martes, 28 de julio de 2009

EN LA VICTORIA Y EN LA DERROTA

MARIA AMPARO CASAR
No debería sorprender que la democracia en México sea incapaz de procesar institucionalmente las diferencias propias de la pluralidad si los partidos no pueden hacerlo en su vida interna. Tampoco la falta de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas si no los hay entre miembros del mismo partido.Hemos pasado más de un año padeciendo y reflexionando sobre las barbaridades que ocurren al interior del PRD. El PAN se le quiere parecer: zancadillas entre precandidatos, judicialización de los pleitos, fuego amigo, boicot de los procesos internos...No se trata de tener una visión idílica de los partidos. Es obvio que como en cualquier otra organización hay una lucha por el poder. Se entiende que diferentes grupos quieran apoderarse de una organización política que con todo y crisis recogió 28% de la votación, tendrá 143 diputados, 51 senadores, 7 gubernaturas y la Presidencia. Una organización que recibe un presupuesto de cerca de 800 millones de pesos, goza de espacio en los medios y tiene a su disposición miles de puestos que repartir. Se trata del real politik. Por eso mismo extraña que manejen de manera tan torpe sus conflictos internos.Adjudicar los problemas del PAN a la derrota electoral es ignorar la historia reciente. Los pleitos internos han sido la norma desde que el PAN se hizo del gobierno federal. Lo fueron con Fox durante todo el sexenio. Lo han sido con Calderón: en la victoria (2006) y en la derrota (2009). El PAN está en crisis porque hay una lucha por el poder que los panistas no han podido procesar. Porque a nueve años de ocupar la Presidencia no pueden resolver la relación partido/gobierno.Cuando Fox, los panistas decían que las cosas se dificultaban porque el Presidente no era uno de ellos, porque había llegado al poder con una estructura paralela y porque no había llenado de azules al gobierno. Decían que daba prioridad al PRI en la negociación, que no los consultaba, que se enteraban por los medios de las medidas tomadas por su Presidente, que no respetaba los principios de Acción Nacional. Decían que quería que el partido fuera un apéndice sin vida propia y sumiso ante la voluntad presidencial.Cuando el presidente Calderón llegó a la Presidencia, las críticas fueron similares. Es cierto que él es panista de cepa pero sus propios correligionarios lo han acusado de conductas semejantes a las que practicó Fox: insuficiencia de militantes en el gabinete, no repartir todas las delegaciones federales entre los panistas, negociar con el PRI, aliarse con Elba Esther Gordillo y querer mandar sobre el partido.No hay mejor muestra de la absoluta confusión en la que sigue viviendo el partido en el gobierno que uno de los titulares del periódico Reforma: Exigen a Calderón manos fuera del PAN (21 de julio).No piden que el presidente Calderón se abstenga de utilizar prácticas ilegales para inclinar el sentido de la elección. No. Simplemente le piden que no intervenga, que no tenga preferencias, ni cabildee a favor de su candidato, ni busque ganar posiciones en el partido. Como si el Presidente no tuviera ese derecho, como si no fuera fundamental para él tener un aliado en la dirigencia, como si debiera ser indiferente ante quien dirija el partido.Esto no exime de responsabilidad al presidente Calderón en la generación y reproducción de la crisis de su partido. Es válido que quiera tener un partido alineado que le sirva de soporte. Pero por eso mismo entre sus obligaciones está la de velar por mantener su unidad. Un partido dividido no le será útil, le causará problemas que lo alejen de su principal tarea que es la de gobernar y demostrará sus deficiencias como líder.Es igualmente válido que otros grupos se opongan a quien es ostensiblemente el candidato del Presidente. Oponerse no es declararle la guerra a él o a su programa de gobierno. Lo que es cuestionable son los métodos utilizados. Reventar el quórum o promover la anulación para evitar la elección de un nuevo dirigente no es lo más sensato. Podrán lograr su propósito pero lo harán a costa del partido con el que se pretenden quedar. Lo harán a costa de debilitar a su gobierno y de fortalecer a sus adversarios.Queda claro pues que, por segunda vez consecutiva, los panistas no han podido cumplir con su anhelo de ganar el gobierno sin perder el partido.

EL HORNO DEL PAN

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Los partidos políticos son "entidades de interés público", por ello sus actos trascienden el estrecho ámbito de sus afiliados, son motivo de interés para la opinión pública, el análisis y la crítica. Sin embargo, está claro que en sus decisiones internas están sujetos a sus propias normas y a la decisión de sus órganos de dirección.El PAN atraviesa, no de ahora, por una situación crítica, que no pocos califican de crisis. La proclividad a encontrar tal condición en todos los ámbitos imaginables de la vida pública, o a descubrir parteaguas en cada situación coyuntural, produce una inevitable distancia ante el catastrofismo implícito en tales visiones. Desde que tengo memoria, los partidos están en crisis, y he leído de tantos parteaguas que, como escribí antes, ya me compré un paraguas.Una y otra vez las anunciadas fracturas partidistas quedan en agua de borrajas; porque los agoreros olvidan que a partir de 1977, y sobre todo después de la reforma de 1996, la ley y el financiamiento público operan como cemento para la unidad de los partidos. La última división, con resultados relativamente exitosos para los disidentes, fue la protagonizada por Cuauhtémoc Cárdenas en 1987. Y ahora vemos a dónde llegó esa historia. Después de la fundación del PRD, en 1989, ningún grupo disidente ha tenido éxito en fundar un partido perdurable; lo que hemos visto, una y otra vez, es el cambio de camiseta y la confesión de los conversos que lavan sus pecados originales en el Jordán del partido que les da asilo y cargo.Las derrotas electorales producen en los partidos movimiento telúricos, de mayor o menor intensidad; pero se trata de reacomodos que, siendo inevitables, son cíclicos. Uno gana, otros pierden. De eso se trata la normalidad democrática. Porque en democracia nadie gana todo, ni para siempre. El ganador de hoy puede ser el derrotado de mañana. En 2003, el PRI, dirigido por Roberto Madrazo, fue el ganador, y tres años más tarde se hundió hasta un lejano e inédito tercer sitio.El PAN ha perdido su condición de primera minoría en la Cámara de Diputados, pero está lejos de una catástrofe en ese ámbito. Las comparaciones dependen del punto de referencia, si es 2006, los resultados del PRI son espectaculares, si es 2003, hay que moderar el triunfalismo. En San Lázaro nadie tendrá mayoría absoluta, y en el Senado el PAN mantiene la llave de la cerradura. En cambio, si el análisis es de resultados en elecciones locales, la derrota del PAN es casi catastrófica. El nuevo mapa del reparto del poder, en esos ámbitos, así lo prueba.La precipitada renuncia de Germán Martínez fue la cereza en la derrota. Metió a su partido en una dinámica de confrontación. Las tensiones acumuladas a lo largo de nueve años han salido a flote sin que nadie sepa cómo encauzarlas. Los genes opositores del panismo dominan sus conductas, como se comprobó en el tono y tonada de su propaganda durante 2009. Desde 2000, en Los Pinos, se acudió al expediente probado, pero mal copiado, del PRI: el presidente de la República como jefe nato del partido. Así decidió Fox por Espino, y Calderón por Martínez.Que César Nava, candidato a la jefatura panista, lo es por decisión de Calderón, es una verdad del tamaño del Ajusco, como del mismo tamaño es saber que el Presidente no puede admitir que a ese cargo arribe uno de sus adversarios. Eso se entiende, pero no la pertinaz cerrazón para ver más allá de su estrecho círculo. Tuvo opciones para sustituir al pupilo renunciante, unir a su partido y ver los tres años por delante con otros lentes, pero se negó a considerarlas, profundizando el descontento de quienes exigen primero el balance y luego el relevo.De los opositores sólo cabe apuntar que sus diferencias lastraron sus posibilidades. Como a los anulistas, los une el no, pero los inhabilita el sí. En el grupo más visible y activo hay demasiadas historias de complicidades e ineptitudes. Ricardo García Cervantes y Javier Corral son harina de otro costal, con la que puede hornearse otro pan.

62 MILLONES 844 MIL PESOS

JAVIER CORRAL JURADO

De las acciones de desafío y provocación con las cuales las televisoras enfrentan al Estado y violentan la legislación electoral, no hay mucha diferencia entre ellas, como no la hay en su programación, tan dominada por la frivolidad de contenidos como por el mercadeo de sus noticiarios.
La estrategia ha sido su ambición desmedida, su aspiración de impunidad. El método, hacerlas ostensibles, burdas, concertadas, para demostrar la fuerza de su poder y la debilidad de los órganos regulatorios. Estrategia y método han tenido éxito porque han contado —salvo contadas excepciones— con la complicidad del Tribunal Electoral federal, a estas alturas con muchas contradicciones en los criterios de sus sentencias.
Los casos más graves de violaciones a la legislación electoral hasta ahora han recibido el perdón de los magistrados. Así, la tv ha agregado a su presencia poderosa la cualidad de poder impune, intocable, que en medio de un México quebrado y un ambiente político corrompido lo alza en la cotización de las redes de complicidad.
En esta carrera de transgresiones e incumplimientos a la norma legal, finalmente TV Azteca parece llevarse el campeonato. De no volverse a posponer, este martes 28 de julio la televisora puede ser multada con una sanción económica ejemplar para inhibir el incumplimiento de la ley.
Bajo el denominado procedimiento especial sancionador, cuyo desahogo está a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del IFE, y ésta en la inteligencia de Edmundo Jacobo Molina, se ha propuesto una multa por la cantidad de 62 millones 844 mil pesos.
Bajo el monitoreo que llevó a cabo la autoridad electoral durante el desarrollo de la campaña federal, se logró documentar que la televisora dejó de transmitir 5 mil 734 promocionales de la autoridad y de los partidos contenidos en la pauta de transmisión de los tiempos del Estado durante mayo y junio, en los canales 7 y 13, que se retransmiten en los sistemas restringidos de televisión: Cablevisión y Sky.
La falta tiene, en el macizo proyecto que será discutido hoy, la consideración de una gravedad especial, pues tal omisión representa más de la mitad de los promocionales que por ley estaba obligada a transmitir. El artículo 75 del Cofipe establece: “En las señales de televisión restringida se deben incluir la totalidad de los promocionales en materia electoral, sin alteración alguna”.
Sin embargo, en el mejor estilo de la casa, la televisora bloqueó esos segmentos de la programación en las señales que envía a los sistemas restringidos y colocó en ellos publicidad comercial. No sólo dejó de transmitir los anuncios electorales, sino que lucró con tiempos del Estado, sacando un provecho adicional a su infracción.
No desconocía la empresa la obligación legal. Premeditadamente, de modo sistemático y reiterado, decidió embestir la legislación. No obstante que ya había sido sancionada en forma unánime por el IFE por la misma conducta, en sesiones del 24 y 29 de marzo y 20 de abril, imponiéndole en cada una de ellas 2 millones de pesos, ignoró la relevancia del asunto, quizá no sólo porque el usufructo de los tiempos del Estado para publicidad comercial le sería más rentable, sino porque supuso la protección del TEPJF.
Pero por más tiempo que pudo prolongar el tribunal su resolución, a finales de junio confirmó las sanciones impuestas por el IFE. Y bajo los mismos criterios la multa que se someterá al Consejo General será la más alta que se haya impuesto en el presente proceso electoral.
Para el volumen de los flujos financieros que maneja esa empresa, puede ser que le represente lo que un pelo a un gato. Pero en el contexto del momento de colusión de intereses que se vive entre medios de comunicación, partidos y autoridades, el antecedente servirá para documentar el expediente legal de la ya prolongada acción delictiva de esa televisora, que por supuesto debe contar a la hora en que el Ejecutivo federal vuelva a licitar esas frecuencias, como lo ordenó la Corte, al vencimiento del término de la concesión.

