JORGE ALCOCER VILLANUEVAA propósito de la elección de tres consejeros del IFE, una pequeña ayuda de memoria, una sugerencia de método y una propuesta en favor de la equidad de género.
En 1990 los 6 consejeros magistrados fueron propuestos por el Presidente; en 1994, la reforma no solo produjo la renovación total de consejeros, sino que suprimió el derecho de propuesta del Ejecutivo y privó de voto a los partidos políticos. En la mesa de las "conversaciones de Barcelona", que presidía el doctor Jorge Carpizo, el criterio para la selección de los consejeros ciudadanos fue evaluar a cada candidato en sus méritos.
En 1996 se introdujo el criterio de cuotas y los vetos por filias y fobias; sin embargo, al final prevaleció un relativo equilibrio y los 9 consejeros fueron electos por casi unanimidad. Tanto en 1994 como en 1996, la negociación tuvo lugar entre partidos políticos, teniendo como árbitro al secretario de Gobernación. En 2003, por vez primera, la responsabilidad se trasladó íntegra a los grupos parlamentarios. Aquella experiencia fue negativa; ante la necedad del PRD, los negociadores del PRI y el PAN se repartieron los consejeros, cuatro para cada uno, y el otro para el PVEM. En 2007 una nueva reforma determinó la salida de 6 de los 9 electos cuatro años antes.
En 2008 se emitió, por vez primera, convocatoria abierta y se puso en práctica un método basado en la inscripción de los aspirantes, que debían presentar un ensayo y comparecer ante la Comisión de Gobernación; pese a los esfuerzos de varios diputados, los vetos injustificados volvieron a surgir y de nuevo se impuso el criterio de cuotas, esa vez en forma paritaria para los tres mayores grupos parlamentarios.
Quienes han estado al frente de la Comisión de Gobernación (Diódoro Carrasco en 2008 y hoy Javier Corral) buscaron evitar vetos y cuotas; ambos hicieron un buen trabajo, pero algo está mal en el método. Veamos el proceso aún en curso: a la convocatoria respondieron 146 interesados; 136 fueron admitidos y requeridos a comparecer. Hasta ahí todo el procedimiento fue público. Pero al llegar el momento de determinar la lista de finalistas, lo transparente se volvió opaco; 17 candidatos fueron seleccionados sin mayor explicación. Ha trascendido que el criterio fue 7 lugares para el PRI, 5 para el PAN, 3 para el PRD, y uno y uno para el PVEM y PT. Otra vez las cuotas.
Faltando unas horas para vencer el plazo, la Junta de Coordinación Política (JCP) recibió la lista, y ahí el gozo se fue al pozo. El PRI reclama dos lugares para "sus candidatos", dejando uno para el PAN, y al PRD chiflando en la loma. Además, los vetos reaparecen. No hubo acuerdo y pospusieron para el 3 de noviembre, pasando el puente de muertos. Llegado ese día, el PRI mantuvo sus pretensiones y cada uno sus vetos. El asunto sigue pendiente, solo que ahora en un pantano de dimes y diretes que afectan el prestigio y la fama pública de todos y cada uno de los candidatos. En lugar de ventilar sus discrepancias de cara a la opinión pública, los coordinadores parlamentarios han preferido el hermetismo.
La versión estenográfica de la última sesión de la JCP (Reforma, 07/11/10) confirma lo que ya se sabía: la rebatiña por los tres lugares tiene como trasfondo la reivindicación de cuotas de partido, calculadas en función de resultados electorales y visiones futuristas. Se deja de lado, una vez más, que las únicas objeciones válidas deberían ser las que se funden en la ley, o en hechos probados.
El problema no es que la JCP tenga la decisión final en la propuesta que se turna al pleno, alguien tiene que hacer esa tarea; lo que es indebido es que la parte final del proceso, la más importante, tenga lugar dentro de una caja negra.
Sugiero que la JCP sesione de manera abierta, con transmisión en vivo por el Canal del Congreso; que cada coordinador ponga sobre la mesa tres candidatos de la lista de 17, y explique, sus razones. A partir de ahí puede empezar el acercamiento que lleve a la lista final. Y si hay objeciones, que se expongan.
Propongo que de los tres electos, al menos dos sean mujeres, para honrar el compromiso que los grupos parlamentarios hicieron en 2008: que un tercio de los consejeros del IFE sean mujeres.
