JOHN M. ACKERMANDicen que lo que fácil llega, fácil se va. Cuando los ciudadanos que el pasado 5 de julio votaron por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se den cuenta de que el viejo partido de Estado no les ofrece nada nuevo, rápida y súbitamente le retirarán su apoyo. Así como Vicente Fox perdió el respaldo de la ciudadanía apenas unos cuantos meses después de tomar posesión, el tricolor verá que su poder se desmorona ante el agravamiento de la crisis económica, la profundización de la violencia del narcotráfico y el repunte del virus A/H1N1 durante los fríos meses invernales.
La conquista del PRI, en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de la mayoría de las curules de la Cámara de Diputados, permuta a este partido desde su papel de “oposición responsable” a controlador de una parte central del Estado mexicano. Los priístas, por lo tanto, serán directamente corresponsables del inminente fracaso del Estado para resolver las necesidades básicas de los mexicanos durante los siguientes tres años.
Una de las lecciones más claras de los cinco procesos electorales federales celebrados a partir de 1997 es que la ciudadanía mexicana es cada día más consciente e independiente en sus preferencias electorales. Destaca en particular una tendencia progresista y crítica del electorado que lo ha llevado en múltiples ocasiones a rechazar el status quo.
Fox ganó la Presidencia en 2000 con base en un programa de renovación y cambio. Más allá de su franca traición a estos propósitos al cruzar la puerta de Los Pinos, su campaña ofreció soluciones concretas e inspiró esperanza en gran parte del electorado. Andrés Manuel López Obrador estuvo adelante en las encuestas durante años, y en 2006 casi logró colocarse en la silla presidencial, también debido a un mensaje de transformación radical de la política a nivel nacional. Logró extender sus bases de apoyo precisamente porque proyectó una imagen de cambio institucional y efectividad gubernamental.
El año 2009 no fue la excepción a esta tendencia. Las encuestas de salida de empresas como Mitofsky y BGC demuestran que al respaldar al Revolucionario Institucional en las elecciones intermedias, el electorado no buscaba regresar al pasado, sino que demandaba una defensa más enérgica de la economía popular, una forma distinta de combatir la inseguridad pública y una completa renovación de la política a escala nacional. El Partido Verde y los anulistas también se beneficiaron de este cándido anhelo.
Sin embargo, la total falta de coherencia entre este mandato popular y el desempeño del PRI y el PVEM en la Cámara de Diputados hará simplemente insostenible este espejismo. En lugar de proponer iniciativas ambiciosas e innovadoras, la coalición PRI-PVEM será sumamente cauta y conservadora. Con tal de mantener su popularidad, promoverá algunas leyes de estímulo económico y para el combate al crimen organizado. Pero no se atreverá a hacer nada que afecte los intereses económicos, políticos o sociales de los grupos fácticos que controlan el país, cuyo apoyo necesitarán para conquistar la presidencia en 2012. Tampoco propondrá cambios estructurales para el Estado mexicano que erosionen la autoridad presidencial, que ya sienten de regreso en sus manos en unos cuantos años.
Pero en medio de la tormenta económica y social actual, “nadar de muertito” de esta manera no les servirá absolutamente de nada al PRI y al PVEM. Antes de que nos demos cuenta, la ciudadanía se decepcionará de la falta de un proyecto claro de parte de la nueva coalición hegemónica y empezará a buscar una vez más una opción de cambio político que pueda rectificar el rumbo del país.
La gran interrogante es si la izquierda electoral podrá reconciliarse con suficiente rapidez para proyectar una imagen de transformación política y social que le permita sacar provecho de esta coyuntura. No se trata, desde luego, de “modernizar” al PRD, sino de presentar a la población una visión unida y clara de un proyecto alternativo de nación. Si tiene éxito en esta tarea, las perspectivas podrían ser muy buenas para conquistar el poder presidencial en 2012.
Este escenario, sin embargo, supone el ejercicio de cierta libertad de sufragio de los ciudadanos. El evidente pacto entre las principales televisoras y el PRI-PVEM, así como la consolidación y la expansión de prácticas de compra y coacción del voto, hacen pensar que posiblemente estemos destinados a retornar a la larga noche de los gobiernos priístas. Asimismo, la pasividad y la complicidad de las autoridades electorales ante los abusos tanto de las televisoras como de los gobernadores caciquiles parecen asegurar al PRI total impunidad en sus prácticas ilegales.
