JOHN MILL ACKERMAN ROSEUna vez más los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) revelan su habilidad para moldear la ley a su antojo. Contra viento y marea, los máximos árbitros en materia electoral conservan de manera terca e ilegal su negativa para el acceso ciudadano a las boletas de 2006. Sin embargo, de manera hipócrita, hoy circula entre los consejeros un proyecto de acuerdo que les permitiría abrir los paquetes electorales utilizados en la elección de 2009.
El texto de esta nueva resolución evidencia un doble estándar, ya que contradice de manera radical las razones que el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) habían ofrecido para negar el acceso a las boletas de 2006. Los expertos que serán convocados por el IFE para participar en el ejercicio de 2009 deberían ser muy cuidadosos y evitar ser utilizados en este falso ejercicio de transparencia, dado que aquí el orden de los factores sí altera el producto. Antes de abrir cualquier paquete de la elección de este año, primero habría que dejar de violar la ley y ofrecer a toda la ciudadanía la documentación de 2006.
El pasado 3 de junio, el Comité de Información del IFE ratificó, una vez más, su negativa al acceso ciudadano a las boletas de 2006, al rechazar la solicitud de José Rodríguez Toral, de Zapopan, Jalisco. El argumento principal que se esgrime en la resolución del comité dirigido por el C. Ricardo Becerra, alguien vinculado a la transparencia de forma más circunstancial que sustancial, es exactamente el mismo que el TEPJF ya había ensayado hace dos años: la supuesta inaccesibilidad de los paquetes electorales.
Hoy, sin embargo, súbitamente las boletas ya no son tan inaccesibles, dado que el proyecto de acuerdo que se encuentra circulando entre los consejeros propone la realización de un estudio muestral de los paquetes electorales [de 2009] a efecto de conocer información diversa sobre la votación de los electores. La supuesta inaccesibilidad ha resultado ser únicamente una artimaña para cerrar de manera prematura el expediente de 2006.
Ahora bien, la resolución del Comité de Transparencia sobre los documentos de 2006 señala claramente que la supuesta prohibición de acceso no solamente aplica a los ciudadanos en general, sino también a los funcionarios del mismo instituto. “[El] camino por el cual transitan los votos se ve arropado bajo una garantía de inviolabilidad permanente y oponible frente a cualquiera, inclusive al propio instituto”. El Comité de Transparencia también cita una tesis del TEPJF que señala que el IFE carece de facultades para ordenar estudios sobre documentación contenida en los paquetes electorales, diversos de los legalmente permitidos (tesis S3EL 046/98). Sencillamente no existen argumentos jurídicos válidos para fundamentar el doble estándar que el IFE aplica a los casos de las boletas de 2006 y de 2009.
El proyecto de acuerdo sobre las boletas de 2009 también contradice otro argumento central del tribunal electoral, retomado recientemente por el Comité de Transparencia del IFE. Los magistrados electorales habían sostenido que el acceso a las boletas no era necesario porque las actas supuestamente contienen toda la información relevante. Sin embargo, en el acuerdo propuesto para 2009 los consejeros electorales confiesan abiertamente que este argumento es falaz. Señalan que el acceso a las boletas permitiría al IFE conocer información nueva como, por ejemplo, la forma en la que los electores emitieron su voto, la forma específica en la que votaron por las coaliciones y, en su caso, la proporción en la que fue utilizada la opción del llamado voto en blanco.
Ha llegado la hora de tomar en serio el compromiso gubernamental con la transparencia en materia electoral. La obligación de informar y permitir el acceso a los ciudadanos no se puede tratar como un calcetín que se quita y se pone de acuerdo con el paso que marque el tiempo político o con los intereses en juego. La coherencia e integridad de los consejeros electorales se encuentran en juego.
Sería particularmente importante dar seguimiento a la actuación del consejero Francisco Guerrero. Como integrante del nuevo Órgano Garante en materia de transparencia del IFE tendrá que decidir antes del próximo 19 de agosto en torno al recurso de revisión que ha impuesto Rodríguez Toral sobre las boletas de 2006. Asimismo, como integrante del Consejo General, Guerrero tendrá que votar respecto a la apertura de los paquetes de 2009. En el recurso de revisión de Rodríguez Toral también estará a prueba la independencia del experto externo que forma parte del Órgano Garante, Oscar Rodríguez Olvera.
Abrir la documentación electoral de 2009 sin también permitir el acceso a las boletas de 2006 no sería más que una tomadura de pelo que los ciudadanos deberían denunciar con todas sus letras. Asimismo, no estaría por demás que todos los ciudadanos todavía interesados en esclarecer y en estudiar los resultados de 2006, sometieran desde hoy mismo nuevas solicitudes de acceso a las boletas. Al IFE le debe quedar claro que el expediente de 2006 sigue abierto y que la transparencia de la jornada electoral de 2006 sigue siendo una demanda ciudadana vigente.