La transparencia abonará a favor de la confianza, que es de lo que estamos urgidos.
En 1990 los 6 consejeros magistrados fueron propuestos por el Presidente; en 1994, la reforma no solo produjo la renovación total de consejeros, sino que suprimió el derecho de propuesta del Ejecutivo y privó de voto a los partidos políticos. En la mesa de las "conversaciones de Barcelona", que presidía el doctor Jorge Carpizo, el criterio para la selección de los consejeros ciudadanos fue evaluar a cada candidato en sus méritos.
En 1996 se introdujo el criterio de cuotas y los vetos por filias y fobias; sin embargo, al final prevaleció un relativo equilibrio y los 9 consejeros fueron electos por casi unanimidad. Tanto en 1994 como en 1996, la negociación tuvo lugar entre partidos políticos, teniendo como árbitro al secretario de Gobernación. En 2003, por vez primera, la responsabilidad se trasladó íntegra a los grupos parlamentarios. Aquella experiencia fue negativa; ante la necedad del PRD, los negociadores del PRI y el PAN se repartieron los consejeros, cuatro para cada uno, y el otro para el PVEM. En 2007 una nueva reforma determinó la salida de 6 de los 9 electos cuatro años antes.
En 2008 se emitió, por vez primera, convocatoria abierta y se puso en práctica un método basado en la inscripción de los aspirantes, que debían presentar un ensayo y comparecer ante la Comisión de Gobernación; pese a los esfuerzos de varios diputados, los vetos injustificados volvieron a surgir y de nuevo se impuso el criterio de cuotas, esa vez en forma paritaria para los tres mayores grupos parlamentarios.
Quienes han estado al frente de la Comisión de Gobernación (Diódoro Carrasco en 2008 y hoy Javier Corral) buscaron evitar vetos y cuotas; ambos hicieron un buen trabajo, pero algo está mal en el método. Veamos el proceso aún en curso: a la convocatoria respondieron 146 interesados; 136 fueron admitidos y requeridos a comparecer. Hasta ahí todo el procedimiento fue público. Pero al llegar el momento de determinar la lista de finalistas, lo transparente se volvió opaco; 17 candidatos fueron seleccionados sin mayor explicación. Ha trascendido que el criterio fue 7 lugares para el PRI, 5 para el PAN, 3 para el PRD, y uno y uno para el PVEM y PT. Otra vez las cuotas.
Faltando unas horas para vencer el plazo, la Junta de Coordinación Política (JCP) recibió la lista, y ahí el gozo se fue al pozo. El PRI reclama dos lugares para "sus candidatos", dejando uno para el PAN, y al PRD chiflando en la loma. Además, los vetos reaparecen. No hubo acuerdo y pospusieron para el 3 de noviembre, pasando el puente de muertos. Llegado ese día, el PRI mantuvo sus pretensiones y cada uno sus vetos. El asunto sigue pendiente, solo que ahora en un pantano de dimes y diretes que afectan el prestigio y la fama pública de todos y cada uno de los candidatos. En lugar de ventilar sus discrepancias de cara a la opinión pública, los coordinadores parlamentarios han preferido el hermetismo.
La versión estenográfica de la última sesión de la JCP (Reforma, 07/11/10) confirma lo que ya se sabía: la rebatiña por los tres lugares tiene como trasfondo la reivindicación de cuotas de partido, calculadas en función de resultados electorales y visiones futuristas. Se deja de lado, una vez más, que las únicas objeciones válidas deberían ser las que se funden en la ley, o en hechos probados.
El problema no es que la JCP tenga la decisión final en la propuesta que se turna al pleno, alguien tiene que hacer esa tarea; lo que es indebido es que la parte final del proceso, la más importante, tenga lugar dentro de una caja negra.
Sugiero que la JCP sesione de manera abierta, con transmisión en vivo por el Canal del Congreso; que cada coordinador ponga sobre la mesa tres candidatos de la lista de 17, y explique, sus razones. A partir de ahí puede empezar el acercamiento que lleve a la lista final. Y si hay objeciones, que se expongan.
Propongo que de los tres electos, al menos dos sean mujeres, para honrar el compromiso que los grupos parlamentarios hicieron en 2008: que un tercio de los consejeros del IFE sean mujeres.
La transparencia abonará a favor de la confianza, que es de lo que estamos urgidos.
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