viernes, 29 de mayo de 2009

CONTRARREFORMA ELECTORAL: DOS MÁS DE ARENA

CIRO MURAYAMA

La prohibición de la compra-venta de publicidad electoral en radio y televisión, que fue el núcleo de la reforma constitucional de 2007, se ha visto vulnerada en los hechos a lo largo del actual proceso electoral para contento de las empresas televisivas e intereses afectados por el nuevo modelo de acceso de los partidos y candidatos a los medios de comunicación.Con la complacencia de diversas autoridades y con la participación directa de algún actor político (gobernador, jefe de gobierno, diputado, candidato o partido), las dos principales empresas de televisión han incurrido en conductas que van contra el espíritu e incluso contra la propia ley constitucional. La alteración de las pautas de difusión de los anuncios del IFE y los partidos durante las precampañas, la venta de publicidad a los diputados del Partido Verde o las gacetillas pagadas disfrazadas de información con las actividades de distintos gobernantes locales, son muestra de lo anterior.Estos días, sin embargo, a la embestida contra la reforma electoral se sumó el fallo de un juzgado de distrito en beneficio de un grupo empresarial. La juez Florinda López Hernández, titular del Séptimo Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región en San Andrés Cholula, en Puebla, concedió un amparo definitivo a favor de la Asociación de Empresarios e Industriales de Morelos, afiliada a la Coparmex, contra la reforma al artículo 41 constitucional.El que un juez de distrito pueda declarar inconstitucional nada más y nada menos que una reforma constitucional, se debe a una resolución de la Suprema Corte adoptada en octubre de 2008. Con su resolución, los ministros del máximo tribunal definieron un mecanismo de control constitucional que, en todo caso, debería ser fruto de una decisión del propio constituyente.Una vez que la Corte otorgó tal poder a los jueces, ¿qué hizo la jueza López Hernández? Ante un amparo contra nueve artículos constitucionales (6º, 41, 85, 97, 99, 108, 116, 122 y 134), otorgó el amparo porque en su criterio no se respetó el proceso fijado en la Constitución para modificar la propia Carta Magna. Pero con el detalle de que todos los artículos modificados se cambiaron en el mismo procedimiento y ella sólo otorgó el amparo en uno, el 41, el que prohíbe la contratación de publicidad electoral en radio y TV.Como reseñó Lorenzo Córdova hace dos días (El Universal, 27-05-09), los argumentos de la jueza para determinar la existencia de irregularidades en el proceso legislativo terminan por reflejar que no hubo tales problemas. A la jueza, por ejemplo, le pareció grave no saber a qué hora terminó la sesión del Senado cuando se votó la reforma; o no supo si las dos terceras partes de las cámaras del Congreso de la Unión aprobaron la reforma, aunque en su sentencia consta que hubo 110 votos a favor en el Senado —de 128 posibles— y 361 —de 500— en los diputados (la jueza no supo que eso da una razón de 85% y de 72%, respectivamente, superando el 66.6% requerido); asimismo, no le bastó con saber que 30 congresos locales aprobaron la reforma —de 16 necesarios—, sino que objetó que en el dictamen de una de las cámaras no se asentara que una legislación local votó en contra. Como se ve, nada de fondo y en cambio los reparos de la jueza evidencian un interés por conceder el amparo a toda costa.La decisión de la jueza mereció un comunicado público de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), cuya versión íntegra puede consultarse en www.amedi.org.mx en donde se considera que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación de asumir plenamente su responsabilidad en este asunto y resolver de manera definitiva la ilegalidad de las impugnaciones contra la reforma constitucional en materia de propaganda política”.Otro acto, diferente, que estos días significa una nueva afrenta a la prohibición de publicidad electoral en los medios, salvo la que corre con cargo a los tiempos oficiales que administra el IFE, es la aparición de Demetrio Sodi en la pantalla de Televisa en plena semifinal del futbol, hablando de sus propuestas de gobierno para la delegación Miguel Hidalgo, cargo al que aspira como candidato del PAN.Según Sodi, ni él ni su partido hicieron algún pago a la televisora por tan inusual presencia y se trató de una mera entrevista. Pero hay que recordar que el Código Electoral prohíbe cualquier donación, en dinero o en especie, de las empresas mercantiles a partidos y candidatos. Aun si Sodi no pagó, no puede estar recibiendo espacios de promoción electoral gratuitos de una televisora privada. Ni las administraciones públicas ni las iglesias ni personas desde el extranjero, y tampoco las empresas mercantiles, pueden hacerles regalos a los candidatos. En este último caso, la ley tiene un objetivo: evitar el tráfico de influencias.Ahora bien, el argumento de que fue una entrevista fortuita se cae por donde se mire. Para empezar, la agenda de actividades del candidato, distribuida ante la prensa, incluía su presencia en Televisa durante la transmisión de la semifinal Pumas-Puebla. Así que nada de casualidad. Ahora, ¿se trató de una entrevista como la que se hace a cualquier candidato? No, porque se insertó en un recuadro durante un partido de futbol y todos los recuadros insertados en esa televisora —y en cualquier otra— durante todos los eventos deportivos son publicidad —cervezas, alimentos, teléfonos celulares—. Es decir, no apareció en un espacio noticioso, sino que usó un espacio publicitario.En la violación a la ley incurrieron tanto Sodi —y por ende su partido— como la televisora. Este acto deberá ser atendido por las autoridades. Mientras tanto cabe preguntarse: ¿Dónde quedó el compromiso, tan cacareado, del partido gobernante con el Estado de derecho?

ESTRADO SIN ESTADO

PORFIRIO MUÑOZ LEDO

A un mes de las elecciones ha estallado una guerra política que exhibe la naturaleza sectaria del gobierno, agudiza las polarizaciones y pone en riesgo la estabilidad del país. En el trasfondo: una economía que se precipita hacia el abismo y una inconformidad social en los linderos de la violencia.
Todo evento infortunado es motivo para una campaña gloriosa. El rey anda desnudo y famélico, pero aparece rozagante y temerario en las pantallas. El aumento imparable en el número de ejecuciones sirve para ilustrar la bravura de la autoridad y el acierto de una política contraproducente. La reacción tardía y tramposa frente a la epidemia se trastoca en heroísmo mundial.
Las críticas a la demagogia sanitaria se disfrazan de “insultos” a México y los efectos colaterales del pánico sobre la producción originan faramallas de reactivación mediática, que no turística. Las declaraciones de Miguel de la Madrid se vuelven armas para golpear al adversario, y sus penosas retractaciones, razón para exaltar la ruinosa política económica seguida hasta el presente.
Los publicistas de la derecha reinventan la “sociedad el espectáculo”, que domesticó las conciencias en el regazo neoliberal. Convierten la “doctrina del shock” —fundada en el alarmismo, la sobre información y la falsificación de los hechos— en “doctrina del show”, destinada a suplantar la realidad por la virtualidad. Una suerte de largometraje montado para durar hasta el 2012, y si pueden, hasta el 2018.
En ausencia de Estado instauran la hegemonía del estrado. En sus dos acepciones: como “tarima cubierta de alfombras, sobre la cual se pone el trono” y “sitio en el que se fijan las notificaciones judiciales”. El proyecto comprende tanto la exaltación inverosímil del gobernante como el uso arbitrario de sus poderes remanentes para desacreditar a los otros en tiempos electorales.
Tras las revelaciones del ex presidente, el gobierno —que ha denunciado los vínculos de sus antecesores con el crimen— estaba obligado a iniciar las investigaciones conducentes. Se abstiene para no denunciar la fuente de su ilegitimidad. En cambio, extrae selectivamente expedientes secundarios para arrinconar a sus contrarios. El empleo de la justicia como último reducto de un régimen, a la vez autoritario y agonizante.
Un sabio afirmó que la conducta de Calderón “mucho tiene de pueril y por tanto de perverso”. Los aprendices de brujo terminan siempre entre los escombros de su acción irresponsable. En este caso, la polarización creciente de la política, la economía y la sociedad. Un gobierno que apuesta a la fragmentación del país con el propósito insensato de condensar sus poderes de facto en ilusiones neofranquistas.
Son páginas inéditas de la antología de la reacción mexicana. Mucho dolor pueden aun causar, pero no prevalecerán. Así como un modelo económico requiere una correlación de fuerzas que lo haga posible, un diseño político necesita una estructura económica que lo sustente. La que tenemos es el puente más seguro hacia el precipicio.
El compulsivo presidente del PAN declara “estar orgullosísimo de Calderón, de su labor de seguridad y su manejo económico”. ¿De qué alimentan su orgullo los tontos? ¿De la ceguera o de la abyección? Su jefe asegura que “vamos por buen camino en materia económica” y se adorna con un galimatías: “Estamos en proceso de transición hacia la recuperación”.
Todas las cifras desmienten esa hipótesis. A no ser que el proceso que lleva a la transición y luego a la recuperación abarque varias décadas. Es irrefutable el desplome del PIB en 8.2% y la pérdida de medio millón de empleos en el primer trimestre del año. El “desastre” sin salida del que habló el director de la OCDE en su locuaz conferencia de Madrid.
Se añaden los 6 mil millones de dólares que han abandonado el país, los 500 mil hogares mexicanos que han dejado de recibir remesas y 63% de caída en las exportaciones petroleras. Sin contar con las pérdidas multimillonarias en turismo y el descenso de las ventas al exterior provocado por el abaratamiento del dólar. Sólo el ingreso por narcotráfico está como quiere.
Con mentira y contumacia nada va a corregirse. Dependemos de variables externas fuera de nuestro control y únicamente un cambio radical de estrategia enderezaría la nave. Nos queda todavía un tramo angustioso para recuperar el Estado por la movilización y por el voto. Lo demás es el caos.

