LA PRIVATIZACIÓN DE LAS PLAZAS Y LAS CALLES*

MIGUEL CARBONELL

En todo régimen democrático el derecho a manifestarse es un derecho humano que debe ser garantizado sin falta en favor de cualquier individuo que tenga razón o motivo para estar inconforme con decisiones del gobierno. La protesta ciudadana es indispensable para nivelar la agenda pública y arrebatar a los políticos el monopolio del debate nacional.

Pero para que la democracia no esté secuestrada por grupos que viven de organizar protestas para obtener beneficios económicos y laborales, no se debe permitir que nadie se apropie de nuestras plazas y nuestras calles, que deben estar permanentemente abiertas para todas las voces y todos los grupos.

Cuando un movimiento magisterial francamente regresivo y violador de los derechos humanos de millones de niños dice que va a ocupar la plaza del Zócalo de forma indefinida, lo que en realidad está haciendo es privatizar un espacio público, que —como tal— debería estar disponible para todos, tengamos o no motivos por los cuales manifestarnos.

No voy a discutir ahora sobre las nulas razones que aducen los maestros de Oaxaca, Guerrero y Michoacán para repetir su estrategia de chantaje con la que han logrado desviar cientos de millones de pesos de nuestros impuestos hacia los bolsillos de unos cuantos líderes (como lo ha documentado con precisión Carlos Loret de Mola en estas mismas páginas y como lo ha denunciado desde hace años la agrupación Mexicanos Primero), lo que sostengo es que no se puede permitir que una plaza que es de todos los mexicanos sea “confiscada” por unos cuantos, impidiendo a los demás que también transitemos, protestemos o la recorramos cuantas veces se nos pegue la gana.

Solamente se les permite tal atropello porque son muchos y porque las autoridades siguen viviendo bajo fantasmas del pasado. ¿Qué pasaría si llegara un ciudadano, solamente uno, y quisiera quedarse a vivir en el Zócalo durante semanas o meses, día y noche sin interrupción? Lo más probable es que sería rápidamente removido por la policía. Pero si eso mismo lo hacen 500 o mil personas entonces se cree que se les debe permitir. No parece razonable ni lógico.

¿Qué pasaría si ese mismo ciudadano solitario decidiera caminar por en medio de uno de los carriles de Paseo de la Reforma todos los viernes por la tarde, cargando una pancarta de protesta contra cualquier cosa? Seguramente en pocos minutos llegaría una patrulla y lo quitaría de en medio. ¿Cómo es que se les permite a ciertos grupos de ciudadanos que cierren calles y avenidas cuando se les venga en gana y sin ninguna consecuencia? ¿Bajo qué argumentos la autoridad decide dejar de aplicarles la ley y permitir que violen los derechos humanos de los demás, ya sea el derecho a la educación o el derecho a la libertad de tránsito?

Repito: el derecho a la libre manifestación e incluso el derecho a la protesta es un derecho humano y es indispensable para todo régimen democrático. La oposición al gobierno por medios pacíficos también alimenta y da valor a la democracia. Las voces disidentes son esenciales para que la ciudadanía tenga acceso a distintos puntos de vista y se pueda ir conformando una opinión pública verdaderamente libre. Eso está fuera de toda duda. Lo único que no se debe permitir es la privatización de espacios públicos, lo que de ninguna manera puede entenderse como un derecho humano.

Las calles y las plazas son de todos y deben seguirlo siendo. Las autoridades deben garantizar que las plazas sirvan tanto para protestas de los maestros como para que paseen las familias, para conmemorar fechas cívicas como para organizar un concierto o una feria del libro. Solamente cuando se da esa concurrencia de posibilidades los espacios públicos se convierten en elementos verdaderamente compartidos, a partir de los cuales se desarrolla un sentimiento de comunidad y de cooperación social indispensable para el avance de cualquier sociedad humana. Pero si las plazas son “secuestradas” por los intereses de unos cuantos y la indolencia (o el miedo) de la autoridad, lo más probable es que estemos ante un retroceso cívico de importantes dimensiones. Y eso es algo que no deberíamos permitir nunca, por el bien de todos.

*El Universal 22-08-13