EL 2012 BIEN VALE UN CONSENSO

RICARDO BECERRA LAGUNA

Los diputados Francisco Rojas, Josefina Vázquez Mota y Alejandro Encinas, al lado de los otros integrantes de la Junta de Coordinación Política, están a punto de tomar una de las decisiones determinantes para la política mexicana en los próximos años. Se trata del nombramiento de la tercera parte del Consejo General con voto en el IFE, tres nuevos consejeros, la última vuelta de tuerca con la que culmina la renovación total de aquel cuerpo colegiado zarandeado que protagonizó la crisis postelectoral del 2006. La maldición que acompañó a aquellos consejeros comenzó la noche misma de su nombramiento, cuando Elba Esther Gordillo, Miguel Ángel Yunes (del PRI, entonces) y Germán Martínez (del PAN) creyeron sostenible un IFE sin acuerdo del PRD. A partir de ese momento, el exorcizado emprendió su estrategia de “dos caras”: si gano será a pesar del IFE contrahecho; si pierdo, precisamente por ese IFE fraudulento. Así nos fue. Desde ese día de octubre de 2003, los consejeros electorales anduvieron a la intemperie, tratando de construir su legitimidad cuarteada en el origen, sometidos a los ventarrones de la impugnación de quienes no los avalaron. Eso es lo que la Junta de Coordinación Política debe evitar a toda costa. Dada nuestra historia política y electoral, la renovación del IFE se ha convertido en mucho más que un nombramiento de cargos: es la ratificación del acuerdo con las reglas del juego entre las grandes corrientes políticas de México. Ese acto sanciona la confianza en los árbitros electorales, el aval a las normas que van a aplicar y, como derivación, respeto a los posibles, inciertos, resultados. Sin ese acto político y simbólico, el que gana, gana mal; su triunfo queda expuesto a la descalificación ex ante, a la objeción de una opinión pública siempre agria, predispuesta a multiplicar la suspicacia y difundir la peor versión disponible de los acontecimientos. Es sobre ese territorio inflamable que los diputados tomarán su decisión, y hay de dos: un claro mensaje de recomposición, confianza y juego limpio o, desde ahora, un desplante faccioso de autosuficiencia y exclusión. Este escenario fatídico resulta cuanto más irracional si, como ocurre, la corriente que en 2006 se dijo ofendida y defraudada, se muestra dispuesta declara y quiere ratificar su compromiso con el IFE como ha dicho nada menos que el mismo Alejandro Encinas. El consenso es necesario, además, porque completaría el acuerdo con el que han transitado las dos camadas de renovación anteriores. No debe olvidarse que los otros seis consejeros que permanecen en el IFE han sido producto del consenso, y su aval y trabajo han podido sacar a flote la institución luego del horribilis 2006 y de la compleja implementación de la reforma en 2009. Lo que es más: recuérdese que la fórmula constitucional empuja a una sustitución escalonada porque busca sobre cualquier consideración revalidar el consenso en cada ronda de renovación. Y, finalmente, una ruta que quisiera evadir el expediente consensual, acabaría contaminando a los seis Consejeros que ya están en la herradura: todo el esfuerzo de remozamiento que tan trabajosamente emprendieron los legisladores desde 2007, vendría a dar al traste en su último tramo, justo en la estación previa la elección presidencial de 2012. Es la hora de la Junta de Coordinación Política: su consenso es una obligación para no repetir la historia odiosa y turbulenta de 2003, para completar un acuerdo que ha funcionado bien desde la primera sustitución de consejeros, para tomarle la palabra al PRD; para cumplir la letra y espíritu del escalonamiento constitucional, para no contaminar el trabajo de los consejeros que hoy permanecen en el IFE; para mandar un mensaje de confianza a la sociedad en estos tiempos pesimistas; para someter el espíritu faccioso, y para asegurar la legitimidad de origen, sea quien sea que resulte triunfador en las urnas durante las elecciones presidenciales por venir.

El 2012 bien vale un consenso.