POBRES CIUDADANOS

FRANCISCO MARTIN MORENO

El ciudadano contempla estupefacto cómo se fugan de las cárceles del país los narcotraficantes o los secuestradores o los hampones que tanto daño han causado a la sociedad. Se sabe que los rufianes irán ahora por la venganza en contra de los valientes que los hubieran denunciado.
Los ciudadanos salen a la calle sin saber si regresarán vivos a su casa o si, días después, podrían ser velados en cualquier agencia funeraria ante la imposibilidad de la familia de pagar el rescate exigido por sus sanguinarios secuestradores. Los ciudadanos obviamente ignoran si al comenzar una nueva jornada de trabajo ésta podrían concluirla en un nosocomio con un orificio de bala en el estómago al haber sido asaltados en plena vía pública. El ciudadano es esquilmado a diario por una autoridad corrupta que le amenaza con todo género de castigos de no pagar el soborno exigido por los funcionarios públicos. Los pobres ciudadanos pagan sus impuestos sin que el gobierno cumpla con la obligación recíproca de garantizar su integridad física ni con la de impedir que sean despojados ilícitamente de su patrimonio. Los ciudadanos son azotados por una espiral inflacionaria que erosiona sus ingresos y sus ahorros reduciendo dramáticamente sus niveles de bienestar. Los ciudadanos tienen que pagar un impuesto como el IETU cuando carecen de recursos para pagar las nóminas dada la contracción de las ventas y de los mercados. Los ciudadanos contemplan atónitos los pleitos entre los partidos políticos ávidos de acaparar el poder mientras la palabra “patria” se desgasta sin motivar a los protagonistas de la función pública. ¿México..? Puede esperar… Los ciudadanos asisten al asesinato y la decapitación de los miembros del hampa en cafés y restoranes sin que puedan oponerse a esta pavorosa ola de delincuencia. Los ciudadanos pierden día con día sus empleos y sus esperanzas de superación familiar en tanto sufren los horrores de la impotencia al no poder hacer frente a las colegiaturas ni a las rentas ni a las hipotecas ni a los gastos hospitalarios. Pobres de los ciudadanos que observaron desde marzo de 2008 las primeras señales de la recesión de la economía, dieron la voz de alarma, sin que el gobierno tomara medidas precautorias para paliar los efectos de una parálisis previsible. Los ciudadanos contemplan hoy en día el escandaloso desplome del producto interno bruto sin que se construyan a toda velocidad las obras de infraestructura prometidas con sus consecuentes beneficios económicos. Los ciudadanos estudian el desplome de las divisas por exportación de crudo, el de las remesas enviadas por los inmigrantes, el de los ingresos por turismo, sin ocultar una grave preocupación por un nuevo cataclismo monetario. Los ciudadanos comprueban la irritante pasividad con la que se piensa estimular el mercado interno a través del gasto público, la pasmosa incapacidad para articular planes eficientes de rescate de la economía, mientras que la tripulación del buque insignia mexicano brinda a bordo, felicita al capitán, lo adula, se deshace en lisonjas, sin percatarse de que, de nueva cuenta, se acerca temeraria e imprudentemente a los arrecifes. El ciudadano cae sepultado en el escepticismo ante la evidente ausencia de figuras políticas que pudieran resolver este complejo entorno económico que amenaza el presente y el futuro de México. El ciudadano piensa en el porvenir a la luz de la realidad educativa del país en la que unos maestros reprobados no podrán capacitar a estudiantes fracasados. El ciudadano cae en el pánico al conocer la identidad de la mayoría de quienes pretenden obtener una curul en la Cámara de Diputados o encabezar una delegación en el DF. El ciudadano contempla estupefacto cómo se fugan de las cárceles del país los narcotraficantes o los secuestradores o los otros hampones que tanto daño han causado a la sociedad. Se sabe que los rufianes irán ahora por la venganza en contra de los ciudadanos valientes que los hubieran denunciado. Los ciudadanos conocen la precariedad financiera del sector salud que consume la mayor parte de sus recursos en el pago de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del IMSS, en lugar de destinarlos a la compra de medicamentos y de equipos exigidos para atender los problemas de salud de la nación. Los ciudadanos comprueban la parálisis legislativa, la frustrante imposibilidad de llegar a acuerdos en el Congreso de la Unión, sin que se ejecuten las imprescindibles reformas estructurales, en tanto los legisladores incrementan cínicamente sus prestaciones con las que ofenden a 40 millones de mexicanos sepultados en la miseria.
La paciencia de los mexicanos que hacen colas interminables para transportarse o de los que esperan largas jornadas para ser atendidos por médicos públicos que escasamente aciertan en el diagnóstico o de los que han perdido su empleo o carecen de posibilidades para adquirir los artículos de primera necesidad o de enfrentar los gastos familiares, un día puede volver a agotarse… El desplome del producto interno bruto denuncia no solamente la ineficacia del gobierno para defender al país de la crisis global, sino que el dato preocupa gravemente de cara a la estabilidad política y social del país. Pobres ciudadanos…

jueves, 28 de mayo de 2009

TEATRO AL ABSURDO

JOSÉ WOLDENBERG

Escena 1. El Congreso de la Unión, en el marco de una reforma político-electoral, eleva a rango constitucional la prohibición para que terceros puedan comprar propaganda en radio y televisión durante las campañas electorales. Esa disposición ya existía en el Cofipe, pero como fue violada durante el proceso electoral de 2006, el legislador decidió colocarla en el texto constitucional. La norma es consistente con la prohibición para que los partidos y los candidatos puedan comprar espacios en los medios de comunicación electrónicos y busca preservar la equidad en la contienda y abaratar las campañas electorales.Escena 2. Las televisoras, la Coparmex y un grupo importante de intelectuales no están de acuerdo con la reforma y acusan a los legisladores de atentar contra la libertad de expresión. Diferentes secciones de la Coparmex y varios escritores buscan entonces la protección de la justicia a través de amparos. En particular, la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos (Coparmex) promueve un amparo contra el conjunto de la reforma.Escena 3. El Juzgado Quinto de Distrito en Morelos desecha la solicitud de la AIEM-Coparmex por improcedente. Recordemos que en materia electoral no proceden los amparos.Escena 4. La AIEM-Coparmex vuelve a la carga y ahora presenta un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte, por el voto de seis ministros, decide revocar el desechamiento y manda desahogar el caso. El juez, dice la Corte, debe evaluar si se cumplió con las formas del procedimiento a través del cual se llevó a cabo la reforma constitucional.Escena 5. A principios de este año, el mismo juez de Morelos admite la demanda e inicia el desahogo del caso. Escena 6. No obstante, el juez, por instrucciones del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remite el asunto a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, residente en San Andrés Cholula, Puebla. Esta oficina, a su vez, entrega el expediente al juzgado encabezado por Florida López Hernández para que dicte sentencia. Así lo hizo el pasado 8 de mayo de 2009. Y entonces la obra entra a su momento estelar.La jueza otorgó el amparo a la AIEM-Coparmex para que a ella (y sólo a ella, porque así funciona el amparo en nuestro país) no se le aplique la prohibición constitucional de comprar tiempo en radio y televisión para hacer publicidad electoral. Sus argumentos fueron que existían irregularidades en el procedimiento legislativo, a saber: a) no se precisaba el día y la hora en la que había terminado la sesión del Senado, b) no se decía que había sido aprobada por las dos terceras partes de los votos de diputados y senadores, aunque sí contenía el número de votos a favor, en contra y abstenciones, c) la Cámara de Diputados no asentaba que el Congreso de Coahuila había votado en contra, aunque sí establecía que 30 legislaturas locales lo habían hecho a favor, d) en el decreto publicado por el Ejecutivo no constaba la lista de las entidades, e) en el documento que mandó el Senado al presidente de la República para la publicación de la reforma sólo aparece la firma del presidente de esa Cámara, mientras que en el Diario Oficial de la Federación se asienta que quien remitió el documento de la reforma fue el Congreso de la Unión.La obra todavía no termina pero imagino que la Suprema Corte tendrá que tomar cartas en el asunto. Porque si no lo hace, estaremos ante una auténtica obra del absurdo. Por lo pronto en los pasillos del teatro, aprovechando el intermedio, se comenta lo siguiente: ahora resulta que ninguna persona, asociación civil, empresa, sindicato, agrupación de profesionistas, etcétera, puede comprar publicidad electoral en radio y televisión, pero la AIEM-Coparmex sí puede hacerlo. Bueno, sí puede comprar tiempo en radio y TV porque cuenta con un amparo, pero nadie se lo puede vender porque las televisoras y radiodifusoras tienen prohibido hacerlo. Desenlace digno de Ionesco.Y desde otra perspectiva, ahora resulta que la Corte abrió la puerta para que una reforma constitucional pueda ser impugnada por la vía del amparo ordinario. Es decir, que la votación de dos terceras partes de diputados y senadores y la decisión de 30 de 31 congresos estatales puede ser anulada por un juez."Nell: No hay que reír de esas cosas, Nagg. ¿Por qué ríes siempre?Nagg: ¡No tan fuerte!Nell (sin bajar la voz): Nada más gracioso que la desgracia, de acuerdo, Pero...Nagg (escandalizado): ¡Oh!Nell: Sí, sí, es lo más cómico del mundo. Y los primeros días nos reíamos, nos reíamos con ganas. Pero es siempre lo mismo. Sí, como aquella bonita historia que nos cuentan demasiado a menudo: siempre nos parece buena, pero ya no reímos (Pausa) ¿Tienes algo más que decirme?Nagg: No". (Samuel Beckett. Final de partida, Nueva Visión, Buenos Aires, 1969, P. 21).

REFORMA ELECTORAL Y CAMPAÑAS NEGATIVAS EN INTERNET

LEONARDO VALDÉS ZURITA

Nadie puede dudar hoy que internet es una consecuencia tecnológica del intercambio económico mundial, un incentivo para extender el conocimiento y una respuesta puntual al interés que despierta conformar nuevas comunidades virtuales. A través de la red las personas se expresan libremente, ejercen su derecho a la información y, por supuesto, participan directamente en los asuntos públicos.A raíz del potencial de internet y de las llamadas redes sociales, los partidos políticos en el mundo han decidido, dentro de sus campañas electorales, utilizar este medio de comunicación alternativo para promover candidaturas, difundir propuestas, confrontar al adversario y, en algunos casos, incluso recaudar fondos.Recientemente se han difundido por internet diversos videos que lastiman la imagen y reputación de algunos gobiernos, partidos políticos e, incluso, de quien escribe estas líneas. De esta manera, las campañas negativas que aparecieron en radio y televisión durante 2006, y cuyos efectos propiciaron reformas a la legislación electoral para prohibir expresiones que denigren a instituciones, partidos políticos y calumnien personas, han vuelto a aparecer en las campañas electorales con el fin de influir en las preferencias de los ciudadanos.A partir de la queja que interpuso el gobierno del estado de Veracruz por un video que apareció en YouTube, y que presuntamente denostaba al gobernador del estado, el Consejo General del IFE definió su ámbito de competencia frente a los contenidos de este tipo de mensajes. Además de las medidas cautelares emitidas por la Comisión de Quejas y Denuncias para evitar daños irreparables a la parte afectada, el Consejo desarrolló un procedimiento especial sancionador para investigar y aplicar las sanciones correspondientes.Pese a que la queja fue declarada infundada al no acreditarse la intervención de algún partido político en la emisión del video, las disposiciones constitucionales y legales vigentes obligan al IFE a investigar y sancionar toda expresión que denueste al adversario y vulnere el principio de equidad dentro de la competencia electoral. Al margen de la responsabilidad que tiene el instituto con los términos y espíritu de la reciente reforma electoral, resulta conveniente reflexionar sobre las posibilidades que tiene internet para el fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática.Al no ser un supuesto prohibido por la ley, el acceso a internet constituye una oportunidad para expandir la participación ciudadana en la democracia, propiciar un espacio que promueva el intercambio respetuoso de ideas, salvaguardar la libertad de expresión, y diversificar los vínculos con la sociedad.Por esta razón, no es conveniente que el debate que llevan a cabo los partidos para obtener el voto de los electores y representar su mandato en la Cámara de Diputados, sea reducido a contenidos, que bajo el anonimato, confundan, generen poca certeza y contribuyan a aumentar el desinterés ciudadano por la política. La ciudadanía no puede esperar más. Requiere propuestas a la altura de los problemas que afronta, y los desafíos que imponen mejores condiciones de gobernabilidad y desarrollo humano.A pesar que el IFE no tiene facultades para regular el acceso ni limitar la libertad de expresión en internet, sí tiene atribuciones para salvaguardar la equidad en las elecciones, promover la civilidad democrática, procurar el respeto al adversario, y generar aquellas condiciones que otorguen certeza y seguridad a quienes participan en los procesos electorales.Es momento de asumir las reglas del juego político que nos hemos otorgado y trabajar a favor de la consolidación de un auténtico Estado democrático de derecho.El autor es consejero presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

EL QUE SE ENOJA PIERDE

JOHN M. ACKERMAN

Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) han demostrado tener la piel muy delgada. Si no soportan la más mínima crítica de periodistas, analistas o ciudadanos, mucho menos iban a estar en condiciones de digerir la encuesta de María de las Heras, publicada el pasado lunes 18 de mayo, que señala que 51% de los ciudadanos tienen una “mala” o “muy mala” opinión de su desempeño.La respuesta de los consejeros no se hizo esperar. Ese mismo 18 de mayo, en la sesión del Consejo General, el consejero Alfredo Figueroa arremetió evidentemente molesto contra los “comentócratas” que supuestamente descalifican sin bases la labor del árbitro electoral. Por su parte, el consejero Marco Gómez insistió que el IFE no puede convertirse en “rehén” de los medios de comunicación, y el consejero Benito Nacif declaró que el resultado de la encuesta simplemente no era “un dato relevante”. El consejero Marco Antonio Baños, emulando al típico candidato a quien los sondeos no le son favorables, descalificó la relevancia de “las encuestas” en general. Además, de forma insolente buscó desacreditar el profesionalismo de la encuestadora.Pero a pesar de la furia y ceguera de los señores consejeros, la desconfianza en los procesos electorales es un hecho social que existe y crece día a día. La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup) realizada en 2008 por la Secretaría de Gobernación reveló que 66% de la población mexicana cuestiona la limpieza de las elecciones. Consulta Mitofsky ha descubierto que más de la tercera parte de la población todavía cree que hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2006. De acuerdo con María de las Heras, entre 2007 y 2009 la confianza en los consejeros del IFE cayó drásticamente 12%, al pasar de 61% a 49%. Así mismo, actualmente toma fuerza un movimiento nacional a favor de la abstención en las elecciones federales.Si bien es cierto que el IFE como institución pública mantiene una buena calificación ciudadana, es también innegable que los ciudadanos tienen la suficiente madurez para distinguir entre la institución en abstracto, proveedora por ejemplo de la credencial de elector, y los consejeros electorales en específico, cuyo desempeño desaprueban tajantemente. En lugar de escuchar la crítica y afrontar su responsabilidad, los consejeros electorales buscan desviar la atención: “La elección no es sólo responsabilidad de los consejeros electorales, es responsabilidad de todos”, afirmaron varios consejeros en la reunión del lunes pasado. “No es un problema exclusivo del IFE, es un problema de cómo percibe el ciudadano el desempeño de todas las instituciones del país”, argumentaron otros. Pero como reza el dicho, “mal de muchos, consuelo de tontos”. De acuerdo con los consejeros y no pocos leales comentaristas orgánicos, el problema de fondo es que los partidos políticos han abusado de su facultad de presentar quejas ante la autoridad electoral. El gran número de quejas, 90 en el año 2009, ha obligado a los consejeros a gastar todo su tiempo en la resolución de estos asuntos. Supuestamente esta situación no les habría permitido atender las “labores sustantivas” del IFE como son la capacitación de las mesas directivas de casilla, la construcción del padrón y la difusión de la promoción del voto. La nostalgia y la desesperación de los consejeros electorales son evidentes. En lugar de resolver asuntos polémicos que les exponen a la crítica pública, los consejeros preferirían ser aplaudidos por sus exitosas tareas burocráticas. El consejero Arturo Sánchez lamenta que “se nos diluyen las virtudes institucionales en materia de organización electoral, de logística de la elección, de capacitación y de deseo de participación de los mexicanos”. El consejero presidente, Leonardo Valdés, se queja de que la resolución de las quejas distrae la atención de la “principal misión” del IFE de ser “organizador de las elecciones federales”. Pero el consejero presidente se equivoca. Con la reforma electoral de 2007-2008 el IFE se ha convertido en un verdadero regulador de la vida democrática del país. Es un grave error pensar que el IFE debe ser un simple organizador de comicios o actuar como un árbitro de un partido de fútbol. Estas tareas son apenas una parte mínima de la compleja labor del instituto electoral, tal y como señalan los artículos 105 y 118 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).El actual consejero presidente demuestra una vez más su propensión a seguir el ejemplo del defenestrado Luis Carlos Ugalde. Unos días después de asumir su cargo como consejero presidente en 2003, Ugalde declaró que “la mejor noticia sería que el IFE fuera cada vez menos visible, de tal manera que se convierta en un mero administrador de elecciones”. Más recientemente, el expresidente del IFE ha afirmado que la reforma electoral de 2007-2008 fue “una reforma ingenua (...) en donde se construye un modelo equivocado, porque se coloca al IFE como árbitro que tiene que sacar la tarjeta a todos los integrantes de la sociedad; un árbitro entre partidos, entre particulares, entre distintos sectores de la sociedad”.Tal y como lo hiciera Ugalde en su momento, Valdés y sus colegas una vez más se niegan a asumir su responsabilidad de conductores y reguladores de la democracia mexicana. Valdés ha insistido que el IFE no se doblegará ante las presiones de los partidos políticos y los medios de comunicación. Pero aún si ello fuera cierto, no sería suficiente resistir los embates externos. Hace falta que el IFE y los consejeros impongan su propia agenda y defiendan con energía el espacio público que nos pertenece a todos los mexicanos. Ante este reto histórico, los señores consejeros deberían dejar de hacer corajes y ponerse en acción.

UN PÁIS DE LOS POCOS

LORENZO MEYER

México sigue siendo un país de millones dominado por los intereses de un puñado, igual que en 1810 y 1910. Conviene sacar en eso una conclusiónUn tema que nos definió de origenEn un artículo sobre Carlos Slim que aparecerá en The New Yorker (1o. de junio) Lawrence Wright cita a un corresponsal de The New York Times que, al saber del préstamo por 250 millones de dólares que el magnate mexicano acababa de hacer (enero, 2009) a su periódico -y de las duras condiciones impuestas por Slim al prestigiado pero endeudado diario-, se pregunta si a esa venerable empresa periodística le convenía asociarse con "un monopolista consumado" como Slim. Wright aprovecha la observación para definir al fundador del Grupo Carso como algo más que un monopolista: "nadie en la historia moderna ha dominado una economía de las dimensiones de México -un país de ciento diez millones de habitantes con un ingreso per capita superior a los diez mil dólares- como lo ha hecho Carlos Slim".El ingeniero mexicano de origen libanés es el eslabón más reciente -y el más notable- de una cadena de personajes similares que viene de muy atrás. En realidad, una manera de resumir la historia de México -lo mismo política que económica, social o cultural- es la narración de lo sucedido en un país que siempre ha sido posesión efectiva de un puñado. Desde que hay memoria histórica, a nuestra sociedad se le puede definir como una estructura de poder diseñada para organizar y explotar la desigualdad social extrema. Y esta definición es válida lo mismo para el periodo indígena que para el colonial, el independiente o el actual.En el pasado profundo, el dominio de los muchos por los muy pocos fue aceptado como natural, como legítimo, pero a partir de la independencia cada vez menos. Esa pérdida progresiva de legitimidad del poder de las minorías en un país estructurado de siglos por y para beneficio de los pocos, es lo que en gran medida explica la dinámica de la historia política de México en su etapa nacional.Bicentenario y centenarioLa propuesta de celebrar el año entrante el bicentenario del inicio de la insurrección de independencia de México y el centenario de la que derrocó la dictadura de Porfirio Díaz representa un problema para nuestra élite del poder. El sentido profundo de ambos acontecimientos -estallidos justos de violencia social- fue el rechazo de los sectores mayoritarios a la permanencia de su estatus como eternos explotados, como meros objetos cuya única razón de ser era el servicio a unos supuestos "superiores naturales". Seguramente es por eso que hoy la maquinaria burocrática encargada de la "celebración" de dichas insurrecciones tiene el perfil más bajo posible. Y es que exaltar el espíritu de rebeldía de los muchos contra los pocos no cuadra bien con los que manejan el poder en el México actual.Es frecuente en la plática informal escuchar la pregunta (¿el deseo?) de que quizá la magia del número 10 se vuelva repetir en este siglo: "1810, 1910, y ¿2010?". Por un lado, razones sobran para que el mexicano normal considere que siguen presentes en el México actual motivos como los que llevaron a los estallidos que pronto celebraremos. Por el otro, lo probable es que el 2010 pasará a nuestra historia como el año en que simplemente se ahondó la actual crisis económica, social y política y no como el que dio inicio a otra revolución. Y esto último es así porque las revoluciones ya no se ven como solución o porque, como lo señalara hace mucho Crane Brinton (Anatomy of Revolution, Nueva York, 1938), éstas no suelen estallar en sociedades exhaustas, que viven una etapa de depresión, sino en aquellas que combinan un agudo sentido de agravio, de injusticia colectiva con el empuje de una economía en ascenso.En México el empuje económico se perdió en 1983 y desde entonces no se ha recuperado pero, por otro lado, el sentido de la injusticia va en ascenso. ¿Cuál de los dos términos de la ecuación de Brinton es más importante? El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, acaba de señalar que debido a los efectos negativos en el empleo de la crisis financiera mundial, "hay riesgo de una grave crisis social" en el sistema global (El País, 24 de mayo). Por otra parte, México y Centroamérica, por depender desproporcionadamente de la economía de Estados Unidos, no saldrán de su depresión hasta que ese país se recupere... y la recuperación norteamericana será muy lenta.Por mucho tiempo los muchos han vivido sin futuroDesde el gobierno y los círculos que le apoyan, se señala que la actual crisis económica viene de fuera y no es culpa de nuestra dirigencia. Sin embargo, el hecho rotundo e innegable es que México dejó de crecer desde 1983. La liga tan estrecha con Estados Unidos no es casualidad sino diseño de Carlos Salinas -el TLCAN- y nunca se tradujo en el crecimiento prometido para el país en su conjunto. La gran exportación hacia el mercado norteamericano nunca se hizo como parte de una cadena productiva ligada al resto de nuestra economía sino a importaciones, de ahí que el saldo comercial haya sido sistemáticamente negativo.El TLCAN ha beneficiado sólo al México donde señorean los pocos, el México ligado a las exportaciones, el México ligado al sector financiero (que básicamente es extranjero), el México de las actividades monopólicas o cuasimonopólicas (teléfonos, televisión, cemento, etcétera), el México de la alta burocracia (alimentada por la renta petrolera). Sin embargo, hubo otro México mayoritario que no creció, que no crece porque su mercado, el interno, ha desaparecido o casi.Los indicadores sobre la distribución del ingreso del INEGI nos dicen que hoy el 60% de las familias mexicanas se las tienen que haber con el 26% del ingreso disponible mientras el 10% superior dispone del 36% de ese ingreso. El salario, ya sea el mínimo o el promedio, ha caído desde el inicio de la crisis del modelo económico en 1982. Peor aún, los aumentos en la productividad, cuando los hubo, no pasaron mayoritariamente al trabajo sino al capital. Y es que, finalmente, la razón de fondo de la desigualdad creciente es la que señala el economista Ravi Batra de la Southern Methodist University de Estados Unidos ya citado antes por esta columna (23 de abril): el sistema neoliberal actual está expresamente diseñado para que el aumento de la productividad apenas si llegue a los trabajadores y el grueso se quede como ganancia del capital. Este fenómeno lo ha mostrado Enrique Dussel para nuestro país. Por ejemplo, Dussel sostiene en 2004 que en la industria automotriz "el empleo aumentó en 40.1% durante 1988-2001, los salarios reales disminuyeron en 17.3% y la productividad aumentó en 213.2%" (http://www.jussemper.org/Inicio/Resources/DusselPetersBreviario.pdf).¿Y la democracia?Se supondría que con el advenimiento de la democracia política a nuestro país, por primera vez los muchos tendrían en sus manos el instrumento adecuado para empezar a revertir una situación que por siglos (¿milenios?) les ha sido desfavorable. Que mediante el voto, de manera pacífica, sin necesidad de repetir la violencia de hace un siglo y dos, podrían empezar a dar vuelta a la tortilla y hacer de México un país donde la mayoría se reconociera en el gobierno y en sus políticas al punto de hacer de este un país de todos o, al menos, de la mayoría. Sin embargo, no ha sido el caso.Y es que los partidos y las estructuras dentro de las cuales se empezó a dar el actual juego electoral simplemente fueron capturados por la vieja red de minorías. El sistema de partidos se alejó y distorsionó hasta desaparecer su papel de aglutinador y transmisor de las demandas e intereses de la mayoría. En estas condiciones no extraña, por ejemplo, que en la encuesta de opinión ciudadana llevada a cabo por Reforma hace un año (20 de mayo, 2008) a la pregunta "Diría que su país es gobernado por los intereses de unos cuantos, para su propio beneficio, o es gobernado para el beneficio de toda la gente", el 83% respondiera que esa acción gubernamental está encaminada al beneficio de unos cuantos. Ese resultado sobre la naturaleza de la acción del gobierno se puede complementar con lo que encontró la Encuesta Nacional Sobre Cultura Política que llevó a cabo la Secretaría de Gobernación también en 2008: que apenas el 48% de los ciudadanos consideraba que México vivía en una democracia (www.encup.gob.mx).En sumaLa crisis económica ocupa hoy el centro del debate público. Ayer ese lugar lo tuvo la epidemia de influenza y antier el problema de la seguridad. Sin embargo, nuestra verdadera crisis es la incapacidad histórica para hacer que México transite del país de los pocos al de los muchos. Y ése es el tema, y lección, que nos deben recordar los dos aniversarios que se aproximan.

