MÉXICO EN LLAMAS

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

No sólo el llano como en la novela de Juan Rulfo, sino el país entero está en llamas. Calderón sigue tozudo y aferrado a su estrategia notoriamente fracasada. Clama casi desesperado: "¡Los criminales no lograrán intimidar al Gobierno Federal!". Pero por otra parte y ante la situación dramática que vive México la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha citado al Procurador General de la República para que explique lo que pasa en el país, en concreto para que hable de los resultados de los operativos que contra la delincuencia organizada y los narcotraficantes se llevan a cabo, en tanto que los senadores consideran, ¡por fin!, que es necesario replantear la estrategia del Gobierno en la materia. La verdad es que aunque los criminales no intimiden al Gobierno Federal, sí intimidan a México. Y México, no los panistas, ni los políticos panistas, ni los electores que votaron por el PAN, es algo distinto a estos. A mi juicio no basta con que Calderón, con el rostro atribulado, de sus condolencias a los familiares de los doce policías federales torturados y ejecutados el pasado lunes en Michoacán. No es suficiente porque el gesto significa persistencia en una política equivocada. Y esos policías federales son ni más ni menos que la consecuencia, aparte de otras, de tal política. Las acciones iracundas de la llamada "Familia" no se detienen. Al contrario, aumentan su ferocidad. Un Presidente Municipal en Chihuahua acribillado a tiros, un enfrentamiento en Nuevo León entre policías federales y miembros de la delincuencia organizada, la solicitud del Ayuntamiento de Ciudad Juárez para que una empresa extranjera se encargue del sistema de denuncias anónimas. En Durango, en Culiacán, en Guerrero, la inseguridad y la sangre derramada sobrecogen el ánimo. Y así por el estilo en el resto del país, sobresaliendo o sobre escuchándose la voz de Calderón: "¡Los criminales no lograrán intimidar al Gobierno Federal!". Es patético porque intimidación o no, crece la tragedia que asuela a México.Ahora bien, es imprescindible, por supuesto, que el Procurador General de la República, en su calidad de consejero jurídico del Gobierno, comparezca ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y rinda cuentas acerca de los resultados de los operativos a que ya me he referido. Sin embargo yo creo que la Comisión Permanente, o en su caso el Congreso, debe ir más allá. Ha llegado la hora de que el Poder Legislativo en el uso de sus facultades analice dos cosas: la presencia del ejército en el marco de la estrategia de que se trata y la posible conveniencia de modificar radicalmente las absurdas reformas que en la materia penal se le hicieron a la Constitución. ¿Por qué? Porque los corifeos de ésta, sus defensores y halagadores gratuitos, y ni qué decir sus hacedores, han sostenido hasta el cansancio sus bondades y supuesta eficacia, pasando por alto, al margen de sus errores técnico jurídicos de los que me ocupo en un libro próximo a aparecer, gravísimas violaciones a la Constitución. Lo señalo con particular interés ya que el mensaje de dichas reformas es muy claro: hay que luchar a como de lugar contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. Y yo coincido con Calderón, si es que en algo coincido con él, en la idea que ronda en sus declaraciones altisonantes, a saber, en que no debemos permitir que la delincuencia se apodere de México. Pero no por el camino que él ha elegido y defiende tozudamente. ¿De qué han servido, se pregunta uno, de qué sirven esas reformas para menguar siquiera, si no detener, el feroz embate de la criminalidad? Es que es un error mayúsculo en el que jamás debería caer el Gobierno, y menos el Poder Legislativo, suponer que con la ley se puede remediar una situación como la que hoy aqueja a México. Y se ha reformado la Constitución con ese absurdo propósito. Yo tengo para mí, compartiendo el criterio de muy destacados juristas, politólogos y sociólogos, que las penas, las sanciones, los rigores legislativos, son mecanismos aplicables a posteriori del hecho delictivo, nunca servibles a priori. Lo que es casi de elemental sentido común. Pero el sentido común, por lo visto, es rara avis entre nuestros políticos y gobernantes. Por eso el Congreso, y en concreto los diputados entrantes, tienen la obligación de indagar a fondo acerca de esas equivocadas reformas. Es irracional, contradictorio, disparatado, que junto al constante derramamiento de sangre en la Nación, que no se detiene, la ley esté allí, muda, impasible, aguardando que lleguen los horrores del crimen para castigar a quienes ya destrozaron vidas, derechos, haciendas y reputaciones.Así la ley es una burla que permite que se burlen de ella.