BERNARDO BÁTIZNo me refiero a los destacados personajes de nuestra historia: don Benito Juárez y Agustín de Iturbide; el segundo, militar de carrera, tuvo el mérito de lograr la independencia de México mediante los Tratados de Córdoba, aun cuando conservó las viejas e inequitativas estructuras y se coronó absurdamente emperador; Juárez, por su parte, abogado de profesión, sostuvo la Constitución de 1857 y con una tenacidad y convicción patrióticas mantuvo el gobierno republicano hasta que logró vencer a los conservadores, expulsar al ejército francés de intervención y, finalmente, derrotar y fusilar a Maximiliano, con lo que consolidó la soberanía nacional y se hizo acreedor a un reconocimiento universal.
Me refiero ahora a dos comunidades que llevan el nombre de los dos personajes que dan título a esta colaboración, entidades muy distantes y diferentes, pero que en estos momentos se igualan en una lucha para lograr que se respete la sufragio e impere la democracia.
Iturbide es un pequeño y laborioso municipio del estado de Nuevo León, en plena Sierra Madre, al que se llega por una carretera que serpentea cruzando una y otra vez el río, en el fondo de un imponente cañón. La Benito Juárez es la más pequeña de las delegaciones del Distrito Federal: ciento por ciento urbana, pero a la vez la de más alto nivel educativo y muy alto grado económico, ocupa el centro del Distrito Federal; tiene, según el último censo, unos 360 mil habitantes y por ella cruzan las más importantes vías de la ciudad: la avenida Insurgentes, la calzada de Tlalpan, las avenidas Revolución, Patriotismo y Universidad, entre otras más.
En el municipio rural de Nuevo León y en la céntrica delegación del Distrito Federal se discute si el proceso electoral, que culminó el pasado 5 de julio, fue equitativo, y si en él se cumplieron las reglas más elementales para asegurar libertad plena de los votantes y equidad entre los contendientes; en ambas comunidades, como en casi todo el país, el pueblo quedó descontento con los resultados y una sombra de duda se cierne por el regreso de los alquimistas electorales, que quizá nunca se habían ido.
En la Benito Juárez impugnamos porque los gastos de campaña del PAN excedieron en mucho el tope legal; ni un mueble urbano ni un puente ni un poste quedó libre de las mantas, carteles y pendones del candidato panista a delegado; la propaganda de los demás candidatos, respetuosos de las disposiciones legales, se perdía en el mar blanco y azul de la insultante papelería panista.
Algo más grave se argumenta también: el candidato del partido de la derecha era inelegible, puesto que el proceso interno de su partido fue objetado y a la fecha de su registro ante el consejo distrital, cabecera delegacional, el recurso de su contrincante estaba aún pendiente de ser resuelto. Otras causas que motivan el juicio electoral en la Benito Juárez son anomalías graves en alrededor de 40 por ciento de las casillas, y lo más penoso –también lo más grave–: la siembra de electores, registrados en domicilios que no habitan; por ejemplo, cerca de 20 personas en una notaría de avenida Insurgentes, otros en una escuela de Portales, y muchos más en otros establecimientos, siendo lo más serio que la misma impugnación de votantes importados se hizo contra el candidato panista desde dentro de su partido y en el proceso interno.
En Iturbide, la diferencia entre el candidato del Gobierno Legítimo registrado por el PRD, el campesino Salvador Bazaldúa Sánchez, y el priísta ganador es mínima, a pesar de que la elección estuvo plagada de irregularidades durante el proceso; en efecto, hubo una descarada compra de votos a través de la entrega de despensas y bolsas con bastimentos y, lo más grave, la entrega de certificados de subsidio a la vivienda, que reparte Sedesol; estos certificados se entregaron unos cuantos días previos a la jornada electoral, condicionando la entrega a no votar por el PRD, lo que favoreció al PAN y a la coalición priísta Juntos por Nuevo León, que finalmente fue reconocida como ganadora.
Algunos ciudadanos que valoran su dignidad y, por tanto, su voto; que son, a pesar de la crisis y de la pobreza, dignos y patriotas, rechazaron el precio que les daban por su sufragio y denunciaron la maniobra degradante. Afortunadamente, los habitantes de Iturbide cuentan para sustentar su impugnación, con actas notariales para acreditar la entrega de los certificados, cuyo valor va de los 6 mil pesos a más de 20 mil.
Iturbide, municipio rural enclavado en la Sierra Madre Oriental y la delegación Benito Juárez, en el centro de la metrópoli, son muestras contrastantes de lo que pasó en los comicios recientes, preludio de lo que pudiera esperarnos en 2012; franco retroceso democrático generalizado, a favor de ese monstruo bicéfalo que Manu Dornbierer llamó el PRIAN. Son también, ambas entidades, ejemplo de convicción ciudadana por un cambio pacífico y muestra de que el pueblo no se rinde; esperamos que tanto en la norteña población que recuerda al fallido emperador y la dinámica delegación que rememora al destacado defensor de la Reforma y de la legalidad, se logré justicia electoral y se corrijan las anomalías cometidas en el proceso en el que tantos participaron con tanto entusiasmo.
