ERNESTO VILLANUEVALa semana pasada fueron aprobadas reformas a distintos artículos constitucionales que, en su conjunto, establecen los topes salariales a los servidores públicos en el ámbito federal, estatal y municipal, los cuales no serán superiores al sueldo del presidente de la República que es de aproximadamente 160 mil pesos mensuales. En el último periodo de sesiones el Congreso de la Unión aprobó esa reforma que quedó pendiente de ser aprobada por la mitad más uno de los congresos locales. Esto último es lo que acaba de suceder el miércoles de la semana anterior. Los estados que aprobaron esta magna reforma constitucional fueron Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Falta ahora que esos cambios se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.
Y vaya que un cambio de esta naturaleza era requerido. Hoy, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia se embolsan libres de polvo y paja 500 mil pesos, más gastos de representación, más choferes, más dos autos para su uso personal y un larguísimo etcétera de privilegios. Esto ya no será posible, pero no por ahora, aun aprobada la reforma mencionada porque en los artículos transitorios se estableció que esa medida de ajuste tendría lugar hasta que concluyan en su encargo los actuales ministros. Lo mismo pasará, por supuesto, en todo el Poder Judicial de la Federación.
No obstante lo anterior, nadie podría regatear esta medida de vanguardia donde se evitará, al menos, la legalización del asalto de los funcionarios al erario vía sueldos. En México con esta decisión se podrán evitar dos fenómenos. Primero que nuestro país es el que paga los mejores sueldos a sus altos servidores públicos en el mundo, sin que tal cosa se haya explicado nunca. Mucho más que Suecia, Estados Unidos o Canadá, que no es poca cosa. Por el contrario, México simultáneamente es el país miembro de la OCDE que tiene el sueldo mínimo más bajo. Una de cal por las que van de arena en este amplio camino hacia la redistribución de la riqueza pública.
Y vaya que un cambio de esta naturaleza era requerido. Hoy, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia se embolsan libres de polvo y paja 500 mil pesos, más gastos de representación, más choferes, más dos autos para su uso personal y un larguísimo etcétera de privilegios. Esto ya no será posible, pero no por ahora, aun aprobada la reforma mencionada porque en los artículos transitorios se estableció que esa medida de ajuste tendría lugar hasta que concluyan en su encargo los actuales ministros. Lo mismo pasará, por supuesto, en todo el Poder Judicial de la Federación.
No obstante lo anterior, nadie podría regatear esta medida de vanguardia donde se evitará, al menos, la legalización del asalto de los funcionarios al erario vía sueldos. En México con esta decisión se podrán evitar dos fenómenos. Primero que nuestro país es el que paga los mejores sueldos a sus altos servidores públicos en el mundo, sin que tal cosa se haya explicado nunca. Mucho más que Suecia, Estados Unidos o Canadá, que no es poca cosa. Por el contrario, México simultáneamente es el país miembro de la OCDE que tiene el sueldo mínimo más bajo. Una de cal por las que van de arena en este amplio camino hacia la redistribución de la riqueza pública.
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