Pero las condiciones de lucha y resistencia de ninguna manera son más difíciles ahora de lo que fueron durante las gestas democratizadoras de las pasadas cuatro décadas, en las que ofrendaron su vida miles de militantes de izquierda. La victoria de Rafael Acosta y Clara Brugada en Iztapalapa, por ejemplo, demuestra que aún con los dados cargados en favor del adversario, el triunfo todavía es posible.
La conquista del PRI, en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de la mayoría de las curules de la Cámara de Diputados, permuta a este partido desde su papel de “oposición responsable” a controlador de una parte central del Estado mexicano. Los priístas, por lo tanto, serán directamente corresponsables del inminente fracaso del Estado para resolver las necesidades básicas de los mexicanos durante los siguientes tres años.
Una de las lecciones más claras de los cinco procesos electorales federales celebrados a partir de 1997 es que la ciudadanía mexicana es cada día más consciente e independiente en sus preferencias electorales. Destaca en particular una tendencia progresista y crítica del electorado que lo ha llevado en múltiples ocasiones a rechazar el status quo.
Fox ganó la Presidencia en 2000 con base en un programa de renovación y cambio. Más allá de su franca traición a estos propósitos al cruzar la puerta de Los Pinos, su campaña ofreció soluciones concretas e inspiró esperanza en gran parte del electorado. Andrés Manuel López Obrador estuvo adelante en las encuestas durante años, y en 2006 casi logró colocarse en la silla presidencial, también debido a un mensaje de transformación radical de la política a nivel nacional. Logró extender sus bases de apoyo precisamente porque proyectó una imagen de cambio institucional y efectividad gubernamental.
El año 2009 no fue la excepción a esta tendencia. Las encuestas de salida de empresas como Mitofsky y BGC demuestran que al respaldar al Revolucionario Institucional en las elecciones intermedias, el electorado no buscaba regresar al pasado, sino que demandaba una defensa más enérgica de la economía popular, una forma distinta de combatir la inseguridad pública y una completa renovación de la política a escala nacional. El Partido Verde y los anulistas también se beneficiaron de este cándido anhelo.
Sin embargo, la total falta de coherencia entre este mandato popular y el desempeño del PRI y el PVEM en la Cámara de Diputados hará simplemente insostenible este espejismo. En lugar de proponer iniciativas ambiciosas e innovadoras, la coalición PRI-PVEM será sumamente cauta y conservadora. Con tal de mantener su popularidad, promoverá algunas leyes de estímulo económico y para el combate al crimen organizado. Pero no se atreverá a hacer nada que afecte los intereses económicos, políticos o sociales de los grupos fácticos que controlan el país, cuyo apoyo necesitarán para conquistar la presidencia en 2012. Tampoco propondrá cambios estructurales para el Estado mexicano que erosionen la autoridad presidencial, que ya sienten de regreso en sus manos en unos cuantos años.
Pero en medio de la tormenta económica y social actual, “nadar de muertito” de esta manera no les servirá absolutamente de nada al PRI y al PVEM. Antes de que nos demos cuenta, la ciudadanía se decepcionará de la falta de un proyecto claro de parte de la nueva coalición hegemónica y empezará a buscar una vez más una opción de cambio político que pueda rectificar el rumbo del país.
La gran interrogante es si la izquierda electoral podrá reconciliarse con suficiente rapidez para proyectar una imagen de transformación política y social que le permita sacar provecho de esta coyuntura. No se trata, desde luego, de “modernizar” al PRD, sino de presentar a la población una visión unida y clara de un proyecto alternativo de nación. Si tiene éxito en esta tarea, las perspectivas podrían ser muy buenas para conquistar el poder presidencial en 2012.
Este escenario, sin embargo, supone el ejercicio de cierta libertad de sufragio de los ciudadanos. El evidente pacto entre las principales televisoras y el PRI-PVEM, así como la consolidación y la expansión de prácticas de compra y coacción del voto, hacen pensar que posiblemente estemos destinados a retornar a la larga noche de los gobiernos priístas. Asimismo, la pasividad y la complicidad de las autoridades electorales ante los abusos tanto de las televisoras como de los gobernadores caciquiles parecen asegurar al PRI total impunidad en sus prácticas ilegales.
Pero las condiciones de lucha y resistencia de ninguna manera son más difíciles ahora de lo que fueron durante las gestas democratizadoras de las pasadas cuatro décadas, en las que ofrendaron su vida miles de militantes de izquierda. La victoria de Rafael Acosta y Clara Brugada en Iztapalapa, por ejemplo, demuestra que aún con los dados cargados en favor del adversario, el triunfo todavía es posible.
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