UN PONTIFICE EN PROBLEMAS

HERMILIO LÓPEZ BASSOLS

Los franceses han denominado al año 2009 como aquel de las tres gaffes. El pontífice Benedicto XVI va de error en error. Primero, rehabilitó a un obispo que negó el Holocausto; luego en su primer viaje al África señaló que los condones no ayudan a la lucha contra el SIDA y más tarde en Brasil -la nación que tiene el mayor número de católicos en el mundo, 140 millones- reaccionó tibiamente ante el aborto de una niña de 9 años que fue raptada por su padrastro. Estos asuntos hacen pensar que algo grave ocurre en el Vaticano y no para bien, esos errores y los más recientes en el Medio Oriente permiten creer que el pontífice no tiene una buena asesoría, que lo que se quiebra es su salud o que está dando puerta a un pensamiento contrario a las corrientes modernas, aun del catolicismo.El hecho de negar el Holocausto donde murieron más de 6 millones de personas, en gran parte judíos, en las cámaras de gas, no es permisible históricamente. Respecto al condón, él alega que fue citado fuera de contexto, que lo que quiso decir es que las políticas contra el SIDA en África, basadas únicamente en la distribución de preservativos ha sido contraproducente.Sin duda que Benedicto no tiene las cualidades mediáticas de su antecesor. El alumno de la Universidad de Ratisbona cometió su primer error en otra universidad alemana, Regensburg, donde condenó a un gobernante bizantino que difundió su fe con la espada en la mano, parecía decir que el Islam es una religión violenta, olvidando cómo se impuso el cristianismo en las tierras americanas, acción que tan decididamente censuró Fray Bartolomé de las Casas. En el 2007 promovió el uso del viejo rito Tridentino en la misa que permite una oración en el viernes Santo que pide la conversión de los judíos al catolicismo, esto va en estricta oposición a la apertura que promovió el Concilio Vaticano II, polarizando así a la Iglesia. Sus errores también incluyen los nombramientos en el Vaticano, su Secretario de Estado, Cardenal Tarcisio Bertone, no pasó por la Academia Eclesiástica, el colegio para la diplomacia más antigua del mundo. Asimismo el Papa ha sido incapaz de sacudirse de una gerontocracia, dejando inclusive a siete cardenales que pasan de 75 años de edad.Fue con este lastre con el que Benedicto se lanzó al Oriente Próximo a principios de este mes. Su viaje incluía Jordania, Cisjordania palestina e Israel. En este tercer viaje papal el pontífice trató de enmendar algunos de sus errores y en Amman dijo que siente todo el respeto por la comunidad musulmana y que buscaba el diálogo entre judíos y musulmanes pero se encontraba en un terreno minado donde cada palabra tenía su significado. La intolerancia de las tres religiones en la región así lo determina. Abdalá, rey de Jordania prefirió no referirse a la cita de Ratisbona. Más complicado fue al llegar a Tierra Santa. Allí estaban presente el tema del Holocausto y la beatificación de Pío XII, el Papa lanzó mensajes de reconciliación en sus 20 alocuciones, sin embargo, tuvo que referirse a la propiedad de los Lugares Santos por parte del Estado de Israel y al acceso a los mismos. Allí estuvieron el presidente Simon Peres y el primer ministro Netanyahu" y él declaró que "el antisemitismo continúa asomando su repugnante rostro en muchas partes del mundo" refiriéndose a Irán. No entró al Museo del Holocausto porque allí se culpa a Pío XII de no haber hecho nada para salvar a los judíos del exterminio. En territorio palestino se pronunció por la paz y respaldó la creación del Estado palestino. Mientras tanto en Europa la prensa difundía el pasado hitleriano del pontífice, mientras el Vaticano decía que solamente fue un seminarista que fue movilizado como todo joven alemán cuando tenía 16 años en un cuerpo de auxiliares de la defensa aérea. Saltó entonces una autobiografía en donde Ratzinger reconoce haber servido a la Wehrmacht. El silencio parece ser lo más prudente.

¡MÁTENLOS Y DESPUÉS VERIGÜEN!

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

En ese gran libro que son las Memorias de Pancho Villa, de Martín Luis Guzmán, nos cuenta quien fuera secretario del llamado "Centauro del Norte" que éste dispuso en varias ocasiones el fusilamiento de personas que no habían sido interrogadas, inquiridas sobre determinado punto o cuestión. Y lo ordenaba diciendo la famosa frase que ya conocemos: "¡Mátenlos y después verigüen!". Por supuesto que Villa, que solía decirle a Martín Luís Guzmán "Licenciadito", tenía "su" propio derecho soslayando las reglas fundamentales de la justicia, pues también tenía la "suya". Eran los tiempos de la Revolución, convulsos como un torbellino incontrolable, y que culminaron en 1917 con la promulgación de la Constitución que hoy nos rige. O sea, que culminaron en un Estado de Derecho. Pero tal parece que estamos en un Estado de Hecho y lo que ha sucedido en Michoacán así lo demuestra. En una acción incruenta, inusitada, sin avisarle siquiera al Gobernador del Estado, la Procuraduría General de la República y el Ejército Mexicano detuvieron a veintisiete funcionarios del Estado de Michoacán por presuntos vínculos con el narcotráfico, meramente presuntos hasta estos momentos. El Estado de Derecho mexicano enfrenta en este caso, como en otros muchos, un gran reto, a saber, el de explicarnos a los gobernados cómo aplica o interpreta el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, que dice: "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus... derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales..." Porque reformas van y reformas vienen alterando la Constitución, "litigándola", para meter en ella una serie de supuestas novedades que la van dejando maltrecha y contradictoria. Y detener a una persona, quiérase que no, es impedir el ejercicio de su libertad. Más aún, el párrafo primero del artículo 16 de la Carta Magna prescribe que: "Nadie puede ser molestado en su persona... sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". En estricto derecho me pregunto si en el caso de Michoacán hubo mandamiento escrito de esa autoridad y, desde luego, si hubo previo juicio. ¿Dónde queda igualmente el derecho de toda persona a la famosa presunción de inocencia "mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa", en los términos de la fracción I del Apartado B del artículo 20 constitucional? El hecho es que las personas aprehendidas lo fueron por su "probable" responsabilidad en actividades ilícitas. El propio vocero de la Procuraduría General de la República lo ha reconocido de alguna manera al manifestar, a propósito de la información con que cuentan, que para poder "empezar a cuadrar esa información, requerimos tener la declaración de ellos y conocer el punto donde específicamente pudieran estar involucrados". En otras palabras, primero se los detiene y después se averigua. ¡Increíble! Ahora bien, México es "una República... compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior", conforme al artículo 40 de la Constitución. En consecuencia, y por lo menos como cortesía, se le debió informar al Gobernador Leonel Godoy del operativo de referencia. No se hizo, quedando la soberanía en entredicho. Por lo tanto la intervención de la Procuraduría General de la República en Michoacán, si a presunciones o probabilidades vamos, es sospechosa de acción electorera; y si no, qué casualidad. Yo creo en las casualidades o coincidencias. Lo que pasa es que si en Michoacán se dieron habría que admitir que es algo verdaderamente excepcional, extraordinario. Entre otras cosas lo prueban las declaraciones tan "oportunas" de Germán Martínez, el líder del PAN. Faltando un poco más de un mes para las elecciones del 5 de junio conminó al Gobernador Godoy para que al margen de todo partidismo colabore en la averiguación de los hechos, pasando por alto que tal averiguación será posterior a la detención de los veintisiete funcionarios; lo que hace suponer que hay de por medio una maniobra de política electorera. En suma, que se indague a fondo lo sucedido. Es inaceptable la colusión entre servidores públicos y delincuentes, aunque las garantías de los gobernados deben o deberían ser respetadas sin cortapisa de ninguna clase. ¿Y si no hubiera nada de qué culpar a los detenidos o a algunos de ellos? ¿Aquí tampoco habría pasado nada? "¿Mátenlos y después verigüen?"

