PORFIRIO MUÑOZ LEDOAl iniciarme como senador de la República me asombró la rutina aprobatoria de los tratados internacionales en sesiones secretas; esto es, con las tribunas y las curules vacías. Terminada la atropellada lectura de las minutas, los legisladores eran llamados por una chicharra hasta completar el quórum de levanta dedos.
Así eran ratificados sin debate instrumentos de la mayor relevancia. Acudí al archivo para saber si lo mismo había ocurrido tratándose de la Carta de las Naciones Unidas o la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Corroboré que no habían merecido análisis del Legislativo mexicano. Me dediqué entonces a comentar todos los que fueron sometidos al pleno, lo que contribuyó a elevar a 749 el número de mis intervenciones en tribuna. Cuando se aprobó, por ejemplo, el Convenio 169 sobre pueblos indios, advertí sobre la trascendencia de sus disposiciones, que de haberse acatado, hubiesen ahorrado trágicas confusiones.
Volvemos hoy, por obra de la transa, a las oscuras prácticas del viejo régimen. ¿Alguien sabe que el 23 de abril la Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos primero, 11, 33, 89 y 102 de la Constitución? Las despachó sin posicionamiento de los legisladores ni de los grupos parlamentarios, para esconder el vergonzante parto de los montes de un gran proyecto, madurado y negociado durante años.
El tema “Derechos humanos y libertades públicas” se convirtió en el 2000 en la columna de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado. Formulamos 21 propuestas y planteamos reordenar el título I de la Constitución, incorporando derechos fundamentales dispersos —como los laborales— y trasladando a otro capítulo los de los artículos 25, 26, 27 y 28.
En 2008, la CENCA sumó la participación de expertos, organizaciones civiles y representantes de instancias internacionales competentes. Partimos de una propuesta integral elaborada bajo auspicios del Alto Comisionado de la ONU. Su titular fue poco después removido por la incidencia del texto en la cuestión del fuero militar. Se recibieron mil 395 documentos de la sociedad y 143 propuestas de los partidos. Celebramos 62 reuniones de trabajo y presentamos a la subcomisión redactora 94 iniciativas consensuadas sobre: reconocimiento y protección de derechos humanos, derechos sociales y derechos civiles y políticos. Estas fueron remitidas, sin discusión en el pleno de la CENCA, a la presidencia de la Cámara de Diputados.
Varios grupos parlamentarios —excepto el PAN— rescataron el texto en abril de 2008, mediante una iniciativa que descartaba los derechos sociales y reducía a una tercera parte la propuesta original. Destaca la omisión de las disposiciones referentes a la radio y la tv, la personalidad jurídica de los pueblos indios y la conversión de tratados en leyes nacionales.
Un año más tarde aparece la diminuta iniciativa que acaba de votarse, que además contiene errores elementales y retrocesos. Dispone que el título I cambiará de nombre, pero no dice por cuál, elimina facultades de refuerzo a la CNDH y —contra del derecho de gentes— considera la decisión administrativa para expulsar extranjeros como “definitiva e inatacable”.
La pésima recepción del proyecto entre los senadores hace suponer que no tendrá destino. Encallado como se encuentra el de federalismo y municipalismo y extraviadas el resto de las iniciativas, la CENCA resultó un fiasco. Insistimos en un proceso de rendición de cuentas y en la convocatoria a un periodo extraordinario para la toma de decisiones conducentes.
Bajo endebles argumentos de “realismo legislativo” se ha roto el equilibrio de poderes, aunque una mayoría artificial de la cámara condene los abusos de Fox. Ello explica el golpe de mano de Calderón al Congreso, al suspender por decreto garantías individuales sin acatar lo dispuesto el artículo 29 de la Constitución.
Las facultades concedidas a la Secretaría de Salud en caso de “epidemias de carácter grave” se limitan a la esfera de su competencia y no podrían afectar derechos fundamentales, como lo hace la disposición presidencial.
