jueves, 29 de agosto de 2013

JANO*

JOSÉ WOLDENBERG

Si la democracia tiene dos caras, hemos avanzado mucho en una y (casi) nada en otra. Me explico. Como Jano, la vieja divinidad romana, la democracia mira en dos direcciones opuestas: debe ser expresiva de la diversidad de opciones, ideologías, sensibilidades, intereses que cohabitan en una sociedad, y debe generar un orden para garantizar los derechos de todos y no quedar sujeta a la ley del más fuerte. Se trata de dos caras que viven en tensión, no fácilmente reconciliables, porque ponen en acto valores enfrentados: el ejercicio de las libertades una, y el límite a dicho ejercicio para preservar los derechos de terceros, la otra. Libertad sin orden, ya se sabe, puede generar anarquía y orden sin libertad es sinónimo de dictadura. Por ello, la democracia (dicen los libros de texto) supone un orden donde puedan expresarse libremente las distintas nociones, ideas y proyectos, en el entendido de que todas ellas son parte de un todo mayor que las protege y exige respeto para los otros.

Recordé aquella idea de Arthur Koestler de que cada individuo, familia, tribu, sociedad, Estado, porta al mismo tiempo una "tendencia integradora" y una "tendencia autoafirmadora". Cada uno de esos eslabones (los llamaba "holones" a todos, porque eran al mismo tiempo un todo y una parte de un sistema mayor) necesita y quiere preservar su individualidad y al mismo tiempo requiere ser y es parte de un todo mayor. "La tendencia autoafirmadora constituye la expresión dinámica de su carácter de todo, mientras que la tendencia integradora lo es de su condición de parte". Se trata de que "cada parte debe afirmar su personalidad...pero al mismo tiempo, la parte ha de someterse a las exigencias del todo". Suponía él que esos dos resortes tienen que mantener un cierto equilibrio, bueno para el conjunto y bueno para la fracción. Si ello no sucedía, se multiplicaban las "patologías". (Jano. Debate. Madrid. 1981).

Pues bien, en nuestra germinal democracia no son pocos los que quieren "afirmar su personalidad" asumiéndose como un "todo", sin tomar en cuenta que al mismo tiempo son solo "una parte" de un todo mayor que reclama una cierta y necesaria "integración" de esa parte. Me temo, sin embargo, que se requiere algo más que llamados a la buena conducta para construir ese equilibrio virtuoso entre las tendencias de "autoafirmación" y de "integración", entre los intereses y exigencias propios y los del conjunto.

Jano, dice Arthur Cotterell, no solo veía en direcciones distintas sino también hacia el pasado y el futuro al mismo tiempo. (Diccionario de mitología universal. Ariel. 1992). Luego de la brutal represión a la marcha estudiantil del 10 de junio de 1971 pasaron dos o tres años antes de que en el Distrito Federal se pudiera realizar una nueva manifestación independiente. El Zócalo y las calles de la ciudad estaban reservados única y exclusivamente a concentraciones del oficialismo. El espacio público solo podía ser usufructuado por aquellos que quisieran agradecer algo al Presidente, refrendar su lealtad a las instituciones, apoyar el esfuerzo del gobierno. Cuarenta años después, las libertades se han ampliado, extendido, multiplicado. En la capital y los estados se realizan marchas, mítines, concentraciones, acompañadas de unas más dilatadas libertades de expresión, de prensa, de asociación. Hemos, como sociedad, creado y robustecido la cara expresiva de la democracia. Basta abrir cualquier periódico al azar para enterarse de reclamos distintos, movilizaciones de todo tipo, acusaciones, ocurrencias y proclamas, amenazas y propuestas. Cada individuo, grupo, asociación, se reafirma, se expresa, demanda, exige. En buena hora.

La otra cara del asunto es que la democracia presuntamente también es un orden. Un marco que protege el ejercicio de las libertades, entendiendo que las mismas tienen un límite cuando se topan con los derechos de los otros. Supone que las partes que conviven y compiten bajo su manto tienen el derecho de "afirmarse" pero a condición de que acepten que no se encuentran solas en el escenario y que los otros merecen no solo respeto sino consideración. El marco normativo, la estructura del Estado, las garantías de las personas se suponen diseñados para armonizar los derechos individuales y sociales con la reproducción de la compleja vida en sociedad. Pues bien, en esa dimensión nuestros déficits están a la vista. No pongo ejemplos, solo pase la página.

Con mi disfraz de Jano veo hacia el pasado y observo mucho orden y escasa libertad, lo que puso en acto un fuerte reclamo democratizador; oteo el futuro y espero que el péndulo no llegue al otro extremo, porque ya se escuchan voces que suspiran por regresar al orden "a como dé lugar". Si mal no entiendo, tenemos entonces como país (no solo el Estado, no solo la sociedad) un reto de esos que se dicen de época: establecer un equilibrio entre libertades y respeto a los derechos de terceros, y creo que a eso se le llama orden democrático. Es sencillo decirlo, está en "chino" construirlo.

*Reforma 29-08-13

martes, 27 de agosto de 2013

¿JERARQUÍA ENTRE DERECHOS CONSTITUCIONALES E INTERNACIONALES?*

PEDRO SALAZAR UGARTE

La SCJN discute desde el día de ayer y durante los próximos días un asunto de trascendencia histórica. A partir de un par de proyectos –sólidos, claros y bien estructurados- elaborados por los ministros Zaldívar y Gutiérrez Ortiz Mena, los ministros deberán decidir cuál es la ubicación de las normas que contienen derechos humanos y que provienen de tratados internacionales (nótese: no sólo de los T.I. en la materia sino de todas las normas sobre derechos contenidas en cualquier T.I.).

El debate ha comenzado con el proyecto del ministro Zaldívar (que busca resolver una contradicción de tesis entre dos Tribunales Colegiados) y se atoró en nudo complejo pero, desde mi perspectiva, superable. Podemos llamar al atorón “el dilema de los límites constitucionales a los derechos humanos”. La objeción fue planteada por el ministro Pardo Rebolledo y seguramente será el eje de las discusiones de los días por venir. Así que conviene conocer sus coordenadas.

jerarquíaLa tesis central del ministro Zaldívar –que yo comparto- es que la constitución reformada en 2011 “establece un nuevo catálogo de derechos humanos integrado, tanto por derechos humanos de fuente constitucional como de derechos humanos de fuente internacional”. Entre esos derechos, entonces, sin importar cuál sea su fuente u origen no existe una relación jerárquica. Están, por así decirlo, en el mismo nivel normativo que, por cierto, es el máximo nivel dentro de nuestro ordenamiento constitucional. Por eso –siguiendo las tesis del ministro ponente- constituyen un parámetro de validez para el resto de las normas jurídicas. Esos derechos son una masa o una red que debe articularse y coordinarse a través de diversos principios y técnicas de interpretación. Ello es necesario porque con cierta frecuencia, inevitablemente, dos o más derechos de ese amplio catálogo puede entrar en tensión o incluso colisionar. Al resolver esos casos problemáticos los jueces deben buscar una solución que permita –en la medida de los posible- armonizar los derechos; ello en el entendido de que éstos son interdependientes e indivisibles. Lo que importa –y estos es muy importante- es garantizar que, más allá de la solución a los casos problemáticos concretos, todos los derechos coexistan en un plano de igual jerarquía.

La objeción del ministro Pardo Rebolledo en realidad introduce un dilema que el proyecto de Zaldívar no se propone resolver: ¿qué deben hacer los jueces cuando la constitución mexicana establezca una restricción o límite a un derecho humano y exista un tratado en el que ese derecho se encuentre ampliamente protegido? Pensemos, por ejemplo, en el caso del arraigo judicial que nuestra constitución permite y que constituye un límite a la libertad personal (amparada por el principio de presunción de inocencia) que contraviene diversos tratados internacionales[1]. En casos como éste, según el ministro Pardo, la restricción constitucional debe prevalecer, por razones de jerarquía, sobre la norma o normas internacional(es). Su argumento es interesante porque se basa en el texto del propio artículo 1º constitucional (motivo principal de la contradicción y del debate en curso) que, en su primer párrafo, a la letra, dice:  

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Para el ministro Pardo Rebolledo ese párrafo establece el parámetro último de jerarquía y coloca a la constitución –cuando impone límites o restricciones- por encima de las normas constitucionales o convencionales que recogen derechos humanos.  El argumento puede expresarse en una frase como la siguiente: “las restricciones constitucionales están por encima de los derechos”. El solo fraseo que acabo de proponer –si en efecto logra resumir, como pienso, la postura del ministro Pardo-, muestra lo paradójico del argumento. Consideremos, por ejemplo, como lo propone el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena que será discutido la próxima semana, aquellos derechos cuyo ejercicio, según la propia constitución, no pueden limitarse ni restringirse (Art. 29). Me parece que su sola existencia constitucional avala la tesis que propone el ministro Zaldívar y desarticula la objeción del ministro Pardo Rebolledo.