SEGUNDA TESIS DE LA CORTE SOBRE TRATADOS

CARLOS ARELLANO GARCÍA

La primera tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de noviembre de 1999, que interrumpió una tesis jurisprudencial que databa de 1992, con la votación mayoritaria de ministros suficiente para poder convertirse en jurisprudencia, tuvo corta vida, dado que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitió la tesis aislada P. IX/2007, en sesión de 13 de febrero de 2007, en materia constitucional, con una precaria votación mayoritaria de seis votos a favor y cinco disidentes.En esta segunda tesis de 2007 se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente debajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de Derecho Internacional consuetudinario "pacta sunt servanda" contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de Derecho interno y cuyo cumplimiento supone por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.Al criterio antes mencionado de nuestro Máximo Tribunal de Justicia es preciso señalarle trascendentes observaciones: I. En la tesis se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente debajo de la Constitución Federal. Esta aseveración contradice lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de la cual nuestro país el Alta Parte Contratante y está obligado a acatarla en el ámbito internacional. II. La Constitución mexicana es ley fundamental en el país, base de su sistema jurídico pero, carece de vigencia fuera del territorio nacional y es, en el ámbito internacional, donde rigen las normas jurídicas internacionales. III. En la tesis 2007, a la que nos referimos, constituye un error citar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organismos Internacionales. La cita correcta hubiera sido la de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pero la Convención que cita la Corte, también tiene un contenido casi idéntico a la Convención aplicable, que no cita, en sus artículos 26, 27 y 46. IV. En la tesis 2007 se expresa que se atiende al principio fundamental de Derecho Internacional consuetudinario "pacta sunt servanda". Este principio, durante siglos, fue consuetudinario, pero a partir de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que entró en vigor en 1980, dejó de ser consuetudinario y se convirtió en un principio escrito de gran valor. Por escrito se consignó en esta Convención e incluso, el artículo 26 de la misma tiene como subtítulo la frase latina "pacta sunt servanda" que significa: "Los tratados deben ser cumplidos". V. En la parte final de la tesis de 2007 se asevera que el incumplimiento de las obligaciones, frente a la comunidad internacional, supone una responsabilidad internacional y, precisamente, por esa responsabilidad no puede sostenerse el criterio de que los tratados internacionales estén abajo de la Constitución federal.No hay duda de que, en el futuro, el criterio que emita la Corte, en una comparación de rango, entre tratados y Constitución, requerirá un análisis muy acucioso basado en las normas jurídicas que rigen la comunidad internacional.

MUCHO MÁS QUE DOS

FERNANDO SERRANO MIGALLÓN

Hace unos días se marchó Mario Benedetti y en ese momento, como bien dijo Neruda, “nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”.
Es cierto que las nuevas tecnologías nos han dado mucho, es verdad que transparentan la sociedad, permiten ligas solidarias casi instantáneas, cualquier causa puede, independientemente de su legitimidad y justicia, encontrar adherentes en unos instantes. Es cierto también que la internet, las páginas personales, los mensajeros, las redes sociales y las salas de conversación han contribuido a enriquecer la lengua española —con sus costos en materia de diálogo con otras lenguas— y a fortalecer su unidad, mucho se debe a esos medios para que términos antaño exclusivos de los españoles sean hoy entendidos por los mexicanos o los argentinos, que las palabras que se pronunciaban antes sólo en Antofagasta puedan ser comprendidas con más facilidad en Cádiz o en Iquitos. Y no quisiera hablar mal de esta modernidad que es nuestra casa y nuestro tiempo, pero si es bueno recordar que hubo un mundo antes de internet y una Latinoamérica previa al correo electrónico. Una América Latina con referentes comunes y voces compartidas, una región con identidad marcada por la represión política y la resistencia ciudadana; un espacio geográfico, político y lingüístico en el que la voluntad de oponerse a las dictaduras se correspondía con una forma peculiar de sensualidad amorosa, también, que hubo un tiempo en el que nos leíamos en Cortázar, Roa Bastos y Benedetti y nos escuchábamos en Víctor Jara, Inti Illimani y Violeta Parra.
Hace unos días se marchó Mario Benedetti y en ese momento, como bien dijo Neruda, “nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”. Se perdió algo de una literatura que fue leída como objeto de culto a la cotidianeidad de nuestro tiempo latinoamericano y digo algo porque hay en esa literatura cosas que quedaron para siempre, íconos poéticos porque, desde don Mario, los latinoamericanos sabemos que hay enorme diferencia entre una táctica y una estrategia.
Benedetti representa la escala del poeta universal desde América Latina, un raro fenómeno del poeta que fue tan leído como querido por sus lectores; un autor entrañable, fundamental para la educación sentimental de los hispanoamericanos, un retrato vivo de cómo aprendimos a sobrevivir a nuestras peores pesadillas históricas, por la dignidad, el honor y el amor.
La crítica no siempre fue amable con Benedetti, pues como a Jorge Amado y Jaime Sabines, se les tachó de poco académicos, desaliñados y descuidados. Hoy, al paso del tiempo en que muchos que cumplieron a pie juntillas las recomendaciones de la dogmática literaria no volvieron a ser leídos y que la noticia de los decesos de ese trío fabuloso arrancó lágrimas a muchos, de entre los cuales algunos no habían nacido en el momento más alto de su fama literaria, puede llegar uno a la conclusión de que en continentes y sociedades como la nuestra la literatura, la cultura y el arte tienen como núcleo un elemento de compromiso: el poeta ha de hablar por los que no tienen voz o guardar silencio. No sé cuántas revoluciones de conciencia apadrinó el poeta ni cuántas pasiones logró encender, pero no fueron pocas.
Adiós a Benedetti; un adiós a medias, parcial y emocionado; nunca definitivo, porque la presencia de don Mario seguirá mientras haya parejas encerradas en laberintos como el de Avellaneda; mientras haya un solo lugar en el continente donde se repita la historia de Pedro y el Capitán, mientras existamos latinoamericanos que, juntos, por la calle, seamos mucho más que dos.
No sé cuántas revoluciones de conciencia apadrinó el poeta ni cuántas pasiones logró encender, pero no fueron pocas.
Gracias a Mario Benedetti.

miércoles, 27 de mayo de 2009

OPROBIO JUDICIAL

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO
La semana pasada se hizo pública una sentencia mediante la cual una jueza de distrito concedió un amparo a la Coparmex de Morelos contra la reforma constitucional en materia electoral de noviembre de 2007.
El amparo en cuestión forma parte de una serie de juicios promovidos por asociaciones empresariales, consorcios mediáticos y un pequeño grupo de intelectuales cercanos a los grupos interés que se opusieron a la reforma electoral.
Más allá de la trascendencia por sus implicaciones (de causar estado la sentencia, la Coparmex de Morelos podría comprar publicidad para incidir en los procesos electorales) y de las delicadas consecuencias para el sistema democrático si se concedieran otros amparos, el fallo de la jueza Florida López Hernández es muy grave, en sí, por las insostenibles razones por las que concedió el amparo en cuestión. Se trata de un oprobio para la justicia federal.
Y no me refiero a la inexplicable decisión de conceder el amparo por “irregularidades” en el procedimiento de reforma constitucional, a propósito de la reforma al artículo 41 de la Carta Magna y no al resto de los artículos que formaron parte del paquete de reforma (cuando todos los artículos se modificaron en el mismo acto legislativo), sino a cuáles fueron esas presuntas irregularidades.
Según la licenciada López dichas violaciones procedimentales, son las siguientes:
1. Que la sesión en la que el Senado votó la reforma el 12 de septiembre de 2007 inició a las 18:30 horas, siendo que había sido convocada a las 12:00 horas, y que, además, se hizo constar que la sesión terminó a las 12 horas sin especificar si era de ese mismo día o del siguiente. ¡Ridículo! Si esa fuera una buena razón para declarar inconstitucional una reforma, la jueza también habría tenido que decir que en el acta de la sesión tampoco se hizo constar si en su transcurso algún senador salió al baño.
2. Que en la discusión y aprobación por las cámaras de Senadores y Diputados no se hizo constar que la reforma se había aprobado por las dos terceras partes de los presentes, como pide el artículo 135 constitucional, lo cual es absurdo, porque como la misma sentencia señala, la reforma se aprobó por 110 votos a favor y 11 en contra en el Senado (p. 88) y por 361 votos a favor, 30 en contra y 11 abstenciones en la Cámara de Diputados (p. 90), lo que supone en ambos casos una holgada mayoría calificada. Que la jueza no se haya preocupado por hacer una sencilla operación matemática no es causal para determinar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional.
3. Que en la declaratoria que el Senado hizo el 6 de noviembre de 2007, en la que dio cuenta de la votación aprobatoria de la mayoría de las legislaturas de los estados, enumeró uno a uno los 30 estados que habían aprobado la reforma y señaló también el voto negativo de Coahuila, mientras que en la declaratoria equivalente que hizo la Cámara de Diputados unos días antes, el 31 de octubre, se enumeró sólo a los 30 estados que la habían aprobado y no la negativa de Coahuila. Se trata de un argumento insostenible, pues el artículo 135 exige que una reforma constitucional sea aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados, cosa que ocurrió, no que deba reportarse el voto de los estados que no aprobaron la reforma.
4. Que en la remisión que el Senado hizo del decreto de reforma al Presidente de la República, para su promulgación y publicación, aparece sólo el nombre del presidente del Senado, mientras que en la publicación en el Diario Oficial de la Federación aparece que quien envió el decreto era el Congreso de la Unión, es decir, las dos cámaras y no sólo una. Esto es un formalismo nimio, porque como consta en el texto de la misma sentencia, la presidenta de la Cámara de Diputados aprobó el decreto, lo remitió al Senado y éste a su vez, luego de aprobarlo, lo turnó al Presidente de la República, con lo cual en estricto sentido sí fueron las dos cámaras las que aprobaron el decreto y lo entregaron al Ejecutivo federal, cumpliendo con lo que requiere el artículo 135.
Ahora no queda más que el Congreso impugne esa oprobiosa resolución; que cuanto antes la Suprema Corte atraiga el caso y resuelva conforme a derecho enderezando el entuerto de la juez López y, además, que el Consejo de la Judicatura Federal tome cartas en el asunto y evalúe la ineptitud y el descuido de la jueza en el ejercicio de sus funciones para lo que jurídicamente corresponda. Sólo así el Estado mexicano dará el mensaje de que con la justicia no se juega.

PGR, EL BRAZO ARMADO DEL PAN

JESÚS CANTÚ

Casos como el de Cándido Monreal Ávila, hermano del exgobernador de Zacatecas Ricardo Monreal, que en un lapso de cuatro meses pasó de testigo a indiciado, sólo se entienden en contexto político-electoral como el que hoy se vive en el país. En los últimos años ha sido una constante que en cada proceso electoral la Procuraduría General de la República integre una averiguación previa contra un candidato o alguien de su familia y ventile el asunto en los medios de comunicación.La historia que hoy implica a varios de los hermanos Monreal Ávila se inició el 28 de noviembre de 2008. Ese día, según la información difundida, la PGR recibió una llamada en que un denunciante anónimo habló de movimientos sospechosos en la deshidratadora San Felipe, propiedad de los hermanos Cándido y David Monreal; dos meses después, el 22 de enero de 2009, elementos de la misma procuraduría decomisaron 14.5 toneladas de mariguana en las instalaciones de esa empresa familiar y detuvieron a dos presuntos zetas.Sin embargo, fue el lunes 18 -¡cuatro meses después de los hechos!- cuando el diario Reforma informó que Cándido y David Monreal eran investigados por la PGR por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Para el viernes 22, los dos hermanos ya no eran sólo testigos, sino indiciados.Y aún cuando la autoridad está obligada a investigar al propietario de un inmueble en el que se decomisa droga para deslindar responsabilidades, es incongruente que la investigación se mantenga en secreto durante cuatro meses, como sucedió en el caso de los hermanos Monreal Ávila, y es sólo ahora que la campaña electoral está en marcha cuando los datos de dan a conocer.La información se difundió precisamente en el momento en que David Monreal anunció su postulación como candidato a la gubernatura de Zacatecas y al día siguiente de la espectacular fuga de 53 reos de un reclusorio de esa entidad. En este caso sólo caben dos explicaciones: distraer la atención sobre la fuga masiva o alterar la contienda electoral, afectando al candidato.Todo indica que la familia Monreal Ávila, particularmente el senador con licencia Ricardo Monreal, en un primer momento se inclinó por la primera opción y dirigió las baterías contra la gobernadora Amalia García, principal beneficiaria de dicha operación por partida doble: ella no sólo habría tendido una cortina de humo sobre la fuga, sino que, de paso, estaba desprestigiando a David, candidato de un partido de oposición.Sin embargo, tanto por los antecedentes de este caso como por el contexto en el que suceden, todo apunta a la segunda opción: el rendimiento electoral de la acción para el PAN. Quizá por ello Ricardo Monreal dirige ahora sus misiles contra la PGR.En este aspecto resulta pertinente voltear hacia el 2005, año en el que el gobierno foxista desaforó y pretendió enjuiciar a Andrés Manuel López Obrador para sacarlo de la contienda electoral por la Presidencia de la República. El uso político-electoral de la justicia está plenamente acreditada con la confesión de los actores de aquel embrollo. Basta leer el libro La diferencia de Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda o remitirse a las declaraciones hechas en Washington por el expresidente Vicente Fox en febrero de 2007, en aquella ocasión el guanajuatense aseveró que en el proceso de desafuero contra Lopez Obrador "tuve que retirarme y perdí. Pero 18 meses después me desquité cuando ganó mi candidato".Meses después, en junio de 2006, hubo otro caso en el que se volvió a utilizar a la PGR, esta vez contra el candidato del PRI al gobierno de Jalisco, Arturo Zamora Jiménez, quien participaba en una cerrada contienda. Un mes antes, el entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Manuel Espino, presentó una denuncia contra Zamora como presunto responsable del "fraude más grande en la historia del IMSS" por apoderarse de nueve inmuebles en litigio.Esa vez se filtró información según la cual la DEA había integrado un expediente contra Zamora por presuntos nexos con el narco. El 11 de junio de ese año, el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, declaró que había una investigación en contra del candidato priista de Jalisco por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.El 13 de junio siguiente, una hora antes del debate entre los candidatos a la gubernatura por Jalisco, la PGR desmintió esa información mediante un boletín y señaló que la única investigación contra Zamora era la que se derivaba de la denuncia panista. Finalmente, cuatro días antes de los comicios del 2 de julio de 2006 incautaron los nueve inmuebles. El resultado: el candidato panista, Emilio González Márquez, ganó la gubernatura por amplio margen. Meses después Zamora fue exonerado de los delitos que le imputaban.Ahora, en plena efervescencia electoral, el presidente del CEN panista, Germán Martínez, reiteradamente coloca sobre la mesa la dicotomía: apoyas a Calderón en su lucha contra el narco o estás con el narco; incluso ya acusó al candidato del PRI a la gubernatura de Colima, Mario Anguiano Moreno, de estar vinculado al narcotráfico. El argumento que esgrimió es que Humberto Anguiano, hermano de Mario, está preso por vender droga.El mes pasado, la PGR anunció la detención de Miguel Ángel Almaraz, exdirigente estatal del PRD en Tamaulipas por sus presuntos vínculos con Los Zetas, así como por el robo y venta de gasolina.Vistos los antecedentes y el contexto, la PGR y los panistas han sacado provecho en períodos electorales. En el caso del decomiso de mariguana en la empresa de los hermanos Monreal Ávila en enero pasado las cosas no son diferentes, con el agravante de que en esta ocasión también hubo un enfrentamiento entre el senador Ricardo Monreal y la gobernadora Amalia García.En los casos de López Obrador y de Zamora, aun cuando quedaron exonerados, su descrédito ante la opinión pública y el efecto electoral en su contra fueron irreversibles; en el de los hermanos Monreal Ávila, aún en curso, es evidente que la espectacular exposición mediática tiene más fines electorales que jurídicos. Es cierto que la procuración e impartición de justicia no puede interrumpirse por los procesos electorales, pero tampoco debe aprovecharse para atacar a la oposición, especialmente con presunciones que todavía no son cosa juzgada.

LA NÁUSEA

SERGIO AGUAYO QUESADA

A Germán Dehesa, amigo luminoso.Porque la corrupción política me provoca una náusea incontrolable, he decidido anular mi voto. Es una decisión surgida del convencimiento de que estamos ante una degradación política sistémica.Los teóricos de la transición difieren sobre el momento en el cual los partidos políticos adquieren protagonismo. Ninguno disputa el hecho de que son instituciones fundamentales para el andamiaje democrático; recogen los deseos y aspiraciones de la sociedad para, en caso de llegar al poder, transformarlos en políticas públicas. En México hay partidos que enarbolan diferentes combinaciones de ideologías e intereses: no me siento representado por ninguno de ellos.La distancia entre partidos y sociedad tiene una historia vieja. Según Todd Eisenstadt, el régimen fue canalizando los "movimientos de oposición" al "altamente regulado terreno" de los partidos, las campañas y las elecciones. Es un diagnóstico acertado; después de cada protesta social, el régimen negociaba con los partidos y les otorgaba beneficios. El movimiento del 68 y la Guerra Sucia llevaron a la ley electoral de 1977; tres semanas después de iniciada la rebelión zapatista de 1994, Carlos Salinas hizo importantes concesiones a los partidos.Cuando llegaron al poder, los partidos no transformaron las reglas de un sistema que se resquebrajaba; incorporaron las viejas costumbres, y se transformaron en un oligopolio que monopoliza los accesos a la vida pública. Las prerrogativas públicas (en constante crecimiento) se han utilizado para cortejar a un electorado pobre, adicto a los regalos; para firmar onerosos "convenios de publicidad" con los medios de comunicación y para alimentar una burocracia partidista decidida a reservarse esos cargos públicos con salarios extravagantes y exigencias mínimas.El 24 de diciembre de 1992, Raúl Salinas le envió una tarjeta a Luis Donaldo Colosio. En ella le decía que "Las puertas de la Presidencia de la República se abren desde adentro, no desde afuera". Según una información no desmentida, Raúl estaba molesto porque Colosio no "jalaba" en sus negocios. Un indicador era que Colosio iba poco a unas comidas organizadas cada cuatro o seis semanas y a las cuales concurrían empresarios y políticos como Carlos Hank González, Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones. Colosio iba porque el presidente Carlos Salinas se lo había pedido, pero le molestaba hacerlo: "yo no sé a qué chingados voy a esas comidas si lo único que se habla es de puros negocios" (César Romero Jacobo, Reforma, 14 de abril de 1997).El incidente es una metáfora de lo poco que ha cambiado la política en México. El lugar del Presidente ha sido tomado por los partidos que siguen abriendo la puerta de la vida pública "desde adentro". En la política sigue habiendo gente decente que, como Colosio, se resiste a entrarle a la corrupción sistémica, pero la inercia es poderosísima y, hasta ahora, los reformadores han sido incapaces de romper la cerrada alianza entre las élites políticas y económicas. La confirmación de la impunidad estaría en que nunca se investigaron los negocios urdidos en aquellas comidas de los jueves, y ningún partido ha renunciado a las prerrogativas públicas ni ha intentado disminuirlas. Tampoco han encabezado, como gobierno, una cruzada creíble contra la corrupción.Las instituciones que deberían contener los excesos siguen poniendo como prioridad la defensa de sus intereses. El Comité Conciudadano que preside Clara Jusidman, y del cual formo parte, presentó el 21 de mayo un informe sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con la evidencia en la mano concluyó que el Tribunal Electoral "no aplica criterios homogéneos", "no contribuye a generar confianza en los ciudadanos" y, en suma, "no protege los intereses de la ciudadanía". También confirmó el sometimiento del tribunal presidido por María del Carmen Alanís a los intereses de las televisoras. Si recordamos el vasallaje de algunos consejeros del Instituto Federal Electoral a los poderes fácticos, tendremos una idea de la indefensión en que nos encontramos.Esta lectura de la realidad podrá parecer excesivamente pesimista. Creo, sin embargo, que si deseamos que las instituciones funcionen en beneficio de las mayorías, debemos involucrarnos en la vida pública para apoyar a quienes buscan, desde las entrañas de partidos y gobiernos, poner un freno a la corrupción sistémica.Ni los partidos ni los árbitros electorales son capaces, como instituciones, de reformarse a sí mismos; iría en contra de sus intereses. Cualquier cambio requerirá de la presión social y una forma concreta de enviarles un mensaje de protesta es con la anulación del voto, lo cual tiene complicaciones e implicaciones que abordaré la próxima semana.La espléndida crónica de César Romero Jacobo sobre la tarjeta puede leerse en mi página: www.sergioaguayo.org. Colaboró para esta columna Laura Ruiz Castro.

