RAÚL CARRANCÁ Y RIVASEl caso impresionante del empresario maderero de 77 años de edad don Alejo Garza Tamez que el pasado 13 de noviembre y a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, defendió su rancho "San José" hasta morir, es un ejemplo dramático y elocuente de lo que pasa en México y que el gobierno -a lo que parece- quiere que siga pasando, o sea, a ver cómo le hacemos pero que nos defendamos solos de la terrible ola de violencia que asuela al país. Porque al margen de la política que en su lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico sigue el gobierno, no hay la menor duda de que la población, dadas las circunstancias y la enorme superioridad de los agresores, tiene que acudir a sus propios medios para proteger su integridad corporal, su vida o sus propiedades. Y ello no es solidaridad sino estado de necesidad, lo recomiende o no el gobierno. Cuando miembros de la Marina y de la Armada llegaron hasta el lugar de los hechos vieron un escenario desolador, dantesco: armas por doquier y en cada una de las ventanas de la casa principal, el cuerpo de don Alejo cosido a tiros y destrucción casi total causada por granadas e impactos de balas. El cuerpo se hallaba solo pues el empresario le solicitó a su personal horas antes de los acontecimientos que ese día no fuera a trabajar, seguramente para protegerlo. En su defensa don Alejo, antiguo cazador, mató a cuatro de sus agresores y dejó heridos o inconscientes a otros dos. Repito que se trata de un ejemplo dramático y elocuente de lo que, por lo menos, propicia el gobierno conforme a la realidad que se vive a diario. El caso de ese hombre de 77 años de edad, con más coraje que muchos soldados y marinos, se debería difundir a los cuatro vientos de la nación con la pregunta de si eso pretende el gobierno, que nos defendamos sin ayuda de la autoridad en una batalla despiadada con nuestros agresores. Por supuesto que debemos colaborar con las buenas políticas oficiales, no con las malas e incluso pésimas, para enfrentar a los criminales organizados o desorganizados, pero lo deseable es que no hasta ese extremo que pone de manifiesto la insuficiencia e ineficacia de la estrategia gubernamental. El caso de don Alejo es revelador: miles o millones de mexicanos estamos prácticamente abandonados en esta lucha que bajo ningún concepto ha dado los frutos que se desean. ¿Las noticias de los últimos días? Un ex gobernador asesinado, las condolencias de duelo de las autoridades junto con la exigencia de que se haga justicia (palabras y palabras igual que incienso sobre el ara de los muertos), policías municipales militarizadas o en proceso de militarización en abierto desacato a lo que prescribe la Constitución (no es tarea del Ejército tenerlas bajo su control). Lo anterior es prueba fehaciente de la crisis actual del Estado de Derecho en el país.
¿Policías municipales militarizados? Después de que el pasado sábado 20 del actual dos agentes de la policía de Nayarit fueron asesinados frente a la Universidad Nueva Galicia, minutos antes de que iniciara el desfile con motivo del Centenario de la Revolución Mexicana, el Gobernador de Nayarit dijo: "Los policías estatales preventivos se unirán en un gran operativo a la policía municipal, y estarán bajo la coordinación y el mando del Ejército Mexicano" (sic). Por otra parte la Secretaría de Gobernación recomienda a los viajeros que visitarán México con motivo de las fiestas de fin de año "que manejen sus vehículos de día y en grupos y que recurran a las oficinas del llamado "Programa Paisano" para organizar caravanas que sean escoltadas" (¿prevención o autodefensa?). Lo cual recuerda los momentos más feroces de la última guerra mundial cuando los gobiernos de los países agredidos emitían comunicados advirtiendo a la población acerca de los inminentes peligros y de las medidas apropiadas para evitarlos. No quedaba otra ante el derrumbe de la libertad y de la legalidad. Yo pienso al respecto que una cosa es prevenir y otra muy distinta substituir la responsabilidad de las autoridades. La prevención individual o particular, salvo casos extremos, no debe remplazar a la prevención general a cargo del gobierno. Y en este sentido suena sorprendente, o ridícula, la disposición del párrafo noveno del artículo 21 constitucional, que dice: "La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios...". Primero, primerísimo, de la Federación. ¿Culpa de la Constitución o del legislador? ¿Culpa de las circunstancias? Quiérase lo que se quiera pero la Constitución es letra muerta o semimuerta. Sin embargo algunos no se dan cuenta y la quieren seguir matando en su lamentable agonía. El Secretario de Gobernación ha manifestado que el centenario de la Revolución es una buena oportunidad "para dar eficacia a la extinción de dominio de bienes producto del crimen" (sic). ¿Sabrá el Secretario que esa extinción es posible "aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal" (inciso a) de la fracción II del artículo 22 constitucional según la reforma de 2008), sólo, digamos, por sospechas? ¿Querrá el Secretario que sigamos así, dando tumbos en el terreno del Derecho? No se defiende la impunidad pero hay que castigar con absoluto respeto a los principios generales del Derecho. Lo contrario es venganza, y peor si proviene del Estado o del gobierno.
Yo tengo para mí que el caso dramático, ejemplar y simbólico de don Alejo Garza Tamez es lo opuesto a la estrategia equivocada en que se empeña el gobierno para combatir la violencia imperante. Es una revelación de coraje ciudadano, indignación, dignidad, valentía, frente al desastre que vivimos. Quedará allí no como algo aislado sino como un profundo grito desgarrador de crítica. Habrán sepultado el cuerpo de Don Alejo pero no podrán sepultar ese alarido que no se hubiera dado, seguramente, si otra fuera la estrategia.
¿Policías municipales militarizados? Después de que el pasado sábado 20 del actual dos agentes de la policía de Nayarit fueron asesinados frente a la Universidad Nueva Galicia, minutos antes de que iniciara el desfile con motivo del Centenario de la Revolución Mexicana, el Gobernador de Nayarit dijo: "Los policías estatales preventivos se unirán en un gran operativo a la policía municipal, y estarán bajo la coordinación y el mando del Ejército Mexicano" (sic). Por otra parte la Secretaría de Gobernación recomienda a los viajeros que visitarán México con motivo de las fiestas de fin de año "que manejen sus vehículos de día y en grupos y que recurran a las oficinas del llamado "Programa Paisano" para organizar caravanas que sean escoltadas" (¿prevención o autodefensa?). Lo cual recuerda los momentos más feroces de la última guerra mundial cuando los gobiernos de los países agredidos emitían comunicados advirtiendo a la población acerca de los inminentes peligros y de las medidas apropiadas para evitarlos. No quedaba otra ante el derrumbe de la libertad y de la legalidad. Yo pienso al respecto que una cosa es prevenir y otra muy distinta substituir la responsabilidad de las autoridades. La prevención individual o particular, salvo casos extremos, no debe remplazar a la prevención general a cargo del gobierno. Y en este sentido suena sorprendente, o ridícula, la disposición del párrafo noveno del artículo 21 constitucional, que dice: "La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios...". Primero, primerísimo, de la Federación. ¿Culpa de la Constitución o del legislador? ¿Culpa de las circunstancias? Quiérase lo que se quiera pero la Constitución es letra muerta o semimuerta. Sin embargo algunos no se dan cuenta y la quieren seguir matando en su lamentable agonía. El Secretario de Gobernación ha manifestado que el centenario de la Revolución es una buena oportunidad "para dar eficacia a la extinción de dominio de bienes producto del crimen" (sic). ¿Sabrá el Secretario que esa extinción es posible "aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal" (inciso a) de la fracción II del artículo 22 constitucional según la reforma de 2008), sólo, digamos, por sospechas? ¿Querrá el Secretario que sigamos así, dando tumbos en el terreno del Derecho? No se defiende la impunidad pero hay que castigar con absoluto respeto a los principios generales del Derecho. Lo contrario es venganza, y peor si proviene del Estado o del gobierno.
Yo tengo para mí que el caso dramático, ejemplar y simbólico de don Alejo Garza Tamez es lo opuesto a la estrategia equivocada en que se empeña el gobierno para combatir la violencia imperante. Es una revelación de coraje ciudadano, indignación, dignidad, valentía, frente al desastre que vivimos. Quedará allí no como algo aislado sino como un profundo grito desgarrador de crítica. Habrán sepultado el cuerpo de Don Alejo pero no podrán sepultar ese alarido que no se hubiera dado, seguramente, si otra fuera la estrategia.
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