En todo caso, si se impone la lógica de las jerarquías como propone Pardo, estos derechos serían las normas de mayor jerarquía en el ordenamiento:

…no discriminación, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la protección a la familia, el nombre, la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

Pero lo cierto es que también estos derechos –en realidad como todos- en situaciones concretas pueden entrar en tensión o colisionar y, por lo mismo, aunque su ejercicio no pueda ser objeto de restricciones o limitaciones, tendrán que ser objeto de ponderaciones y armonizaciones.  Y esta es la tesis de Zaldívar. A partir de hoy conoceremos la postura de los demás ministros de nuestra Suprema Corte de Justicia. Por lo pronto, hay que decirlo, nuestros jueces constitucionales, están debatiendo con inteligencia y con argumentos.  Y eso se agradece.


[1] El ejemplo no fue planteado por el ministro Pardo Rebolledo pero sí por el ministro Sergio Valls en una breve intervención.

*http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=3021 

FIERROS EN LA LUMBRE*

JORGE ALCOCER

Más allá de lo que supone la saturación de temas para el trabajo del Congreso y su relación con el Ejecutivo y los partidos, hay que recuperar las condiciones materiales para que los legisladores y el Presidente puedan desarrollar sus tareas, sin el riesgo de padecer hechos como los vividos la semana pasada. Ayer por la tarde la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados intentaba llegar con la CNTE a los acuerdos que permitan iniciar el periodo ordinario y sesionar con normalidad. Ojalá así sea, pero la amenaza de tormenta sigue presente.

El próximo domingo dará inicio el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión; en la sesión de apertura, deberá darse cuenta de que se recibió el Primer Informe de Gobierno del presidente de la República, que será analizado en sesiones posteriores en cada una de las Cámaras.

De los temas por atender en las sesiones ordinarias destacan las leyes reglamentarias de la reforma política promulgada en agosto de 2012 (candidatos independientes, consulta popular, iniciativa ciudadana e iniciativa preferente). Sigue en trámite la reforma al IFAI, devuelta por los diputados al Senado, en tanto que este último devolvió a aquéllos la reforma constitucional en materia de deuda de estados y municipios. Los senadores tendrán que resolver, cuanto antes, sobre las designaciones de los comisionados del Ifetel y la Cofeco, con base en las propuestas que ya les envió el presidente Peña Nieto. De igual forma, espera turno en San Lázaro la iniciativa de Ley General del Servicio Profesional Docente, que motivó las radicales acciones de protesta de la CNTE.

Están pendientes de envío al Congreso las iniciativas de reformas a las leyes en materia de telecomunicaciones, televisión y radio, y competencia económica, en tanto que en el Senado sigue atorada la de reforma constitucional "anticorrupción" y no ha sido enviada, por el Ejecutivo, la de propaganda gubernamental. En materia electoral, la lista de temas sigue creciendo, unos derivados de los compromisos del Pacto por México y su adendum, y otros producto de las exigencias de cada partido; aunque se anunció que las mesas instaladas por el Consejo Rector trabajarían a marchas forzadas, no se avizoran, en el corto plazo, los acuerdos que permitan alcanzar el voto de, al menos, los tres mayores grupos parlamentarios, que sin ser un requisito jurídico, es necesario por razones políticas.

Con o sin reforma electoral, los diputados tendrán que emitir la convocatoria para la renovación del Consejo General del IFE (cuatro consejeros electorales y el consejero presidente), lo que deberá quedar resuelto a más tardar el 30 de octubre; de lo contrario, ese Instituto tendrá que funcionar con solamente cuatro consejeros.

Legisladores y dirigentes del PAN y PRD insisten en que primero deberán desahogarse los asuntos electorales, luego lo demás; lo que deja sin fecha previsible el debate y votación de las iniciativas de reforma energética, y la que se anuncia en materia fiscal, a presentarse por el Ejecutivo el 8 de septiembre. El Presupuesto de Egresos debe quedar aprobado antes del 16 de noviembre, lo que supone que previamente esté aprobada la Ley de Ingresos, y ésta a su vez requiere de las leyes tributarias, y de tener definido el régimen fiscal de Pemex.

Son muchos fierros en la lumbre.

No sabemos si el presidente Peña Nieto enviará al Congreso, el 1o. de septiembre, hasta dos iniciativas con carácter preferente, como lo hizo el ex presidente Felipe Calderón en 2012, o si mantendrá la decisión de no usar esa facultad.

Hay que hacer un alto en el camino para evitar que la agenda legislativa siga llenándose de asuntos en los que no existen condiciones para dictamen y votación; al tiempo que los ya incluidos en ella deben tener orden y concierto para su desahogo.

El mérito del Pacto fue abrir camino para la construcción de acuerdos entre el gobierno y los partidos políticos; su defecto ha sido tratar al Congreso como ventanilla receptora de iniciativas que carecen de la fuerza que solo otorga el diálogo entre los grupos parlamentarios para hacer posible su aprobación. Parece llegado el momento de subsanar el defecto, o al menos no seguir metiendo más fierros a la lumbre.

*Reforma 27-08-13

lunes, 26 de agosto de 2013

#derechoalaverdad*

PEDRO SALAZAR UGARTE

¿La matanza de decenas de personas migrantes y el secuestro de otras tantas por el crimen organizado puede considerarse una violación grave de los derechos humanos? Esa es la interrogante —aguda, inquietante, detonadora— que ha planteado Artículo 19, una organización de la sociedad civil conocida y reconocida por su defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos, a los comisionados del IFAI. Lo ha hecho al solicitar tener acceso a la averiguación previa en poder de la PGR relacionada con la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas en el 2010. En principio, dicha indagatoria, por ley, es información reservada por lo que, al menos por ahora, no es de dominio público. Sin embargo, la legislación también señala lo siguiente: “No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”. Lo que pide Artículo 19 es que se active esta excepción.

Dos comisionados del IFAI —Jacqueline Peschard y Ángel Trinidad—, echando mano de argumentos legales, de interpretaciones de la SCJN, de información de la CNDH y de tratados internacionales, a mi juicio con razón, apoyaron la solicitud presentada. La mayoría de sus colegas, en cambio, les dio la espalda. Para sustentar sus votos, los primeros, argumentaron que los terribles hechos acaecidos en Tamaulipas califican dentro de los supuestos contemplados en la norma; los segundos, en cambio, aunque manifestaron su pesar por lo grave de los acontecimientos, rechazaron calificarlos como violaciones de derechos humanos. El argumento clave de esta postura mayoritaria fue que los homicidios, vejaciones y secuestros no fueron cometidos por las autoridades del Estado.

No se trata de una disputa menor si atendemos a su implicaciones y consecuencias. ¿Cuándo y bajo qué circunstancias la omisión estatal ante la violencia criminal puede considerarse un acto cómplice? Si la respuesta es nunca, entonces, los comisionados de la mayoría llevan la razón. Pero si la posibilidad existe, entonces, estamos obligados a considerar los hechos sucedidos, a calibrar su gravedad y, sobre todo, a preguntarnos qué pudieron y debieron hacer las autoridades para evitarlos. La tesis de Artículo 19, secundada por Peschard y Trinidad, se inclina en esta dirección y está inspirada en una teoría garantista de los derechos humanos que sostiene que la violación de los mismos también puede provenir de parte de los particulares —en este caso del crimen organizado— y que, cuando ello sucede, invariablemente conlleva responsabilidad estatal. Sus colegas adoptaron una concepción conservadora que la mayoría de los tribunales internacionales han venido abandonando.

Que quede claro: a los comisionados no se les pidió deslindar responsabilidades ni determinar consecuencias jurídicas relacionadas con los hechos delictivos. Lo que se les solicitó fue determinar si las características de lo sucedido en San Fernando activan la excepción legal que sirve para derrotar a la reserva de información relacionada con los hechos. Y no hay que perder de vista que la verdadera excepción es que las averiguaciones previas sean información reservada porque, en materia de transparencia, constitucionalmente impera el principio de máxima publicidad. Así que la petición estaba en sintonía con la misión institucional del IFAI.

Vale la pena recordar que ese instituto también es garante del derecho humano de protección de datos personales y que éste, por mandato de ley, se opone a los particulares. Así que el argumento central de la mayoría —integrada por los comisionados Laveaga, Pérez Jaén y Arzt—, hace agua en su propia casa. Lo cierto es que los derechos humanos pueden ser violados por todos los poderes —públicos o privados— y es un deber del Estado evitar que ello suceda. Los secuestros y asesinatos de migrantes en Tamaulipas y en otras partes del país no son delitos comunes. Nada de eso.

*El Universal 26-08-13

sábado, 24 de agosto de 2013

¿NACIONALIZAR LAS ELECCIONES?*

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO

Desde la propuesta inicial del Pacto por México, y más ahora con la instalación de las mesas de instrumentación de los temas político-electorales de dicho acuerdo y de su posterior addendum, se ha puesto en primer plano la posibilidad de nacionalizar los procesos electorales del país.

Aunque la propuesta no es nueva (se discute de ella desde la reforma de 1990), también es cierto que nunca había concitado consensos tan amplios.

Dos son los argumentos fundamentales que se han puesto sobre la mesa para respaldar esa propuesta: a) la duplicidad de costos que supone la coexistencia de institucionales federales (el IFE y el Tribunal Electoral) con órganos electorales administrativos y jurisdiccionales en cada entidad federativa, y b) la “captura” y subordinación que estos últimos padecen frente al poder de los Ejecutivos locales.

No estoy cierto que esos argumentos invariablemente nos conduzcan a concluir la necesidad de nacionalizar los procesos electorales. En efecto, por un lado, la creación de órganos electorales nacionales únicos, me temo, acarreará una reingeniería institucional que, con mucha probabilidad, incrementará los costos de operación actuales del IFE y del TEPJF.