LA INTROMISIÓN DE CALDERÓN AGUDIZA LA CRISIS PANISTA

JESÚS CANTÚ

El Presidente Felipe Calderón se empeña en hacer ostensible su hegemonía en la vida interna del Partido Acción Nacional, pero sin reconocer sus errores y mucho menos pagar los costos por ellos
El Presidente Felipe Calderón se empeña en hacer ostensible su hegemonía en la vida interna del Partido Acción Nacional, pero sin reconocer sus errores y mucho menos pagar los costos por ellos, pues éstos los pretende endosar a los dirigentes formales, a pesar de que simplemente fueron los operadores de las estrategias que se decidieron en Los Pinos. Hasta hoy, Calderón maneja al PAN como en su momento los presidentes priistas manejaron al PRI, es decir, nombra y remueve a sus dirigentes; designa a los candidatos a los principales puestos de elección popular; da el visto bueno, palomea o ejerce derecho de veto, sobre el resto de los candidatos a puestos de elección popular; y, desde luego, designa a los coordinadores de los grupos parlamentarios en las dos cámaras. Todos se someten a los designios presidenciales. Desde el inicio de su mandato, Calderón descaradamente tomó las riendas del partido que lo llevó al poder: primero, participó a través de sus personeros en la designación del candidato a la gubernatura de Yucatán, Xavier Abreu; después, sus personeros intervinieron en la campaña, que fue precisamente lo que agudizó los enfrentamientos con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Manuel Espino, que responsabilizó de la derrota en dicha entidad a la intromisión del equipo presidencial. Las diferencias entre Calderón y Espino obligaron a anticipar el fin de su mandato y la designación de Germán Martínez en la presidencia del CEN blanquiazul, simplemente confirmó las denuncias de su antecesor, sobre la intromisión gubernamental en la vida interna del panismo. La intromisión presidencial ha sido particularmente costosa en la designación de los candidatos a los puestos de elección popular, pues en un partido acostumbrado a decidir libremente sus candidaturas, la presencia del dedazo vulneró su misma esencia. Los casos más ilustrativos de esto son Yucatán, San Luis Potosí y Nuevo León; en las tres entidades la designación cupular, más allá de la denominación del procedimiento estatutario para realizarla, provocó fracturas internas y desánimo en el electorado que incidieron directamente en el resultado de las elecciones constitucionales. En los dos primeros casos se recurrió a una elección interna, sin embargo, los derrotados denunciaron, durante las denominadas precampañas, la existencia de vicios que predeterminaban al triunfador; en Yucatán, incluso provocó que Ana Rosa Payán renunciara a más de 25 años de militancia en el blanquiazul y presentara su candidatura por la coalición Todos Somos Yucatán, conformada por Convergencia y el Partido del Trabajo. Mientras tanto, en el caso de Nuevo León, se optó por la designación directa, procedimiento incorporado en la última reforma a los estatutos panistas, lo cual evitó el desgaste de la contienda interna, pero nunca lograron restañar las heridas que esto generó y los panistas pagaron las consecuencias en la elección constitucional. La intromisión presidencial no se limita a la designación de candidatos, también desde Los Pinos se definió que la campaña electoral se centraría en el combate a la inseguridad y convertirían la elección intermedia en un plebiscito a la gestión calderonista; Germán Martínez fue simplemente el operador de esa estrategia. Las elecciones se celebraron en medio del peor escenario imaginable: una severa recesión económica y una gravísima crisis de seguridad pública y, por lo mismo, las encuestas de preferencia electoral ya anticipaban un descenso en el número de curules en la Cámara de Diputados, pero lo inesperado fue el resultado en las elecciones locales, pues ni las peores previsiones contemplaban las derrotas en las gubernaturas de Querétaro y San Luis Potosí ni la pérdida del corredor azul en el Estado de México o las alcaldías de Guadalajara, Zapopan y León, entre otros bastiones blanquiazules. En la edición de ayer lunes 27 de junio, el periódico regiomontano El Norte, publica una entrevista con Juan Ignacio Zavala, hermano de la esposa de Calderón y responsable de la estrategia electoral del PAN en el pasado proceso electoral, quién desde luego defiende el posicionamiento y los mensajes y asegura que eso fue precisamente lo que los salvó de tener una caída peor. Zavala, de acuerdo a la versión de El Norte, señaló: "El partido necesita una reflexión, porque donde tuvimos resultados que se convirtieron en una debacle fue en lo local, con unas derrotas que ni el PRI se esperaba". Y precisa que "el PAN está teniendo un problema de identidad con los ciudadanos. Ése sí no lo teníamos en el 2003. El partido sí tiene un serio reto de reflexión sobre qué hacer, porque algo está pasando en los lugares donde ganábamos siempre". Zavala también convoca a asumir "los resultados, las consecuencias, Germán lo ha hecho." Y efectivamente Calderón convocó, el mismo lunes 6 de julio, a Germán Martínez a Los Pinos y lo hizo pagar los costos de la debacle electoral, por lo cual, inmediatamente después de dicha reunión presentó su renuncia a la presidencia del CEN panista; Germán asumió su responsabilidad, pero no el presidente. Calderón simplemente pretende cambiar de escudero, pero no de estrategia; él no asume su responsabilidad, no acepta pagar los costos y menos todavía ensanchar los espacios de autonomía de la dirección panista. Y para que no hubiera lugar a dudas César Nava, otro de sus hijos políticos, fue el primero en inscribirse para suceder a Martínez, para así cortar de tajo las intenciones de cualquier otro interesado. El mensaje fue claro y el resto de los aspirantes optó por retirarse para no legitimar una imposición y focalizaron sus esfuerzos en tratar de frenar la llegada de Nava, por la vía de convencer al menos a 124, de los 370 integrantes del Consejo Nacional blanquiazul, para que rechacen dicha candidatura y así obliguen a una nueva convocatoria. Los opositores, encabezados por Santiago Creel, Ricardo García Cervantes, Humberto Aguilar, Javier Corral, Manuel Espino y Gerardo Priego, saben que no tienen la fuerza suficiente para ganarle al candidato presidencial, por ello optaron simplemente por no dejarlo llegar. Ellos saben que ninguno podría reunir las dos terceras partes de los votos de los consejeros nacionales, tal como establece el artículo 49 del estatuto panista, y por lo mismo simplemente tratan de evitar que el candidato presidencial los obtenga, para tratar de forzar una segunda vuelta en condiciones distintas. Calderón debe entender que él es parte del problema, ni los panistas ni su electorado aceptan las imposiciones al mejor estilo priista y eso lo dejaron claro en las urnas el pasado 5 de julio. Si el próximo 8 de agosto Nava no logra reunir las dos terceras partes de los votos de los consejeros, Calderón sufrirá otra lamentable derrota que todavía lo debilitará más, pues será al interior de su propio partido; pero si, al contrario, impone a su candidato será simplemente una victoria pírrica que lo conducirá a nuevos fracasos electorales en las elecciones de 2010. Calderón debe ejercer su liderazgo al interior del PAN, pero no imponer su hegemonía.

SIGNIFICADO Y EVOLUCIÓN DE LA SOBERANÍA

CARLOS ARELLANO GARCÍA

La soberanía constituye un elemento de esencia de un Estado que se estime bien integrado. Sin embargo, es preciso determinar en qué consiste la soberanía pues, muchas definiciones de ella no han sido afortunadas y producen desviaciones que llevan a dudas y debates. También se requiere recordar su evolución histórica.En la misma etimología de la palabra "soberanía", se han producido opiniones discrepantes. Según el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, la palabra "soberanía" es un sustantivo femenino que deriva del vocablo "soberano", y que en una de sus acepciones significa "la autoridad suprema del poder público" y en acepción diversa se refiere a la calidad de soberano. Conforme al mismo Diccionario de la Lengua Española, la palabra "soberano" deriva del latín "superanus" y se refiere a quien ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. También el mencionado Diccionario hace alusión a la frase "soberanía nacional" y con claridad establece que, según algunas teorías del Derecho político, corresponde al pueblo, del que se supone emanan todos los poderes del Estado, aunque se ejerzan por representación.Desde el punto de vista terminológico, establecía Juan Bodino que se trataba, respecto de la soberanía, de la "summa potestas", frase que equivale al supremo poder, como máxima manifestación de mando. El destacado jurista mexicano Ignacio Burgoa Orihuela consideraba que el vocablo "soberanía" estaba íntimamente vinculado a las expresiones latinas: "super" y "omnia", que significan: "estar sobre todos".Una tendencia más hacía lo etimológico se dio en algunos que consideraban que la palabra soberanía provenía de un origen francés, de la palabra "suzerain", que significa: señor feudal y que data de la época histórica en la que el señor feudal detentaba la autoridad suprema dentro de la circunscripción geográfica de su feudo.Hubo una evolución histórica de la soberanía. En la Edad Media, dentro del ámbito geográfico del feudo, la soberanía la detentaba el señor feudal con facultades de mando sobre las personas en el marco de su territorio. Enfrente de cada señor feudal había otros con categoría similar que ejercían su respectiva soberanía interna. Hubo luchas ente feudos, los vencedores se fortalecieron y llegaron a constituir el gran feudo que fue el Estado moderno, los Estados modernos poseían un poderoso gobernante, en calidad de monarca, y quien se estimaba soberano, con potestad absoluta sobre los seres humanos que integraban su población. Los monarcas, en ocasiones, tenían en su territorio feudos y señores feudales, pero la soberanía, o sea la mayor potestad, correspondía al monarca.Sin embargo, en la Edad Media, frente a las potestades monárquicas de los reyes existentes, se produjo el fenómeno de dos potestades mayores: las del emperador y las del Papa. Recordemos que el papa Alejandro VI, en la "Bula Intercoetera" dividió las tierras y aguas marinas descubiertas y por descubrir, entre los reyes de Castilla y Aragón, por una parte, y el rey de Portugal, por otra parte. Es decir, el Papa actuó con un poder superior a los monarcas.La superior autoridad del Papa sucumbió cuando los monarcas español y portugués dejaron de lado la "Bula Intercoetera" y celebraron el Tratado de Tordesillas, variando la distribución de tierras y aguas entre españoles y portugueses.Durante la Revolución Francesa se combatió el absolutismo del monarca y se estableció que la soberanía corresponde al pueblo y los gobernantes sólo representan al pueblo.

