RAÚL CARRANCÁ Y RIVASFue impresionante la forma que utilizó la Marina (al menos 50 granadas calibre 40, según las noticias) para acabar con la vida del tristemente célebre Ezequiel Cárdenas Guillén, alias "Tony Tormenta". De acuerdo con las declaraciones de testigos el ataque se llevó a cabo sobre un edificio de locales comerciales, seriamente afectado por los impactos de las granadas, y que se halla ubicado en el centro de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Durante los hechos fueron bloqueadas varias horas las señales de los teléfonos celulares, cuyo restablecimiento no fue inmediato, afectándose por lo tanto la comunicación. Es de señalar que cerca de allí se encuentra un jardín de niños con guardería infantil, que recibió impactos de granadas y también de balas estando los infantes adentro, siendo así mismo que los automóviles de algunos profesores y padres de familia resultaron dañados en el curso de los acontecimientos. A mi juicio el suceso es revelador de lo que está pasando en el país, a saber, que en la guerra contra el crimen organizado y la narco delincuencia la población civil permanece absolutamente desprotegida, con evidente peligro para su vida e integridad personal. Desde luego la Marina, en el caso, recibió órdenes de sus superiores o superior y actuó de acuerdo con la disciplina que la caracteriza. Sin embargo el episodio puso de manifiesto que la estrategia gubernamental no se anda a tientas, aparte del maquillado discurso oficial que altera la realidad, disminuyéndola, para supuestamente mejorar su apariencia. Lo único cierto es que el gobierno quiere acabar con el terrible problema de la inseguridad y violencia imperantes a través de medios que muy a menudo arrasan parejo, si es que no siempre. No hay nada que demuestre especial cuidado para que la población civil quede a buen resguardo, y el caso de "Tony Tormenta" es un ejemplo patente de ello. Concebida la estrategia gubernamental en sus términos sería ingenuo suponer que se le pide permiso al criminal para aprehenderlo. La orden es acabar con él a como dé lugar, tanto en el terreno sangriento de los hechos, digamos que en el campo de batalla, como en el espacio de la justicia donde la ley conculca, sin oírlo siquiera, sus derechos y garantías. Es una estrategia conjunta que ha roto lanzas con el Estado de Derecho. No es que se defienda a los delincuentes ni tampoco que se abogue por tapar el sol de su ferocidad con el dedo de subterfugios legales, pero ese Estado tiene sus reglas, sus principios, sus bases. Ignorarlos es volver a la barbarie. Y tan grave es arrasar con las guaridas delincuenciales, sin miramiento ni consideración para la población civil aledaña, como hacer leyes que niegan el propio Derecho y presuponen la culpabilidad mucho antes de probarla.
En consecuencia, no se vale, como se dice, que el gobierno actual le deje al país, al pueblo, al futuro gobierno de la República, una carga tan grande de muerte y horror. No es justo. Y el argumento de que otros gobiernos no hicieron nada frente al crimen generalizado y organizado, no es suficiente para seguir en la especie con una estrategia que cada día concita mayores críticas de diversos sectores de opinión. Son pocos, muy pocos, los que en vez de meramente opinar y reclamar se atreven a exigir que se le ponga un alto a la matanza impresionante que acomete con ferocidad inusitada al país. En el Congreso de la Unión se cita y se oye a los funcionarios responsables de la política de seguridad pública, se los escucha y se los deja seguir adelante después de algunas observaciones que no causan ninguna mella de importancia. Tal parece que el brutal impacto de la sangría desbordada empavorece y anula la acción de fondo, la verdadera. Es indiscutible que objetivamente hablando la eliminación de "Tony Tormenta" merece reconocimiento. No obstante en otra vertiente, en otro sentido, nos hace a todos víctimas de ella. Me explico. Yo he paseado o caminado por las calles de mi ciudad y he visto los convoyes del Ejército, con sus soldados de rostro endurecido -¿disciplina, terror, costumbre?-, con sus armas y actitudes de ataque, a la puerta de un edificio o de una casa. ¿Nos cuidan? ¿Cuidan al país? Relativamente porque su misión, su tarea específica, es eliminar a toda costa, caiga quien caiga, al enemigo en acecho. Y la población a un lado, a un costado, donde se quiera, pero en peligro latente. No me equivoco ni soy pesimista al decir lo anterior, y no importa que el semi poderoso Obama -apaleado en las recientes elecciones intermedias- haya felicitado a nuestro gobierno por el éxito de su operativo contra el líder del cártel del Golfo. ¡Política y diplomacia, entremezcladas! Yo me quedo mejor, en sorpresa e incertidumbre crecientes, con las declaraciones del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien a manera de anticipo de regalo navideño, o aguinaldo -al gusto-, dijo que la muerte de "Tony Tormenta" provocará un recrudecimiento de la violencia en Tamaulipas. Espantoso. Mataron una tormenta para generar otra de proporciones mayores. Sostengo que no sólo se trata de la violencia, así a secas, lo cual es de suyo gravísimo, sino de una matazón a fuego cruzado, indiscriminada, tóquele al que le toque. Es correcta la lógica que maneja dicho funcionario federal. No hay duda de que los grupos criminales buscarán un inmediato reacomodo de fuerzas. Esto no se discute siquiera. Lo que se pone en seria duda es si esas causas, concausas, consecuencias y vicisitudes, perfectamente presumibles en el esquema lógico, no son el resultado de una mala política, errática y equivocada. Pero el Presidente de la República acaba de manifestar en Mexicali que los homicidios de jóvenes en Tijuana, Ciudad Juárez y Nayarit son "sobresaltos de una lucha en la que debe perseverarse". Y luego añadió: "La decisión es entre dejarse avasallar por la criminalidad y resignarse a una esclavitud en manos del terror que generan los delincuentes, o decidirse a enfrentarse con todos los costos y todos los riesgos a la criminalidad". Por lo que a su criterio lo segundo es el camino correcto. ¿Así como así, señor Presidente? ¿Con todos los costos y todos los riesgos? No lo creo ni tampoco lo creen millones de mexicanos, quienes estando de por medio su patrimonio, seguridad personal y vidas deberían -deberíamos- ser tenidos en cuenta. ¿Cómo? ¿Qué impedimento constitucional y legal hay para una consulta popular en grande? El dilema planteado por el Presidente me parece equivocado y la premisa falsa. Por cierto, no me extraña en este orden de ideas que los nuevos "jueces de control" (véase párrafo trece del artículo 16 de la Carta Magna, emanado de la muy cuestionable reforma constitucional de 2008) puedan resolver en forma inmediata "y por cualquier medio" (sic) los asuntos a su cargo. Aquí es cosa, por lo visto, de que el Estado de Derecho ceda su sitio a las soluciones prácticas, inmediatas, eficaces. ¿No es una pésima estrategia?