Por otro lado, la creación de un instituto y de un tribunal electoral nacionales no son la única vía para enfrentar la eventual injerencia que los poderes ejecutivos locales pueden tener sobre los órganos electorales de sus respectivas entidades. Otra solución, más sencilla, es fortalecer esos órganos estableciendo, desde la Constitución Federal, garantías tales como la inamovilidad de sus miembros, periodos de designación transexenales, los perfiles de sus integrantes, autonomía financiera, etcétera.

Difiero de quienes sostienen como objeción a la eventual nacionalización de las elecciones que ello vulneraría el pacto federal. La organización de las elecciones es una función eminentemente técnica que no tiene que ver con el ejercicio del poder soberano de cada entidad. Ello explica por qué existen Estados federales en los que la organización de las elecciones, tanto federales como locales, son organizadas por órganos nacionales (como ocurre en Canadá o Brasil), o bien federaciones en donde las elecciones federales son organizadas por órganos electorales locales —y hasta municipales— en sus respectivas demarcaciones (como ocurre en Estados Unidos).

Pero quienes abanderan la propuesta no pueden dejar de tomar en cuenta una serie puntos de manera previa. La eventual nacionalización implica un ejercicio serio y razonado que debe contemplar y resolver una serie de complejidades, objeciones e inconvenientes reales; de otro modo, la propuesta puede llegar a generar problemas mayores de los que buscan resolverse. Es la típica decisión que no puede ser tomada a la ligera y sin una reflexión muy seria y puntillosa.

Y es que el punto de partida de toda reflexión sobre el tema es que hoy día tenemos un diseño electoral en el país que ha funcionado y que, a pesar de que es sin duda perfectible, y aunque sin duda es, en muchos sentidos, disímbolo, ha permitido que la legalidad electoral funcione, que la pluralidad política se recree a lo largo y ancho del país, que la representación política refleje esa pluralidad y, en general, se hayan naturalizado entre nosotros fenómenos típicamente democráticos como la alternancia, la ausencia de mayorías predefinidas y elecciones competidas y frecuentemente con resultados cerrados.

La base sobre la que se ha construido nuestro sistema electoral es la existencia de un consenso básico y transversal en relación con las reglas del juego político. Al parecer existe un consenso amplio y generalizado sobre la pertinencia de nacionalizar las elecciones y es algo que no puede desacreditarse a priori. Pero lo que sí debemos exigir es que si se avanza en una operación tan profunda y radical, ello ocurra habiendo tomado en cuenta todas las aristas y complejidades que esa transformación supone; que se hayan sopesado a la luz de ese análisis la pertinencia de la idea y que se convengan las soluciones para resolver esas problemáticas.

No hacerlo implicaría poner en riesgo los logros que hemos obtenido y abriría la puerta a un delicado flanco para la dimensión electoral de nuestra democracia. Sea cual sea la decisión que se tome, en suma, debe ser muy seria y ponderada y ser refractaria a la improvisación.

*El Universal 24-08-13

CAMBIO DE PARADIGMA*

ANA LAURA MAGALONI 

El lunes que viene, el Pleno de la Suprema Corte tiene la posibilidad de sentar las bases jurisprudenciales para que los jueces y los litigantes en México tengan parámetros claros sobre cómo operar, en el día a día, la reforma constitucional de derechos humanos. Los proyectos a discutir son del ministro Arturo Zaldívar y del ministro Alfredo Gutiérrez. Ambos resuelven contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados que tienen que ver centralmente con los problemas jurídicos que se derivan de dotar de rango constitucional a las normas de derechos humanos contenidas en los Tratados Internacionales suscritos por México. Todos estos temas son muy técnicos y es difícil siquiera dimensionar, para alguien ajeno al mundo del derecho, la relevancia e implicaciones concretas de cada uno de ellos. No obstante, haciendo abstracción de las cuestiones técnicas, creo, lo que está en juego para todos nosotros es qué tan amplio o restringido es el catálogo de derechos humanos de rango constitucional que podemos hacer valer frente a la autoridad y bajo qué principios o criterios deben interpretar y hacer efectivos tales derechos los jueces. Sospecho que en este tema, como en muchos otros, la Corte estará dividida: los ministros que quieren preservar el statu quo vs. los que entienden que la reforma de derechos humanos es un cambio de paradigma.

Esta discusión de los ministros se inserta en un México que en donde el viejo modelo político de gestión de la conflictividad social está roto. La administración de Calderón apostó a generar un nuevo modelo centrado en el uso de la fuerza coactiva del Estado. Su apuesta no resultó o fue incompleta. La posibilidad de que el Estado mexicano pueda construir mecanismos duraderos y efectivos de control y pacificación de conflictos no sólo tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y el ejercicio de la fuerza coactiva. También, creo yo, se necesita de una profunda transformación de la administración de justicia. En concreto, necesitamos jueces que generen nuevos referentes colectivos sobre la relación entre el derecho y la justicia. Esto es, requerimos de jueces que, a través de sus decisiones, nos permitan comprender por qué el derecho que nos rige es justo, razonable y socialmente útil. Ello es lo que, en una democracia, incentiva el acatamiento voluntario de las normas jurídicas. En este sentido, el discurso jurídico que domina en el ámbito jurisdiccio- nal -acartonado, reiterativo, formalista-, y que es propio de jueces que operaron en un régimen autoritario, es uno de los obstáculos más importantes que enfrentamos para cons- truir esos nuevos mecanismos de pacificación de conflictos propios de una democracia.

La reforma constitucional de derechos humanos bien implementada puede convertirse en el motor de cambio del paradigma argumentativo de los jueces en México. El tipo de retórica jurídica que se necesita para hacer operativos los derechos humanos en la resolución de conflictos jurisdiccionales exige un nuevo tipo de destrezas argumentativas tanto para la profesión legal como para los jueces. Las normas de derechos humanos se caracterizan por utilizar un lenguaje axiológico y particularmente genérico. Su propósito, además, es poner al ciudadano en el centro del quehacer de la autoridad, incluidos los jueces. Todo ello hace que sea imposible utilizar la típica retórica judicial de análisis de puntos, comas y letras. Los jueces ya no podrán argumentar que "si la sentencia es injusta es culpa del legislador". Dicho en forma positiva, los derechos humanos, como normas de rango constitucional, obligan a todos los jueces y a los abogados litigantes a argumentar soluciones jurídicas que tienen que hacerse cargo de los valores que nos dan identidad como colectividad y que le dan sentido a un régimen democrático. También tendrán que hacerse cargo de las implicaciones, en términos sociales, políticos y económicos, de las soluciones propuestas. Las malas sentencias seguirán existiendo como hasta ahora. La diferencia es que, con el paso del tiempo, la calidad del discurso jurídico y su posibilidad de diálogo con la sociedad y la opinión pública permiten generar un debate público de mayor calidad sobre el desempeño de los jueces, así como mejores referentes colec- tivos sobre la relación entre el derecho y la justicia. Inclusive las malas sentencias se discutirán desde un paradigma distinto: la razonabilidad, la justicia, la utilidad de la solución propuesta, la congruencia con la jurisprudencia nacional e internacional, etcétera.

Los proyectos de Zaldívar y de Gutiérrez son el prototipo de la nueva retórica jurídica que necesita nuestro sistema de administración de justicia. Ambos son proyectos increíblemente claros, analíticos, congruentes y persuasivos. Además, son muy complementarios en contenido. Me parece que los ministros que no estén de acuerdo con tales proyectos tendrán problemas para rebatirlos con buenos argumentos jurídicos. Pero, sobre todo, la pregunta que está en el aire es, finalmente, cuántos de los 11 ministros tienen clara la función histórica que le toca a la Corte desempeñar en este México conflictivo y convulsionado. Preservar el statu quo es receta para el desastre. Veamos qué pasa el lunes en la Corte y quién es quién de los ministros.

*Reforma 24-08-13

jueves, 22 de agosto de 2013

EL DF Y SU REFORMA*

JOSÉ WOLDENBERG

En 1996, en el marco de la reforma política-electoral más ambiciosa y abarcante de cuantas hemos tenido y con el respaldo de los cuatro partidos que entonces ocupaban asientos en el Congreso (PRI, PAN, PRD y PT), se dio un paso importante en la democratización del Distrito Federal. Entonces se acordó que el jefe de Gobierno y los jefes delegacionales fueran electos y que la Asamblea de Representantes se transformara en una Asamblea Legislativa con facultades incrementadas.

Hoy quizá estemos a las puertas de una nueva reforma que ampliará los márgenes de autonomía de la ciudad capital. El jefe de Gobierno ha presentado una iniciativa que, de prosperar, requeriría de dos momentos diferenciados para hacerse realidad: a) una reforma constitucional primero y b) un proceso constituyente que desembocaría en una Constitución para el DF. Esa y otras iniciativas en la materia ya están en la mesa del Pacto por México y eventualmente pueden generar los acuerdos necesarios. Ya se sabe, pero no sobra repetirlo: ninguno de los partidos tiene los votos suficientes en el Congreso como para despacharse con "la cuchara grande".