lunes, 27 de julio de 2009

VULNERABILIDAD EN DERECHO HUMANOS

OLGA PELLICER

Los derechos humanos están de nuevo en la agenda internacional de México. No se trata, como en épocas pasadas, de reclamos por la falta de democracia o por la persecución a las comunidades zapatistas. Ahora son acusaciones por violación de los derechos humanos en que incurren sectores militares que participan en la lucha contra el crimen organizado.
Es desafortunado que se abra ese flanco de vulnerabilidad en la política exterior de México. Si algo ocurrió en dicha política, a partir del 2001, fue el giro en materia de derechos humanos. México ratificó entonces convenciones y protocolos que se había negado a suscribir durante la época del PRI. Aceptó, también, que organismos internacionales monitorearan la situación de los derechos humanos en México y la instalación de una oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en nuestro país.
Tales medidas fueron significativas aunque obviamente insuficientes. Como tantos otros intentos panistas, el deseo de diferenciarse del PRI fue más cosmético que de fondo. La política en materia de derechos humanos es buen ejemplo de lo limitado y titubeante del gran cambio que se esperaba de un partido que había batallado en nombre de los derechos humanos. Se firmaron instrumentos internacionales, lo cual es encomiable, pero no se aplicó en contrapartida la acción interna necesaria para cumplir los compromisos adquiridos.
La primera limitación ha sido el descuido de los grupos más vulnerables ante la violación de los derechos humanos, como son las comunidades indígenas. Los acontecimientos que han tenido lugar recientemente en la sierra de Guerrero, ampliamente documentados por organizaciones muy respetadas, defensoras de los derechos humanos, como Fundar, no dejan lugar a dudas sobre la ola represiva que ha caído sobre dichas comunidades. Es sólo un botón de muestra del desamparo ante acciones autoritarias y violentas provenientes de las autoridades, tanto civiles como militares, en que se encuentran los grupos indígenas.
La segunda gran limitación fue no haber emprendido las modificaciones constitucionales requeridas para eliminar el fuero militar, cuando están de por medio delitos cometidos contra grupos civiles. Las disposiciones sobre el fuero militar son el origen de las reservas que México mantiene ante algunos instrumentos internacionales de derechos humanos, reservas vivamente criticadas por la mayoría de los países democráticos en los que no existe esa situación de excepción a favor de los militares.
El problema venía siendo una piedra en el zapato para la imagen internacional de México en materia de derechos humanos, y se ha convertido en un obstáculo insuperable a partir de la serie de acusaciones que han surgido a lo largo del país respecto a la actuación de los militares frente a grupos civiles sospechosos, con o sin razón, de favorecer o participar en el narcotráfico.
Para nadie es una sorpresa que la ampliación de funciones del Ejército hacia campos que corresponden a tareas de policía iba a tener un costo en materia de derechos humanos. Por algo hubo muchos que no compartimos la alegría presidencial cuando inició su sexenio agarrado fuertemente de la mano del Ejército. Hay suficiente evidencia histórica para confirmar que los militares no son, ni por formación ni por responsabilidades, los mejores defensores de los derechos humanos.
Lo que sí fue una sorpresa fue la vinculación que se estableció entre la cooperación con Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico y el respeto de los derechos humanos en México. Resulta que un porcentaje (el 15%) de la ayuda para México dentro de la Iniciativa Mérida está condicionada al informe que el Departamento de Estado proporcione al Congreso estadunidense sobre la situación existente en México respecto a tales derechos. Se internacionalizan, así, los ocasionales o frecuentes desmanes castrenses contra la ciudadanía y nos encontramos de nuevo con un gobierno obligado a disimular en el exterior las deficiencias internas para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Cierto que las dimensiones alcanzadas por el enfrentamiento con el crimen organizado son de tal magnitud que no es el momento de pedir un retiro de las atribuciones del Ejército. Este ha sido el último recurso para recuperar el control sobre el territorio en algunas ciudades o regiones. Sin embargo, no es posible ocultar los peligros que esto conlleva para los derechos humanos.
La imagen de México no se puede remediar pidiendo a los funcionarios gubernamentales que salgan al mundo afirmando que no hay en México una política de Estado violadora de los derechos humanos. Para enfrentar los peligros en que éstos se encuentran, debido a la ampliación de atribuciones del Ejército, es necesario ir más lejos y, con la misma energía y decisión con que se combate al narcotráfico, poner en pie un programa masivo de promoción de los derechos humanos. Los caminos pueden ser variados, desde cursos intensivos sobre el tema a los grupos castrenses, hasta acciones rápidas y convincentes que ilustren la decisión de consignar y castigar a quienes son acusados de no respetar tales derechos.

GARANTES DE LA IMPUNIDAD

ERNESTO VILLANUEVA

El diseño institucional del Estado mexicano está confeccionado para que la corrupción sea impune; es decir, para dejar sin sanción aquellas conductas que deben ser objeto de castigo. Este principio hace que las campañas para el combate a la corrupción, incluida la retórica figura de los testigos sociales de las licitaciones y compras de los distintos órdenes y niveles de gobierno, cumplan un cometido testimonial para dejar las cosas como están. De la cúspide a la base puede documentarse cómo el sistema legal genera incentivos perversos para que México sea un país sin consecuencias.
Primero. La existencia de las leyes de transparencia ha sido un logro para ejercer mayores espacios de escrutinio público que en el pasado inmediato. También, sin embargo, han dado vida al cinismo de la autoridad, que frente a las pruebas de que varias cosas andan mal no hace absolutamente nada. Muchas denuncias públicas debidamente documentadas que en un país medianamente democrático generarían estupor, indignación y la aplicación de la ley, en México sólo generan simulación apostando a la falta de memoria de la comunidad. Peor todavía, los órganos internos de control y las contralorías internas funcionan más para intentar dejar sin rastros el uso indebido de recursos públicos que para ser efectivamente garantes del combate a la corrupción. El único pecado que no se perdona es la falta de complicidad, dice el adagio de la política mexicana que se aplica --- ese sí--- con puntualidad.
Segundo. Los órganos de control operan inadecuadamente porque han sido creados precisamente para que cumplan sus funciones de manera acotada. Los ejemplos saltan a la vista. De entrada, la Auditoría Superior de la Federación carece de autonomía legal. Se trata de una entidad que forma parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y una de las causales de revocación del titular que nombra la Cámara de Diputados es “obtener una evaluación del desempeño poco satisfactoria sin justificación, a juicio de la Comisión (de vigilancia de la auditoría de la propia Cámara), durante dos ejercicios consecutivos”, según el artículo 92, fracción VII de la “vanguardista” Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. En las entidades federativas las cosas en el mejor de los casos están igual y en muchas de ellas peor. En el Distrito Federal, por ejemplo, la Asamblea Legislativa del DF se autootorgó atribuciones que ofenden la inteligencia de las personas. Y es que tiene atribuciones para ordenar a la Contaduría Mayor de Hacienda dónde puede realizar visitas o auditorías. Ello se presta, por supuesto, a negociaciones políticas para castigar o premiar a los regulados, según los vaivenes de la política.
Tercero. Los órganos internos de control de los distintos niveles y órdenes de gobierno están todavía peor. Se trata de órganos o entidades que son nombrados y removidos libremente por los poderes constitucionales y los órganos autónomos. ¿Se imagina alguien que el titular del órgano interno de control o auditor interno va a sancionar a quien le debe el cargo y lo puede despedir en cualquier momento? En el Gobierno Federal, el titular de la Secretaría de la Función Pública es designado de forma discrecional por el Presidente para que el Poder Ejecutivo se vigile a sí mismo. Ese absurdo sólo lo aceptamos porque creemos que como así ha sido debe seguir siendo. El sistema está diseñado para cometer la tomadura de pelo perfecta. El órgano interno de control prepara, arregla y sistematiza la información susceptible de ser auditada para que el órgano superior de fiscalización dé su visto bueno o advierta errores menores para guardar un poco las formas.
Cuarto. Para evitar comparaciones con los países más desarrollados, lo hago con aquellos que están en el lado opuesto. En términos generales se puede señalar que en esta materia se han dado muchos pasos adelante en relación a México. Baste sólo mencionar algunos ejemplos para acreditar mis palabras. En Guatemala, la Contraloría General de Cuentas es un órgano autónomo constitucional y en la designación de su titular intervienen por mandato de la Constitución universidades y colegios académicos. En El Salvador, la Corte de Cuentas de la República tiene participación de la Corte Suprema de Justicia, pero deja fuera al Legislativo y al Ejecutivo. En Nicaragua, la Contraloría General de la República es “un organismo independiente sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes”, según el artículo 156 de su Constitución. En Nigeria, el Auditor General de la Federación es un órgano autónomo constitucional nombrado por el presidente de una terna enviada por el consejo ciudadano del servicio civil de carrera y aprobado por el Senado. Y en Haití, la Corte Superior de Auditoría es también un órgano autónomo constitucional.
En México el camino para la rendición de cuentas pasa por un nuevo entramado legal que genere incentivos para que la transparencia, el combate a la corrupción y el fin de la impunidad puedan nacer. Lo demás es pura demagogia.