Ahora el Ejecutivo inunda los espacios de la comunicación con su “salvamento de la humanidad”. La propaganda ha de ser institucional y no para la promoción de funcionarios y partidos. Al IFE corresponde detener el agravio y no cohonestar otra vez la violación del sufragio.
Así eran ratificados sin debate instrumentos de la mayor relevancia. Acudí al archivo para saber si lo mismo había ocurrido tratándose de la Carta de las Naciones Unidas o la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Corroboré que no habían merecido análisis del Legislativo mexicano. Me dediqué entonces a comentar todos los que fueron sometidos al pleno, lo que contribuyó a elevar a 749 el número de mis intervenciones en tribuna. Cuando se aprobó, por ejemplo, el Convenio 169 sobre pueblos indios, advertí sobre la trascendencia de sus disposiciones, que de haberse acatado, hubiesen ahorrado trágicas confusiones.
Volvemos hoy, por obra de la transa, a las oscuras prácticas del viejo régimen. ¿Alguien sabe que el 23 de abril la Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos primero, 11, 33, 89 y 102 de la Constitución? Las despachó sin posicionamiento de los legisladores ni de los grupos parlamentarios, para esconder el vergonzante parto de los montes de un gran proyecto, madurado y negociado durante años.
El tema “Derechos humanos y libertades públicas” se convirtió en el 2000 en la columna de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado. Formulamos 21 propuestas y planteamos reordenar el título I de la Constitución, incorporando derechos fundamentales dispersos —como los laborales— y trasladando a otro capítulo los de los artículos 25, 26, 27 y 28.
En 2008, la CENCA sumó la participación de expertos, organizaciones civiles y representantes de instancias internacionales competentes. Partimos de una propuesta integral elaborada bajo auspicios del Alto Comisionado de la ONU. Su titular fue poco después removido por la incidencia del texto en la cuestión del fuero militar. Se recibieron mil 395 documentos de la sociedad y 143 propuestas de los partidos. Celebramos 62 reuniones de trabajo y presentamos a la subcomisión redactora 94 iniciativas consensuadas sobre: reconocimiento y protección de derechos humanos, derechos sociales y derechos civiles y políticos. Estas fueron remitidas, sin discusión en el pleno de la CENCA, a la presidencia de la Cámara de Diputados.
Varios grupos parlamentarios —excepto el PAN— rescataron el texto en abril de 2008, mediante una iniciativa que descartaba los derechos sociales y reducía a una tercera parte la propuesta original. Destaca la omisión de las disposiciones referentes a la radio y la tv, la personalidad jurídica de los pueblos indios y la conversión de tratados en leyes nacionales.
Un año más tarde aparece la diminuta iniciativa que acaba de votarse, que además contiene errores elementales y retrocesos. Dispone que el título I cambiará de nombre, pero no dice por cuál, elimina facultades de refuerzo a la CNDH y —contra del derecho de gentes— considera la decisión administrativa para expulsar extranjeros como “definitiva e inatacable”.
La pésima recepción del proyecto entre los senadores hace suponer que no tendrá destino. Encallado como se encuentra el de federalismo y municipalismo y extraviadas el resto de las iniciativas, la CENCA resultó un fiasco. Insistimos en un proceso de rendición de cuentas y en la convocatoria a un periodo extraordinario para la toma de decisiones conducentes.
Bajo endebles argumentos de “realismo legislativo” se ha roto el equilibrio de poderes, aunque una mayoría artificial de la cámara condene los abusos de Fox. Ello explica el golpe de mano de Calderón al Congreso, al suspender por decreto garantías individuales sin acatar lo dispuesto el artículo 29 de la Constitución.
Las facultades concedidas a la Secretaría de Salud en caso de “epidemias de carácter grave” se limitan a la esfera de su competencia y no podrían afectar derechos fundamentales, como lo hace la disposición presidencial.
Ahora el Ejecutivo inunda los espacios de la comunicación con su “salvamento de la humanidad”. La propaganda ha de ser institucional y no para la promoción de funcionarios y partidos. Al IFE corresponde detener el agravio y no cohonestar otra vez la violación del sufragio.
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