La iniciativa de reforma constitucional del doctor Mancera supone que el DF pase a denominarse Ciudad de México. Se mantendría como la capital y la sede de los Poderes de la Unión. Gozaría de "autonomía en lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, en los términos y las particularidades expresamente establecidas" en la Constitución. La hasta hoy inexistente Constitución de la Ciudad de México incorporaría "los derechos humanos... y establecería las más amplias garantías para su protección". La fórmula de integración del Poder Legislativo de la ciudad sería resuelta por la Asamblea Constituyente, y ella misma definiría "la división territorial y la organización político-administrativa de la entidad". El titular del Poder Ejecutivo sería -como hoy- electo y duraría en su encargo seis años. Se establecería la necesidad de diseñar "mecanismos de coordinación administrativa entre la Ciudad de México, la Federación y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana". "Las demarcaciones territoriales" tendrían un gobierno a cargo de un titular electo por votación universal y contarían con "un órgano colegiado" también electo cuyas facultades serían de supervisión y evaluación del gobierno. En las elecciones de los ejecutivos y los cuerpos colegiados de las demarcaciones podrían contender candidatos independientes y los postulados por los partidos; y los integrantes de los "órganos colegiados" serían electos "según los principios de mayoría y de representación proporcional". La ciudad contaría con organismos constitucionales autónomos (como el resto de las entidades y como sucede hoy). Los Poderes Federales solamente tendrían las siguientes facultades: legislar en materia de coordinación metropolitana, intervenir en materia de deuda pública y "dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Unión en la capital". Quien encabece la fuerza pública de la ciudad podría ser removido por el presidente de la República "exclusivamente por causas graves". Existirá un Consejo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Centro con representantes del gobierno de la ciudad y de los municipios conurbados.

Todo lo anterior aparece en la iniciativa de reforma constitucional presentada por el jefe de Gobierno. Luego, lo que procedería es la realización de un evento Constituyente. Según el esquema presentado en los artículos transitorios, la Asamblea Constituyente se instalaría el 15 de mayo de 2014 y debería concluir sus trabajos a más tardar el 31 de agosto. En ese bosquejo sería "facultad exclusiva del Jefe de Gobierno del DF elaborar y remitir el proyecto de Constitución... que será discutido y votado en la Asamblea". Aunque se asume que las reglas para la integración de la Asamblea deberán estar en los artículos transitorios de la Constitución, por lo pronto no aparecen y se enuncia que están pendientes. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores sería el órgano garante de la debida instalación de la Asamblea, y una vez instalada ésta "gozará de plena autonomía". Para el desahogo de sus trabajos la Asamblea podrá crear comisiones, pero los acuerdos definitivos serán tomados por el pleno. Los integrantes de la misma tendrán un carácter honorario, es decir, no recibirían remuneración. Y la Asamblea no podrá interferir en las funciones de ninguno de los Poderes de la Unión ni del gobierno del DF. Tampoco podrá "realizar pronunciamientos o tomar acuerdos respecto del ejercicio de los gobiernos federal o del Distrito Federal".

Se sabe que el PAN desea que "las demarcaciones territoriales" sean municipios y ese será un punto sensible del eventual acuerdo. También las bases para la integración de la Asamblea generarán debate. Pero por lo pronto tenemos una propuesta, una ruta y una oportunidad.

*Reforma 22-08-13

LA PRIVATIZACIÓN DE LAS PLAZAS Y LAS CALLES*

MIGUEL CARBONELL

En todo régimen democrático el derecho a manifestarse es un derecho humano que debe ser garantizado sin falta en favor de cualquier individuo que tenga razón o motivo para estar inconforme con decisiones del gobierno. La protesta ciudadana es indispensable para nivelar la agenda pública y arrebatar a los políticos el monopolio del debate nacional.

Pero para que la democracia no esté secuestrada por grupos que viven de organizar protestas para obtener beneficios económicos y laborales, no se debe permitir que nadie se apropie de nuestras plazas y nuestras calles, que deben estar permanentemente abiertas para todas las voces y todos los grupos.

Cuando un movimiento magisterial francamente regresivo y violador de los derechos humanos de millones de niños dice que va a ocupar la plaza del Zócalo de forma indefinida, lo que en realidad está haciendo es privatizar un espacio público, que —como tal— debería estar disponible para todos, tengamos o no motivos por los cuales manifestarnos.

No voy a discutir ahora sobre las nulas razones que aducen los maestros de Oaxaca, Guerrero y Michoacán para repetir su estrategia de chantaje con la que han logrado desviar cientos de millones de pesos de nuestros impuestos hacia los bolsillos de unos cuantos líderes (como lo ha documentado con precisión Carlos Loret de Mola en estas mismas páginas y como lo ha denunciado desde hace años la agrupación Mexicanos Primero), lo que sostengo es que no se puede permitir que una plaza que es de todos los mexicanos sea “confiscada” por unos cuantos, impidiendo a los demás que también transitemos, protestemos o la recorramos cuantas veces se nos pegue la gana.

Solamente se les permite tal atropello porque son muchos y porque las autoridades siguen viviendo bajo fantasmas del pasado. ¿Qué pasaría si llegara un ciudadano, solamente uno, y quisiera quedarse a vivir en el Zócalo durante semanas o meses, día y noche sin interrupción? Lo más probable es que sería rápidamente removido por la policía. Pero si eso mismo lo hacen 500 o mil personas entonces se cree que se les debe permitir. No parece razonable ni lógico.

¿Qué pasaría si ese mismo ciudadano solitario decidiera caminar por en medio de uno de los carriles de Paseo de la Reforma todos los viernes por la tarde, cargando una pancarta de protesta contra cualquier cosa? Seguramente en pocos minutos llegaría una patrulla y lo quitaría de en medio. ¿Cómo es que se les permite a ciertos grupos de ciudadanos que cierren calles y avenidas cuando se les venga en gana y sin ninguna consecuencia? ¿Bajo qué argumentos la autoridad decide dejar de aplicarles la ley y permitir que violen los derechos humanos de los demás, ya sea el derecho a la educación o el derecho a la libertad de tránsito?

Repito: el derecho a la libre manifestación e incluso el derecho a la protesta es un derecho humano y es indispensable para todo régimen democrático. La oposición al gobierno por medios pacíficos también alimenta y da valor a la democracia. Las voces disidentes son esenciales para que la ciudadanía tenga acceso a distintos puntos de vista y se pueda ir conformando una opinión pública verdaderamente libre. Eso está fuera de toda duda. Lo único que no se debe permitir es la privatización de espacios públicos, lo que de ninguna manera puede entenderse como un derecho humano.

Las calles y las plazas son de todos y deben seguirlo siendo. Las autoridades deben garantizar que las plazas sirvan tanto para protestas de los maestros como para que paseen las familias, para conmemorar fechas cívicas como para organizar un concierto o una feria del libro. Solamente cuando se da esa concurrencia de posibilidades los espacios públicos se convierten en elementos verdaderamente compartidos, a partir de los cuales se desarrolla un sentimiento de comunidad y de cooperación social indispensable para el avance de cualquier sociedad humana. Pero si las plazas son “secuestradas” por los intereses de unos cuantos y la indolencia (o el miedo) de la autoridad, lo más probable es que estemos ante un retroceso cívico de importantes dimensiones. Y eso es algo que no deberíamos permitir nunca, por el bien de todos.

*El Universal 22-08-13

miércoles, 21 de agosto de 2013

EL TRIUNFO DE LA OPACIDAD*

MAURICIO MERINO

La información sobre la reforma de transparencia ha fluido a cuentagotas, porque los diputados federales cancelaron la apertura que llevó al Senado a aprobar un proyecto que, en su momento, mereció todo el reconocimiento. Y hoy sabemos la razón: las buenas nuevas se cayeron en medio de argumentos que, en efecto, no podían defenderse sino hasta construir una mayoría aceptable.
Varias veces he escrito en este espacio que la falta de un buen sistema de rendición de cuentas puede convertirse en el Talón de Aquiles del sexenio. Y ahora observo que este riesgo comienza a volverse realidad: el retroceso que implicaría la reforma modificada por los diputados llevaría, en la práctica, a la anulación de lo que ya se había ganado en diez años de existencia del IFAI. Y aunque la reforma fuera presentada con la misma potencia de la propaganda oficial que ha acompañado las decisiones previas del gobierno, al final será imposible tapar el sol con los dedos del poder.

Apenas el lunes 19 se presentó el Décimo Informe de labores del IFAI, y en cada uno de sus párrafos puede verse la tensión que ha existido para honrar el principio constitucional de máxima publicidad. La institución ha tenido que vencer amparos sistemáticos; litigios ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y ante la Suprema Corte de justicia; resistencias burocráticas de toda índole e, incluso, la más flagrante impunidad de los funcionarios que se han negado a abrir la información que está en sus manos y que, aún así, siguen todavía en sus puestos sin recibir sanción alguna. La breve historia del IFAI ha sido una historia de disputas continuas para enfrentar los obstáculos de quienes siguen viendo a la administración pública como su patrimonio personal.