martes, 26 de mayo de 2009

EN BICENTENARIO DE LINCON

CARLOS FUENTES

Este año se celebra el bicentenario del nacimiento de Abraham Lincoln y el hecho conlleva una reflexión sobre el papel del héroe en su relación con el pueblo al que pertenece o la masa de la cual surge.
Este año se celebra el bicentenario del nacimiento de Abraham Lincoln y el hecho conlleva una reflexión sobre el papel del héroe en su relación con el pueblo al que pertenece o la masa de la cual surge. La idea de "masa" ha sido desacreditada no sólo por Ortega y Gasset, sino porque, fuera de todo control institucional, ha sido vista como base de movimientos totalitarios como el nazismo y el fascismo, en sus diversos ropajes. En cambio, la idea "pueblo" ha resultado más abarcadora, aun en su restricción marxista al proletariado y al materialismo histórico que concibe a la sociedad como resultado de condiciones materiales más que de ideas o personalidades. Sin embargo, las personalidades influyen en la historia y la discusión consiste en saber cuánto le debe la historia a las personalidades, y cuánto al pueblo, las clases y la sociedad en su conjunto. Thomas Carlyle, el historiador escocés, atribuyó al "héroe" el papel primordial. Mahoma el profeta. Lutero el sacerdote. Napoleón el monarca. Dante el poeta. Cromwell, Federico II de Prusia. La personalidad determina la historia. Abraham Lincoln nos ofrece un ejemplo particularmente provechoso de la relación entre la comunidad y el individuo. Nacido en la pobreza, de padres iletrados, Lincoln ascendió de leñador, rielero, cartero, tendero, y comerciante a abogado y político. Que esta formación personal coincidió con la formación de la nación americana, es cierto. Que coincidió con la división del país, también. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos evitó trabajosamente la palabra "esclavitud", refiriéndose, con eufemismo, a "personas obligadas a trabajar". Los prohombres de la Independencia, Washington, Jefferson, poseían esclavos. La clase propietaria era dueña de esclavos, sobre todo en el sur agrario. El movimiento hacia la emancipación es inseparable de la expansión territorial hacia el Pacífico, los territorios arrebatados a México y la implantación de la esclavitud. El principio de la soberanía popular podría favorecer a los esclavistas en ausencia de una ley expresamente prohibitiva. Semejante política indignó a los estados antiesclavistas del norte, tanto como favoreció a los esclavistas del sur. Los conflictos llegaron no sólo a las calles, sino al Senado de la República, donde un Senador abolicionista fue agredido físicamente por un senador esclavista, en tanto que el agitador antiesclavista John Brown asesinaba a sus opositores y organizaba una guerra de guerrillas. La resolución Dred-Scott de la Suprema Corte determinó que los negros no eran ciudadanos ni podían acudir a los tribunales. Los estados norteños repudiaron la resolución y buscaron el cambio pacífico de las instituciones sureñas. El sur se aferró al esclavismo y la guerra resultó inevitable, estallando en 1861 cuando el Sur ya se había declarado independiente como Confederación con Gobierno propio. Abraham Lincoln se convirtió en figura nacional durante sus debates con el senador Stephen Douglas en 1858. Sin cámaras o micrófonos, estos debates adquirieron una significación intrínseca debido a la elocuencia y razón de sus protagonistas. Es el momento en el que Lincoln prevé la ruptura de la Unión y declara: "Una casa dividida contra sí misma no puede perdurar... Este Gobierno tampoco puede perdurar mitad esclavo y mitad libre". Si el negro no era igual al blanco en todo aspecto, sí lo era, proclama Lincoln, "en su derecho a ganarse el pan... con sus propias manos. En este respecto, el negro es igual a mí, igual al juez Douglas, igual a todo ser viviente". Electo presidente de la República en 1860, Lincoln intentó primero persuadir: "Tengamos fe en que el derecho es la fuerza... Quiero que cada hombre tenga una oportunidad. Creo que el negro tiene derecho a ello y puede mejorar su condición". La Confederación del Sur atacó Fort Sumter y la guerra comenzó. Lincoln calificó a la secesión como "la esencia de la anarquía" y definió la lucha como la prueba de que la nación "viviría o moriría". Constantemente, Lincoln le dio prioridad a "la salvación de la unidad" por encima de la cuestión de la esclavitud. Esta política puso a la defensiva a la Confederación sureña, vista más como enemiga de la unión que como defensora de la esclavitud. Si a esta hábil política añadimos el genio estratégico y militar de Lincoln al nombrar comandantes y dirigir operaciones, llegamos a la conclusión siguiente: los hechos pudieron suceder sin el personaje y el personaje sin los hechos. Al cabo, personaje y hechos se juntaron y el resultado es histórico: la Unión Americana se salvó, los negros fueron emancipados e iniciaron una vida ciudadana que ha llevado a uno de ellos, Barack Obama, a la Presidencia que un día ocupó Abraham Lincoln. Nota mexicana: A medida que se acerca el año 2010, los mexicanos nos disponemos a rememorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. En ambas ocasiones, los hombres anónimos surgieron a encabezar los movimientos, Hidalgo y Morelos, párrocos de provincia, en 1810. Zapata, campesino, Obregón, agricultor, Calles, maestro de escuela, en 1910. ¿Surgirán nuevos actores imprevistos en 2010? El paralelismo entre Abraham Lincoln y Benito Juárez es evidente.

EN LO ECONÓMICO, LO PEOR ESTÁ POR VENIR

JESÚS CANTÚ

Aunque el Presidente Felipe Calderón y su equipo económico tienen que inyectar optimismo a la población y a la economía, lo cierto es que en este terreno, lo peor está por venir
Aunque el Presidente Felipe Calderón y su equipo económico tienen que inyectar optimismo a la población y a la economía, lo cierto es que en este terreno, lo peor está por venir. En el segundo trimestre del año, la caída del Producto Interno Bruto será todavía mayor al 8.2 por ciento que se registró en el primer trimestre, de acuerdo a los datos del INEGI, y es de esperarse que las bajas perduren en los dos últimos trimestres de 2009. Alfredo Coutiño, economista para América Latina de Moody´s Economy, declaró al periódico Reforma, que "no hay señales que permitan decir que la caída de la economía mexicana esté tocando fondo en el presente; al contrario, se espera que durante el segundo trimestre la contracción resulte mayor." Y abundó que la recesión será tan profunda que abarcará todo el año, y si Estados Unidos empieza a recuperarse en los últimos meses, en México empezaría la recuperación, pero hasta principios de 2010. Y como sostiene Eduardo Sojo, director del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática costará más trabajo salir de esta crisis que lo que le costó al país salir de las de 1982 y de 1995, porque se conjugan una serie de factores externos e internos que colocan a México en una situación más crítica. Contrario a lo que sucedió en las dos crisis anteriores, en las que las causas eran internas y, por lo mismo, el entorno era más favorable y permitía mantener crecimiento en algunos sectores, como las exportaciones, que en 1982 crecían al 15 por ciento; en 1995, al 10 por ciento; y hoy, con una crisis que llegó de fuera, las exportaciones caen más del 20 por ciento de acuerdo a los datos del mismo Sojo. Por otra parte, la inversión extranjera directa también cayó 55 por ciento de 5 mil 921.4 millones de dólares durante el primer trimestre del 2008 a 2 mil 663.2 millones de dólares este año. Y esta también es una consecuencia de las condiciones económicas internacionales. Pero a las malas condiciones de la economía mundial hay que agregarle, al menos, 2 elementos internos igualmente graves: la caída en la producción de petróleo y las deterioradas finanzas públicas mexicanas. En el primer caso, la producción de crudo en el primer cuatrimestre del 2009, 2,661 millones de barriles diarios,es 22 por ciento menor que la de 2004, 3,396 millones de barriles diarios, y si a esto se le agrega que el precio promedio del barril de crudo fue en promedio de 40.8 dólares contra 86.5 del mismo período del año pasado, el impacto sobre los ingresos petroleros es severo. Este año todavía se podrá rescatar algo del ingreso petrolero por las coberturas que compró el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y que garantizan un precio del barril de crudo de 70 dólares; pero el próximo año se terminan y la presión todavía será mayor. La situación se complica porque más de la tercera parte de los ingresos fiscales provienen del petróleo y a pesar de las coberturas esto ya está causando estragos en las finanzas públicas, que ya presentan un déficit de 300 mil millones de pesos, que representan el 10 por ciento del presupuesto de este año y el 1.5 por ciento del PIB. Este año se echará mano del Fondo de Estabilización Petrolera, construido con los excedentes petroleros de los últimos años y del excedente operativo del Banco de México, en gran parte producto de la venta de una parte de las reservas en dólares a un precio mayor del que los compraron, precisamente cuando inicio la crisis y se trató de estabilizar el tipo de cambio. Pero esto también se termina este año, pues la mayor parte de los excedentes petroleros se dilapidaron irresponsablemente en gasto corriente en los estados. Éste es un dato que hay que analizar con más cuidado y profundidad, pues ya surgieron las voces, Beatriz Paredes, dirigente nacional del PRI, que responsabilizan del despilfarro al ex presidente Vicente Fox, pero se olvidan que esos recursos fueron los que permitieron satisfacer las crecientes demandas de participaciones de los gobernadores de los estados. Y ésta no fue una decisión presidencial, aunque desde luego contó con su anuencia, sino un acuerdo entre las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados al discutir los presupuestos anuales que así satisfacían los requerimientos de los ejecutivos estatales. Por otra parte, los números muestran los verdaderos alcances de la tan celebrada reforma fiscal de septiembre del 2007, pues sólo en febrero de este año la recaudación por el Impuesto al Valor Agregado cayó en casi 30 por ciento y la del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto Empresarial a Tasa Única, IETU, en 11 por ciento. Así la reforma fiscal no tan sólo no alcanza para compensar las caídas en el precio y el volumen del petróleo, sino que tampoco permite sostener la captación gubernamental. Y aunque al Presidente del Senado, Gustavo Madero Muñoz, se niegue a abordar la posibilidad de una nueva reforma fiscal, señalando que en todo caso será hasta septiembre cuando se revise el tema, la posición más realista es la del presidente del INEGI, Eduardo Sojo, quien señaló a La Jornada: "nunca es buen momento para promover cambios fiscales, tarde o temprano tendremos que resolverlo, lo que no implica, por ejemplo, que la reforma se aplique inmediatamente, pero creo que los mexicanos no podemos dejar pasar más tiempo". Así no parece claro como se podrán cumplir los pronósticos expresados por el Presidente, el jueves, en Irapuato: "Hemos tenido, también, un primer trimestre muy difícil (...). Es, sí, el punto quizá más delicado y más grave de la recesión económica internacional, pero estoy convencido de que si seguimos trabajando, podremos dejar muy pronto atrás estos momentos, los más difíciles". En realidad la situación es muy complicada, pues además en las cifras del segundo trimestre se reflejará la caída en el PIB provocada por la emergencia nacional decretada con motivo de la epidemia de influenza y, por lo mismo, Carstens y su equipo ya revisaron, por enésima ocasión, a la baja sus estimaciones de decremento económico para 2009 y lo situaron en 5.5 por ciento, una baja mayor a la prevista apenas hace dos semanas de 4.1 por ciento. La crisis mundial es severa, causa estragos en México y, contrario a lo que se señaló una y otra vez, las estructuras mexicanas no están preparadas para afrontarla; en el mejor de los casos existen algunos instrumentos temporales, coberturas petroleras, Fondo de estabilización y los excedentes operativos de Banxico, que permiten mitigar los efectos en una determinada coyuntura; pero no la estructura sólida que permita afrontar el mediano y el largo plazo, precisamente, por ello nuevamente se empieza a hablar de las reformas estructurales a pesar de que hace apenas unos meses se celebraban los cambios en la legislación fiscal y petrolera.

