CIRO MURAYAMA
A las llamadas “reformas estructurales” se les suelen atribuir enormes poderes curativos. En ellas está la receta para resolver las dolencias del bajo crecimiento, insuficiente creación de empleo, débil inversión, pérdida de competitividad, reducido poder adquisitivo de las familias y un largo etcétera. El problema de estas curas es su contacto con la realidad. Ahí están como prueba las dos grandes reformas con las que se cinceló el cambio de modelo económico (la autonomía del Banco de México y el TLCAN) para demostrar cómo las virtudes transformadoras quedaron en logros menores. Los efectos eran previsibles (menos inflación, más comercio e inversión externa) pero la sobreideologización de sus vendedores las hizo aparecer como la bala de plata que acabaría con todos los males.
En la presentación de la iniciativa de reforma energética del presidente Peña, se adelanta que su aprobación nos dará medio millón de empleos “en todas las regiones del país” de aquí a 2018. ¿Cuál es método de estimación? ¿Cómo esta reforma a un sector que abarca el 7% del PIB va a generar el 20% de los empleos que se crearon en todo el sexenio anterior? No se dio a conocer el fundamento, sólo la promesa. Lo mismo ocurre con el anticipar puntos adicionales de crecimiento del PIB (1% en este gobierno y casi dos extras en la siguiente).
También se promete que la reforma dará “más recursos para el presupuesto y los programas sociales” pero se presenta sin que se haya avanzado en definir la propuesta del primer compromiso del Pacto por México: la creación de un sistema nacional de protección social. En términos recaudatorios, se dice que cambiará el régimen fiscal de Pemex para hacerlo más competitivo, lo que implica reducirle la carga fiscal, sin que se precise de dónde saldrán los recursos adicionales para el erario, pues la reforma hacendaria se presentará hasta septiembre.
La iniciativa del presidente comienza su prueba de fuego; ha de acreditar que sus virtudes se sostienen con datos duros y robustos, puestos delante de especialistas, de la academia, de los legisladores y de una opinión pública que hasta ahora más que diagnósticos objetivos recibe consignas y andanadas publiciatarias sobre el tema.
*El Universal 13-08-13
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