Para conjurar esos despropósitos, en el Senado se aprobó que el IFAI ganara autonomía plena y que sus decisiones fueran definitivas e inatacables; y se aprobó también que la transparencia llegara tan lejos como los dineros públicos -en todos los casos e incluyendo también a los partidos y los sindicatos--. No obstante, en la Cámara de Diputados no sólo han propuesto que el principio constitucional de máxima publicidad se acote en función de criterios de seguridad (en sentido muy extenso, incluyendo la seguridad pública y la financiera, interpretadas al buen juicio de cada funcionario), sino que los ministros de la Suprema Corte de justicia se conviertan en los verdaderos titulares del IFAI, al dotarlos de autoridad para corregir sus decisiones mediante los recursos que interpondría el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, la PGR, el Banco de México y la CNDH. Es decir, han privilegiado abiertamente el arcana imperii sobre el derecho fundamental de acceso a la información.

Además, de aprobarse la reforma que los diputados procesaron en medio de la oscuridad, los partidos políticos mantendrían vigente el régimen de excepción que hoy les protege de la transparencia y podrían, como ya sucede, seguir ocultando los ingresos públicos que reciben de las entidades federativas, porque éstos no forman parte de las obligaciones entregadas a las autoridades federales. Y de paso, con la propuesta de renovar la integración del órgano de dirección del IFAI, los diputados le habrían regalado a sus partidos una nueva oportunidad para repartirse puestos públicos por cuotas negociadas.

Flaco favor le están haciendo los diputados federales del PRI al Presidente Peña Nieto, pues será inverosímil alegar que están actuando al margen o en contra de su liderazgo. Si el Presidente anunció que sus primeras decisiones serían proclives a la transparencia, en lo que llevamos del sexenio las cosas han sucedido al revés y siguen empeorando. Así que, dadas estas circunstancias, lo mejor es que ya no pase nada: sería mil veces preferible que se mantenga el status quo a que siga generándose esta cadena inaceptable de ocurrencias para ocultar a toda costa la información pública de México. 

*El Universal 21-08-13

TIEMPOS DE REFORMAS*

MARÍA DEL CARMEN ALANÍS

Quedaron instaladas las mesas del Pacto por México para la redacción de una reforma político– electoral. Es palpable una voluntad compartida de transformación que fácilmente logrará los consensos para cambios constitucionales y legislativos. 
Pero a diferencia de otros tiempos, la reforma en curso no está guiada por un faro único que ordene los esfuerzos. Si la modificación electoral de 1996 apostó por la ciudadanización de las instituciones electorales y la de 2007 por la equidad en las campañas, ¿qué es lo que anima al proceso reformador 2013? Confluyen en el ambiente político objetivos diversos —a veces hasta contradictorios— en torno a los cuales se han esbozado las primeras propuestas. 
Preocupa que el debate se ha dado sin escuchar detenidamente la experiencia de las instituciones electorales. El contacto permanente que éstas tienen con los comicios permite advertir los problemas asociados a cada alternativa de política pública que se pudiera adoptar. Aquí algunas coordenadas de ese problemario que habría que desarrollar. 
• Candidaturas independientes: es indispensable preservar la vigencia del principio de equidad, pues de otra manera su participación en las contiendas será meramente cosmética. De ahí que debe definirse si tendrán representación en los consejos electorales, si gozarán de espacios oficiales en radio y televisión, si participarán en los debates entre candidatos y —muy especialmente— si gozarán de financiamiento público para el desarrollo de sus campañas. De ser el caso, habría que pensar cuál es el umbral de representatividad que permitiría formalizar una candidatura ciudadana. 
• Ley de partidos: un insumo indispensable para la redacción de una ley en la materia deben ser las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cada año el Tribunal resuelve más de 7 mil asuntos promovidos por militantes en contra de sus propios institutos políticos. Las ejecutorias versan sobre acceso a candidaturas y puestos de dirección, disputas por financiamiento, etcétera. Ello da cuenta de las necesidades de regulación en la materia y de la fragilidad de los aparatos de justicia al interior de los institutos políticos. 
• Reformas electorales: las agendas se han centrado en la necesidad de perfeccionar el código comicial, sobre todo en materia de fiscalización. Sin menoscabo de esas demandas, el legislador debería tener en cuenta que se han detectado también importantes necesidades para la justicia electoral, como podría ser la de reconocer nuevos sujetos legitimados para la interposición de medios de impugnación, la urgencia de un medio para solicitar la excitativa de justicia, o bien la procedencia del juicio ciudadano para impugnar la integración de autoridades electorales. 
• Representación: hay déficits en materia de inclusión. Es necesario rediseñar el sistema de cuotas de género para que las mujeres accedan a la representación política en forma partitaria. Debe repensarse la fórmula de distritos indígenas, pues ésta no ha logrado que dichos pueblos accedan al Congreso en proporciones similares a su peso poblacional. 
• Instituto Nacional Electoral: uno de los objetivos que subyacen a esta propuesta es el de reducir la influencia de gobernantes sobre autoridades electorales locales. Es necesario considerar que el desarrollo de mayores grados de independencia sólo se logrará si viene aparejado de un nuevo modelo de selección meritocrática en el que participen universidades o colegios de profesionistas. Deben llegar los mejores, no los afines. 
Por otra parte, será necesario considerar si se ha de erigir un sistema de medios de impugnación único para todos los asuntos derivados de elecciones locales, o si las impugnaciones se harán atendiendo a la regulación de cada entidad federativa. 
• Control constitucional: a partir de 2007 contamos con un esquema dual de control constitucional: la SCJN concentra los efectos generales y el TEPJF inaplica preceptos para casos concretos. Este modelo debe revisarse, a la luz de la reforma de derechos humanos de 2011 y de los problemas de sincronía detectados cuando los controles abstracto y concreto pudieran ir por distintos sentidos.