EJEMPLOS DE TRATADOS VIOLATORIOS DE LA CONSTITUCIÓN

CARLOS ARELLANO GARCÍA

A pesar de lo claro que resulta el artículo 133 constitucional cuando establece expresamente como requisito de los tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución, y no obstante que los señores senadores deben cumplir con las normas constitucionales y no deben aprobar algún tratado internacional que vulnere alguna disposición contenida en nuestro documento supremo, suelen darse casos de aprobación de tratados conculcadores de nuestra ley fundamental. Un primer ejemplo que podemos citar de tratado con disposiciones contrarias a la Constitución está constituido por el de México y Estados Unidos referente a automóviles robados, celebrado en los años treinta del pasado siglo XX, y en donde, nuestro país se comprometió a devolver a la nación vecina unidades robadas, pero no se estableció como requisito previo la satisfacción de la garantía de audiencia prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional. En los años ochenta del mismo siglo pasado se volvió a celebrar entre los países citados un nuevo tratado sobre automóviles y aeronaves robados, y de nueva cuenta, omitieron cumplimiento a la garantía de audiencia.Siendo dicho tratado inconstitucional, el adquirente de un vehículo robado en Estados Unidos en un remate judicial promovió amparo en contra del tratado, la autoridad judicial se lo concedió, por lo que no podía ser desposeído del vehículo. De esa manera, se daba cumplimiento a la norma jurídica superior en México, la Constitución, pero subsistió la norma internacional que obligaba a entregar el vehículo en Estados Unidos. En tal virtud, la Secretaría de Relaciones Exteriores ofreció al sujeto amparado pagarle un buen precio por el automóvil para dar cumplimiento al tratado y no originar para nuestro país la obligación de pagar una elevadísima indemnización en dólares. Así, se podía dar cumplimiento a la norma jurídica interna, y después a la norma jurídica internacional. Otro ejemplo de tratado violador de la Constitución está formado por la adhesión de México al Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, con varias disposiciones contrarias a la Constitución, y para salvar este antagonismo se les ocurrió a los senadores adicionar un quinto párrafo al artículo 21 constitucional en 2005, en el que se estableció: "El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional". Con este texto, presuntamente, los senadores pusieron "candados", pero es el caso que el Estatuto de Roma no permite reservas y, por tanto, nuestro país quedó sometido, sin ninguna restricción, a ese Estatuto, sin que el Senado tenga facultades para reconocer en cada caso la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.En el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte se pactó en gran medida el trato nacional a extranjeros, lo que es violatorio del artìculo 73 constitucional, fracción XVI, en donde se establece como facultad del Congreso de la Unión legislar sobre condición jurídica de extranjeros, lo que ya no puede hacer libremente, respecto de extranjeros canadienses y norteamericanos. Limitar así esa prerrogativa del Congreso resulta muy afectativa, pues establecía el jurista francés J. P Niboyet en los años veinte del siglo XX: "A cada país le corresponde establecer derechos y obligaciones de los extranjeros en su territorio. Si esto no fuera así, se afectaría la soberanía en lo que tiene de más sagrado".

LA COMPROBACIÓN

DENISE DRESSER

“¿La impunidad es condición necesaria para el funcionamiento de la maquinaria política del país?”, le pregunta Carmen Aristegui a Miguel de la Madrid y el expresidente asiente. Aunque después –amenazado, presionado, acorralado– pide que no le creamos, el diagnóstico queda allí. Y todo lo que ha ocurrido desde entonces tan sólo constata el peso de sus palabras, comprueba la certeza del diagnóstico, valida lo que dijo antes de volverse prematuramente senil. El sistema político mexicano ha sido construido para asegurar la impunidad de la clase política. Opera cotidianamente para lograr ese fin y quienes engrosan sus filas lo saben. La competencia electoral entre partidos no erradica la impunidad, tan sólo la democratiza. La alternancia política no combate la corrupción, tan sólo amplía su espectro ideológico. En la última semana México comprueba que hay demasiados dispuestos a firmar el pacto de impunidad, y aquí está la evidencia:• Aunque en privado los priistas reconocen que Miguel de la Madrid tiene razón, en público se unen para desacreditarlo. Saben que dice lo que tantos han sugerido, pero aún así cierran filas para declararlo un demente. Saben que tiene razón, pero precisamente por ello no pueden reconocerlo. De la Madrid desnuda al sistema construido por el PRI, del cual viven, con el cual se han enriquecido, el cual necesitan preservar.• En cualquier democracia funcional, las imputaciones hechas hubieran provocado un deslinde o un distanciamiento entre el expresidente involucrado y su propio partido. Pero aquí, los priistas optan por matar al mensajero –De la Madrid– con el objeto de acallar el mensaje. En vez de exigir una investigación esclarecedora, Manlio Fabio Beltrones exige el silencio cómplice.• Y el PAN se suma a ello. ¿Dónde están los reclamos panistas ante la deshonestidad salinista que Miguel de la Madrid expone? ¿Dónde está el discurso presidencial asumiendo el combate a la corrupción como causa suya? ¿Dónde están las declaraciones firmes y enérgicas que esperaríamos del procurador Eduardo Medina Mora? ¿Dónde está la columna vertebral del panismo que asumió la transparencia como principio fundacional? Si el PAN piensa que las declaraciones tibias y cantinflescas del secretario de la Función Pública constituyen una toma de posición se equivocan. En esta coyuntura crítica, el PAN opta también por callar. Por ofuscar, por sugerir “el juicio en las urnas” para no encarar la impunidad compartida que ha contribuido a perpetuar.• La televisión también. Carlos Ahumada revela en su libro Derecho de réplica que Carlos Salinas le habló a Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, para coordinar la salida al aire de los videos que involucraban a René Bejarano. Probablemente hubo una llamada similar para coordinar la falta de cobertura en el caso de la entrevista de Carmen Aristegui a Miguel de la Madrid. Sólo así se explica que la nota política más importante de la semana pasada estuviera ausente en la pantalla de los principales noticiarios de Televisa y de TV Azteca. Que Joaquín López Dóriga fuera uno en el radio y otro en la televisión. Que el “cuarto poder” mediático no cumpliera plenamente con el papel que le corresponde.• Vicente Fox alimenta la impunidad en la medida en que su propio papel no queda claro. ¿Negoció la libertad de Raúl Salinas de Gortari a cambio de los videos con los cuales intentó destruir políticamente a AMLO? ¿Giró instrucciones al Poder Judicial para asegurar un resultado predeterminado como lo hizo con el desafuero? ¿Por qué se dio la devolución de la fortuna del hermano incómodo si no se había esclarecido su origen? Sólo una investigación a fondo del involucramiento foxista en esta historia podría responder las preguntas indispensables, pero ya el PAN ha dejado en claro que nunca la habrá.• El pesado silencio de tantos en torno al caso de Carlos Salinas constata la complicidad, el doblegamiento, el temor entendido. No es casualidad que en la carta que el expresidente envió a Carmen Aristegui mencionara a los beneficiarios de la partida secreta listados en su libro México: Un paso difícil a la modernidad: “partidos políticos, dirigentes empresariales, sindicatos, organizaciones rurales, intelectuales, organizaciones religiosas y medios de comunicación, entre muchos otros, incluidas personas que realizaban otras tareas que se consideraban también necesarias”. El objetivo era mandar un mensaje, una amenaza: “me criticas y te delato”. “Te sumas a la cruzada pública en mi contra y hago público el cheque que te envié como lo hice con Héctor Aguilar Camín”. “Si cuestionas mi reputación destruyo la tuya”. La carta era una exigencia de lealtad ante favores recibidos, dinero entregado, concesiones otorgadas, licitaciones pactadas, puestos repartidos, lealtades compradas. Así ha funcionado la maquinaria y por ello hay tantos incentivos entre sus beneficiarios para mantenerla así.• Por ello México es un país de corrupción compartida pero nunca castigada, de crímenes evidenciados sin sanciones aplicadas, de expresidentes protegidos por quienes primero los denuncian pero luego pierden la razón, de políticos impunes y empresarios que también lo son. Por ello las procuradurías exoneran, las Fiscalías Especiales nunca funcionan, las comisiones investigadoras en el Congreso no cumplen con su función, los custodios no custodian, los crímenes persisten. Hay demasiados intereses que proteger, demasiados negocios que cuidar, demasiadas irregularidades que tapar, demasiadas cuentas bancarias que esconder, demasiadas propiedades que ocultar, demasiados pactos que preservar.• Y tan sólo como botón de muestra, la lista de los impunes. La lista que el país produce y amplía cada vez que deja de investigar y sancionar, acusar y castigar. Carlos Salinas de Gortari. Luis Echeverría. Diego Fernández de Cevallos. Mario Marín. Ulises Ruiz. Ricardo Salinas Pliego. Emilio Gamboa. Arturo Montiel. Jorge Hank Rhon. Elba Esther Gordillo. Carlos Romero Deschamps. Manlio Fabio Beltrones. Joaquín Gamboa Pascoe. Kamel Nacif. Los Bribiesca-Sahagún, entre tantos más. • Como escribió alguna vez Benjamín Franklin, el objetivo principal de una conversación es informar o ser informado. Y la conversación entre Carmen Aristegui y Miguel de la Madrid –junto con la reacción que produce– cumple con ese requisito. Tanto lo hablado como lo posteriormente negado contribuyen a informar. Revelar. Confirmar. Constatar. Comprobar, como lo escribe Jorge Zepeda Patterson en el libro Los intocables, que una premisa principal del sistema político mexicano es “nunca contra alguno de nosotros”.