PARTIDOS POR TRES

CARLOS FUENTES

Las elecciones del cinco de julio configuran un nuevo espacio político en México. La paradoja es que, siendo el nuevo, es el viejo, y esto por varias razones. Bajo sus distintos títulos (PNR, PRM, PRI) el partido oficial -el Partido de la Revolución Mexicana- gobernó durante siete décadas. Trajo muchos bienes -educación, comunicaciones, reforma agraria, industrialización, política exterior- y también muchos males -cultura autoritaria, ausencia de democracia, corporativismo y, sobre todo, corrupción-.Que ésta -la corrupción- no era monopolio del PRI lo demostró la oposición, de derecha y de izquierda, apenas accedió al poder. Los casos son notorios, la lección contundente: la corrupción es el vicio mejor repartido en México. No paso por alto los beneficios que la democracia (incipiente) le trajo al país. Sí me parece que la democracia también acabó con la sistemática fe en que el PRI era sinónimo de corrupción.El triunfo del PRI el cinco de julio merece, por todo lo anterior, ser analizado con cierto grado de desconfianza. Porque, ¿cuál PRI ganó la elección? ¿El PRI socialdemócrata, el PRI corporativista, el PRI reaccionario, el PRI personalista, el PRI...? La enumeración podría seguir. A base de ser, según la frase británica, "all things for all men", el PRI carece, al cabo, de una fisonomía clara. ¿Ha sido esta la clave de su largo y anciano poder? ¿Puede semejante careta persistir en un país, al menos, tripartidista?Porque hay un PRI modernizante abierto a las corrientes social-demócratas que hoy caracterizan a los partidos español (Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero), al chileno (Ricardo Lagos, Michelle Bachelet) y aun a los rivales brasileños (Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva). Pero también hay el PRI corporativista, empeñado en mantener monopolios y privilegios sectoriales, públicos. Así como un PRI empresarial paralelo, aferrado, a su vez, a prácticas ajenas a la diversificación y la competencia. Y hay, en fin, un PRI que quiere el poder por el poder, la continuidad de privilegios y el culto de las apariencias: El PRI como anuncio publicitario. Que hay más PRIS que éstos, lo demuestran las diversas cabezas del Congreso y los gobiernos estatales. ¿Hidra o dragón, paloma o águila? El PRI -mitología, zoología y aviario- está de vuelta.Hay quienes consideran que Ernesto Zedillo fue un Maquiavelo pérfido al darle el paso al primer gobierno del PAN. A la luz del poder, el partido de la derecha pasó de la beatitud de la oposición a la responsabilidad de la gobernanza. Confirmó con Fox que la ineptitud y la bribonería no eran de la propiedad exclusiva del PRI. Y con Calderón, que la restauración de la moral oficial no siempre coincide con la restauración de la eficiencia oficial. Quizás, con un gabinete mediocre, el presidente puede verse (y hasta sentirse) más fuerte. La fórmula no es válida. Dos de los más fuertes jefes de estado, Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán, se rodearon de colaboradores de gran capacidad y personalidad. Cárdenas hizo la transformación revolucionaria mientras su Secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, mantenía la racionalidad financiera. Miguel Alemán contó con gabinetes que incluían a Jaime Torres Bodet y Manuel Tello, Ramón Beteta, Antonio Ruiz Galindo y Alfonso Caso. Y -acaso- el mejor gabinete de los tiempos modernos fue el de un hombre muy discreto, Manuel Ávila Camacho, quien aparte de una debilidad fraternal, contó con Miguel Alemán, Ezequiel Padilla, Javier Rojo Gómez, Francisco Xavier Gaxiola, Marte R. Gómez, Francisco Castillo Nájera, Francisco L. Urquizo, Jaime Torres Bodet y no sigo...Compárense estos equipos con el actual. Más bien dicho: No hay comparación. ¿Se sentirá obligado, a la luz de los hechos, Calderón a renovar y reforzar su gabinete? Beatriz Paredes -el mejor PRI- se niega a un co-gobierno. Pero hay muchos mexicanos -políticos, profesionistas, académicos- que podrían conformar un mejor gabinete y una presidencia más moderada y más modulada.El hecho es que Felipe Calderón, a los tres años de asumir la presidencia, no tiene más remedio -como Ernesto Zedillo en la fase final de su mandato- que abrirse a formas de compartir el poder con la oposición. No hay en ello menoscabo alguno: El poder se ejerce a partir de una realidad cambiante.¿Podrá la izquierda entender el cambio? El mero 12.5% del voto el cinco de julio confirma el grave descenso de sus fortalezas. Dividida, pulverizada, presa de bizantinas discusiones internas, la izquierda mexicana confirma su anacronismo, sobre todo a la luz de la experiencia social-demócrata que arriba he mencionado. Algunas figuras -Marcelo Ebrard, Amalia García, el propio Jesús Ortega- parecen entender esto. Pero aún a ellos les falta hacer una proposición propia, realista: La elección del 2006 quedó atrás, Calderón va de salida y la izquierda no puede ser la eterna Verónica de nuestro Valle de Lágrimas político. Pero pensar en una próxima renovación de la izquierda es ilusorio: La fragmentación es grande, la unidad minúscula, la anacronía evidente. Y sin embargo, el país requiere, ante el cuadro descrito, una izquierda responsable, moderna, propositiva y no sólo rabiosa, demagógica o desmayada.Digo "moderna" y pienso en la formación partidista de un centro-izquierda social-demócrata y de un centro-derecha demócrata-cristiano. Ésta es la regla lógica y sería el partidismo para el siglo XXI. Deja que los extremos se manifiesten en los extremos pero que las posiciones centrales las ocupe la seriedad política, sujeta a la ley y a la alternancia.Las elecciones del cinco de julio demuestran lo lejos que México se encuentra todavía de esta regla de convivencia. El tripartidismo es confuso y estéril.

NADAR SIN TRAJE

DENISE DRESSER

Cuando baja la marea nos enteramos quién no trae puesto el traje de baño, escribe Tom Friedman sobre el poder revelatorio de las crisis económicas. Y vaya que la actual desnuda a México. Un país donde 50.1 millones de personas están oficialmente bajo la línea de la pobreza y 19.5 millones no tienen dinero suficiente para comer. Un país capaz de producir una de las fortunas más grandes del mundo junto con tantos que sobreviven con 707 pesos al mes. Un país que descendió dos lugares más para quedar en el sitio 32 de 48 lugares en el índice global de competitividad. Cada vez más rezagado, cada vez más rebasado, cada vez más aletargado, cada vez más pobre. Nadando sin traje en mar turbulento donde sólo las economías capaces de crecer y competir podrán mantenerse a flote.Durante décadas el petróleo funcionó como salvavidas. Ocultó la desnudez y tapó los defectos y financió el letargo. México logró nadar de muertito, sin verse obligado a patalear más fuerte o a dar brazadas más rápidas que otros nadadores en el mar de los mercados emergentes. Pero ahora comenzamos a descubrir lo que la bonanza petrolera sumergió: nuestra dependencia de un recurso natural no renovable cuya producción va en picada; nuestra dependencia del mercado estadounidense cuyos consumidores se baten en retirada; nuestra dependencia de las remesas cuyo envío cae mes tras mes. México ha sido incapaz de construir motores internos que desaten el dinamismo económico, alienten la inversión, promuevan el empleo o alcen la marea lo suficiente para que los pobres logren montarse sobre ella.Y la culpa no es exclusivamente de Felipe Calderón o del Programa Oportunidades o de la política social o de la crisis financiera estadounidense o de la caída en las exportaciones automotrices o del alza en el precio de los alimentos. El problema fundamental está en otra parte. En un modelo que privilegia el mantenimiento del corporativismo por encima del crecimiento económico; que enfatiza la distribución por encima de la innovación; que genera incentivos para el crecimiento de la economía informal en vez de reducir su tamaño; que premia clientelas en lugar de construir ciudadanos. Un esquema post-revolucionario creado para repartir en vez de producir. Un sistema de cotos reservados y monopolios avalados y sindicatos apapachados y mercados distorsionados. Un arreglo a través del cual se subsidia de manera creciente a los pobres pero no se generan condiciones para que dejen de serlo.Como lo explica el libro editado por Santiago Levy y Michael Walton, No Growth Without Equity? Inequality, Interests and Competition in Mexico, la razón del rezago se halla en la persistencia de intereses que han logrado bloquear cambios que harían más productiva y eficiente a la economía mexicana. En la supervivencia de tiburones hambrientos, acostumbrados a vivir de las rentas petroleras, del gasto público, de la riqueza que el Estado mexicano reparte pero no logra multiplicar. En lo que la frase de un experto del Colegio Mexiquense resume: "Los primeros graduados de Oportunidades entran a un mercado laboral deprimido. Felicidades; están educados, alimentados y no hay trabajo".Y no hay trabajo porque no hay crecimiento económico. Y no hay crecimiento económico porque no ha sido el objetivo principal para la clase política. Por ello se ahonda la distancia entre México y los demás. Por ello la doceava economía del mundo no ha logrado sacar a una quinta parte de su población de la miseria. Según el último estudio elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad -México está rezagado 26 por ciento en un sistema de derecho confiable y objetivo; 32 por ciento en el manejo sustentable del medio ambiente; 21 por ciento en la existencia de una sociedad incluyente, preparada y sana; 18 por ciento en cuanto a un sistema político estable y funcional; 22 por ciento en sectores productivos de clase global; 20 por ciento en gobierno eficaz y eficiente; 28 por ciento en sectores económicos es vigorosa competencia. Cifras contundentes. Cifras dolorosas. Cifras innegables que se suman a las reveladas por el INEGI y el Coneval que nos pintan de cuerpo entero, hambrientos, pobres, envejecidos. Cifras de un país que necesita remodelarse con urgencia, transformarse con rapidez, fajarse el traje de baño y nadar con vigor.Nadar de pecho como lo ha hecho Colombia al promover la reelección legislativa y la rendición de cuentas; nadar de mariposa como lo ha hecho Malasia al convertir la construcción de infraestructura en primera prioridad; nadar de crawl como lo ha hecho Brasil, la economía más pujante de la región por su capacidad de atraer la inversión extranjera; nadar al ritmo de Corea del Sur por el énfasis que ha puesto en la educación y la tecnología de punta. Lo que México ya no puede ni debe hacer es seguir flotando. Seguir perdiendo el tiempo. Seguir ignorando su desnudez. Seguir pensando que no es necesario replantear los fundamentos de su economía. La marea ya bajó y atrapó al país sin traje pero con 5 millones de pobres más.

IFE: TRANSPARENTE HIPOCRESÍA

JOHN MILL ACKERMAN ROSE
Una vez más los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) revelan su habilidad para moldear la ley a su antojo. Contra viento y marea, los máximos árbitros en materia electoral conservan de manera terca e ilegal su negativa para el acceso ciudadano a las boletas de 2006. Sin embargo, de manera hipócrita, hoy circula entre los consejeros un proyecto de acuerdo que les permitiría abrir los paquetes electorales utilizados en la elección de 2009.
El texto de esta nueva resolución evidencia un doble estándar, ya que contradice de manera radical las razones que el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) habían ofrecido para negar el acceso a las boletas de 2006. Los expertos que serán convocados por el IFE para participar en el ejercicio de 2009 deberían ser muy cuidadosos y evitar ser utilizados en este falso ejercicio de transparencia, dado que aquí el orden de los factores sí altera el producto. Antes de abrir cualquier paquete de la elección de este año, primero habría que dejar de violar la ley y ofrecer a toda la ciudadanía la documentación de 2006.
El pasado 3 de junio, el Comité de Información del IFE ratificó, una vez más, su negativa al acceso ciudadano a las boletas de 2006, al rechazar la solicitud de José Rodríguez Toral, de Zapopan, Jalisco. El argumento principal que se esgrime en la resolución del comité dirigido por el C. Ricardo Becerra, alguien vinculado a la transparencia de forma más circunstancial que sustancial, es exactamente el mismo que el TEPJF ya había ensayado hace dos años: la supuesta inaccesibilidad de los paquetes electorales.
Hoy, sin embargo, súbitamente las boletas ya no son tan inaccesibles, dado que el proyecto de acuerdo que se encuentra circulando entre los consejeros propone la realización de un estudio muestral de los paquetes electorales [de 2009] a efecto de conocer información diversa sobre la votación de los electores. La supuesta inaccesibilidad ha resultado ser únicamente una artimaña para cerrar de manera prematura el expediente de 2006.
Ahora bien, la resolución del Comité de Transparencia sobre los documentos de 2006 señala claramente que la supuesta prohibición de acceso no solamente aplica a los ciudadanos en general, sino también a los funcionarios del mismo instituto. “[El] camino por el cual transitan los votos se ve arropado bajo una garantía de inviolabilidad permanente y oponible frente a cualquiera, inclusive al propio instituto”. El Comité de Transparencia también cita una tesis del TEPJF que señala que el IFE carece de facultades para ordenar estudios sobre documentación contenida en los paquetes electorales, diversos de los legalmente permitidos (tesis S3EL 046/98). Sencillamente no existen argumentos jurídicos válidos para fundamentar el doble estándar que el IFE aplica a los casos de las boletas de 2006 y de 2009.
El proyecto de acuerdo sobre las boletas de 2009 también contradice otro argumento central del tribunal electoral, retomado recientemente por el Comité de Transparencia del IFE. Los magistrados electorales habían sostenido que el acceso a las boletas no era necesario porque las actas supuestamente contienen toda la información relevante. Sin embargo, en el acuerdo propuesto para 2009 los consejeros electorales confiesan abiertamente que este argumento es falaz. Señalan que el acceso a las boletas permitiría al IFE conocer información nueva como, por ejemplo, la forma en la que los electores emitieron su voto, la forma específica en la que votaron por las coaliciones y, en su caso, la proporción en la que fue utilizada la opción del llamado voto en blanco.
Ha llegado la hora de tomar en serio el compromiso gubernamental con la transparencia en materia electoral. La obligación de informar y permitir el acceso a los ciudadanos no se puede tratar como un calcetín que se quita y se pone de acuerdo con el paso que marque el tiempo político o con los intereses en juego. La coherencia e integridad de los consejeros electorales se encuentran en juego.
Sería particularmente importante dar seguimiento a la actuación del consejero Francisco Guerrero. Como integrante del nuevo Órgano Garante en materia de transparencia del IFE tendrá que decidir antes del próximo 19 de agosto en torno al recurso de revisión que ha impuesto Rodríguez Toral sobre las boletas de 2006. Asimismo, como integrante del Consejo General, Guerrero tendrá que votar respecto a la apertura de los paquetes de 2009. En el recurso de revisión de Rodríguez Toral también estará a prueba la independencia del experto externo que forma parte del Órgano Garante, Oscar Rodríguez Olvera.
Abrir la documentación electoral de 2009 sin también permitir el acceso a las boletas de 2006 no sería más que una tomadura de pelo que los ciudadanos deberían denunciar con todas sus letras. Asimismo, no estaría por demás que todos los ciudadanos todavía interesados en esclarecer y en estudiar los resultados de 2006, sometieran desde hoy mismo nuevas solicitudes de acceso a las boletas. Al IFE le debe quedar claro que el expediente de 2006 sigue abierto y que la transparencia de la jornada electoral de 2006 sigue siendo una demanda ciudadana vigente.

