DENISE DRESSERMientras la mayor parte de los mexicanos centra su atención en los estragos producidos por una granja porcina en Veracruz, poco entienden la gran epidemia que recorre al Congreso.
Ciudadanos acuartelados. Tapabocas omnipresentes. Calles vacías. Escuelas cerradas. País enfermo. México asolado por la influenza, buscando cómo curarla; México varado por un virus letal, intentando contener sus peores efectos. Pero mientras la mayor parte de los mexicanos centra su atención en los estragos producidos por una granja porcina en Veracruz, poco entienden la otra gran enfermedad. La epidemia que recorre el Congreso y afecta a sus miembros. La infección viral que debilita a los diputados, somete a los Senadores, y convierte a las clase política en un grupo de hombres y mujeres sin columna vertebral. Seres febriles con síntomas compartidos. Seres inermes que protegen privilegios empresariales en vez de promover derechos ciudadanos. Demostrando cuan contagiados están cuando aprueban con 259 votos a favor, cero en contra, y cero abstenciones, una iniciativa que permitiría las "acciones colectivas" que, en teoría, otorgarían poder a consumidores indefensos ante abusos de compañías públicas y privadas. Pero en México, el virus que produjo la llamada "Ley Televisa" sigue vivo y la reforma mal diseñada es un signo más del mal que no hemos podido erradicar. Una epidemia enraizada en la incapacidad del Congreso para entender su papel como promotor del interés público. Otra vez, como ocurrió en el 2006 frente a las televisoras, los diputados cedieron. Otra vez, como en aquella coyuntura la élite empresarial logró su objetivo: evitar que los ciudadanos defiendan sus derechos, promuevan sus intereses, participen como sujetos plenos y no como objetos tutelados. Porque hay muchos otros países, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, Costa Rica, España, toda Europa, Canadá y Estados Unidos, que reconocen el derecho de sus ciudadanos a defenderse colectivamente. A organizarse a través del llamado "class action" como el que encabezó la famosa Erin Brockovich contra una empresa contaminante. A demandar a una compañía que ofrece malos servicios o impone cobros indebidos o daña el medio ambiente o produce daños a la salud. Pero en México, la clase política le sigue negando ese derecho ciudadano a sus habitantes y acaba de demostrarlo. En México, ser consumidor es ser indefenso. Invisible. Impotente. Ciudadano al que se le exige participar pero se le niegan los caminos para hacerlo. Es vivir con la frustración cotidiana que entraña recibir un cobro de luz exorbitante, un recibo telefónico estratosférico, un estado de cuenta bancario inintelegible. Es vivir con el enojo compartido ante las gasolineras tramposas, los medidores amañados, las compañías que optan por abusar de consumidores en lugar de generar su lealtad mediante buenos servicios y productos. Es vivir sabiendo que no hay instrumentos con los cuales pelear contra todo eso, porque el gobierno no lo permite, los empresarios no lo toleran, la Profeco no cumple con su función y la Condusef tampoco. En la iniciativa recién aprobada, sólo el Gobierno podrá iniciar las acciones colectivas en contra de sí mismo o de empresas cuyo comportamiento considera cuestionable. Y eso equivale a encargarle el gallinero a los zorros. Equivale a colocar la defensa de derechos ciudadanos en manos de quienes quieren cercenarlos. La conducta de los congresistas no es novedosa pero sí sorprendente; uno pensaría que la experiencia enfermiza de la "Ley Televisa" habría generado anticuerpos. Habría vacunado a los partidos en contra de procesos que los convierten en correa de transmisión de microbios que paralizan a México. Pero parecería que no es así y la razón se encuentra en el foco del contagio. En el lugar de donde surge esa infección mutante que afecta a demasiadas iniciativas legislativas: la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial. Las empresas que enviaron cabilderos para diseminar el virus ante el cual tantos sucumbieron. Un sector corporativo de miras cortas y vetos pesados. Una clase empresarial incapaz de comprender que al limitar las "acciones colectivas" condena a México a la mediocridad económica, al proteger a compañías con pocos incentivos para innovar y muchas oportunidades para expoliar. Una clase empresarial incapaz de entender que al colocar tapabocas a la participación ciudadana promueve todo aquello que tanto asustó a las élites en la elección del 2006. La polarización. La insatisfacción. El resentimiento. Sin duda México está enfermo. Pero su padecimiento va más allá de la influenza actual. Tiene que ver con con el control de arriba hacia abajo, con la exclusión de muchos por pocos, con los privilegios económicos que leyes, como la recién aprobada, buscan perpetuar. Y la única vacuna posible es aquella que asegure derechos plenos a una ciudadanía que todavía no los tiene. El único antiviral contra la impunidad es la acción ciudadana. El único diagnóstico útil es aquel que, como escribió Sigmund Freud, "nos obliga a mirarnos el alma, conocernos, entender por qué la enfermedad estaba destinada a surgir, y quizás entonces curarla".
