CIRO MURAYAMALos resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2008, que levantó el INEGI, dan cuenta de que el ingreso de los hogares se contrajo en 1.6% de 2006 a 2008. Ello a pesar de que creció el número de perceptores por hogar: en 2006, en promedio 2.1 personas aportaban al ingreso de cada familia, y en 2008 lo hicieron 2.3, lo que indica que más miembros del hogar deben trabajar y aun así el ingreso familiar es menor.
La caída en el ingreso no fue homogénea, pues los hogares de los dos deciles de mayor ingreso mejoran o se mantienen igual, pero la pérdida del ingreso se recrudece en los más pobres (el decil de menor ingreso perdió 8%). Además, los hogares ubicados en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes, es decir, familias rurales que partían de una situación desfavorable, sufrieron una dramática reducción de 16.3% de su ingreso.
La conclusión es clara: vivimos un retroceso en el bienestar de los mexicanos y se exacerba la polarizada distribución de la riqueza.
A partir de la ENIGH 2008, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer las cifras de incremento de la pobreza absoluta y relativa en el país. Los mexicanos en pobreza alimentaria pasaron de 14.4 millones a 19.5 millones de personas entre 2006 y 2008 (de 13.8% a 18.2%), esto es, se han generado más de 5 millones de pobres extremos en sólo dos años.
La pobreza de capacidades afectó en 2008 a 26.8 millones, por 21.7 millones en 2006 (pasó de 20.7% a 25.1% de la población). En una situación de pobreza patrimonial hubo 50.5 millones de mexicanos el año pasado (creció de 42.6% a 47.4%), 5.8 millones más que en 2006. No sólo tenemos un país más desigual, sino también más pobre.
El incremento de la pobreza y la desigualdad referido puede ser incluso mayor, porque la encuesta se levantó antes de que la crisis económica en curso comenzara a extender sus efectos en el ingreso de las familias —por ejemplo, la destrucción de más de 600 mil empleos formales se dio sobre todo en los últimos meses— y hay que recordar que la ENIGH no capta a los estratos de mayor riqueza, ya que esos hogares ni siquiera reciben al encuestador del INEGI para darle cuenta de sus ingresos y gastos.
Aun así, los datos del INEGI y del Coneval no son una noticia más, sino que brindan la fotografía más nítida e inquietante de las insuficiencias profundas de la sociedad y la economía de México. Esas cifras deberían servir como acicate para articular la acción pública y privada del país en búsqueda de un contrato social diferente y, en esa medida, una sociedad menos desigual, más armónica, moderna.
Una vez conocidos los datos, se ha puesto en el punto de mira la política social. En efecto, el incremento del gasto social no ha permitido reducir el número de pobres e incluso la pobreza se extiende de forma drástica. Lo anterior refleja que más gasto focalizado no necesariamente está consiguiendo sacar de la pobreza a más mexicanos. Pero de ahí no cabe desprender que ese gasto no tenga efectos positivos: sin programas como Oportunidades, las cifras serían todavía peores. Puede decirse, entonces, que la política social está actuando como una barrera de efecto limitado para evitar que se multiplique aún más la pobreza.
Por supuesto, cabe evaluar a la política social y así lo ha hecho el propio Coneval, que en su Informe de evaluación de la política social en México 2008 reconoce el incremento del gasto, pero llama la atención sobre la dispersión de programas, la insuficiente coordinación entre los mismos y a su interior, e incluso la existencia de programas de efecto regresivo.
Pero sobre todo, y ahí está el problema político sustancial, es vital asumir que no puede haber política social exitosa si va a contracorriente de una política económica general que tiene como meta suprema el equilibrio presupuestal y supedita el objetivo del crecimiento.
Diferentes estudios demuestran que el mejor antídoto contra la pobreza es el crecimiento económico, a la par que las recesiones o crisis son productoras de pobres a gran escala. Siendo así, la discusión sobre los malos resultados en materia social tiene que centrarse en la orientación de la política económica del gobierno y en el papel de la Secretaría de Hacienda, más que en la Secretaría de Desarrollo Social que, finalmente, se empeña en evitar lo inevitable: que en una economía estancada y que no redistribuye el ingreso crezcan tanto el número de pobres como la desigualdad.