El texto de esta nueva resolución evidencia un doble estándar, ya que contradice de manera radical las razones que el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) habían ofrecido para negar el acceso a las boletas de 2006. Los expertos que serán convocados por el IFE para participar en el ejercicio de 2009 deberían ser muy cuidadosos y evitar ser utilizados en este falso ejercicio de transparencia, dado que aquí el orden de los factores sí altera el producto. Antes de abrir cualquier paquete de la elección de este año, primero habría que dejar de violar la ley y ofrecer a toda la ciudadanía la documentación de 2006.
El pasado 3 de junio, el Comité de Información del IFE ratificó, una vez más, su negativa al acceso ciudadano a las boletas de 2006, al rechazar la solicitud de José Rodríguez Toral, de Zapopan, Jalisco. El argumento principal que se esgrime en la resolución del comité dirigido por el C. Ricardo Becerra, alguien vinculado a la transparencia de forma más circunstancial que sustancial, es exactamente el mismo que el TEPJF ya había ensayado hace dos años: la supuesta inaccesibilidad de los paquetes electorales.
Hoy, sin embargo, súbitamente las boletas ya no son tan inaccesibles, dado que el proyecto de acuerdo que se encuentra circulando entre los consejeros propone la realización de un estudio muestral de los paquetes electorales [de 2009] a efecto de conocer información diversa sobre la votación de los electores. La supuesta inaccesibilidad ha resultado ser únicamente una artimaña para cerrar de manera prematura el expediente de 2006.
Ahora bien, la resolución del Comité de Transparencia sobre los documentos de 2006 señala claramente que la supuesta prohibición de acceso no solamente aplica a los ciudadanos en general, sino también a los funcionarios del mismo instituto. “[El] camino por el cual transitan los votos se ve arropado bajo una garantía de inviolabilidad permanente y oponible frente a cualquiera, inclusive al propio instituto”. El Comité de Transparencia también cita una tesis del TEPJF que señala que el IFE carece de facultades para ordenar estudios sobre documentación contenida en los paquetes electorales, diversos de los legalmente permitidos (tesis S3EL 046/98). Sencillamente no existen argumentos jurídicos válidos para fundamentar el doble estándar que el IFE aplica a los casos de las boletas de 2006 y de 2009.
El proyecto de acuerdo sobre las boletas de 2009 también contradice otro argumento central del tribunal electoral, retomado recientemente por el Comité de Transparencia del IFE. Los magistrados electorales habían sostenido que el acceso a las boletas no era necesario porque las actas supuestamente contienen toda la información relevante. Sin embargo, en el acuerdo propuesto para 2009 los consejeros electorales confiesan abiertamente que este argumento es falaz. Señalan que el acceso a las boletas permitiría al IFE conocer información nueva como, por ejemplo, la forma en la que los electores emitieron su voto, la forma específica en la que votaron por las coaliciones y, en su caso, la proporción en la que fue utilizada la opción del llamado voto en blanco.
Ha llegado la hora de tomar en serio el compromiso gubernamental con la transparencia en materia electoral. La obligación de informar y permitir el acceso a los ciudadanos no se puede tratar como un calcetín que se quita y se pone de acuerdo con el paso que marque el tiempo político o con los intereses en juego. La coherencia e integridad de los consejeros electorales se encuentran en juego.
Sería particularmente importante dar seguimiento a la actuación del consejero Francisco Guerrero. Como integrante del nuevo Órgano Garante en materia de transparencia del IFE tendrá que decidir antes del próximo 19 de agosto en torno al recurso de revisión que ha impuesto Rodríguez Toral sobre las boletas de 2006. Asimismo, como integrante del Consejo General, Guerrero tendrá que votar respecto a la apertura de los paquetes de 2009. En el recurso de revisión de Rodríguez Toral también estará a prueba la independencia del experto externo que forma parte del Órgano Garante, Oscar Rodríguez Olvera.
Abrir la documentación electoral de 2009 sin también permitir el acceso a las boletas de 2006 no sería más que una tomadura de pelo que los ciudadanos deberían denunciar con todas sus letras. Asimismo, no estaría por demás que todos los ciudadanos todavía interesados en esclarecer y en estudiar los resultados de 2006, sometieran desde hoy mismo nuevas solicitudes de acceso a las boletas. Al IFE le debe quedar claro que el expediente de 2006 sigue abierto y que la transparencia de la jornada electoral de 2006 sigue siendo una demanda ciudadana vigente.
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