Me refiero ahora a dos comunidades que llevan el nombre de los dos personajes que dan título a esta colaboración, entidades muy distantes y diferentes, pero que en estos momentos se igualan en una lucha para lograr que se respete la sufragio e impere la democracia.
Iturbide es un pequeño y laborioso municipio del estado de Nuevo León, en plena Sierra Madre, al que se llega por una carretera que serpentea cruzando una y otra vez el río, en el fondo de un imponente cañón. La Benito Juárez es la más pequeña de las delegaciones del Distrito Federal: ciento por ciento urbana, pero a la vez la de más alto nivel educativo y muy alto grado económico, ocupa el centro del Distrito Federal; tiene, según el último censo, unos 360 mil habitantes y por ella cruzan las más importantes vías de la ciudad: la avenida Insurgentes, la calzada de Tlalpan, las avenidas Revolución, Patriotismo y Universidad, entre otras más.
En el municipio rural de Nuevo León y en la céntrica delegación del Distrito Federal se discute si el proceso electoral, que culminó el pasado 5 de julio, fue equitativo, y si en él se cumplieron las reglas más elementales para asegurar libertad plena de los votantes y equidad entre los contendientes; en ambas comunidades, como en casi todo el país, el pueblo quedó descontento con los resultados y una sombra de duda se cierne por el regreso de los alquimistas electorales, que quizá nunca se habían ido.
En la Benito Juárez impugnamos porque los gastos de campaña del PAN excedieron en mucho el tope legal; ni un mueble urbano ni un puente ni un poste quedó libre de las mantas, carteles y pendones del candidato panista a delegado; la propaganda de los demás candidatos, respetuosos de las disposiciones legales, se perdía en el mar blanco y azul de la insultante papelería panista.
Algo más grave se argumenta también: el candidato del partido de la derecha era inelegible, puesto que el proceso interno de su partido fue objetado y a la fecha de su registro ante el consejo distrital, cabecera delegacional, el recurso de su contrincante estaba aún pendiente de ser resuelto. Otras causas que motivan el juicio electoral en la Benito Juárez son anomalías graves en alrededor de 40 por ciento de las casillas, y lo más penoso –también lo más grave–: la siembra de electores, registrados en domicilios que no habitan; por ejemplo, cerca de 20 personas en una notaría de avenida Insurgentes, otros en una escuela de Portales, y muchos más en otros establecimientos, siendo lo más serio que la misma impugnación de votantes importados se hizo contra el candidato panista desde dentro de su partido y en el proceso interno.
En Iturbide, la diferencia entre el candidato del Gobierno Legítimo registrado por el PRD, el campesino Salvador Bazaldúa Sánchez, y el priísta ganador es mínima, a pesar de que la elección estuvo plagada de irregularidades durante el proceso; en efecto, hubo una descarada compra de votos a través de la entrega de despensas y bolsas con bastimentos y, lo más grave, la entrega de certificados de subsidio a la vivienda, que reparte Sedesol; estos certificados se entregaron unos cuantos días previos a la jornada electoral, condicionando la entrega a no votar por el PRD, lo que favoreció al PAN y a la coalición priísta Juntos por Nuevo León, que finalmente fue reconocida como ganadora.
Algunos ciudadanos que valoran su dignidad y, por tanto, su voto; que son, a pesar de la crisis y de la pobreza, dignos y patriotas, rechazaron el precio que les daban por su sufragio y denunciaron la maniobra degradante. Afortunadamente, los habitantes de Iturbide cuentan para sustentar su impugnación, con actas notariales para acreditar la entrega de los certificados, cuyo valor va de los 6 mil pesos a más de 20 mil.
Iturbide, municipio rural enclavado en la Sierra Madre Oriental y la delegación Benito Juárez, en el centro de la metrópoli, son muestras contrastantes de lo que pasó en los comicios recientes, preludio de lo que pudiera esperarnos en 2012; franco retroceso democrático generalizado, a favor de ese monstruo bicéfalo que Manu Dornbierer llamó el PRIAN. Son también, ambas entidades, ejemplo de convicción ciudadana por un cambio pacífico y muestra de que el pueblo no se rinde; esperamos que tanto en la norteña población que recuerda al fallido emperador y la dinámica delegación que rememora al destacado defensor de la Reforma y de la legalidad, se logré justicia electoral y se corrijan las anomalías cometidas en el proceso en el que tantos participaron con tanto entusiasmo.
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