RAÚL TREJO DELARBREHace casi 10 años, el doctor Héctor Camero cambió el bisturí por el micrófono. Esa decisión lo tiene a un paso de la cárcel, como resultado de la persecución que el gobierno federal ha decidido mantener contra la Radiodifusora Tierra y Libertad en Monterrey, Nuevo León.
Experimentado dirigente del movimiento popular en la capital neoleonesa desde los años 70, Camero fundó esa radiodifusora en 2001 con auxilio técnico de estudiantes de la UNAM. “Tierra y Libertad” fue vocero de la asociación civil de ese nombre, integrada por peticionarios de terreno y servicios urbanos. Las transmisiones, con muy baja potencia, en el 90.9 de F.M., incluían programas de orientación y servicio como “Mundo obrero”, “Sin pelos en la lengua” “Voces del barrio” o “El positrón rebelde” dirigido a jóvenes. También había varias series para niños.
A poco de haber comenzado a transmitir, la radiodifusora solicitó su regularización ante el gobierno federal. A diferencia de otras emisoras comunitarias que fueron legalmente reconocidas ya en la década actual, el expediente de Radio Tierra y Libertad quedó estancado en los vericuetos de las gestiones burocráticas. La legislación para Radio y Televisión no establece vías específicas que les permitan tramitar sus registros a las estaciones comunitarias.
El 6 de junio de 2008 por la tarde Héctor Camero, como de costumbre, conducía las transmisiones de Radio Tierra y Libertad cuando llegaron 150 policías federales a derribar, a golpes, las puertas de la emisora. Allí se encontraban él y dos de sus colaboradoras. Cuando los policías le exigieron que mostrara la autorización para transmitir, Camero replicó, plenamente convencido: “mi permiso en la Constitución” y explicó a los agentes que llevaba seis años tramitando la licencia.
Así comenzó un proceso de dos años que convirtió a Camero, de testigo, en indiciado y ahora sentenciado. El pasado miércoles 3 de noviembre, el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León ratificó la sentencia que había emitido cinco meses antes. Camero ha sido condenado a dos años de prisión, multa mayor a 15 mil pesos e inhabilitación de sus derechos ciudadanos.
Al doctor Camero, la Procuraduría General de la República lo acusa del delito de uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización previa. Pero esa autorización no existe porque el mismo gobierno que lo inculpó, se ha negado a desahogar los trámites para que Radio Tierra y Libertad tenga permiso legal.
Las comparaciones son detestables pero ilustrativas. Hace casi ocho años un personaje muy ligado a los negocios en Nuevo León se apropió por la fuerza de las instalaciones transmisoras del Canal 40 de la ciudad de México. Aquel delito era ostensible pero el gobierno federal, lejos de tomar medidas contra Ricardo Salinas Pliego, lo ayudó a adjudicarse esa frecuencia de televisión. Ahora, en Monterrey, un luchador social que ha llevado la radiodifusión al servicio de un movimiento popular, se encuentra en riesgo de ir a la cárcel.
La ocupación y luego el desmantelamiento de Radio Tierra y Libertad ubicada en la zona de Topo Chico, en Monterrey, estuvieron plagadas de irregularidades. Los policías nunca exhibieron orden de cateo, decomisaron no solamente el equipo de transmisión sino además computadoras y otros bienes de la asociación civil, a Camero lo improvisaron como culpable ya durante el proceso.
La decisión del gobierno federal para enderezar procesos penales contra promotores de la comunicación comunitaria como el doctor Camero es sumamente grave. No sólo se entorpece el proceso de regularización de esas emisoras, sino además se refuerza una actitud de intolerancia y dureza contra la libertad de expresión. Paradójicamente, Camero se ha distinguido por proponer las vías legales, antes que las acciones de hecho, en la lucha del movimiento popular. Hace un par de décadas, su oposición al enfrentamiento con el gobierno neoleonés fue causa de la escisión que separó a su Asociación Civil del antiguo Frente Popular Tierra y Libertad cuyos dirigentes siguieron otra ruta política.
Hombre parsimonioso, con una madurez política que le permitirá entender que este es un episodio dentro de un trayecto que dista de haber concluido, el doctor Camero y su causa podrían ser el detonador de una regularización a fondo en la situación legal de las radios comunitarias. La sección mexicana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias presentará una apelación a la sentencia penal y por lo pronto gestionará una fianza para garantizar la libertad de Camero. Luego, el asunto podría escalar la pirámide del entramado judicial. La misma AMARC recordaba hace casi un año que en 2007, cuando declaró inconstitucional la llamada Ley Televisa, “La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que las Leyes Federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones vulneran el ejercicio y acceso al derecho a la libertad de expresión, al no garantizar el acceso equitativo a la diversidad de medios, en especial por lo establecido en el artículo 2 de la carta magna en torno a el acceso de las comunidades indígenas y equiparables, a operar sus propios medios de comunicación”.
