REFORMA ELECTORAL Y CAMPAÑAS NEGATIVAS EN INTERNET

LEONARDO VALDÉS ZURITA

Nadie puede dudar hoy que internet es una consecuencia tecnológica del intercambio económico mundial, un incentivo para extender el conocimiento y una respuesta puntual al interés que despierta conformar nuevas comunidades virtuales. A través de la red las personas se expresan libremente, ejercen su derecho a la información y, por supuesto, participan directamente en los asuntos públicos.A raíz del potencial de internet y de las llamadas redes sociales, los partidos políticos en el mundo han decidido, dentro de sus campañas electorales, utilizar este medio de comunicación alternativo para promover candidaturas, difundir propuestas, confrontar al adversario y, en algunos casos, incluso recaudar fondos.Recientemente se han difundido por internet diversos videos que lastiman la imagen y reputación de algunos gobiernos, partidos políticos e, incluso, de quien escribe estas líneas. De esta manera, las campañas negativas que aparecieron en radio y televisión durante 2006, y cuyos efectos propiciaron reformas a la legislación electoral para prohibir expresiones que denigren a instituciones, partidos políticos y calumnien personas, han vuelto a aparecer en las campañas electorales con el fin de influir en las preferencias de los ciudadanos.A partir de la queja que interpuso el gobierno del estado de Veracruz por un video que apareció en YouTube, y que presuntamente denostaba al gobernador del estado, el Consejo General del IFE definió su ámbito de competencia frente a los contenidos de este tipo de mensajes. Además de las medidas cautelares emitidas por la Comisión de Quejas y Denuncias para evitar daños irreparables a la parte afectada, el Consejo desarrolló un procedimiento especial sancionador para investigar y aplicar las sanciones correspondientes.Pese a que la queja fue declarada infundada al no acreditarse la intervención de algún partido político en la emisión del video, las disposiciones constitucionales y legales vigentes obligan al IFE a investigar y sancionar toda expresión que denueste al adversario y vulnere el principio de equidad dentro de la competencia electoral. Al margen de la responsabilidad que tiene el instituto con los términos y espíritu de la reciente reforma electoral, resulta conveniente reflexionar sobre las posibilidades que tiene internet para el fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática.Al no ser un supuesto prohibido por la ley, el acceso a internet constituye una oportunidad para expandir la participación ciudadana en la democracia, propiciar un espacio que promueva el intercambio respetuoso de ideas, salvaguardar la libertad de expresión, y diversificar los vínculos con la sociedad.Por esta razón, no es conveniente que el debate que llevan a cabo los partidos para obtener el voto de los electores y representar su mandato en la Cámara de Diputados, sea reducido a contenidos, que bajo el anonimato, confundan, generen poca certeza y contribuyan a aumentar el desinterés ciudadano por la política. La ciudadanía no puede esperar más. Requiere propuestas a la altura de los problemas que afronta, y los desafíos que imponen mejores condiciones de gobernabilidad y desarrollo humano.A pesar que el IFE no tiene facultades para regular el acceso ni limitar la libertad de expresión en internet, sí tiene atribuciones para salvaguardar la equidad en las elecciones, promover la civilidad democrática, procurar el respeto al adversario, y generar aquellas condiciones que otorguen certeza y seguridad a quienes participan en los procesos electorales.Es momento de asumir las reglas del juego político que nos hemos otorgado y trabajar a favor de la consolidación de un auténtico Estado democrático de derecho.El autor es consejero presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral.