Las elecciones de este 2 de noviembre en Estados Unidos no son sólo significativas por representar un fuerte revés al Partido Demócrata y al presidente Obama, sino porque las campañas electorales que les antecedieron son, como señala Richard Adams del diario británico The Guardian, “las más caras en la historia de la humanidad” (5/10/10).De acuerdo con el Center for Responsive Politics (CPR), el costo de las elecciones intermedias ascendió a 4 mil millones de dólares (Sí, 52 mil millones de pesos mexicanos). Pero de ese monto, la mayoría de las erogaciones correspondieron a gastos “independientes” a los partidos políticos, esto es, que los hicieron otro tipo de agrupaciones, simpatizantes de los partidos y candidatos, concretamente organizaciones empresariales. Aun así, los gastos de los candidatos y partidos no son despreciables. Los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes del Partido Republicano gastaron 858 millones de dólares desde enero de 2009, y los del partido Demócrata la suma de 759 millones.Pero también hubo gastos importantes en las campañas por las gubernaturas. Por ejemplo, la candidata derrotada a la gubernatura de California, la republicana Meg Whitman, gastó 140 millones de dólares de su propio bolsillo. Whitman fue directora del portal de compra venta por internet llamado e-Bay. Los reportes de prensa indican que Whitman, al autoproclamarse candidata en 2009, comenzó a gastar 561 mil dólares diarios en su campaña. En la fase intensa de la etapa proselitista, gastaba mil dólares al minuto.Si bien la conservadora californiana perdió frente al demócrata Brown, se trata de una excepción porque los recursos invertidos sí influyen en las condiciones de la competencia y en los resultados. De acuerdo con el CPR, el gasto de los candidatos al Senado, por ejemplo, tiene una correlación de 0.83 con un resultado favorable en su elección. Que el dinero privado haya irrumpido de esta manera en la contienda electoral, y que ello haya llevado a las elecciones más caras jamás conocidas, tiene su disparador en una decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos aprobada el 21 de enero de este año. En la resolución del caso “Ciudadanos Unidos vs. La Comisión Federal Electoral”, la Corte decidió a favor de quienes se oponían a las limitaciones de los gastos independientes (el llamado “soft money”) que son los que realizan terceros a favor de los candidatos. En su momento, el presidente Obama se refirió así a tal decisión: “Con este fallo, la Suprema Corte ha dado luz verde a una nueva estampida de dinero de intereses especiales en nuestra política. Es una victoria mayor para las grandes petroleras, los bancos de Wall Street, las empresas aseguradoras de salud y los otros intereses poderosos que emplean su poder cada día en Washington para ahogar las voces de los estadunidenses comunes”. Obama no se equivocó, como es evidente con las cifras de contribuciones privadas a las campañas recién concluidas.No es de sorprender que las importantes inyecciones de recursos para apoyar a los candidatos republicanos provinieran, precisamente, de los grupos de interés privado que se pueden ver afectados –o se han visto ya- por la agenda del presidente Demócrata. Es el caso de las entidades financieras reacias a una mayor regulación que evite los excesos y abusos que condujeron a la crisis económica actual –que, provocada por medidas adoptadas por las administraciones republicanas, pasa la factura a Obama- o de las aseguradoras médicas y consorcios farmacéuticos contrarios a la reforma al sistema de salud. La evidencia es clara: al abrir la puerta al dinero en las elecciones, sin restricción alguna, se “empodera” todavía más a quienes más dinero tienen y, en efecto, la voz e influencia de los ciudadanos de a pie se desdibuja.Cuando junto a las carreras políticas por ganar votos ocurre una carrera económica clave por conseguir recursos, se entra en una lógica similar a la carrera armamentística durante la Guerra Fría: siempre hay que tener más que el otro. ¿Y cuánto dinero es necesario, si no hay límite, para una campaña? La respuesta es la misma que daba Mark Twain a la pregunta de cuánto whisky habría que consumir: demasiado no es suficiente. Ese debate no nos es ajeno en México. Desde 1996 se fijaron límites a los gastos de campaña y se prohibió la contratación de publicidad en radio y televisión por terceros que no fueran los partidos políticos. En 2007, la prohibición de gastar dinero en medios de comunicación electrónica se incluyó en el texto constitucional. Esa disposición ha sido combatida por los medios beneficiarios del gasto, y por los grupos interesados en incidir políticamente a partir de su capacidad económica. Si queremos evitar que nuestra vida política electoral se convierta en una extensión de la marcada desigualdad y concentración de poder económico, hay que cuidar y preservar el actual diseño constitucional. Las elecciones en Estados Unidos son un rotundo desmentido a quienes, por deporte y sin información, vienen diciendo que nuestras elecciones son las más caras del mundo: no, en 2009 los gastos de las campañas en las elecciones intermedias mexicanas superaron los 800 millones de pesos, 65 veces menos que las de Estados Unidos. Ya quisieran, Obama y los demócratas, nuestro artículo 41 constitucional y nuestro Cofipe.
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