*El Universal 21-08-13

martes, 20 de agosto de 2013

CUANDO LAS ÉLITES FRACASAN*

JURGÜEN HABERMAS
Con el título, tan significativo, de “Kein deutsches Europa!” [No queremos una Europa alemana], Wolfgang Schäubledesmentía hace poco en un artículo publicado simultáneamente en diarios de Inglaterra, Francia, Polonia, Italia y España, que Alemania aspire a asumir el liderazgo político en la Unión Europea (Süddeutsche Zeitung 20/21 de julio de 2013). Schäuble que, junto con la ministra de Trabajo, es el último “europeo” de corte germano-occidental que queda en el gabinete de Angela Merkel, habla desde el pleno convencimiento personal. Es cualquier cosa menos un revisionista que quiera anular la integración de Alemania en Europa y destruir así el fundamento de la estabilidad del orden de posguerra. Conoce el problema cuyo regreso debemos temer nosotros, los alemanes.
Tras la fundación del imperio en el año 1871, Alemania había adoptado una funesta posición semihegemónica en Europa, tal como expresa la famosa frase de Ludwig Dehio, “demasiado débil para dominar el continente pero demasiado fuerte para integrarse”. Y esto también contribuyó a allanar el camino hacia las catástrofes del siglo XX. La lograda unificación europea impidió, no solo a la Alemania dividida sino también a la Alemania reunificada, volver a caer en el antiguo dilema. Es evidente que la República Federal está interesada en que esto no cambie. Pero ¿no ha cambiado de hecho la situación? Wolfgang Schäuble reacciona ante un peligro actual. Él mismo es quien impone a la fuerza el testarudo rumbo de Angelika Merkel en Bruselas y quien palpa la grieta que podría resquebrajar el núcleo de Europa.
Él es quien tropieza con la resistencia de los “países receptores” en los círculos de los ministros de Hacienda de la comunidad monetaria europea cada vez que bloquea los intentos de introducir un cambio de política. El impedir una unión bancaria para la asunción comunitaria de los costes de la liquidación de los bancos malos es tan solo el ejemplo más reciente de ello. Schäuble no se aparta ni un milímetro de la norma de la canciller de no cargar a los contribuyentes alemanes con nada que rebase el alcance exacto de los créditos que requieran en cada caso los mercados financieros para el rescate del euro, y que siempre han recibido como consecuencia de una “política de rescate” indisimuladamente favorable a los inversores. Por supuesto, este rumbo seguido tan tenazmente no excluye un gesto de 100 millones en créditos para las clases medias que el tío rico berlinés toma de la caja fuerte del banco nacional para sacar del apuro a los primos de Atenas que se han quedado sin blanca.
La potencia líder que se niega a sí misma
Es un hecho que el gobierno de Merkel obliga a Francia y a los “países del Sur” a aceptar su controvertida agenda de crisis mientras que la política de adquisiciones del BCE brinda un respaldo no admitido. Pero al mismo tiempo, Alemania niega su responsabilidad en el marco de una Europa global por las consecuencias desastrosas que asume al poner en práctica ese papel – considerado como algo enteramente normal - de política de poder. Solo hay que pensar en el exorbitante paro juvenil del sur de Europa como una de las consecuencias de una política de ahorro con cargo a los miembros más débiles de la sociedad. Visto de este modo, el mensaje “nada de Europa alemana” cobra también el sentido, bastante menos bonito, de que la República Federal se coloca en un segundo plano. Desde un punto de vista formal, el Consejo Europeo decide de forma unánime. Angelika (sic) Merkel solo puede perseguir abiertamente intereses nacionales, o lo que ella considera como tales, como uno de los 17 miembros integrantes. El Gobierno alemán saca ventaja, incluso una ventaja desproporcionada, de la preponderancia económica del país siempre y cuando sus socios no duden de la lealtad, carente de ambiciones políticas, de los alemanes hacia Europa.
Pero ¿cómo puede resultar creíble este gesto de humildad a la vista de una política que se aprovecha descaradamente de la propia preponderancia económica y demográfica? Cuando, por ejemplo, toca imponer normas de emisión de gases más estrictas para el nuevo rico que fanfarronea de sus berlinas de lujo y estas normas perjudican – por supuesto, siempre en el marco del cambio energético – a la industria automovilística alemana, la votación se retrasa, por intervención de la canciller, hasta que el grupo de presión está satisfecho o ya han pasado las elecciones al Bundestag [Parlamento]. El artículo de Schäuble responde, me parece a mí, a la irritación que este doble juego del Gobierno federal produce en los círculos de los jefes de Gobierno de los restantes países del euro.
Un Gobierno federal cada vez más aislado trata de imponer frente a Francia y a los países en crisis una dura política de ahorro en nombre de imperativos de mercado que supuestamente no dejan otra alternativa. En contra de los hechos, da por sentado que todos los estados miembros de la Comunidad Monetaria Europea pueden decidir por sí mismos sobre sus respectivas políticas económicas y presupuestarias. Si es necesario deberán “modernizar” el Estado y la economía y aumentar su competitividad con ayuda de créditos del fondo de rescate, pero siempre por cuenta propia. Esta soberanía ficticia es cómoda para la República Federal porque ahorra al socio más fuerte tener en consideración los efectos negativos que pueden acarrear sus propias políticas a los socios más débiles. Por el contrario, Mario Draghi ya advertía hace un año “que no es legítimo ni soportable desde un punto de vista económico que la política económica de países concretos entrañe riesgos que rebasen las propias fronteras y afecten a los restantes socios de la unión monetaria” (Die Zeit 30 de agosto de 2012).
¿Ha caído Europa en una trampa sin salida?
Hay que repetirlo una y otra vez: las condiciones poco óptimas en las que la Comunidad Monetaria Europea opera hoy día se deben al error de construcción de una Unión Política que no es plena. Por eso la clave no está en cargar los problemas sobre los hombros de los países en crisis a través de la financiación crediticia. La imposición de políticas de ahorro no puede eliminar los desequilibrios económicos existentes dentro de la zona euro. Solo se puede esperar una equiparación de estas diferencias de nivel a medio plazo como resultado de una política fiscal, económica y social común o en estrecha sintonía recíproca. Y si no se quiere derivar por completo en una tecnocracia al seguir este camino, hay que preguntar a los ciudadanos de los países europeos cómo conciben el núcleo de una Europa democrática. Wolfgang Schäuble lo sabe. Lo dice también en entrevistas concedidas a la revistaSpiegel, entrevistas que no tienen consecuencias por lo que respecta a su propia actuación política.
La política europea ha caído en una trampa que Claus Offe define con precisión: si no queremos abandonar la unión monetaria, resulta, por un lado necesario y por otro impopular, llevar a cabo una reforma institucional que necesita tiempo. Por eso los políticos que desean ser reelegidos van dejando el problema para más adelante. Este dilema afecta sobre todo al Gobierno alemán, pues hace mucho que asumió con sus actos responsabilidades en el marco de una Europa global. Además, es el único que puede plantear una iniciativa prometedora para dar un paso hacia adelante, debiendo ganarse para ello a Francia. No se trata de bagatelas, sino de un proyecto en el que los hombres de Estado europeos más destacados llevan invirtiendo sus mejores energías desde hace más de medio siglo.
Pero, por otro lado, ¿qué significa realmente “impopular”? Si una solución política es razonable, no debe suponer el menor problema plantearla al electorado de una democracia. ¿Y cuándo hacerlo si no es antes de unas elecciones al Bundestag? Cualquier otra opción supone un encubrimiento tutelar. Infravalorar y exigir demasiado poco a los electores constituye siempre un error. Creo que será un fracaso histórico de las élites políticas de Alemania el seguir cerrando los ojos y hacer como si el business as usual, es decir, el forcejeo corto de miras sobre la letra pequeña a puerta cerrada, fuera la respuesta a la situación del momento.
En lugar de eso, deberían hablar claramente a sus ciudadanos, que se sienten inquietos y que jamás se ven confrontados como electores con cuestiones europeas de peso. Deberían pasar a la ofensiva y dirigir un debate, que implica una polarización inevitable, sobre alternativas que siempre tienen un coste. Tampoco deberían callar por más tiempo los negativos efectos redistributivos que deberán asumir a medio y corto plazo los “países donadores” como resultado de la única solución constructiva de la crisis, aunque ello redundará en su propio interés a largo plazo.
Vacío normativo
Conocemos la respuesta de Angela Merkel: tranquilo quehacer dilatorio. Su persona pública parece carecer de todo núcleo normativo. Desde la irrupción de la crisis griega en mayo de 2010 y el posterior fracaso en las elecciones al Parlamento de la región de Renania del Norte-Westfalia, somete cada uno de sus meditados pasos al oportunismo de la conservación del poder. Desde entonces, la astuta canciller sale adelante con una lógica clara, pero sin unos principios definidos y por segunda vez aleja cualquier tema controvertido de las elecciones alBundestag, por no hablar de la política europea, minuciosamente aislada. Puede definir la agenda porque, si la oposición se apresura con el tema europeo, de gran carga emocional, es de temer que acabe siendo machacada con la maza de la "unión de la deuda". Y además, por obra de aquellos que solo podrían decir lo mismo si realmente llegaran a decir algo. Europa se encuentra en situación de emergencia y el poder político está en manos de quien decide qué temas pueden llegar a la opinión pública. Alemania no baila, sino que dormita sobre el volcán.
¿Fracaso de las élites? Todo país democrático tiene los políticos que se merece. Y esperar de los políticos que han sido votados un comportamiento que vaya más allá de la rutina resulta un tanto peculiar. Me alegro de vivir desde 1945 en un país que no necesita héroes. Tampoco creo en el dicho de que los individuos hacen la historia, al menos no por lo general. Solo constato que existen situaciones extraordinarias en las que la capacidad perceptiva y la fantasía, el valor y la disposición a asumir responsabilidades de los individuos que actúan marcan la diferencia en el curso de los acontecimientos.

*El País 20-08-13

¿DERECHO A LA MARIGUANA?*

DIEGO VALADÉS

Hay varios argumentos en pro de legalizar el uso de la mariguana. Son atendibles los de salud, pero también se subraya que con esa legalización disminuiría el precio de la yerba, que en consecuencia dejaría de ser negocio para los delincuentes y que así la violencia decrecería. Esta tesis implica tres supuestos no demostrados: que una causa de la violencia es el precio de la droga, que el tráfico dominante es el de mariguana y que su destino prioritario es el mercado nacional.

Para probar que la restricción legal es criminógena, se equipara nuestro desolador panorama actual con la criminalidad durante el prohibicionismo estadounidense. Se pasa por alto que allá se generó una rápida respuesta delictiva, mientras que en México la mariguana ha estado prohibida por décadas sin que se produjeran reacciones violentas. El paralelismo entre ambos procesos es infundado porque el desbordamiento delictuoso en México está asociado a varios factores, entre ellos un déficit de gobernabilidad, que nada tiene que ver con los consumidores de mariguana. En la famosa "masacre de san Valentín", en 1929, murieron siete personas; en cambio, de acuerdo con un reporte del INEGI, en 2012 fueron asesinadas 76 personas en el país, cada día.

La reforma constitucional de 1919 que estableció la prohibición en Estados Unidos afectó la producción, transportación y venta de las bebidas embriagantes, pero no penalizó su consumo. Es algo análogo a lo que se propone aquí con la mariguana: legalizar el consumo y mantener en la ilegalidad todo lo demás. Este planteamiento está en la lógica del prohibicionismo estadounidense.

Soy un decidido partidario de las libertades, pero ningún sistema de libertades carece de reglas. El problema de las normas es que, para funcionar, deben ser coherentes entre sí. En este caso el efecto jurídico de legalizar el consumo de mariguana pero no su producción ni distribución nos pondría ante la misma contradicción que el viejo prohibicionismo americano: quien consuma estará dentro de la ley, pero cuando compre tendrá que hacerlo en el mercado negro. Si hubiera expendedores autorizados, tendrían que abastecerse a su vez con vendedores ilegales. El ejercicio de un derecho dependería de la previa comisión de un delito.

Hoy mismo, los artículos 478 y 479 de la Ley General de Salud permiten poseer 2 gramos de opio y 5 de mariguana o de cocaína. La cuestión no resuelta consiste en que sólo es posible adquirirlos con delincuentes. La legalización del consumo de mariguana dejaría fuera al opio y la cocaína, cuya posesión se permite aunque su producción, distribución y venta son sancionadas. Multiplicar deliberadamente la demanda legal de un producto cuya oferta es ilegal sería una paradoja que acentuaría las tendencias a la anomia que se advierten en el país.

En contrapartida se sugiere que los controles para el consumo de mariguana serían similares a los que regulan el tabaco y las bebidas alcohólicas. Pero nada tienen en común porque el tabaco y las bebidas están sujetos a supervisión a lo largo de toda la cadena productiva, lo que no sucedería con la mariguana. Son escasos los productores y los expendedores de tabacos y bebidas artesanales. El cultivo de mariguana, en cambio, puede ser doméstico o proliferar en las cañadas, de manera que los instrumentos legales y fiscales diseñados para regular la producción, distribución y venta de alcohol y tabaco no le son inaplicables.

