DERECHO A LA INTIMIDAD

JORGE ALCOCER VILANUEVA

Después de años de avisos por la vía diplomática, y de advertencias a través de instancias de cooperación bilateral, el gobierno canadiense decidió, de golpe, exigir visa a los mexicanos que visitan ese país, cualquiera que sea el motivo del viaje. La gota que derramó el vaso ha sido el crecimiento exponencial en el número de conciudadanos -reales o ficticios- que se internan en Canadá para luego solicitar asilo político, aprovechando la muy generosa legislación canadiense a ese respecto.Pero el problema viene de tiempo atrás y contempla otro aspecto que no ha sido puesto sobre la mesa. Me refiero a la emisión apócrifa, falsificada, de credenciales de elector (IFE) que son utilizadas por personas no mexicanas para tramitar su ingreso a Canadá. Es un delito cuya dimensión parece ser grave, aunque nadie tenga un cálculo, así sea aproximado, de su número.La primera vez que tuve conocimiento del tema fue en 1998-1999, cuando el problema fue planteado a la Secretaría de Gobernación, a propósito de una nota confidencial del gobierno de Canadá. Años después, por motivos profesionales, el asunto volvió a mi conocimiento a propósito del análisis sobre la expedición de la cédula de identidad ciudadana, contemplada desde 1990 en nuestra Constitución (Art. 36, fracción I).El delito electoral de mayor incidencia (según la Fepade) es la adulteración de datos personales ante el Registro Federal de Electores y la expedición de credenciales de elector, con fotografía, con datos falsos, o la falsificación de tal documento. Quienes incurren en esos delitos tienen motivaciones muy distantes a los procesos electorales o la emisión del voto; buscan encubrir su verdadera identidad, o nacionalidad, para ingresar a Estados Unidos o Canadá, o pretenden cometer ilícitos de naturaleza financiera o inmobiliaria en territorio nacional.Hace unos meses dos familiares se encontraron con la novedad de que su fondo de ahorro para el retiro había sido trasladado a una Afore diferente a las que ellos habían elegido; hecha la investigación resultó que la transferencia había sido respaldada con credenciales de elector falsificadas. Supe entonces que en la plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México es posible obtener ese documento, al gusto y capacidad de pago del interesado. También es conocido que en las ciudades fronterizas del lado mexicano operan bandas de falsificadores de la credencial del IFE, que en no pocos casos disponen de micas originales, robadas al RFE por diversos medios.Los esfuerzos que el IFE ha hecho para blindar la credencial de elector con múltiples elementos de seguridad son superados casi de inmediato por los falsificadores; el problema es estructural y no podrá ser resuelto cabalmente en tanto se siga posponiendo la creación del Registro Nacional Ciudadano y se proceda a la emisión de la correspondiente cédula de identidad, como lo ordena, desde hace más de tres lustros, la Constitución mexicana.La decisión del gobierno canadiense afecta a casi 300 mil turistas mexicanos y a miles de trabajadores que año con año aprovechan los programas que les permiten ingresar a Canadá legalmente. Siendo criticable la forma como se anunció y puso en práctica la medida, lo que no es justificable es cerrar los ojos ante el origen del problema, que es responsabilidad exclusiva de las autoridades mexicanas.Una de las medidas anunciadas hace un año en el CNSP fue la expedición de la Cédula de Identidad, pero nada se ha hecho al respecto. Las discrepancias entre el Ejecutivo y el Congreso, y ahora la situación de los ingresos públicos, han frenado la instrumentación operativa de la medida, pues los aspectos de diseño hace años que están listos.Es impostergable que el derecho a la identidad sea garantizado por el Estado mexicano, y no, como hasta ahora, por la autoridad electoral. Transitar de la credencial para votar a la cédula de identidad es un tema que desborda lo electoral; el gobierno canadiense ha puesto el dedo en la llaga.