En consecuencia, no se vale, como se dice, que el gobierno actual le deje al país, al pueblo, al futuro gobierno de la República, una carga tan grande de muerte y horror. No es justo. Y el argumento de que otros gobiernos no hicieron nada frente al crimen generalizado y organizado, no es suficiente para seguir en la especie con una estrategia que cada día concita mayores críticas de diversos sectores de opinión. Son pocos, muy pocos, los que en vez de meramente opinar y reclamar se atreven a exigir que se le ponga un alto a la matanza impresionante que acomete con ferocidad inusitada al país. En el Congreso de la Unión se cita y se oye a los funcionarios responsables de la política de seguridad pública, se los escucha y se los deja seguir adelante después de algunas observaciones que no causan ninguna mella de importancia. Tal parece que el brutal impacto de la sangría desbordada empavorece y anula la acción de fondo, la verdadera. Es indiscutible que objetivamente hablando la eliminación de "Tony Tormenta" merece reconocimiento. No obstante en otra vertiente, en otro sentido, nos hace a todos víctimas de ella. Me explico. Yo he paseado o caminado por las calles de mi ciudad y he visto los convoyes del Ejército, con sus soldados de rostro endurecido -¿disciplina, terror, costumbre?-, con sus armas y actitudes de ataque, a la puerta de un edificio o de una casa. ¿Nos cuidan? ¿Cuidan al país? Relativamente porque su misión, su tarea específica, es eliminar a toda costa, caiga quien caiga, al enemigo en acecho. Y la población a un lado, a un costado, donde se quiera, pero en peligro latente. No me equivoco ni soy pesimista al decir lo anterior, y no importa que el semi poderoso Obama -apaleado en las recientes elecciones intermedias- haya felicitado a nuestro gobierno por el éxito de su operativo contra el líder del cártel del Golfo. ¡Política y diplomacia, entremezcladas! Yo me quedo mejor, en sorpresa e incertidumbre crecientes, con las declaraciones del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien a manera de anticipo de regalo navideño, o aguinaldo -al gusto-, dijo que la muerte de "Tony Tormenta" provocará un recrudecimiento de la violencia en Tamaulipas. Espantoso. Mataron una tormenta para generar otra de proporciones mayores. Sostengo que no sólo se trata de la violencia, así a secas, lo cual es de suyo gravísimo, sino de una matazón a fuego cruzado, indiscriminada, tóquele al que le toque. Es correcta la lógica que maneja dicho funcionario federal. No hay duda de que los grupos criminales buscarán un inmediato reacomodo de fuerzas. Esto no se discute siquiera. Lo que se pone en seria duda es si esas causas, concausas, consecuencias y vicisitudes, perfectamente presumibles en el esquema lógico, no son el resultado de una mala política, errática y equivocada. Pero el Presidente de la República acaba de manifestar en Mexicali que los homicidios de jóvenes en Tijuana, Ciudad Juárez y Nayarit son "sobresaltos de una lucha en la que debe perseverarse". Y luego añadió: "La decisión es entre dejarse avasallar por la criminalidad y resignarse a una esclavitud en manos del terror que generan los delincuentes, o decidirse a enfrentarse con todos los costos y todos los riesgos a la criminalidad". Por lo que a su criterio lo segundo es el camino correcto. ¿Así como así, señor Presidente? ¿Con todos los costos y todos los riesgos? No lo creo ni tampoco lo creen millones de mexicanos, quienes estando de por medio su patrimonio, seguridad personal y vidas deberían -deberíamos- ser tenidos en cuenta. ¿Cómo? ¿Qué impedimento constitucional y legal hay para una consulta popular en grande? El dilema planteado por el Presidente me parece equivocado y la premisa falsa. Por cierto, no me extraña en este orden de ideas que los nuevos "jueces de control" (véase párrafo trece del artículo 16 de la Carta Magna, emanado de la muy cuestionable reforma constitucional de 2008) puedan resolver en forma inmediata "y por cualquier medio" (sic) los asuntos a su cargo. Aquí es cosa, por lo visto, de que el Estado de Derecho ceda su sitio a las soluciones prácticas, inmediatas, eficaces. ¿No es una pésima estrategia?
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