CRIMINALIZACIÓN ABSURDA*

PEDRO SALAZAR UGARTE

Hace algunos años, cuando se discutía la legalización de la interrupción del embarazo en el DF, José Woldenberg, con tino, ilustraba el sentido de la despenalización con un argumento práctico: él (al igual que quienes lo escuchábamos) no sabía de casos de mujeres juzgadas o encarceladas por abortar. Y, sin embargo, los datos recabados por instituciones de diversa naturaleza mostraban que muchas mujeres abortaban. Advertir la contradicción se traducía en un llamado al sentido común, pero también a la empatía y mostraba el absurdo que suponía la penalización. Hoy las cosas han cambiado. 

Según las cifras del INEGI, en tres años, de 2009 a 2012, 108 mexicanos han sido condenados en 26 entidades por el delito de aborto. Personas privadas de su libertad en algunos casos por sufrir abortos involuntarios (los ejemplos documentados por diversas organizaciones de la sociedad civil son estremecedores) y, en otros, por ejercer con autonomía su derecho constitucional a decidir “el número y esparcimiento de sus hijos” (art. 4). Este es el saldo de la reacción conservadora en la que unieron sus fuerzas autoridades eclesiásticas, legisladores del PRI en tiempos de Beatriz Paredes, panistas y algunos diputados locales supuestamente de izquierda ante la reforma progresista que se aprobó en la Ciudad de México en 2007. También es el costo de tener ministros en la SCJN que anteponen sus creencias o sus cálculos al deber que tienen como garantes de los derechos de las mujeres. 

Detrás de esta ola punitiva se encuentran las reformas constitucionales que “protegen la vida desde la concepción” y que están vigentes en 16 entidades. Su valor simbólico, más allá de la dimensión jurídica, ha generado un clima de criminalización que se traduce en uso de la violencia estatal contra personas que —en el mejor de los casos— han adoptado una decisión personalísima. Son víctimas de un Leviatán oscurantista. 

Estoy convencido de que este es el saldo más ominoso hasta la fecha del amasiato entre el reblandecimiento de la laicidad que invade a la clase política mexicana y la lógica de la mano dura que ha venido ganando fuerza desde hace algunos años en amplios sectores de la población. Un dato de la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional (IFE- IIJ,UNAM, 2011) es elocuente: 64.2% de los encuestados dijo estar de acuerdo con la siguiente tesis: “la mayoría de los problemas sociales se resolverían si pudiéramos deshacernos de las personas inmorales”. La idea del desecho mezclada con la alusión perfeccionista a consideraciones morales, a mi juicio, es turbadora. Perfeccionismo y autoritarismo anclados en la cultura nacional del México del siglo XXI. 

La agenda de los derechos humanos combate la difusión de esas tendencias reaccionarias. De ahí que sean los derechos de los más débiles y, además, contramayoritarios. En un Estado constitucional, cuando se habla del aborto, el péndulo debe inclinarse hacia la protección de las mujeres, su autonomía y sus libertades. La contrapartida son los dogmas, las iglesias, las mayorías políticas y el aparato punitivo del Estado. El argumento de que el débil en la ecuación es el embrión en gestación no resiste la prueba de la ciencia. No al menos si estamos hablando de los derechos de las personas. 

Como afirma Julio Sotelo con precisión: si “en la Ley General de Salud, se señala que ‘la pérdida de la vida ocurre cuando se presenta la muerte cerebral o la ausencia completa y permanente de conciencia’; la inferencia lógica de este hecho será que si el ser humano deja de existir cuando su cerebro deja de funcionar, el mismo ser iniciará su existencia cuando su cerebro inicie sus funciones.” (Nexos 8/13). Y esto sucede alrededor de la semana 18 de gestación. Por eso criminalizar el aborto y, sobre todo, equipararlo al homicidio es injusto y absurdo. 

*El Universal 15-08-13