LA BATALLA POR LA SUPREMA CORTE

MIGUEL CARBONELL

La Suprema Corte se ha convertido, desde la importante reforma de diciembre de 1994, en el árbitro definidor de las grandes cuestiones nacionales. Lo mismo resuelve casos de gran impacto como el de la Guardería ABC o la violación de derechos humanos contra Lydia Cacho, que emite pronunciamientos sobre el horario de verano o sobre el cobro de impuestos municipales. La Corte ha ido ocupando un espacio político cada vez más amplio, inédito en la historia de México.

Sin embargo, a esa creciente (y benéfica, en mi opinión) importancia no se ha correspondido una definición del papel que debe jugar la Corte, por parte de los Ministros que la integran. Si comparamos los temas que resuelven, con los que son objeto de atención por parte de otros tribunales constitucionales alrededor del mundo, veremos llamativas diferencias. Quizá la más importante consista en que los tribunales más prestigiosos del mundo dedican sus mejores sentencias a resolver temas vinculados con los derechos humanos.

Son mundialmente famosos los pronunciamientos sobre aborto de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el aborto, o del Tribunal Constitucional Federal alemán sobre la prohibición de derribar aviones civiles cuando hayan sido secuestrados por terroristas. Nada parecido tenemos en México. Si acaso alguna decisión brillante pero aislada, como la que reconoció la validez constitucional de los matrimonios homosexuales o alguna sobre debido proceso legal emitida por la Primera Sala (siempre más progresista que la Segunda).

Por eso es que la vacante abierta por el deceso del Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo ofrece al Presidente Calderón, al Senado de la República y a la opinión pública nacional una oportunidad para discutir sobre el perfil idóneo del futuro integrante de la Corte y de la tarea que debe realizar en el seno de nuestro Máximo Tribunal

¿Cómo debería cubrirse la vacante? Lo primero que tenemos que rechazar es que la terna que envíe el Presidente Calderón esté integrada por personas “de partido”. Es comprensible que el PAN tenga una agenda propia de orden constitucional y que quiera defenderla ante la Suprema Corte. Pero la justicia a esos niveles debe ser una función de Estado y no de gobierno. Los Ministros deben estar ajenos (hasta donde sea posible) a las posturas ideológicas de los partidos. Recordemos que el nombramiento que se haga en esta ocasión durará hasta el año 2025: para entonces habrán pasado por Los Pinos al menos dos Presidentes más, luego de Calderón

En segundo lugar, sería deseable que la actuación del Senado no fuera puramente formal, como ha sido el caso de los nombramientos de Ministros hasta ahora. Si comparamos las comparecencias de los candidatos en México con lo que ha acontecido en Estados Unidos con las propuestas de Barack Obama para ocupar el cargo de jueces de su Corte Suprema (comparecencias que llevaron al nombramiento de Sonia Sotomayor y Elena Kagan), veremos que el nuestro es un proceso excesivamente ligero y superficial.

Se convoca ante comisiones del Senado a los integrantes de la terna enviada por el Presidente, se revisa por encima su currículum y se les hacen algunas preguntas evidentes durante un par de horas (o incluso menos). A veces se les permite presentar un discurso protocolario ante el Pleno del propio Senado. Luego se vota y la persona nombrada pasa a ocupar durante quince años uno de los cargos públicos mejor pagados y con más poder de todo el Estado mexicano. ¿Es eso correcto?

La trascendencia de dicho nombramiento ameritaría un proceso más pausado y juicioso ante el Senado de la República. El Senado debe indagar con detalle los antecedentes profesionales de las personas propuestas y cuestionarlos con rigor sobre sus posturas acerca de los temas más importantes que debe resolver un integrante de la Suprema Corte. No se trata de que los candidatos emitan veredictos de manera anticipada (eso sería una falta de respeto para las partes que, en un juicio futuro, acudieran a la Corte a presentar sus argumentos), sino de saber si los candidatos tienen una filosofía jurídica compatible con los mandatos constitucionales y si está asegurada su fidelidad a la técnicas de interpretación más modernas. No necesitamos brujos, ni mandaderos de los partidos en la Corte: necesitamos a los juristas más preparados del país, aquellos hombres y mujeres que serán capaces de perfilar el México del futuro, desde la silla más importante del sistema jurídico nacional. Solamente un estadista es capaz de entender la trascendencia de tales nombramientos y de actuar en consecuencia al realizar las propuestas o votar el nombramiento definitivo. Ya veremos cuántos de esos deciden asumir la responsabilidad. Convocar a los mejores es necesario siempre, pero es especialmente urgente cuando un país está pasando por graves problemas, que lo acercan al precipicio de la historia. Es el caso de México, por desgracia. Ojalá que todos los actores políticos involucrados en el nombramiento de quien vaya a ocupar la vacante dejada por Gudiño sepan estar a la altura del reto que supone ir construyendo una Suprema Corte fuerte y robusta, siempre dispuesta a defender a la democracia y a los derechos fundamentales contra el abuso de cualquier poder público o privado.