Otra limitante para ese hipotético derecho humano a la mariguana consiste en determinar cómo va a moverse la demanda. Con el desplome del precio dejaría de ser un negocio para los traficantes, pero ¿qué tanto aumentaría la propensión al consumo y qué tan expuestos estarían los menores y los jóvenes? Un reporte del Parlamento canadiense indica que en Holanda el 43% de las personas en situación de calle son consumidores cotidianos de mariguana y que en la fase inicial de la legalización el consumo entre estudiantes pasó del 8 al 21%. ¿Qué se prevé en México?

En otros lugares del mundo se expende mariguana legalmente, pero en ninguno se aplicó la medida en medio de una crisis del tamaño de la mexicana, ni sus efectos locales han sido tan inocuos como se afirma. El estudio comparado de las instituciones nos permite ver la forma en que distintos sistemas regulan fenómenos semejantes, pero esa comparación debe ser rigurosa y referirse por igual a sus efectos positivos y negativos, porque no hay modelos perfectos. Debe valorarse asimismo el contexto en el que se aplican las normas extranjeras y el que prevalece en México. Las mismas instituciones no producen efectos iguales en contextos diferentes.

Falta más información y análisis antes de poder hablar del derecho a la mariguana. Este no es un tema ideológico ni de moralina; es un asunto en el hay que tener en cuenta las fallas en la estructura institucional del Estado mexicano, y que la inseguridad es sólo uno de sus muchos síntomas.

*Reforma 20-08-13

TRANSPARENCIA RETORCIDA*

JORGE ALCOCER

De mañana al viernes habrá periodo extraordinario de sesiones; en la Cámara de Diputados está en la agenda el dictamen sobre la minuta de reforma constitucional que el Senado le turnó en materia de transparencia y acceso a la información pública, en cuyo origen está la iniciativa que, siendo Presidente electo, Peña Nieto entregó a los senadores del PRI, que éstos hicieron suya, para luego, en la negociación con las bancadas del PAN y PRD, introducirle cambios retorcidos, empeorando el asunto.

Aunque no hay mayor resistencia a que al IFAI se le otorgue autonomía de rango constitucional, se trata de una reforma de rango simbólico, inscrita en la moda autonomista que desde los partidos políticos agobia al Estado mexicano desde hace algunos años. Refrendo mi pesimismo sobre los resultados que ha entregado, y entregará, desmembrar al Estado, hasta convertirlo en un símil de Frankenstein, con varios cerebros y cada vez más contrahecho en sus extremidades.

Sacar del control jurisdiccional ámbitos fundamentales del quehacer estatal atenta contra la seguridad jurídica de la sociedad y las personas. No se hizo así cuando al IFE y a los institutos electorales locales se les dotó de autonomía; al primero no se le otorgaron facultades para actuar como órgano superior respecto de los segundos. Todas las autoridades electorales, por más autonomía de que disfruten, están sujetas a control por los tribunales electorales, ya sean locales o por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyas sentencias son definitivas e inatacables, conforme lo que determina la ley.

La reforma al IFAI pretende dotarlo de dos facultades que merecen una discusión de fondo; la primera es que las resoluciones de sus comisionados sean definitivas e inatacables, como si se tratara de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en un Estado de derecho, eso debería ser inaceptable, pues priva a las personas de medios de defensa ante abusos o errores de los comisionados del IFAI. Sustraer del control jurisdiccional decisiones de órganos no sujetos al rigor del debido proceso judicial es atentar contra la seguridad jurídica a que tiene derecho toda persona (ver los artículos 13 y 17 de la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos).

La segunda facultad que se pretende otorgar al IFAI, a sus comisionados, es erigirlo en órgano superior respecto de los órganos equivalentes en las entidades federativas, por la doble vía de facultarlo para atraer los recursos de revisión que se presenten contra los órganos locales, y además abriendo la ventana para que las resoluciones finales de los segundos sean impugnables ante el primero. De aprobarse la medida, se dará paso a la proliferación de impugnaciones y al deterioro de los órganos locales de transparencia, hasta que alguien proponga desaparecerlos, como ahora se discute respecto de los institutos electorales locales.

Pretender resolver los problemas de eficacia y transparencia de autoridades locales, de cualquier ámbito, desapareciéndolas para centralizar todo en organismos federales "autónomos" es un camino equivocado; no sólo por doctrina, sino porque terminaremos siendo una República con macrocefalia, en la que el Constituyente Permanente amputa, con cada reforma, brazos, manos y piernas a las partes integrantes de la Federación, que son los Estados.

Otro ámbito del debate sobre la reforma al IFAI se alimenta de la ignorancia. Se dice que los partidos están exceptuados de las obligaciones de transparencia, que disfrutan, en esta materia de un régimen de protección. Nada más alejado de la verdad. En el Libro Segundo del Cofipe hay un capítulo denominado "De las obligaciones de los partidos políticos en materia de transparencia"; comprende al artículo 41 al 45. Es perfectible, pero ahí está. Lo más lamentable es que sean algunos legisladores los que alimentan, con su ignorancia de la ley, el reclamo de la opinión pública.

Posdata. El Senado abordará una minuta sobre candidatos independientes, solo que no es la ley reglamentaria, sino el final del trámite para corregir un error cometido en 2007, en el artículo 116 constitucional. Hay varias iniciativas para introducir en el Cofipe, o en una nueva ley, las normas aplicables, pero eso vendrá más tarde.

*Reforma 20-08-13

PETRÓLEO: DUDAS RAZONABLES*

CIRO MURAYAMA RENDÓN

Ahora que tenemos tres iniciativas de reforma energética sobre la mesa, es imprescindible conocer bien sus definiciones e implicaciones. La iniciativa del Ejecutivo ha generado críticas y adhesiones, pero también algunas dudas que merecerían ser aclaradas. Me refiero a tres temas que en la propuesta presidencial en materia petrolera no están lo suficientemente claros. 
El cambio al artículo 27 constitucional posibilitaría contratos con particulares para exploración y extracción de petróleo. Se apuesta por la figura de “contratos de utilidad compartida”, descartando así los “contratos de producción compartida”. La diferencia es que en producción compartida parte del recurso energético extraído del subsuelo sería propiedad de un particular, lo que va en contra del principio de que la nación es la dueña de los hidrocarburos. En un contrato de utilidad compartida el sector privado invierte y extrae pero entrega toda la producción al Estado mexicano, quien decidiría el destino de ese bien, mientras que el particular recibiría parte de la utilidad. La utilidad es lo que queda de restar a los ingresos por la venta de un bien el costo de producción y los gravámenes fijados por la legislación. El Estado se beneficiaría de los impuestos y derechos que genere la extracción, más de una parte de la utilidad, la cual compartiría con quien ya no sería una mera empresa contratada sino un socio. 
Para los particulares es un cambio significativo, también, porque como señala el semanario The Economist (17/08/13), los contratos de utilidad compartida permitirían a las empresas privadas contabilizar en sus balances de activos las reservas energéticas de los pozos donde participen. Ello, además, les generaría beneficios en los mercados bursátiles. 
Ahora bien, el problema es que la iniciativa presidencial no hace desprender de la Constitución que sólo habrá contratos de utilidad compartida y no de producción compartida. Eso dependerá de la ley secundaria, pero si la diferenciación no se especifica desde la Carta Magna, al menos desde un artículo transitorio, es natural que despierte resquemores porque en los hechos se abriría paso a contratos en general, cualquiera que estos sean. Podría, en efecto, tratarse de un cheque en blanco que, en un tema tan sensible y polarizado como el petrolero, no contribuye a la claridad en el debate ni a la generación de acuerdos. 
Por otra parte, no queda claro si Pemex participaría siempre en los contratos de utilidad compartida. Es decir, se dice que quien signaría los contratos sería el Estado, por ejemplo vía la Secretaría de Energía, con particulares (nacionales o extranjeros), sin que se asegure que Pemex se involucrará inequívocamente en el desarrollo de los proyectos de exploración y extracción, lo cual podría provocar una reducción del potencial apropiamiento, gracias al trabajo conjunto, de las tecnologías y del saber hacer necesarios para el desarrollo sistemático de sus capacidades productivas propias. 
Pemex es hoy, de acuerdo a datos oficiales, la quinta empresa productora de crudo del orbe, la decimotercera firma en el continente americano y la 34 a nivel mundial. Si es tan relevante, ¿por qué no garantizar que participará siempre en las tareas de extracción y exploración? ¿Por qué no subrayar que habrá una gran empresa petrolera nacional de propiedad pública en México? 
Un tercer tema es que el gobierno no ha detallado en qué consistiría el cambio de régimen fiscal de Pemex. No se sabe si se está a favor de la plena autonomía presupuestal y de gestión de Pemex, o si prefiere que la Secretaría de Hacienda continúe teniendo injerencia en decisiones de estricto carácter empresarial. 
Aclarar estos puntos se antoja necesario, si no para asegurar grandes consensos, al menos para identificar de forma clara los disensos, condición indispensable en cualquier debate público que quiera ser productivo.