La caída en el ingreso no fue homogénea, pues los hogares de los dos deciles de mayor ingreso mejoran o se mantienen igual, pero la pérdida del ingreso se recrudece en los más pobres (el decil de menor ingreso perdió 8%). Además, los hogares ubicados en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes, es decir, familias rurales que partían de una situación desfavorable, sufrieron una dramática reducción de 16.3% de su ingreso.
La conclusión es clara: vivimos un retroceso en el bienestar de los mexicanos y se exacerba la polarizada distribución de la riqueza.
A partir de la ENIGH 2008, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer las cifras de incremento de la pobreza absoluta y relativa en el país. Los mexicanos en pobreza alimentaria pasaron de 14.4 millones a 19.5 millones de personas entre 2006 y 2008 (de 13.8% a 18.2%), esto es, se han generado más de 5 millones de pobres extremos en sólo dos años.
La pobreza de capacidades afectó en 2008 a 26.8 millones, por 21.7 millones en 2006 (pasó de 20.7% a 25.1% de la población). En una situación de pobreza patrimonial hubo 50.5 millones de mexicanos el año pasado (creció de 42.6% a 47.4%), 5.8 millones más que en 2006. No sólo tenemos un país más desigual, sino también más pobre.
El incremento de la pobreza y la desigualdad referido puede ser incluso mayor, porque la encuesta se levantó antes de que la crisis económica en curso comenzara a extender sus efectos en el ingreso de las familias —por ejemplo, la destrucción de más de 600 mil empleos formales se dio sobre todo en los últimos meses— y hay que recordar que la ENIGH no capta a los estratos de mayor riqueza, ya que esos hogares ni siquiera reciben al encuestador del INEGI para darle cuenta de sus ingresos y gastos.
Aun así, los datos del INEGI y del Coneval no son una noticia más, sino que brindan la fotografía más nítida e inquietante de las insuficiencias profundas de la sociedad y la economía de México. Esas cifras deberían servir como acicate para articular la acción pública y privada del país en búsqueda de un contrato social diferente y, en esa medida, una sociedad menos desigual, más armónica, moderna.
Una vez conocidos los datos, se ha puesto en el punto de mira la política social. En efecto, el incremento del gasto social no ha permitido reducir el número de pobres e incluso la pobreza se extiende de forma drástica. Lo anterior refleja que más gasto focalizado no necesariamente está consiguiendo sacar de la pobreza a más mexicanos. Pero de ahí no cabe desprender que ese gasto no tenga efectos positivos: sin programas como Oportunidades, las cifras serían todavía peores. Puede decirse, entonces, que la política social está actuando como una barrera de efecto limitado para evitar que se multiplique aún más la pobreza.
Por supuesto, cabe evaluar a la política social y así lo ha hecho el propio Coneval, que en su Informe de evaluación de la política social en México 2008 reconoce el incremento del gasto, pero llama la atención sobre la dispersión de programas, la insuficiente coordinación entre los mismos y a su interior, e incluso la existencia de programas de efecto regresivo.
Pero sobre todo, y ahí está el problema político sustancial, es vital asumir que no puede haber política social exitosa si va a contracorriente de una política económica general que tiene como meta suprema el equilibrio presupuestal y supedita el objetivo del crecimiento.
Diferentes estudios demuestran que el mejor antídoto contra la pobreza es el crecimiento económico, a la par que las recesiones o crisis son productoras de pobres a gran escala. Siendo así, la discusión sobre los malos resultados en materia social tiene que centrarse en la orientación de la política económica del gobierno y en el papel de la Secretaría de Hacienda, más que en la Secretaría de Desarrollo Social que, finalmente, se empeña en evitar lo inevitable: que en una economía estancada y que no redistribuye el ingreso crezcan tanto el número de pobres como la desigualdad.
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