ENJENDRO ELECTORAL EN EL DF

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Mientras que el perredismo nacional y mexiquense se desgarran las vestiduras por la llamada "Ley Peña Nieto", contra la cual han interpuesto ante la SCJN acción de inconstitucionalidad, y en tanto Marcelo Ebrard promueve ante el Congreso que el DF cuente con una Constitución propia que -dice- permita dejar atrás la minusvalía que supuestamente padecemos los ciudadanos de la ciudad capital, los diputados perredistas en la Asamblea Legislativa del DF, con el apoyo del PT y la complicidad del coordinador de la bancada del PRI, discuten, casi en secreto, un engendro de ley electoral local, cuyo contenido haría la envidia del más autoritario de los gobernadores, de ayer y de hoy.El pasado 4 de noviembre, la coordinadora perredista, Alejandra Barrales, presentó una iniciativa de nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del DF, integrado por la friolera de 439 artículos (el Cofipe tiene 300) que, entre otros males, daría lugar a un gigantesco instituto electoral local y a un tribunal igualmente deforme; ambos sometidos al control y dictados del PRD capitalino y de sus tribus. Para tal efecto, la Asamblea capitalina -es decir el perredismo- pretende arrogarse el derecho de nombrar no solamente a consejeros y magistrados electorales, sino también a varios de los más importantes funcionarios ejecutivos en ambas instituciones.Sin orden ni concierto, los promotores del engendro pretenden, entre otras ocurrencias, cerrar la puerta a la existencia de partidos políticos locales, mediante el establecimiento de requisitos que ni en la época de la hegemonía priista fueron colocados en las leyes. Mientras que el Cofipe exige a los nuevos partidos contar con un número de afiliados equivalente al 0.26% del padrón electoral, los perredistas pretenden exigir el 2% respecto del padrón local, pero además, que los solicitantes acrediten cumplir ese porcentaje en cada una de las 16 delegaciones, y que la organización interesada realice, en cada una de ellas, asambleas con al menos mil afiliados asistentes, certificados por notarios públicos y funcionarios electorales. Por si lo anterior fuera poco, solamente las Asociaciones Políticas locales, de previo registro, podrían aspirar a convertirse en partido político.El PRD rechaza las propuestas presidenciales para establecer normas que, más allá de los votos, otorguen a un partido mayoría absoluta en el Congreso, pero los diputados locales del mismo partido preservan la norma que otorga al partido que en el DF cuente con el 30% de los votos y más victorias distritales, las curules plurinominales que le permitan gozar de mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Por si lo anterior fuese poco, persisten en establecer un sistema de doble vía para el reparto de curules plurinominales, que deja abierta la puerta a obscuros acuerdos entre candidatos y partidos. Normas semejantes han sido eliminadas en la mayoría de los estados, pero en el DF permanecen como reliquias de los viejos tiempos.A contrapelo de la Constitución se pretende suspender la propaganda gubernamental desde el inicio de las precampañas locales, así como prohibir el uso del teléfono y del internet en precampañas y campañas. En lo que hace a encuestas electorales, las restricciones que pretenden imponer hacen palidecer a las que existen en Guerrero, Hidalgo y Quinta Roo.Para taparle el ojo al macho, los perredistas proponen obligada cuota de género en la elección de consejeros y magistrados electorales, buscando así ocultar los abusos legales con que pretenden asegurar la mayoría de que han venido gozando en el DF. Candil de la calle y obscuridad de su casa.Las instituciones electorales del DF se encuentran en una profunda crisis, provocada por la injerencia del jefe de Gobierno y de su partido, en la elección (y destitución) de consejeros y magistrados. El más reciente escándalo ocurrió hace unos días al elegirse al nuevo presidente del IEDF, después que la saliente fue obligada a modificar su voto; las grillas y pleitos por plazas, contratos y prebendas son cotidianas en esa institución, al igual que en el Tribunal Electoral local.A la luz de los abusos, cabe explorar la opción de que el IFE sea, en 2012, responsable de las elecciones locales en el DF, como ya ocurrió en 1997.