Mientras tanto, la solidaridad con el director de la emisora Tierra y Libertad podrá auspiciar no solamente la defensa jurídica de ese dirigente social sino, además, el retorno de esa estación al cuadrante de la radio en Nuevo León. El lema Todos somos Camero se extiende por distintos espacios y redes de comunicación.
Experimentado dirigente del movimiento popular en la capital neoleonesa desde los años 70, Camero fundó esa radiodifusora en 2001 con auxilio técnico de estudiantes de la UNAM. “Tierra y Libertad” fue vocero de la asociación civil de ese nombre, integrada por peticionarios de terreno y servicios urbanos. Las transmisiones, con muy baja potencia, en el 90.9 de F.M., incluían programas de orientación y servicio como “Mundo obrero”, “Sin pelos en la lengua” “Voces del barrio” o “El positrón rebelde” dirigido a jóvenes. También había varias series para niños.
A poco de haber comenzado a transmitir, la radiodifusora solicitó su regularización ante el gobierno federal. A diferencia de otras emisoras comunitarias que fueron legalmente reconocidas ya en la década actual, el expediente de Radio Tierra y Libertad quedó estancado en los vericuetos de las gestiones burocráticas. La legislación para Radio y Televisión no establece vías específicas que les permitan tramitar sus registros a las estaciones comunitarias.
El 6 de junio de 2008 por la tarde Héctor Camero, como de costumbre, conducía las transmisiones de Radio Tierra y Libertad cuando llegaron 150 policías federales a derribar, a golpes, las puertas de la emisora. Allí se encontraban él y dos de sus colaboradoras. Cuando los policías le exigieron que mostrara la autorización para transmitir, Camero replicó, plenamente convencido: “mi permiso en la Constitución” y explicó a los agentes que llevaba seis años tramitando la licencia.
Así comenzó un proceso de dos años que convirtió a Camero, de testigo, en indiciado y ahora sentenciado. El pasado miércoles 3 de noviembre, el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León ratificó la sentencia que había emitido cinco meses antes. Camero ha sido condenado a dos años de prisión, multa mayor a 15 mil pesos e inhabilitación de sus derechos ciudadanos.
Al doctor Camero, la Procuraduría General de la República lo acusa del delito de uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización previa. Pero esa autorización no existe porque el mismo gobierno que lo inculpó, se ha negado a desahogar los trámites para que Radio Tierra y Libertad tenga permiso legal.
Las comparaciones son detestables pero ilustrativas. Hace casi ocho años un personaje muy ligado a los negocios en Nuevo León se apropió por la fuerza de las instalaciones transmisoras del Canal 40 de la ciudad de México. Aquel delito era ostensible pero el gobierno federal, lejos de tomar medidas contra Ricardo Salinas Pliego, lo ayudó a adjudicarse esa frecuencia de televisión. Ahora, en Monterrey, un luchador social que ha llevado la radiodifusión al servicio de un movimiento popular, se encuentra en riesgo de ir a la cárcel.
La ocupación y luego el desmantelamiento de Radio Tierra y Libertad ubicada en la zona de Topo Chico, en Monterrey, estuvieron plagadas de irregularidades. Los policías nunca exhibieron orden de cateo, decomisaron no solamente el equipo de transmisión sino además computadoras y otros bienes de la asociación civil, a Camero lo improvisaron como culpable ya durante el proceso.
La decisión del gobierno federal para enderezar procesos penales contra promotores de la comunicación comunitaria como el doctor Camero es sumamente grave. No sólo se entorpece el proceso de regularización de esas emisoras, sino además se refuerza una actitud de intolerancia y dureza contra la libertad de expresión. Paradójicamente, Camero se ha distinguido por proponer las vías legales, antes que las acciones de hecho, en la lucha del movimiento popular. Hace un par de décadas, su oposición al enfrentamiento con el gobierno neoleonés fue causa de la escisión que separó a su Asociación Civil del antiguo Frente Popular Tierra y Libertad cuyos dirigentes siguieron otra ruta política.
Hombre parsimonioso, con una madurez política que le permitirá entender que este es un episodio dentro de un trayecto que dista de haber concluido, el doctor Camero y su causa podrían ser el detonador de una regularización a fondo en la situación legal de las radios comunitarias. La sección mexicana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias presentará una apelación a la sentencia penal y por lo pronto gestionará una fianza para garantizar la libertad de Camero. Luego, el asunto podría escalar la pirámide del entramado judicial. La misma AMARC recordaba hace casi un año que en 2007, cuando declaró inconstitucional la llamada Ley Televisa, “La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que las Leyes Federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones vulneran el ejercicio y acceso al derecho a la libertad de expresión, al no garantizar el acceso equitativo a la diversidad de medios, en especial por lo establecido en el artículo 2 de la carta magna en torno a el acceso de las comunidades indígenas y equiparables, a operar sus propios medios de comunicación”.
Mientras tanto, la solidaridad con el director de la emisora Tierra y Libertad podrá auspiciar no solamente la defensa jurídica de ese dirigente social sino, además, el retorno de esa estación al cuadrante de la radio en Nuevo León. El lema Todos somos Camero se extiende por distintos espacios y redes de comunicación.
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