LA ÉTICA PÚBLICA AUSENTE

JORGE CARPIZO

Se podía y se puede ser un gran ladrón, un gran delincuente, pero, con poder y dinero, se era y se es un gran señor. A veces la liebre salta en donde menos se espera; el narcotráfico ha sido un factor multiplicador de la corrupción en nuestro país, porque los valores morales ya habían sido lesionados por el sistema descrito y en el cual hemos vivido.

Así, por ejemplo, incluso en estados y ciudades conservadores, llegaban desconocidos y compraban grandes empresas, depositaban grandes cantidades en los bancos, adquirirían residencias lujosas, comenzaban a frecuentar a las mejores familias del lugar, las cuales aceptaban asistir a sus fiestas, e incluso a emparentar políticamente y a ser socios de los recién llegados. ¿Quiénes eran? No se sabía ni se quería saber, pero poseían fortunas inmensas y entonces eran bienvenidos. ¿Presentían los lugareños que esas fortunas podían estar ligadas al narcotráfico?

Existía en México –¿existe todavía? – una regla no escrita según la cual si una persona pertenecía a cierta dependencia y delinquía, había que ocultar el hecho para no desprestigiar a la institución; se le podía hasta separar del cargo, pero nada más; había que alejar a la dependencia del escándalo. Se pensaba que juzgar a un juez desprestigiaba al Poder Judicial, juzgar a un agente del ministerio público deterioraba a la procuraduría, juzgar a un sacerdote, lesionaba a su Iglesia, juzgar a un comunicador erosionaba a toda la profesión y así hasta el infinito, la cultura de la impunidad y de las complicidades en todo su esplendor. Antes que nada, el prestigio de la institución, el prestigio muy mal entendido, pretextos para seguir reforzando la impunidad.

La mentira y el disimulo –¿cinismo? – como parte del sistema. ¡Todos somos inocentes!: políticos, empresarios, banqueros, comunicadores, sacerdotes, líderes sindicales y sociales. ¡Todos somos inocentes! Todos lo pregonan y cada quien defiende su caso. Todos dicen que pueden justificar las mansiones en que viven –muchos de los millonarios estadounidenses y europeos no las tienen–, su colección de carros, sus casas de campo aquí y en el extranjero, su esposa e hijas adornadas con las alhajas más caras; todo ese dinero proviene de fuentes lícitas, sostienen. Poder, dinero, corrupción, impunidad y mentiras: la quinteta de la muerte para México.

EL VOTO NULO


JAIME CARDENAS GRACIA
Sorprende que académicos y ciudadanos llamen al voto nulo y en blanco porque la responsabilidad de la transición fallida a la democracia en México no reside exclusivamente en los partidos políticos y en el sistema electoral. Los principales responsables de que la que la transición a la democracia en México no haya concluido son los poderes fácticos o, como dice Andrés Manuel López Obrador, la mafia política. Respecto a esos intereses, los promotores del voto nulo, no hacen ningún señalamiento. ¿Qué extraño y qué sospechoso?

El voto nulo, en blanco y por candidatos no registrados, beneficiará a los partidos mayoritarios que cuentan con grandes maquinarias electorales capaces de movilizar a su voto duro. El voto nulo o en blanco o por candidatos no registrados, implica lo siguiente: 1) Dejar que otros ciudadanos que sí van a votar decidan por los que anulan, votan en blanco u optan por candidatos no registrados; 2) Asumir que todos los partidos y candidatos son iguales; 3) Confundir la derecha con la izquierda; 4) Elevar al debate nacional, una cuestión que pretende opacar a otras, que son de igual o de mayor magnitud que la planteada, ojalá que también se promoviera un debate sobre la desigualdad entre los mexicanos, la ilegitimidad de origen y de ejercicio de Calderón o, que se discutiera sobre la ineficacia e ineficiencia de su gobierno en todos los órdenes; 5) Criticar al sistema de partidos y electoral sin presentar alternativas coherentes para construir otro tipo de sistema político, por ejemplo, uno más participativo, igualitario y deliberativo; 6) Hacer el caldo gordo a las grandes empresas de radio y televisión que alientan y difunden esta campaña porque pretenden desquitarse de la reforma electoral de 2007, que le cercenó al poder mediático una buena parte de sus privilegios; 7) Desconfiar de cualquier posibilidad para que a través del deficiente sistema institucional del país éste se reforme; 8) Desconocer la historia reciente del país, pues en el proceso electoral del 2006 se realizaron innumerables irregularidades y violaciones al orden jurídico para que la derecha conservara el poder, ahora con una estrategia diferente, se quiere que el ciudadano desperdicie su voto, para que la derecha siga conservando el poder; 9) Desmovilizar al ciudadano es el objetivo de la campaña, pues si se quisiera en verdad concienciarlo, ya se le estaría invitando a distintas movilizaciones públicas a efecto de proponer cambios concretos a la Constitución y a las leyes para enfrentar el papel de los poderes fácticos; y, 10) Elitizar la crítica ciudadana al sistema electoral y de partidos, porque no son movimientos populares los que están proponiendo y promoviendo está crítica.

SALARIOS

ERNESTO VILLANUEVA

La semana pasada fueron aprobadas reformas a distintos artículos constitucionales que, en su conjunto, establecen los topes salariales a los servidores públicos en el ámbito federal, estatal y municipal, los cuales no serán superiores al sueldo del presidente de la República que es de aproximadamente 160 mil pesos mensuales. En el último periodo de sesiones el Congreso de la Unión aprobó esa reforma que quedó pendiente de ser aprobada por la mitad más uno de los congresos locales. Esto último es lo que acaba de suceder el miércoles de la semana anterior. Los estados que aprobaron esta magna reforma constitucional fueron Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Falta ahora que esos cambios se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

Y vaya que un cambio de esta naturaleza era requerido. Hoy, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia se embolsan libres de polvo y paja 500 mil pesos, más gastos de representación, más choferes, más dos autos para su uso personal y un larguísimo etcétera de privilegios. Esto ya no será posible, pero no por ahora, aun aprobada la reforma mencionada porque en los artículos transitorios se estableció que esa medida de ajuste tendría lugar hasta que concluyan en su encargo los actuales ministros. Lo mismo pasará, por supuesto, en todo el Poder Judicial de la Federación.

No obstante lo anterior, nadie podría regatear esta medida de vanguardia donde se evitará, al menos, la legalización del asalto de los funcionarios al erario vía sueldos. En México con esta decisión se podrán evitar dos fenómenos. Primero que nuestro país es el que paga los mejores sueldos a sus altos servidores públicos en el mundo, sin que tal cosa se haya explicado nunca. Mucho más que Suecia, Estados Unidos o Canadá, que no es poca cosa. Por el contrario, México simultáneamente es el país miembro de la OCDE que tiene el sueldo mínimo más bajo. Una de cal por las que van de arena en este amplio camino hacia la redistribución de la riqueza pública.

EL DESPERTAR

JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI

Soy un opositor, pero no deseo que naufrague mi país. Algunos amigos se han sorprendido de que yo me incline a pensar en un mal desenlace del sexenio a pesar de no desearlo y de ser por lo general optimista. Revisemos varios factores:
Nuestra economía está muy mal, todos lo sabemos y gran parte lo estamos padeciendo. El gobierno no ha podido aplicar medidas correctivas, está aferrado a la esperanza de una recuperación pronta en Estados Unidos. Todos los indicios están a la baja. “Cierto –dicen los optimistas–, pero hemos vivido y superado otras debacles.”
El sistema político está agotado, el Ejecutivo es débil y el Congreso impotente. La descomposición del sistema de gobierno y del régimen de partidos es obvia. Dicen los optimistas: “en México nunca han funcionado bien las instituciones y hemos sobrevivido”.
La guerra contra el narcotráfico no puede ganarse. Hay 13 mil muertos en los 30 meses recientes y el gobierno no puede poner en paz la mitad del territorio. Hay graves deserciones de las fuerzas de seguridad. “Sin embargo –dicen los oficialistas–, hace por lo menos cuatro sexenios que el narcotráfico y sus secuelas están presentes, y no nos hemos colapsado.” ¿Por qué ahora?
La desigualdad está creciendo. En sólo un año 6 millones de mexicanos pasaron al nivel de pobreza extrema y se ha concentrado más el ingreso. “Es cierto –dicen los calderonistas–, pero la desigualdad ha sido característica de nuestra sociedad desde hace siglos. No porque aumente esto se va a desplomar.”
Quizás ninguna de estas cosas negativas por sí mismas justificarían un pronóstico siniestro para el final del sexenio si no fuera por los siguientes elementos: 1) Todos estos deterioros están coincidiendo y se han incrementado en los meses recientes, sin ninguna acción del gobierno ni de la sociedad civil, ni de la clase política que sea capaz de contenerlos.
2) La conciencia pública y la inconformidad están creciendo. La gente empieza a darse cuenta que el país está mal gobernado, que unos cuanJustificar a ambos ladostos absorben los beneficios y que sus supuestos representantes son una caterva de pícaros.
Estos últimos rasgos de la realidad son los más preocupantes, a pesar de que los analistas los desdeñan. El aparato no es capaz de resolver los problemas y la gente empieza a impacientarse y a enfurecerse. Son demasiadas circunstancias negativas fluyendo en un mismo puJustificar a ambos ladosnto como para poder hacer pronósticos optimistas sobre los próximos tres años de vida mexicana. Antes de imaginar quién va a ganar las elecciones en 2012, habría que pensar los escenarios de salida de quien se robó las elecciones en 2006.

