 mil personas ya han ofrendado sus vidas en la “guerra” de Calderón, y la lucha social actual es precisamente para parar este baño de sangre. Detener, encarcelar o ejecutar a unos cuantos de los responsables materiales de estos muertos no resolverá el problema. Ya hemos visto que cuando cae un sicario o capo brotan docenas más para tomar su lugar. La estrategia efectiva es más bien atacar directamente las causas profundas de la crisis actual. También habría que dar una lección de civilidad a nuestros gobernantes para que se utilice la ley, en lugar de las ejecuciones extrajudiciales, como la vía privilegiada para alcanzar la justicia y la rendición de cuentas.

Por estas razones es tan importante no sólo apoyar la demanda de juicio político contra García Luna y Calderón por su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos, sino también denunciar a estos funcionarios ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra. Tal y como lo ha expuesto con elocuencia el destacado experto en derecho internacional Netzaí Sandoval (ver: http://bit.ly/iQyhlW), el Estatuto de Roma que crea la CPI fue ideado precisamente para atender casos como el mexicano, donde la impunidad estructural y endémica del sistema de justicia nacional no permite llamar a cuentas a los altos funcionarios que violan las reglas básicas que deben regir en cualquier conflicto armado.

No es gratuito que Calderón haya sustituido recientemente el término “guerra”, con el que él mismo bautizó su acción desde el principio, por su nueva formulación de “lucha por la seguridad pública”. Sabe muy bien que al reconocer que el país se encuentra inmerso en un conflicto bélico, los responsables por la comisión de delitos contra la población se colocan inmediatamente bajo la competencia de la CPI. Pero no nos dejemos engañar por su estratagema para negar la realidad que se encuentra frente a los ojos de todo el país: El presidente de la República encabeza una guerra no solamente en contra de los delincuentes, sino también en contra del pueblo mexicano.

Por ello, Calderón debe rendir cuentas ante las instancias internacionales correspondientes. No hay mejor forma de romper la cadena de impunidad que ha generado la tragedia nacional que someter a la ley al más poderoso servidor público del país. Ello dejaría completamente claro a todos que la ley no se aplica solamente para unos cuantos, sino para absolutamente todos.