Ciudadanos acuartelados. Tapabocas omnipresentes. Calles vacías. Escuelas cerradas. País enfermo. México asolado por la influenza, buscando cómo curarla; México varado por un virus letal, intentando contener sus peores efectos. Pero mientras la mayor parte de los mexicanos centra su atención en los estragos producidos por una granja porcina en Veracruz, poco entienden la otra gran enfermedad. La epidemia que recorre el Congreso y afecta a sus miembros. La infección viral que debilita a los diputados, somete a los Senadores, y convierte a las clase política en un grupo de hombres y mujeres sin columna vertebral. Seres febriles con síntomas compartidos. Seres inermes que protegen privilegios empresariales en vez de promover derechos ciudadanos. Demostrando cuan contagiados están cuando aprueban con 259 votos a favor, cero en contra, y cero abstenciones, una iniciativa que permitiría las "acciones colectivas" que, en teoría, otorgarían poder a consumidores indefensos ante abusos de compañías públicas y privadas. Pero en México, el virus que produjo la llamada "Ley Televisa" sigue vivo y la reforma mal diseñada es un signo más del mal que no hemos podido erradicar. Una epidemia enraizada en la incapacidad del Congreso para entender su papel como promotor del interés público. Otra vez, como ocurrió en el 2006 frente a las televisoras, los diputados cedieron. Otra vez, como en aquella coyuntura la élite empresarial logró su objetivo: evitar que los ciudadanos defiendan sus derechos, promuevan sus intereses, participen como sujetos plenos y no como objetos tutelados. Porque hay muchos otros países, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, Costa Rica, España, toda Europa, Canadá y Estados Unidos, que reconocen el derecho de sus ciudadanos a defenderse colectivamente. A organizarse a través del llamado "class action" como el que encabezó la famosa Erin Brockovich contra una empresa contaminante. A demandar a una compañía que ofrece malos servicios o impone cobros indebidos o daña el medio ambiente o produce daños a la salud. Pero en México, la clase política le sigue negando ese derecho ciudadano a sus habitantes y acaba de demostrarlo. En México, ser consumidor es ser indefenso. Invisible. Impotente. Ciudadano al que se le exige participar pero se le niegan los caminos para hacerlo. Es vivir con la frustración cotidiana que entraña recibir un cobro de luz exorbitante, un recibo telefónico estratosférico, un estado de cuenta bancario inintelegible. Es vivir con el enojo compartido ante las gasolineras tramposas, los medidores amañados, las compañías que optan por abusar de consumidores en lugar de generar su lealtad mediante buenos servicios y productos. Es vivir sabiendo que no hay instrumentos con los cuales pelear contra todo eso, porque el gobierno no lo permite, los empresarios no lo toleran, la Profeco no cumple con su función y la Condusef tampoco. En la iniciativa recién aprobada, sólo el Gobierno podrá iniciar las acciones colectivas en contra de sí mismo o de empresas cuyo comportamiento considera cuestionable. Y eso equivale a encargarle el gallinero a los zorros. Equivale a colocar la defensa de derechos ciudadanos en manos de quienes quieren cercenarlos. La conducta de los congresistas no es novedosa pero sí sorprendente; uno pensaría que la experiencia enfermiza de la "Ley Televisa" habría generado anticuerpos. Habría vacunado a los partidos en contra de procesos que los convierten en correa de transmisión de microbios que paralizan a México. Pero parecería que no es así y la razón se encuentra en el foco del contagio. En el lugar de donde surge esa infección mutante que afecta a demasiadas iniciativas legislativas: la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial. Las empresas que enviaron cabilderos para diseminar el virus ante el cual tantos sucumbieron. Un sector corporativo de miras cortas y vetos pesados. Una clase empresarial incapaz de comprender que al limitar las "acciones colectivas" condena a México a la mediocridad económica, al proteger a compañías con pocos incentivos para innovar y muchas oportunidades para expoliar. Una clase empresarial incapaz de entender que al colocar tapabocas a la participación ciudadana promueve todo aquello que tanto asustó a las élites en la elección del 2006. La polarización. La insatisfacción. El resentimiento. Sin duda México está enfermo. Pero su padecimiento va más allá de la influenza actual. Tiene que ver con con el control de arriba hacia abajo, con la exclusión de muchos por pocos, con los privilegios económicos que leyes, como la recién aprobada, buscan perpetuar. Y la única vacuna posible es aquella que asegure derechos plenos a una ciudadanía que todavía no los tiene. El único antiviral contra la impunidad es la acción ciudadana. El único diagnóstico útil es aquel que, como escribió Sigmund Freud, "nos obliga a mirarnos el alma, conocernos, entender por qué la enfermedad estaba destinada a surgir, y quizás entonces curarla".
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