JORGE ALCOCER VILLANUEVALa difusión del análisis del investigador del CIDE, Marco A. Mena, sobre el gasto electoral en 2009 ha provocado reacciones airadas, en uno y otro sentido, que en poco ayudan al entendimiento de esta problemática. Hace cinco años, la revista Voz y Voto publicó un análisis similar, que daba cuenta del explosivo crecimiento del gasto del IFE, sin que nadie se rasgara las vestiduras, seguramente porque no había ocurrido la reforma que lo colocó en el ojo del huracán.
Para entender el problema, conviene no mezclar peras con manzanas, así como recordar de dónde venimos y en qué punto estamos.
Sumar el gasto operativo del IFE con el destinado a financiamiento de partidos es un mal punto de referencia. Mientras que el primero debe analizarse a la luz de lo que es y hace el Instituto, el segundo es producto de normas constitucionales, ajenas a la decisión del Consejo General. Sin embargo, el citado estudio comprueba el efecto positivo que para la reducción del gasto en los partidos y sus campañas tuvo la reforma 2007-2008.
Poco se ha reparado en los efectos que tuvo la decisión que en 1990 dio lugar al surgimiento del IFE. Su antecesora, la Comisión Federal Electoral, no tenía un solo funcionario o empleado; se instalaba cada tres años, al inicio del proceso electoral federal respectivo. La partida de gasto se ubicaba en el ramo de la Secretaría de Gobernación, que con personal propio, y de los gobiernos estatales y municipales, instrumentaba la logística para el día de la jornada electoral.
Desde 1991 el IFE tiene a su cargo una tarea permanente, el Registro Federal de Electores y la expedición de la credencial para votar, convertida en virtual documento de identidad; para ese fin, destina, en promedio anual, más del 40% de su presupuesto. Para el proceso electoral, que comprende los tres meses finales del año previo y siete del año de la elección, el IFE debe erogar lo necesario para hacer posible la instalación de más de cien mil casillas; capacitar a los ciudadanos que las atienden; imprimir y distribuir millones de boletas, cientos de miles de actas; fabricar y repartir toneladas de materiales (urnas, mamparas y otros) y hacer los cómputos.
A partir de 2008, el IFE es responsable de la verificación y monitoreo del uso de los tiempos en TV y radio asignados a los partidos políticos, en elecciones federales y locales y de manera permanente. Por decisión del Consejo General, se decidió montar un aparatoso y costoso sistema de monitoreo, en línea, de todas las señales difundidas en esos medios, lo que provocó un aumento importante de su gasto operativo.
Desde 1994 los sueldos de los consejeros electorales son equivalentes a los que perciben los ministros de la SCJN, pero el problema mayor está en lo que ganan los funcionarios de mando superior, incluidos secretarios particulares y asesores. Por otra parte, el personal permanente del IFE ha crecido sin parar, provocando el crecimiento exponencial del gasto corriente.
Mientras tengamos un IFE que organiza elecciones cada tres años, pero opera todos los días, la única solución para reducir su gasto es someterlo a una liposucción radical para adelgazar su estructura y reducir su personal en años no electorales, sin afectar sus tareas relevantes y permanentes, en primer lugar el Registro de Electores, en tanto se emite la Cédula de Identidad Ciudadana.
Si de reducir el gasto estatal en elecciones se trata, la solución está en la colaboración entre el IFE y los institutos locales, para aprovechar las capacidades del primero y apoyar a los segundos en temas como los programas de resultados oportunos; informática; verificación y monitoreo de TV y radio; selección y capacitación de ciudadanos para mesas de casilla; impresión de boletas y producción de materiales para la jornada electoral; casilla única en elecciones concurrentes. Son múltiples las oportunidades de cooperación que producirían ahorro.
Hay que reducir, cuanto antes, el gasto electoral, sin hacer de la academia o el reclamo social pretexto para demoler lo que se ha construido. Toda proporción guardada, más cuesta a los contribuyentes financiar los apenas encubiertos apoyos que televisoras y grupos radiofónicos cobran, por debajo de la mesa y por encima de la ley, a suspirantes, precandidatos y gobiernos.
Para entender el problema, conviene no mezclar peras con manzanas, así como recordar de dónde venimos y en qué punto estamos.
Sumar el gasto operativo del IFE con el destinado a financiamiento de partidos es un mal punto de referencia. Mientras que el primero debe analizarse a la luz de lo que es y hace el Instituto, el segundo es producto de normas constitucionales, ajenas a la decisión del Consejo General. Sin embargo, el citado estudio comprueba el efecto positivo que para la reducción del gasto en los partidos y sus campañas tuvo la reforma 2007-2008.
Poco se ha reparado en los efectos que tuvo la decisión que en 1990 dio lugar al surgimiento del IFE. Su antecesora, la Comisión Federal Electoral, no tenía un solo funcionario o empleado; se instalaba cada tres años, al inicio del proceso electoral federal respectivo. La partida de gasto se ubicaba en el ramo de la Secretaría de Gobernación, que con personal propio, y de los gobiernos estatales y municipales, instrumentaba la logística para el día de la jornada electoral.
Desde 1991 el IFE tiene a su cargo una tarea permanente, el Registro Federal de Electores y la expedición de la credencial para votar, convertida en virtual documento de identidad; para ese fin, destina, en promedio anual, más del 40% de su presupuesto. Para el proceso electoral, que comprende los tres meses finales del año previo y siete del año de la elección, el IFE debe erogar lo necesario para hacer posible la instalación de más de cien mil casillas; capacitar a los ciudadanos que las atienden; imprimir y distribuir millones de boletas, cientos de miles de actas; fabricar y repartir toneladas de materiales (urnas, mamparas y otros) y hacer los cómputos.
A partir de 2008, el IFE es responsable de la verificación y monitoreo del uso de los tiempos en TV y radio asignados a los partidos políticos, en elecciones federales y locales y de manera permanente. Por decisión del Consejo General, se decidió montar un aparatoso y costoso sistema de monitoreo, en línea, de todas las señales difundidas en esos medios, lo que provocó un aumento importante de su gasto operativo.
Desde 1994 los sueldos de los consejeros electorales son equivalentes a los que perciben los ministros de la SCJN, pero el problema mayor está en lo que ganan los funcionarios de mando superior, incluidos secretarios particulares y asesores. Por otra parte, el personal permanente del IFE ha crecido sin parar, provocando el crecimiento exponencial del gasto corriente.
Mientras tengamos un IFE que organiza elecciones cada tres años, pero opera todos los días, la única solución para reducir su gasto es someterlo a una liposucción radical para adelgazar su estructura y reducir su personal en años no electorales, sin afectar sus tareas relevantes y permanentes, en primer lugar el Registro de Electores, en tanto se emite la Cédula de Identidad Ciudadana.
Si de reducir el gasto estatal en elecciones se trata, la solución está en la colaboración entre el IFE y los institutos locales, para aprovechar las capacidades del primero y apoyar a los segundos en temas como los programas de resultados oportunos; informática; verificación y monitoreo de TV y radio; selección y capacitación de ciudadanos para mesas de casilla; impresión de boletas y producción de materiales para la jornada electoral; casilla única en elecciones concurrentes. Son múltiples las oportunidades de cooperación que producirían ahorro.
Hay que reducir, cuanto antes, el gasto electoral, sin hacer de la academia o el reclamo social pretexto para demoler lo que se ha construido. Toda proporción guardada, más cuesta a los contribuyentes financiar los apenas encubiertos apoyos que televisoras y grupos radiofónicos cobran, por debajo de la mesa y por encima de la ley, a suspirantes, precandidatos y gobiernos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario