En medio de un estruendoso despliegue publicitario y político, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, presentó su V Informe de Gobierno, no en Saltillo, la capital del estado, sede del Poder Legislativo que debe conocer el documento, sino en Torreón, en un local nuevo y enorme, el Coliseo Centenario, digno marco para las pretensiones de Moreira.
Fue su informe postrero, pues pedirá licencia en el próximo enero, a fin de dedicar dos meses a una intensa campaña que lo haga presidente nacional del PRI, si prospera la iniciativa con que busca, y al parecer puede lograr, romper el monopolio de un pequeño grupo que domina el PRI. Cuando hace unas semanas reapareció Emilio Gamboa Patrón para asumir la dirección del sector popular, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), todo parecía arreglado para que tras un breve lapso en ese cargo fuera elegido sucesor de Beatriz Paredes.
Pero súbitamente apareció Moreira en el escenario. No ha lanzado en vano el desafío al grupo dominante en el PRI. Cuenta con el apoyo de Elba Esther Gordillo, que lo ha amadrinado desde el comienzo de su carrera y luego de un periodo de enfriamiento se dispone a influir de modo determinante para que el ya para entonces exgobernador asuma el liderazgo del partido que la echó en 2006, pero que la busca a menudo para fortalecer sus posibilidades electorales.
Moreira es muy joven; apenas está llegando a los 45 años. Nacido en Saltillo el 28 de julio de 1966, ha hecho una fulgurante carrera política. Maestro normalista, como su familia a la que está humana y políticamente muy apegado, Humberto trabajó en las oficinas centrales de la SEP poco después de haberse graduado. Ahí estaba en el momento del ascenso de Gordillo a la cabeza del SNTE, y desde entonces la carrera del profesor ha seguido un curso cercano al de la maestra. Cuando volvió a Saltillo, en 1994, se desempeñó en cargos educativos federales, y luego fue nombrado secretario de Educación. De allí pasó a la alcaldía de Saltillo. No concluyó su periodo, pues fue postulado candidato a gobernador en 2005. Venció al candidato panista Jorge Zermeño, que había sido presidente municipal de Torreón y ahora es embajador en Madrid, como premio a su desempeño el 1 de diciembre de 2006, cuando pudo lograr, como presidente del Congreso, que Felipe Calderón protestara su cargo.
Moreira es audaz. No conoce rubores ni reparos. Sin pretender lo contrario, se muestra como el verdadero jefe de los legisladores locales y federales. Colocó a su hermano Carlos al frente del sindicato magisterial, y a Rubén lo encamina hacia la gubernatura. Lo hizo presidente del PRI estatal y diputado federal. Y ya en la Cámara, Rubén Moreira ha ganado presencia a fuerza de desplantes. Preside la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, y contó entre los legisladores que escoltaron a Julio César Godoy Toscano en el momento de rendir protesta, con lo cual eludió la acción ministerial que buscaba aprehender a éste antes de que el fuero lo protegiera.
Brilla hasta en el mundo social. Se casó no hace mucho con una colega de Cámara, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, quien con esa decisión depuso sus posibilidades de ser gobernadora en Hidalgo y será primera dama en Coahuila, si prospera el designio del gobernador saliente, su hermano, que con la licencia que obtendrá puede eludir el rubor de entregar el gobierno a otro Moreira.
El actual gobernante se ha distinguido por su animosidad contra el PAN, y especialmente frente a algunos de los personeros locales; de modo particular, el senador Guillermo Anaya, compadre del presidente de la República. Delató el intento de Vicente Fox de orillarlo a presentar cargos falsos contra el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia. Y a Calderón le ha reprochado ácidamente su estrategia contra el narcotráfico, imputándole que la ordena desde la comodidad de su escritorio.
Tiene razón en parte. Pero esgrime esa imputación como coartada que esconde su propia ineficacia en materia de seguridad. Coahuila no cuenta entre los estados con mayor número de homicidios como resultado de la guerra contra el narco. Pero se caracteriza por el gran número de secuestros y desapariciones, especialmente en la Comarca Lagunera.
Tan intensa es la práctica que priva de la libertad a toda suerte de personas, que se ha constituido una agrupación llamada Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, la cual ha documentado innumerables casos de tal delito sin merecer la atención gubernamental. El organismo se ha erigido, por extensión, en una suerte de observatorio ciudadano que señala puntualmente la ineficacia de la procuración de justicia y de la seguridad pública. Ha denunciado, por ejemplo, la impunidad que rodea a quienes mataron a miembros de la familia Siller Galindo el 24 de octubre:
“Los asesinatos de María Angélica Galindo Sánchez, su hija Karen Alejandra y su hijo Ricardo Siller Galindo a manos de agentes de la Policía Investigadora del estado manifiesta la seria crisis de seguridad que se vive en Coahuila. Asimismo, demuestra la falta de capacidad por parte de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, a cargo del licenciado Jesús Torres Charles, para cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad y la integridad de las y los ciudadanos.”
A Moreira esa agrupación civil lo señala porque con sus discursos en torno a la muerte de esas tres personas “trata de simular actos de justicia”, y juzga inaceptable que se minimice “esta tragedia al comparar lo que sucede en nuestro estado con índices de violencia en otros lugares del país”.
En enero Moreira se irá del gobierno. Y pondrá al PRI en el incómodo, terrible dilema de optar entre él y Gamboa Patrón. Tan malo el pinto como el colorado.
Fue su informe postrero, pues pedirá licencia en el próximo enero, a fin de dedicar dos meses a una intensa campaña que lo haga presidente nacional del PRI, si prospera la iniciativa con que busca, y al parecer puede lograr, romper el monopolio de un pequeño grupo que domina el PRI. Cuando hace unas semanas reapareció Emilio Gamboa Patrón para asumir la dirección del sector popular, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), todo parecía arreglado para que tras un breve lapso en ese cargo fuera elegido sucesor de Beatriz Paredes.
Pero súbitamente apareció Moreira en el escenario. No ha lanzado en vano el desafío al grupo dominante en el PRI. Cuenta con el apoyo de Elba Esther Gordillo, que lo ha amadrinado desde el comienzo de su carrera y luego de un periodo de enfriamiento se dispone a influir de modo determinante para que el ya para entonces exgobernador asuma el liderazgo del partido que la echó en 2006, pero que la busca a menudo para fortalecer sus posibilidades electorales.
Moreira es muy joven; apenas está llegando a los 45 años. Nacido en Saltillo el 28 de julio de 1966, ha hecho una fulgurante carrera política. Maestro normalista, como su familia a la que está humana y políticamente muy apegado, Humberto trabajó en las oficinas centrales de la SEP poco después de haberse graduado. Ahí estaba en el momento del ascenso de Gordillo a la cabeza del SNTE, y desde entonces la carrera del profesor ha seguido un curso cercano al de la maestra. Cuando volvió a Saltillo, en 1994, se desempeñó en cargos educativos federales, y luego fue nombrado secretario de Educación. De allí pasó a la alcaldía de Saltillo. No concluyó su periodo, pues fue postulado candidato a gobernador en 2005. Venció al candidato panista Jorge Zermeño, que había sido presidente municipal de Torreón y ahora es embajador en Madrid, como premio a su desempeño el 1 de diciembre de 2006, cuando pudo lograr, como presidente del Congreso, que Felipe Calderón protestara su cargo.
Moreira es audaz. No conoce rubores ni reparos. Sin pretender lo contrario, se muestra como el verdadero jefe de los legisladores locales y federales. Colocó a su hermano Carlos al frente del sindicato magisterial, y a Rubén lo encamina hacia la gubernatura. Lo hizo presidente del PRI estatal y diputado federal. Y ya en la Cámara, Rubén Moreira ha ganado presencia a fuerza de desplantes. Preside la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, y contó entre los legisladores que escoltaron a Julio César Godoy Toscano en el momento de rendir protesta, con lo cual eludió la acción ministerial que buscaba aprehender a éste antes de que el fuero lo protegiera.
Brilla hasta en el mundo social. Se casó no hace mucho con una colega de Cámara, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, quien con esa decisión depuso sus posibilidades de ser gobernadora en Hidalgo y será primera dama en Coahuila, si prospera el designio del gobernador saliente, su hermano, que con la licencia que obtendrá puede eludir el rubor de entregar el gobierno a otro Moreira.
El actual gobernante se ha distinguido por su animosidad contra el PAN, y especialmente frente a algunos de los personeros locales; de modo particular, el senador Guillermo Anaya, compadre del presidente de la República. Delató el intento de Vicente Fox de orillarlo a presentar cargos falsos contra el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia. Y a Calderón le ha reprochado ácidamente su estrategia contra el narcotráfico, imputándole que la ordena desde la comodidad de su escritorio.
Tiene razón en parte. Pero esgrime esa imputación como coartada que esconde su propia ineficacia en materia de seguridad. Coahuila no cuenta entre los estados con mayor número de homicidios como resultado de la guerra contra el narco. Pero se caracteriza por el gran número de secuestros y desapariciones, especialmente en la Comarca Lagunera.
Tan intensa es la práctica que priva de la libertad a toda suerte de personas, que se ha constituido una agrupación llamada Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, la cual ha documentado innumerables casos de tal delito sin merecer la atención gubernamental. El organismo se ha erigido, por extensión, en una suerte de observatorio ciudadano que señala puntualmente la ineficacia de la procuración de justicia y de la seguridad pública. Ha denunciado, por ejemplo, la impunidad que rodea a quienes mataron a miembros de la familia Siller Galindo el 24 de octubre:
“Los asesinatos de María Angélica Galindo Sánchez, su hija Karen Alejandra y su hijo Ricardo Siller Galindo a manos de agentes de la Policía Investigadora del estado manifiesta la seria crisis de seguridad que se vive en Coahuila. Asimismo, demuestra la falta de capacidad por parte de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, a cargo del licenciado Jesús Torres Charles, para cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad y la integridad de las y los ciudadanos.”
A Moreira esa agrupación civil lo señala porque con sus discursos en torno a la muerte de esas tres personas “trata de simular actos de justicia”, y juzga inaceptable que se minimice “esta tragedia al comparar lo que sucede en nuestro estado con índices de violencia en otros lugares del país”.
En enero Moreira se irá del gobierno. Y pondrá al PRI en el incómodo, terrible dilema de optar entre él y Gamboa Patrón. Tan malo el pinto como el colorado.
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