EL TRIUNFO DE LA OPACIDAD*

MAURICIO MERINO

La información sobre la reforma de transparencia ha fluido a cuentagotas, porque los diputados federales cancelaron la apertura que llevó al Senado a aprobar un proyecto que, en su momento, mereció todo el reconocimiento. Y hoy sabemos la razón: las buenas nuevas se cayeron en medio de argumentos que, en efecto, no podían defenderse sino hasta construir una mayoría aceptable.

Varias veces he escrito en este espacio que la falta de un buen sistema de rendición de cuentas puede convertirse en el Talón de Aquiles del sexenio. Y ahora observo que este riesgo comienza a volverse realidad: el retroceso que implicaría la reforma modificada por los diputados llevaría, en la práctica, a la anulación de lo que ya se había ganado en diez años de existencia del IFAI. Y aunque la reforma fuera presentada con la misma potencia de la propaganda oficial que ha acompañado las decisiones previas del gobierno, al final será imposible tapar el sol con los dedos del poder.

Apenas el lunes 19 se presentó el Décimo Informe de labores del IFAI, y en cada uno de sus párrafos puede verse la tensión que ha existido para honrar el principio constitucional de máxima publicidad. La institución ha tenido que vencer amparos sistemáticos; litigios ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y ante la Suprema Corte de justicia; resistencias burocráticas de toda índole e, incluso, la más flagrante impunidad de los funcionarios que se han negado a abrir la información que está en sus manos y que, aún así, siguen todavía en sus puestos sin recibir sanción alguna. La breve historia del IFAI ha sido una historia de disputas continuas para enfrentar los obstáculos de quienes siguen viendo a la administración pública como su patrimonio personal.

Para conjurar esos despropósitos, en el Senado se aprobó que el IFAI ganara autonomía plena y que sus decisiones fueran definitivas e inatacables; y se aprobó también que la transparencia llegara tan lejos como los dineros públicos -en todos los casos e incluyendo también a los partidos y los sindicatos--. No obstante, en la Cámara de Diputados no sólo han propuesto que el principio constitucional de máxima publicidad se acote en función de criterios de seguridad (en sentido muy extenso, incluyendo la seguridad pública y la financiera, interpretadas al buen juicio de cada funcionario), sino que los ministros de la Suprema Corte de justicia se conviertan en los verdaderos titulares del IFAI, al dotarlos de autoridad para corregir sus decisiones mediante los recursos que interpondría el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, la PGR, el Banco de México y la CNDH. Es decir, han privilegiado abiertamente el arcana imperii sobre el derecho fundamental de acceso a la información.

Además, de aprobarse la reforma que los diputados procesaron en medio de la oscuridad, los partidos políticos mantendrían vigente el régimen de excepción que hoy les protege de la transparencia y podrían, como ya sucede, seguir ocultando los ingresos públicos que reciben de las entidades federativas, porque éstos no forman parte de las obligaciones entregadas a las autoridades federales. Y de paso, con la propuesta de renovar la integración del órgano de dirección del IFAI, los diputados le habrían regalado a sus partidos una nueva oportunidad para repartirse puestos públicos por cuotas negociadas.

Flaco favor le están haciendo los diputados federales del PRI al Presidente Peña Nieto, pues será inverosímil alegar que están actuando al margen o en contra de su liderazgo. Si el Presidente anunció que sus primeras decisiones serían proclives a la transparencia, en lo que llevamos del sexenio las cosas han sucedido al revés y siguen empeorando. Así que, dadas estas circunstancias, lo mejor es que ya no pase nada: sería mil veces preferible que se mantenga el status quo a que siga generándose esta cadena inaceptable de ocurrencias para ocultar a toda costa la información pública de México. 

*El Universal 21-08-13