JAVIER CORAL JURADO¿Cuáles son las posibilidades de un cambio de régimen político, que a partir de una reforma del Estado redistribuya funciones, facultades y recursos entre los poderes de la Unión, y entre los niveles de gobierno, asegurando la democracia como sistema de vida? ¿Qué lo haría factible? ¿Qué programa básico se tendría que impulsar para lograr el consenso?
Estas son preguntas que una y otra vez nos hacemos cuando vemos que se mantienen intocadas varias estructuras corporativas, clientelares y autoritarias del viejo régimen, que subsisten muchos vicios y prácticas contrarias al estado de derecho. Y para atajar el desaliento que producen esas zonas de excepción jurídica y democrática, en esta cada campaña se han relanzado propuestas que ofrecen aterrizar esta larguísima transición a la democracia plena. Están plasmadas en las plataformas de los partidos, y es una lástima que no giren las campañas en torno de esos compromisos, sino de la política espotera que la tiranía de la tv ha logrado imponer sobre los procesos electorales.
Si nos atenemos a los documentos registrados ante el IFE, son muchas las posibilidades de que ese cambio de régimen se produzca en los próximos tres años en el Congreso y vengan reformas de fondo, como se desprende del ejercicio comparativo entre casi 100 propuestas legislativas con que las tres principales fuerzas políticas plantean la necesidad nuevos equilibrios entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Sin embargo, aunque se expresen propósitos y proyectos comunes, esas coincidencias no se traducen en acuerdos y menos en mayorías. Son muchas las causas de ese atorón, desde la colusión de intereses de los legisladores con los grupos económicos, sindicales y mediáticos, hasta las limitaciones en el perfil de los representantes populares. Pero algo que prohija ese reduccionismo de la tarea legislativa son las actuales bases del Legislativo, y la lógica también corporativa y clientelar cómo se determinan las responsabilidades.
Por ello, siempre he considerado que para dar viabilidad a reformas hondas, es primero la reforma del propio Congreso. Su funcionamiento está determinado por reglas desfasadas, dispersas y contradictorias entre su base constitucional, la legal y su orden reglamentario. Centralizado en un puñado de legisladores, con amplias áreas de opacidad, sin otorgarle real peso a las comisiones ni un régimen serio de responsabilidades a los legisladores, que sancione la negligencia, la corrupción y el tráfico de influencias.
Es difícil que un poder se autolimite. Pero por fortuna, los tres principales partidos plantean un objetivo en esa dirección. En varias asignaturas pendientes de nuestra transición son interesantes las coincidencias en temas de la reforma del Estado, y dentro de ésta, del Poder Legislativo.
El PAN es el que abunda más en la reestructuración del Congreso: reducir el número de sus integrantes a 400 diputados y 96 senadores, dejando sólo la figura de la primera minoría por cada estado; posibilitar la reelección consecutiva de legisladores; e introducir la reformas para que el Ejecutivo pueda presentar dos iniciativas preferentes. El PRI ofrece “fortalecer el Legislativo mediante la revisión de sus competencias y atribuciones para que realice sus tareas y participe más activamente en el diseño y vigilancia de las políticas públicas”. El PRD propone “una nueva Ley Orgánica que permita y favorezca las coaliciones legislativas; aumente las facultades de las comisiones; establezca mecanismos para que las iniciativas no se congelen; estreche la vinculación de éstas con el gobierno”.
Y más nos vale confiar en que lo ofertado por los partidos tiene asidero en una voluntad genuina de cumplir, pues un supuesto contrario significaría otra estafa monumental a la sociedad.
Sin embargo, propongo que esa confianza tenga un seguimiento ciudadano que vigile, exija y dé cuenta de los ofrecimientos legislativos y luego de la conducta desplegada en por los miembros del Congreso. Un observatorio ciudadano del Poder Legislativo que recuerde para qué se pidió el voto. Y en esta acción cívica organizada empezaría sin duda otra dinámica reformadora en México.
Estas son preguntas que una y otra vez nos hacemos cuando vemos que se mantienen intocadas varias estructuras corporativas, clientelares y autoritarias del viejo régimen, que subsisten muchos vicios y prácticas contrarias al estado de derecho. Y para atajar el desaliento que producen esas zonas de excepción jurídica y democrática, en esta cada campaña se han relanzado propuestas que ofrecen aterrizar esta larguísima transición a la democracia plena. Están plasmadas en las plataformas de los partidos, y es una lástima que no giren las campañas en torno de esos compromisos, sino de la política espotera que la tiranía de la tv ha logrado imponer sobre los procesos electorales.
Si nos atenemos a los documentos registrados ante el IFE, son muchas las posibilidades de que ese cambio de régimen se produzca en los próximos tres años en el Congreso y vengan reformas de fondo, como se desprende del ejercicio comparativo entre casi 100 propuestas legislativas con que las tres principales fuerzas políticas plantean la necesidad nuevos equilibrios entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Sin embargo, aunque se expresen propósitos y proyectos comunes, esas coincidencias no se traducen en acuerdos y menos en mayorías. Son muchas las causas de ese atorón, desde la colusión de intereses de los legisladores con los grupos económicos, sindicales y mediáticos, hasta las limitaciones en el perfil de los representantes populares. Pero algo que prohija ese reduccionismo de la tarea legislativa son las actuales bases del Legislativo, y la lógica también corporativa y clientelar cómo se determinan las responsabilidades.
Por ello, siempre he considerado que para dar viabilidad a reformas hondas, es primero la reforma del propio Congreso. Su funcionamiento está determinado por reglas desfasadas, dispersas y contradictorias entre su base constitucional, la legal y su orden reglamentario. Centralizado en un puñado de legisladores, con amplias áreas de opacidad, sin otorgarle real peso a las comisiones ni un régimen serio de responsabilidades a los legisladores, que sancione la negligencia, la corrupción y el tráfico de influencias.
Es difícil que un poder se autolimite. Pero por fortuna, los tres principales partidos plantean un objetivo en esa dirección. En varias asignaturas pendientes de nuestra transición son interesantes las coincidencias en temas de la reforma del Estado, y dentro de ésta, del Poder Legislativo.
El PAN es el que abunda más en la reestructuración del Congreso: reducir el número de sus integrantes a 400 diputados y 96 senadores, dejando sólo la figura de la primera minoría por cada estado; posibilitar la reelección consecutiva de legisladores; e introducir la reformas para que el Ejecutivo pueda presentar dos iniciativas preferentes. El PRI ofrece “fortalecer el Legislativo mediante la revisión de sus competencias y atribuciones para que realice sus tareas y participe más activamente en el diseño y vigilancia de las políticas públicas”. El PRD propone “una nueva Ley Orgánica que permita y favorezca las coaliciones legislativas; aumente las facultades de las comisiones; establezca mecanismos para que las iniciativas no se congelen; estreche la vinculación de éstas con el gobierno”.
Y más nos vale confiar en que lo ofertado por los partidos tiene asidero en una voluntad genuina de cumplir, pues un supuesto contrario significaría otra estafa monumental a la sociedad.
Sin embargo, propongo que esa confianza tenga un seguimiento ciudadano que vigile, exija y dé cuenta de los ofrecimientos legislativos y luego de la conducta desplegada en por los miembros del Congreso. Un observatorio ciudadano del Poder Legislativo que recuerde para qué se pidió el voto. Y en esta acción cívica organizada empezaría sin duda otra dinámica reformadora en México.
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