VIVIR EN EL FONDO

ROLANDO CORDERA

El informe del Inegi sobre los Ingresos y gastos de los hogares, y los cálculos del Coneval sobre la pobreza de ingresos revelaron fallas fundamentales de nuestra organización económica y política, y otras atribuibles a la coyuntura en que se levantó la encuesta. Se puede combinar ambos tipos de fenómenos pero hay que tratar de no confundirlos, para evitar que nos confundan.
El incremento de la pobreza había sido previsto: con el aumento desproporcionado del costo de la canasta básica, debido a la turbulencia mundial del mercado de alimentos y materias primas, no podría evitarse un repunte de la pobreza, que en gran medida se explica por unos ingresos medios tan bajos que sólo pueden dedicarse en lo fundamental a la alimentación y el cuidado individual y familiar de la salud. Es cierto que el gobierno podría haber destinado más recursos adicionales para atenuar este nuevo hueco en el presupuesto de los pobres, pero lo cierto es que el presupuesto federal es tan magro y rígido que eso era prácticamente imposible de instrumentar y, sobre todo, de sostener en el tiempo.
Esta coyuntura, además, pone al descubierto grietas espectaculares en el Estado y las relaciones sociales. En el Estado, se hace patente su secular incapacidad financiera para responder a sus obligaciones primordiales, como la seguridad pública y la social, que en nuestro caso sigue estrechamente ligada al abasto básico de nutrientes y medicinas. Asimismo, se evidencia de nuevo la afrentosa desorganización administrativa estatal que nutre una intratable rigidez burocrática donde la norma impide la acción pero induce a su diario incumplimiento, así como al desorden y la corrupción.
Como lo documentó oportunamente el Coneval, lo que aquí se entiende por política social es una selva de programas y programitas en todos los órdenes de gobierno que se traslapan y anulan, dando lugar a desperdicios enormes en el uso de los recursos financieros y la disposición de las capacidades humanas con que a pesar de todo cuenta el Estado. No se necesitaba del informe de Inegi para tomar nota de todo esto, pero con la crisis urge que la nueva legislatura asuma el reporte del consejo y empiece a poner orden en lo que se tiene para poder aspirar a tener pronto una política social digna de tal nombre.
En esta perspectiva, pensar en una descentralización de la política social puede ser irresponsable y hasta criminal, y punto menos que suicida. Sin un centro fuerte y con capacidad de normar, supervisar, prever y sustituir las fallas de la periferia receptora, no habrá sino más de lo mismo pero con menos y dividido entre 32: un federalismo salvaje y depredador de lo poco que el país tiene para encarar su máximo desafío que vuelve a ser el acentuado empobrecimiento de su sociedad.
Las advertencias son crueles y estentóreas: la emergencia de la influenza recorre el territorio y causa más bajas; el sistema nacional de salud vive en permanente estado de alerta sin posibilidad de superar la precariedad fundamental que lo caracteriza; el desempleo abierto cunde y arrincona las regiones más desarrolladas, sin que el subempleo o la emigración puedan paliarlo. México vive un nivel de inseguridad individual y colectiva que hace muy poco era propiedad exclusiva del catastrofismo milenarista.
La falla mayor expresa una combinatoria letal: una economía que no crece ni emplea y un Estado incapaz de proteger y desplegar una acción política concertada y oportuna. Aquí, la coyuntura sólo sirve como lente de aumento pero no permite alivio alguno; mucho menos la gestación de expectativas positivas como las que Hacienda se ha dedicado a vender y sembrar bajo la forma de ilusiones en un pronto repunte económico. De darse éste, harto improbable en lo inmediato, no traerá consigo una súbita recuperación sino un lento arrastrarse apenas por encima del fondo que se supone por fin tocamos. Y es en este lapso hipotético en el que el gobierno cifra sus esperanzas, donde se juega nuestro futuro para varios lustros, o décadas.
Las clases populares y medias han sido despojadas del filtro de un crecimiento económico y laboral que por mediocre que fuera les permitía mantenerse a cierta distancia de la pobreza material aguda. Hoy, su horizonte cercano es el empobrecimiento, y del empleo inseguro y precario se mueven a la ocupación sin adjetivos, a la búsqueda de refugios y placebos y el cultivo de una cultura de la resignación que, de implantarse, no puede tener como contraparte sino al cinismo vuelto régimen político.
Todo sistema social requiere de supuestos sobre el orden, las jerarquías, la moral. Del Estado más desarrollado y complejo al campo de concentración o exterminio, ésta es una necesidad que de no cubrirse sólo puede dar lugar al caos y la tentación de imponer y someter con el uso abierto y brutal de la violencia. De su monopolio legítimo a su legalización ilegítima, con cargo a una razón de Estado que no es sino la antesala del infierno.
Eso fue el fascismo y hasta allá llegaron o quisieron llegar las dictaduras conosureñas de los años setenta y ochenta. Y todo empezó con la derogación sistemática de la política y de la cultura, como matriz obligada de una razón histórica superior a la instrumental.
En esas experiencias desastrosas, a las que hay que añadir al estalinismo y sus derivadas, la humanidad tocó fondo. No hace mucho ni para siempre.

LA GUERRA Y LA PAZ

NESTOR DE BUEN

Somos un país ambivalente. Nos enfrascamos en unas elecciones cuyo resultado ha sido el esperado, lo que podría ser el símbolo del pacifismo, de la construcción política del país y al mismo tiempo, pero sin dejar la política a un lado, declaramos la guerra a muerte en contra del narcotráfico, colocando al Ejército como protagonista y a la policía, a la que le correspondería la tarea, como auxiliar más que sospechoso.
Pero da la impresión de que no sabemos manejar la paz y que en materia de guerra lo hacemos también muy mal.
El tema del narcotráfico evidentemente que descansa en tres premisas: conseguir la droga que a veces se cultiva en México, aunque su origen colombiano parece ser la nota característica; impedir su traslado al mercado generoso de Estados Unidos y ponerle trabas a la importación de armas. Como lamentable adición está la distribución en nuestro país, por regla general afectando a menores en las escuelas.
La exportación de droga y la importación de armas tienen un evidente sabor a, por lo menos, descuido y, por regla general, a corrupción. En ello los encargados de nuestras fronteras demuestran una violenta violación de sus deberes fundamentales. La droga para los menores expresa un acto de absoluta crueldad y da la impresión de un notable descuido, porque no debe ser tan difícil evitar esa distribución que tiene un punto principal, muy repetido, esto es, una escuela para menores.
En la política el tema es más complejo. Pese a nuestra Constitución que fue calificada de social, la evidente tendencia del país ha sido generar un conservadurismo que adopta banderas diferentes pero con resultados semejantes. Si analizamos nuestra historia nos encontramos con que sólo en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas el sentido social se manifestó de manera clara sin perjuicio de la sensibilidad nacionalista derivada de la valiente expropiación petrolera y del apoyo a la reforma agraria. Los demás titulares del Poder Ejecutivo, con altibajos tal vez, se inclinaron por el seguimiento de una política neoliberal que, además, ha estado acompañada de características indiscutibles de corrupción, tanto en el manejo de los asuntos del Estado en búsqueda del beneficio propio como en la cada vez mayor dependencia de la economía de Estados Unidos.
La corrupción sindical ha sido la nota característica que ha permitido comparar nuestro sistema laboral con el fascista implantado en Italia por Mussolini y que pone en manos del Estado el control indebido de los afanes sindicales. Bien a través de alianzas evidentes con las grandes centrales corporativas y el manejo indebido de las garantías sociales: libertad y autonomía sindicales de manera principal, bien a través de represiones legales y de hecho que violentan nuestros derechos colectivos y hacen a un lado los compromisos internacionales asumidos de manera especial en el Convenio 87 de libertad sindical, cuyo segundo párrafo dice textualmente que “las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”. El registro de los sindicatos y la toma de nota de sus directivas son los instrumentos fundamentales de nuestras insistentes violaciones a los derechos colectivos.
Habría que agregar a esa nota las declaraciones de inexistencia de las huelgas que acostumbran las juntas haciendo nugatoria la garantía constitucional.
De hecho, en la política, el juego principal se da entre los órganos formales y los instrumentos de presión, entre los cuales ocupan lugar especial los llamados “medios” (prensa, televisión y radio), que crean el ambiente adecuado para que se divulgue la idea de que los derechos sociales son contrarios al desarrollo económico del país. Se vende por ello la propuesta de la reforma laboral que intentaría acabar con la estabilidad en el empleo y las responsabilidades por despidos injustificados invocando como objetivo la flexibilización de las relaciones de trabajo para que predominen las relaciones temporales que se pretende permitan despidos en libertad y sin responsabilidades.
A todos se nos olvida el viejo dicho de Henry Ford que decía que le aumentaba el salario a sus trabajadores para que le compraran los automóviles que fabricaba. Le fue muy bien. Hoy, por lo contrario, se acude al despido para aparentemente resolver los problemas propios de las empresas y, naturalmente, si no hay salarios, no hay tampoco capacidad de compra.
El problema, me temo, es que tenemos que inventar de nuevo a nuestro país. Vale la pena intentarlo.