*El Universal 20-08-13

ESTADO LAICO Y LIBERTAD IDEOLÓGICA*

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

El pasado 19 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al párrafo primero del artículo 24 constitucional para quedar como sigue: “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado.
Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”. A pesar de que durante el proceso que condujo a esta reforma se dieron numerosas participaciones en los medios y en el Congreso, es poco lo que a partir de la publicación del texto oficial se ha escrito sobre las implicaciones de esta modificación. Por ello, cabe preguntarnos por los alcances jurídicos del nuevo texto.
Lo primero que conviene advertir es que el nuevo texto constitucional está regulando tres derechos humanos diferenciados: la libertad de convicciones éticas, la libertad de conciencia y la libertad de religión. Asimismo, está garantizando que cada persona pueda adoptar la que más le agrade, así como participar en las ceremonias o actos de culto que, en su caso, correspondan a cada una de ellas. En principio pareciera que las tres libertades apuntadas se ejercen únicamente frente a los diversos órganos del Estado, a efecto de que se abstengan de realizar actos que interfieran con el desarrollo de las convicciones, conciencia o creencias de las personas. Es decir, podría parecer que el precepto constitucional tiene como único propósito lograr que los órganos estatales dejen que los habitantes del territorio nacional desplieguen sus libertades de la manera que mejor les parezca, sin enfrentar ninguna posibilidad de intervención. A mi parecer esta lectura es equivocada, pues el artículo 24 debe ser entendido como parte del sistema constitucional que nos rige.
En primer lugar, veamos el problema desde un punto de vista que, por comodidad en el lenguaje, llamaré “horizontal”. El hecho de que a las personas se les reconozca constitucionalmente la libertad de convicciones éticas, de conciencia o de religión, no supone en modo alguno un reconocimiento para imponerlo a los demás. Lo que la Constitución reconoce, en principio, es un ámbito de lo privado, pero no una autorización para actuar sobre los demás. Dada la pluralidad de convicciones, posibles contenidos de la conciencia o credos religiosos, aquello que alguien tenga como bueno para sí no tiene un respaldo constitucional que le permita suponer que es o debe ser bueno para otros. Con base en este mismo precepto constitucional, el Estado debe velar para que las colectividades que compartan determinadas creencias o credos limiten su actuar a quienes voluntariamente lo hayan adoptado, pues solamente así se salvaguarda el derecho que a cada cual se reconoce para que adopte aquello que sea de su agrado. Obviar esta implicación constitucional sería tanto como anular la pluralidad
que se está reconociendo en favor de quienes, por contar con una mejor organización o un mayor número de seguidores, estén en condiciones de imponer a los demás aquello que –insisto– sea de su agrado.
Como segunda implicación, ¿qué le impone el nuevo precepto constitucional a las autoridades públicas, sean estas federales, locales o municipales, ejecutivas, legislativas, judiciales o administrativas? Esencialmente y por lo dispuesto por el artículo 40 constitucional a partir del 30 de noviembre del año pasado, un comportamiento laico. Es decir, la permanente voluntad de no incorporar las propias convicciones o creencias en los asuntos públicos en que deban participar en tanto servidores públicos. La Constitución no prohíbe ni podría prohibir que las personas crean o piensen en lo que quieran; lo que sí hace es exigir a tales servidores un ejercicio constante de autocontención a efecto de resolver los asuntos de su competencia conforme a la racionalidad propia de un orden jurídico construido democráticamente, humanamente, y no a partir de una convicción personal o comunitaria, por más arraigada que en él se encuentre. Quien actúa como funcionario no puede pretextar su libertad religiosa o de creencia para disponer de las normas en el sentido que lo manden sus propias convicciones. Por el contrario, tiene que asumirse dentro del juego de las relatividades jurídicas para argumentar y construir sus decisiones a partir de ellas. Igualmente y para garantizar a todos su libertad de convicciones, conciencia o religión, tiene que garantizar que cada cual adopte y exprese aquello que sea de su agrado, aun frente a la creencia propia o del grupo al que pertenezca.
Por curioso que parezca, las diversas y fundamentales obligaciones que termina imponiendo el nuevo párrafo primero del artículo 24 constitucional, deben leerse como medio jurídico para la construcción de una sociedad plural en democracia. En primer lugar, se impone a toda la población el deber de respetar las convicciones, creencias y credos que existen en nuestra sociedad; en segundo lugar, las autoridades deben hacer lo necesario para generar esa condición de respeto y, en tercer lugar, se prohíbe a los funcionarios públicos imponer a la población sus propias convicciones, creencias y credos.

*El Universal 20-08-13

jueves, 15 de agosto de 2013

VIOLENCIA E INDEFENSIÓN*

JOSÉ WOLDENBERG

Una ficción lúgubre alejada mil kilómetros de las fórmulas del melodrama, ese género que subraya las emociones hasta el paroxismo, es Heli la película de Amat Escalante. El lenguaje contenido, frío, distante (más los largos planos-secuencias), construye un universo cerrado, sin escapes, que ilustra una historia de muerte y destrucción.

Heli es un obrero joven que vive con su mujer y su hijo pequeño en la casa paterna. Su padre, también obrero -¿viudo?, ¿abandonado?- y su hermana (Estela) de 12 años completan el círculo familiar. Rutina, inercia, carencia de horizonte tiñen la vida y relaciones de todos ellos. Algo, sin embargo sabemos, acabó con ese estado de indolencia petrificada. El relato se inicia con una escalofriante secuencia que va de la presentación de dos jóvenes amarrados, amordazados y madreados, tirados sobre el piso de una camioneta pick up y la bota que descansa sobre el rostro de uno de ellos, hasta que a uno, en operación relámpago, lo cuelgan de un puente peatonal. La película develará los antecedentes de ese acto de sevicia y sus derivaciones.

El disparador de la tragedia es una mezcla de sueño infantil y estupidez machista, en el marco de una sociedad penetrada por las rutinas del tráfico de drogas y su combate. El novio de Estela, un cadete que se prepara para convertirse en soldado, tiene la "brillante" idea de robar unos paquetes de coca que le servirán para escapar con su pareja hacia otro mundo (Zacatecas). Ella, una niña, soñadora, ingenua, da por bueno el proyecto descabellado. A partir de ese momento la vida se convertirá en una implacable y tenaz trituradora.

La ficción quiere alcanzar la contundencia y la crudeza del documental. Para ello prescinde de todo maquillaje sobre eso que llamamos realidad. Nada de edulcorar, modelar o enriquecer los paisajes, los diálogos, los personajes. El trabajo es cansado, opresivo, enajenante; las relaciones familiares rutinarias, insípidas, tensas; las conversaciones parcas, superficiales, huecas. Se instala una especie de sin sentido en el día a día que es el que marca el paso de las horas, los meses, los años. No hay moraleja, solo tragedia. Unas fuerzas infinitamente superiores a las de la frágil familia desatarán una venganza bestial.

Los actores, al parecer, no lo son. Sus presencias remiten a nuestros semejantes, no a esas figuras por encima del resto de los mortales que suelen ser los actores famosos. No irradian esa aura de sofisticación y encanto que Hollywood expandió al mundo. Se parecen a los hombres y mujeres que vemos en las calles, los mercados, las plazas. Ello refuerza el tono documental de la ficción, la convención de que estamos frente a una historia "real" que ha prescindido de la truculencia propia del cine. (Ello también -creo- hace más flojas algunas escenas, como la del diálogo de Heli y la detective en el coche o la de la violencia de él contra su mujer, pero en fin...).

Heli se emparenta con Miss bala, la película de Gerardo Naranjo (2011). En ambas, personajes inocentes son succionados por espirales de violencia que no entienden y sobre las cuales no tienen control alguno. Cae sobre ellos la fatalidad por el simple y contundente hecho de estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. Ese momento y ese lugar son en buena medida el México de hoy.

La violencia es la constante. Desde la violencia light (si así se le puede llamar) que existe en las relaciones familiares hasta la violencia extrema que los sicarios desencadenan contra Beto, Heli y Estela, pasando por la violencia "institucional" que aplican los instructores militares a los aspirantes a soldados. La primera es un fruto maduro de la impotencia y el malestar sordo, convive con una especie de amor y solidaridad, con gestos de cariño y momentos de tensión. Se desata y cesa intempestivamente. Es parte del paisaje. La violencia animal, la que le aplican de manera metódica e insensible a Heli y a Beto, es el escarmiento desmedido para "disciplinar" o acabar con los que osaron invadir un territorio vedado. Jóvenes como ellos los torturan ante la mirada inane de unos niños que colocan su vista sucesivamente en los juegos de la televisión y en el ritual sangriento, antes de que alguno de ellos se incorpore a jugar el rol de verdugo. La presencia en segundo plano de una señora mayor -la madre de alguno de ellos- que contempla resignada e impotente la locura criminal de alguno de sus vástagos da el toque más perturbador a la escena. ¿Será el nuevo icono de la madrecita mexicana: contemporizadora con sus hijitos torturadores? A ello hay que agregar la agresión sexual sugerida, no explícita, sobre Estela. Y la violencia "educativa", la que se ejerce para "capacitar" a los soldados, un rito iniciático que supone degradación y humillación ante los superiores jerárquicos. Un expediente para "hacer hombres", capaces de revolcarse ante sus propios vómitos, para establecer sin duda alguna quién manda y quiénes obedecen.

Una película desoladora. Sin afeites. Cruda.

*Reforma 15-08-13