EL PRD HOY. LA CORTE DE LOS MILAGROS

ARNALDO CÓRDOVA

Entre bandidos, como es bien sabido, siempre hay negociaciones y acuerdos, hasta tratos de caballeros, todo lo cual se garantiza con pactos de sangre, lo que puede llevar a la pérdida de la vida si no se cumple. Pero hay algo que los caracteriza y es que siempre gana el más fuerte, incluso si el más débil es el más afortunado. Eso lleva a que raramente esos acuerdos se cumplan o sólo haya un mero trámite de cortesía o, dicho de otro modo, que desde el principio se sepa cuál será el resultado de la negociación. La mafia italo-estadunidense agregó un condimento que justifica todas las atrocidades que se puedan cometer en esa relación entre bandidos: sólo se trata de negocios (it’s only business).
Las negociaciones entre los integrantes de las cúpulas partidistas tienen casi todas esas características y se parecen mucho a las que se dan entre bandidos. Las que se han venido dando entre perredistas luego de la debacle electoral no son una excepción. Por lo general, se trata de derrotados que buscan escapar a la ignominia de ser los responsables del desastre o de oportunistas y logreros que intentan recuperar antiguas posiciones y presentarse como salvadores del partido o, también, quienes de verdad quieren cambiar ese establo de Augías que es el PRD.
Los chuchos están en el primer caso, Cuauhtémoc Cárdenas en el segundo y grupos que ligaron su suerte al movimiento cívico, porque estuvieron a punto de ser devorados por los primeros en una sucia lucha interna partidista, en el tercer caso. Los chuchos saben muy bien que a ellos se debe la derrota y, ya que no tienen ahora a quien culpar de sus errores, buscan una reconciliación que todo mundo sabe que será imposible si ellos mismos no renuncian a sus cargos.
Ortega y sus seguidores saben también que no tienen defensa. Ahora andan muy humildes y hasta inventan mil y una formas de dar salida a los conflictos internos que ellos crearon, como esa idiotez que perdona violaciones a los documentos internos declarando a los insurrectos automáticamente fuera del partido, pero con opción a que se reincorporen sin problemas o, asimismo, aquella de declarar una amnistía general.
Todo con tal de reconstruir una unidad que es imposible sin pagar errores. Ninguno de sus oponentes pide menos que sus cabezas como condición para recomponer las cosas y con toda razón. Frente a ellos, empero, están quienes, como Arce, Círigo, Acosta Naranjo y otros despistados, claman venganza contra López Obrador y sus asociados. Los chuchos mayores no están para esos arreglos draconianos de cuentas.
El caso de Cárdenas es de verdad patético. En un culebrón demagógico y desvergonzado que manda de nuevo a los militantes del PRD y en el cual pide que se aplique el estatuto, primero, para exigir la cabeza de López Obrador y sus seguidores, aunque le falta valor para pedirlo con todas las letras y, luego, sin que recuerde para ello el mencionado estatuto, vuelve a exigir que renuncien el presidente del partido, el comité ejecutivo (así lo dice) y los integrantes de todas las comisiones y órganos de dirección y representación, ¡quién lo creyera!, ante un órgano tan espurio como los anteriores que es el Consejo Nacional.
Cárdenas, para ello, se pasa por el arco del triunfo ese estatuto que él invoca, porque éste no señala en ningún caso semejante tontería. A renglón seguido, propone realizar las necesarias sustituciones sin que diga en qué norma estatutaria debería fundarse esa demencial operación. Está claro que lo que propone es que se le designe a él algo así como comisario para poner orden en ese partido que es en todo y por todo hechura suya. Él fue el verdadero hacedor de esas tribus y esas corrientes que ahora acusa de violar la legalidad interna del partido.
Él fue quien dividió a los perredistas en bandas obsecuentes a su persona para que cada una hiciera su agosto con los favores tan personales del líder moral. Él ahora tiene pocos seguidores en el PRD, entre ellos El Güero González Garza, hechura suya y por lo cual fue elegido coordinador de la bancada perredista en la actual legislatura de la Cámara de Diputados y se ha echado a hacerle segunda a su patrón.
Claro, también tiene su feudo en Michoacán; pero hay que recordar cómo lo hizo y lo consolidó después de la fundación del PRD: primero, dejó que los perredistas michoacanos hicieran su trabajo y constituyeran su propio liderazgo, que encarnó Cristóbal Arias; luego, cuando Arias quiso obrar por su cuenta, el líder lo combatió, bombardeándolo desde dentro del PRD y utilizando para ello a Robles Garnica, su segundo, y a sus hijos, y acabó con su carrera política. Desde entonces no hay quien le dispute a Cárdenas la hegemonía en aquel estado.
Hay, finalmente, muchos candidatos y miembros del PRD que le jugaron las contras a ese partido. Hay que recordar el resultado de las pésimas alianzas de los chuchos a los que les renunciaron sus candidatos a gobernadores o a diputados, en plena campaña, para unirse al PAN o al PRI. No es el caso de los lopezobradoristas que hicieron honor a la alianza histórica del PRD con el PT y Convergencia, a los cuales ellos y Cárdenas tratan despectivamente como si fueran extraños o enemigos. Alegar en su caso los estatutos también está fuera de lugar. Esos documentos imponen respeto y fidelidad a las alianzas.
Lo ocurrido en Iztapalapa y que Arce y los suyos denuncian como traición fue obra de perredistas, no sólo de López Obrador, y buscó revertir un fallo ilegal y anticonstitucional del TEPJF. En todo caso, se ve muy difícil que Cárdenas y los chuchos se atrevan a ir más allá en su pequeña noche de cuchillos largos contra el líder del movimiento cívico y una muy buena porción del perredismo que no está dispuesta a ser nuevamente atropellada y excluida.
Si de verdad se quiere una refundación del PRD, ésta tendrá que hacerse con todos, pero en asambleas deliberativas en las que todos de verdad digan lo que piensan y lo que quieren y se pongan de acuerdo en cuáles son los principios por los cuales deben luchar, como cuando fundamos el PRD.

¿POR QUÉ PERDIÓ EL PAN?

MANUEL CAMACHO SOLÍS

Hacia finales de su primer año de gobierno, Felipe Calderón caviló que estaba en posibilidad de conseguir la mayoría en 2009. Según sus afirmaciones, había logrado posicionarse exitosamente, incluso mejor que sus antecesores. Su balance se cifraba en las reformas que había conseguido y en la mejoría en la aceptación presidencial en las encuestas. Un año y medio después, su partido y él han sufrido una derrota mayor. Por la magnitud de la crisis y su reacción ante el derrumbe del PAN, todo indica que no lograrán recuperarse. ¿Qué pasó?
Desde el gobierno de Vicente Fox, el PAN había perdido el capital moral —de contraste con el PRI— que heredó de sus fundadores y de sus militantes que lucharon por la democracia. La derrota panista de 2009 trae a cuestas ese desgaste, pero sobretodo obedece a errores de estrategia y táctica más cercanos.
El gobierno empezó a perder apoyo desde el momento en el que no supo responder a las revelaciones sobre los conflictos de interés del entonces secretario de Gobernación, pero sobre todo por los tropiezos que tuvo al inicio de la crisis económica, cuando primero la negó, después la subestimó y no fue capaz de responder con un programa efectivo. La crisis es el principal factor de deterioro del apoyo ciudadano al gobierno.
Para contrarrestar esa percepción, el PAN diseñó una campaña cifrada en la lucha contra el narco. El objetivo de la estrategia electoral fue, mediante golpes de gobierno, “bajar al PRI de su 44%”. La estrategia fue desastrosa: de entrada debilitó al Estado; y cuando después del michoacanazo se reculó al no continuar con sus golpes anunciados contra el PRI, la campaña se desacreditó y perdió el ritmo en el momento decisivo. La estrategia de utilizar al Ejército y la policía con fines electorales fue un error de gobierno; detenerla fue un error electoral. Lo que terminó imperando fue lo que se quiso evitar: que el manejo deficiente de la crisis económica incidiera en los electores.
En ese trasfondo es en el que hay que ubicar los otros factores que explican el derrumbe: imposición de candidatos en los estados y municipios; división interna que no fue finalmente resuelta; mal desempeño de gobiernos locales y soberbia partidista que llevaba a pensar que se trataba de posiciones ganadas para siempre. La caída del PRD y el crecimiento del voto nulo, ayudaron adicionalmente a aumentar la diferencia entre el PRI y el PAN.
Ante la debacle, el gobierno tendría que rehacerse para hacer frente a un trienio mucho más difícil que el anterior y el PAN reagruparse para empezar de nuevo. En vez de ello, de dar un golpe de timón que cambie la orientación y levante la capacidad del equipo, lo que se observa es a un gobierno acorralado en una lucha de trincheras sin futuro y a un partido volcado hacia adentro y violentado por la imposición.
Ahora no alcanzaron la mayoría, ni evitaron el salto priísta. De seguir como van, el gobierno estará acorralado por la crisis y el PAN no será una fuerza competitiva en 2012.

¿PARA ESO QUERÍAN EL PODER?

CARLOS MONSIVAIS

Un grupo de líderes del Partido Acción Nacional, a punto de celebrarse, o más bien dejarse de celebrar el bicentenario de la Independencia, descubre la autonomía. También ellos pueden ser independientes, también ellos pueden llamar a filas a su disidencia que, a pesar de ellos, existe. Y en este proceso lo que se transparenta es la ausencia de ideas, de un lado y de otro del conflicto, un desfile de carencias culturales e ideológicas que prueba lo que debería ser obvio: la educación de élite ha logrado deshacerse de su capacidad de enseñanza, por lo menos en lo relativo a su formación de líderes políticos. Se han educado para concentrar el mando y no les ha ido tan mal, si se toma en cuenta que han dependido de todo menos de una formación rigurosa y de un entendimiento esencial del país y del mundo. ¡Oh dioses, oh fábulas del tiempo, oh indiscreciones de la historia! Una élite que en el momento de enojarse y sublevarse no encuentra a mano sino el habla partidaria del PRI y del PRD. De estos dos partidos, también en ruinas en lo tocante a la articulación ideológica, el PRI ya en su mayoría proviene de esta forja de élites, a precio caro y bilingüe; el PRD en su mayoría aún proviene de la educación de masas, aunque los resultados en todos los casos, excepciones debidas, difamen a la enseñanza.
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El proceso viene del siglo XIX. Al aprobarse la enseñanza laica, la derecha y la Iglesia católica deciden preservar una zona de exclusividad: la educación de las élites, en la que necesariamente lo religioso ha de garantizar la unión del compromiso ideológico con las ventajas sociales. En este medio, la lealtad a los rituales, no a las convicciones, es también certificado de clase. Todos pueden ser creyentes pero sólo algunos reciben al mismo tiempo la fe y las garantías de pertenecer a la cumbre, con todo y pirámides de indulgencias.
A los liberales esto no les importa en demasía porque en la segunda mitad del siglo XIX lo urgente es el acceso a la alfabetización, de uso tan restringido hasta entonces. “Gobernar es poblar”, dice Alberdi en Argentina, y los liberales mexicanos podrían exclamar: “Educar es poblar”; porque, con expresiones distintas, están convencidos de algo esencial: el Estado tiene como punto de partida la construcción de la ética republicana. De allí la introducción a la Ley Orgánica de Instrucción Pública (2 de diciembre de 1867): “Considerando que difundir la ilustración en el pueblo es el medio más seguro y eficaz de moralizarlo y de establecer de una manera sólida la libertad y el respeto a la Constitución y a las leyes...”.
Entre 1860 (Leyes de Reforma) y 1867 (Ley Orgánica de Instrucción Pública) han pasado demasiadas cosas: guerras civiles, intervenciones extranjeras, debilitamiento y desprestigio del clero, “saltos mentales” en la población. Los liberales ya están al tanto: los pobres requieren de la instrucción primaria gratuita y obligatoria. En una investigación de primer orden, Nacionalismo y educación en México (Colmex, 1975), Josefina Vázquez señala los pasos del proceso: la incorporación de las niñas, la necesidad de estudiar las leyes fundamentales del país, la autonomía de la moral. “Era necesario —explica Josefina Vázquez— seguir el viejo consejo del doctor Mora de aprovechar la niñez para formar nuevos hombres. Había que arrancar la educación de las garras del clero y difundir ampliamente la enseñanza”.
Y Gabino Barreda, fundador de la Escuela de Estudios Preparatorios, sintetiza el proyecto: “No basta para uniformar esta conducta con que el gobierno expida leyes que lo exijan... para que la conducta práctica sea, en cuanto cabe, suficientemente armónica con las necesidades reales de la sociedad, es preciso que haya un fondo común de verdades de que todos partamos”.
Ese fondo común de verdades aprovecha la tradición (Roma no se deshizo en un día) y recurre a los nuevos conocimientos, a la sociología, a la filosofía. Se pone entre paréntesis a “las verdades reveladas” y se busca un corpus de verdades que vengan de la historia, la ciencia y la realidad (una selección de costumbres de la vida cotidiana).
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A principios del siglo XX la educación laica parece confinada a la ciudad de México, y al estallar la Revolución se prodigan condenas de los insurrectos, se maldice a la Constitución de 1917 (en especial al artículo tercero), se declara a Plutarco Elías Calles el anticristo, y se prodigan mentiras, calumnias, necedades, tonterías. Y, de nuevo, las escuelas particulares son refugio del tradicionalismo.
En la sociedad, el clero busca el consenso en torno a un dogma: el que no es católico no es mexicano. Esto tiene más repercusiones de las previstas y, sin que se verbalice, acaba por creerse. La plena ciudadanía depende de la religión que públicamente se profese. La élite, todavía hasta 1967, juzga conveniente educarse en la UNAM, no confía en otros sistemas de conocimiento. Luego, el odio al radicalismo y la radicalización fortalecen los territorios a donde acuden los que, por clase y por sistema de poder, van a gobernar.
La crisis de valores tiene que ver en lo básico con el arrasamiento de los intereses colectivos en favor del individualismo más atroz. Ante eso no hay respuestas fáciles. ¿Qué lleva al estudiante de escuelas privadas o públicas a la adopción de valores “inaplicables” en la realidad? ¿Qué ofrece el ejercicio de la honradez y la honestidad en un medio regido por el capitalismo salvaje, y qué crédito darle al respeto por la naturaleza en medios guiados por la destrucción ecológica? El niño o la niña entran en conflicto al recibir educación religiosa en casa y educación laica en la escuela, entre otras cosas porque no reciben educación religiosa en casi ninguno de los hogares católicos. Según afirman varios obispos, las familias mexicanas, en su mayoría, dicen ser católicas pero en rigor profesan el “ateísmo funcional”, o de otro modo no se explica la constante solicitud de una “nueva evangelización”. Pero ese no es el tema, sino la estricta formación universitaria de las minorías, esa que ahora no se advierte en los debates de Acción Nacional, sostenidos en lo básico por el rezongo, la gana de no permitir que el maestro venda los gises y los pizarrones, y la incapacidad de expresar lo que creen porque todavía no lo han memorizado.

TUNDA A LOS CONSERVADORES PANISTAS

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

Los gobernadores panistas caracterizados por su conservadurismo cerril, su ubicación a la derecha del militante promedio de Acción Nacional, sufrieron reveses electorales muy significativos, que probablemente muestran el hartazgo ciudadano por su forma de ejercer el Poder Ejecutivo. Se trata de Juan Manuel Oliva, de Guanajuato; Emilio González Márquez, de Jalisco, y Marco Antonio Adame, de Morelos. Si bien Acción Nacional conservó el 5 de julio el ayuntamiento de León, la ciudad que gobierna desde la década de los ochenta, y ganó la mayoría en la legislatura local y casi todos los distritos federales, el resultado general en Guanajuato le fue adverso, al punto de que esa fue la nota que los diarios locales subrayaron el 6 de julio: "Pierde PAN votos", fue la cabeza principal del diario más profesional del estado. Otro fue más directamente burlón: "¿Guanajuato…qué? El PAN noqueado". A la hora en que los lectores de ese periódico se imponían de su contenido, el autor de la frase aludida en ese titular dejaba de ser jefe nacional del partido. Germán Martínez anunció que renunciaría al liderazgo panista y, por consecuencia, a su intento de "guanajuatizar a México". Y es que la votación panista disminuyó en más de 300 mil sufragios en tres años. Si bien las elecciones que incluyen la renovación de los poderes ejecutivos federal y local, como la de 2006, además del voto por diputados federales y locales, y alcaldes, no son estrictamente comparables con las que sólo incluyen estos últimos cargos, la pérdida es muy efectiva, porque se reflejó en derrotas municipales. En 2006 el PAN ganó 36 ayuntamientos, y se quedó esta vez en 25, incluyendo el de la capital, que se había convertido en parte del patrimonio político blanquiazul. Para que este último resultado tuviera lugar fue necesaria la alianza (que adoptó la forma de candidatura común) del PRI y del PRD. No debió ser fácil para las dos partes unirse, sobre todo porque el priismo guanajuatense es muy afín a los modos sociales del panismo, lo que se percibió al tener como candidato a Nicéforo Guerrero Reynoso, un miembro de la estructura de gobierno priista de tiempo atrás que no vaciló en formar parte del gabinete de Vicente Fox, como subsecretario de Energía. Aparte el reproche al gobierno por su mal desempeño, en la disminución de votos del PAN seguramente influyó la división interna que se percibe en no pocas ciudades guanajuatenses, especialmente en León. Allí contienden desde hace mucho tiempo panistas demócratas o tradicionales con los miembros de El Yunque. Ricardo Sheffield, el nuevo alcalde leonés, quizá no fue votado por los yunquistas, que deploraron su candidatura. El gobernador Oliva, que si no es miembro de El Yunque merecería serlo, no fue derrotado del todo. Su hermano Javier será diputado federal. En Jalisco ni un consuelo semejante suavizó el pesar del gobernador por la derrota de su partido, aunque está en posibilidad de atribuir a sus adversarios la causa de la fractura histórica que para el panismo significó la pérdida de Guadalajara y otras ciudades que el PAN había gobernado en los trienios recientes. En efecto, el aspirante a presidente municipal de la capital tapatía, Jorge Salinas, forma parte del grupo cercano a Francisco Ramírez Acuña, el exgobernador abiertamente enfrentado a quien lo sucedió en el cargo, Emilio González Márquez. Aunque ya no se inscribe por entero en esa línea, pues se ha corrido también a la derecha, Ramírez Acuña llegó a la presidencia municipal de Guadalajara primero y a la gubernatura de Jalisco después en nombre de la tradición demócrata del panismo de ese estado, que en su hora fue representada por Efraín González Luna, a quien la extrema derecha de la entidad consideró algo así como representante personal del demonio. Fue una decisión elocuente que su hijo Efraín González Morfín, el reputado ideólogo y dirigente panista, propulsor del solidarismo derivado de la doctrina social cristiana, aceptara ser secretario de Educación Pública en el gobierno de Ramírez Acuña. En las oscilaciones del panismo jalisciense, las corrientes que lo forman pierden o ganan alternativamente. Gabriel Jiménez Remus, de la línea cristiana, fue derrotado en 1995 por la ultraderecha que llevó como candidato a Alberto Cárdenas. Ramírez Acuña, discípulo cercano de Jiménez Remus, el embajador mexicano en Cuba de quien algunos esperaban que se registrara como candidato a encabezar el PAN, venció a los conservadores pero no pudo impulsar a un candidato de su misma corriente, sino que lo reemplazó González Márquez, un antiguo sinarquista, miembro del Partido Demócrata Mexicano, que ha resultado un gobernador insolente, mal gastador de los recursos públicos (los emplea para asegurarse su porvenir terrestre y celestial, pues los otorga a Televisa y a la Iglesia católica) y cabeza notoria del ultraderechismo nacional. Títulos semejantes podría reclamar para sí Marco Antonio Adame, el gobernador de Morelos, cuya situación es peor. Su derrota electoral fue contundente. A manos del PRI su partido perdió las alcaldías de Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec, por sólo enumerar algunas. El tricolor halló en Morelos tierra propicia para abultar su amplia victoria nacional: ganó la mitad de los ayuntamientos (16 de 33) y un número semejante de las diputaciones locales: 15 de las 30 que estaban en disputa en distritos que se ganan por mayoría. La crisis electoral padecida por el PAN y su gobernador es síntesis de otras de mayores dimensiones que ensombrecen la vida de los morelenses. La ingobernabilidad se cierne sobre el estado. Aquí y allá proliferan los conflictos locales, generados las más de las veces por un crecimiento urbano desordenado que en provecho de desarrolladores voraces expolia los recursos naturales en cuya defensa se afanan los pobladores comunes. No se resolvió del todo el problema del magisterio alzado en rebelión a causa de la Alianza por la Calidad de la Educación, y es de suponerse que se reencienda cuando de nuevo se abran a concurso las plazas docentes y se inicie el curso 2009-2010. La crisis de inseguridad afecta a toda la entidad y se agrava por la complicidad de la delincuencia y las agencias gubernamentales encargadas de enfrentarla y la del gobierno federal con el local. A diferencia del trato asestado a Michoacán y a su gobernador Leonel Godoy, las afinidades políticas e ideológicas de Adame y Calderón aseguraron al morelense que el combate a la infiltración delincuencial en las policías fuera casi subrepticio. El procurador de Justicia de Michoacán se presentó voluntariamente ante las fuerzas federales que practicaron en la entidad una redada el 26 de mayo, y fue aprehendido. En cambio, pocos días antes el de Morelos simplemente renunció, no obstante que un comandante de la policía ministerial a sus órdenes está ahora bajo proceso. Al secretario de Seguridad Pública de Adame, Luis Ángel Cabeza de Vaca, se le dio también la ocasión de dimitir, y sólo cuando estaba fuera del gobierno se le detuvo para arraigarlo. El 16 de julio –11 días después de las elecciones– cambió su condición jurídica, pues se expidió en su contra orden de aprehensión por sus relaciones con el narcotráfico. Lo mismo se hizo con Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública del municipio de Cuernavaca. A los dos se les señala por su cercanía con los hermanos Beltrán Leyva, cercanía en sentido estricto. Nunca se preocuparon por el hecho de que miembros de esa banda radicaran en una casa situada a no más de cien metros del palacio de gobierno. Si bien no le concierne directamente, el gobernador no es ajeno (ni puede serlo) al conflicto entre la legislatura local y el Poder Judicial que amenazó a la impartición de justicia en el estado. Eliminada la inamovilidad de los magistrados del Tribunal Superior por los diputados, aquellos juzgadores se defendieron para mantenerse en sus cargos, que finalmente perdieron cuando la Suprema Corte de Justicia dio la razón al Congreso en la controversia constitucional promovida por los afectados, que tuvieron que jubilarse y dar paso a la designación de sus sucesores. Digamos en fin que en la derrota panista y de Adame algún efecto habrá tenido la disensión de miembros del PAN que siguieron a Sergio Estrada Cajigal, quien comenzó oponiéndose desde dentro a Adame y concluyó yéndose del partido que lo hizo alcalde de Cuernavaca y gobernador del estado. Aunque no fue un ejemplo de gobernante y su militancia panista fue desde siempre frágil, más convenenciera que surgida de una convicción, el exgobernador no ocultó sus diferencias con Adame, que resultaron en perjuicio de éste. Esperemos que también las padezca la corriente a que pertenece.