¿DERECHO A LA MARIGUANA?*

DIEGO VALADÉS

Hay varios argumentos en pro de legalizar el uso de la mariguana. Son atendibles los de salud, pero también se subraya que con esa legalización disminuiría el precio de la yerba, que en consecuencia dejaría de ser negocio para los delincuentes y que así la violencia decrecería. Esta tesis implica tres supuestos no demostrados: que una causa de la violencia es el precio de la droga, que el tráfico dominante es el de mariguana y que su destino prioritario es el mercado nacional.

Para probar que la restricción legal es criminógena, se equipara nuestro desolador panorama actual con la criminalidad durante el prohibicionismo estadounidense. Se pasa por alto que allá se generó una rápida respuesta delictiva, mientras que en México la mariguana ha estado prohibida por décadas sin que se produjeran reacciones violentas. El paralelismo entre ambos procesos es infundado porque el desbordamiento delictuoso en México está asociado a varios factores, entre ellos un déficit de gobernabilidad, que nada tiene que ver con los consumidores de mariguana. En la famosa "masacre de san Valentín", en 1929, murieron siete personas; en cambio, de acuerdo con un reporte del INEGI, en 2012 fueron asesinadas 76 personas en el país, cada día.

La reforma constitucional de 1919 que estableció la prohibición en Estados Unidos afectó la producción, transportación y venta de las bebidas embriagantes, pero no penalizó su consumo. Es algo análogo a lo que se propone aquí con la mariguana: legalizar el consumo y mantener en la ilegalidad todo lo demás. Este planteamiento está en la lógica del prohibicionismo estadounidense.

Soy un decidido partidario de las libertades, pero ningún sistema de libertades carece de reglas. El problema de las normas es que, para funcionar, deben ser coherentes entre sí. En este caso el efecto jurídico de legalizar el consumo de mariguana pero no su producción ni distribución nos pondría ante la misma contradicción que el viejo prohibicionismo americano: quien consuma estará dentro de la ley, pero cuando compre tendrá que hacerlo en el mercado negro. Si hubiera expendedores autorizados, tendrían que abastecerse a su vez con vendedores ilegales. El ejercicio de un derecho dependería de la previa comisión de un delito.

Hoy mismo, los artículos 478 y 479 de la Ley General de Salud permiten poseer 2 gramos de opio y 5 de mariguana o de cocaína. La cuestión no resuelta consiste en que sólo es posible adquirirlos con delincuentes. La legalización del consumo de mariguana dejaría fuera al opio y la cocaína, cuya posesión se permite aunque su producción, distribución y venta son sancionadas. Multiplicar deliberadamente la demanda legal de un producto cuya oferta es ilegal sería una paradoja que acentuaría las tendencias a la anomia que se advierten en el país.

En contrapartida se sugiere que los controles para el consumo de mariguana serían similares a los que regulan el tabaco y las bebidas alcohólicas. Pero nada tienen en común porque el tabaco y las bebidas están sujetos a supervisión a lo largo de toda la cadena productiva, lo que no sucedería con la mariguana. Son escasos los productores y los expendedores de tabacos y bebidas artesanales. El cultivo de mariguana, en cambio, puede ser doméstico o proliferar en las cañadas, de manera que los instrumentos legales y fiscales diseñados para regular la producción, distribución y venta de alcohol y tabaco no le son inaplicables.

Otra limitante para ese hipotético derecho humano a la mariguana consiste en determinar cómo va a moverse la demanda. Con el desplome del precio dejaría de ser un negocio para los traficantes, pero ¿qué tanto aumentaría la propensión al consumo y qué tan expuestos estarían los menores y los jóvenes? Un reporte del Parlamento canadiense indica que en Holanda el 43% de las personas en situación de calle son consumidores cotidianos de mariguana y que en la fase inicial de la legalización el consumo entre estudiantes pasó del 8 al 21%. ¿Qué se prevé en México?

En otros lugares del mundo se expende mariguana legalmente, pero en ninguno se aplicó la medida en medio de una crisis del tamaño de la mexicana, ni sus efectos locales han sido tan inocuos como se afirma. El estudio comparado de las instituciones nos permite ver la forma en que distintos sistemas regulan fenómenos semejantes, pero esa comparación debe ser rigurosa y referirse por igual a sus efectos positivos y negativos, porque no hay modelos perfectos. Debe valorarse asimismo el contexto en el que se aplican las normas extranjeras y el que prevalece en México. Las mismas instituciones no producen efectos iguales en contextos diferentes.

Falta más información y análisis antes de poder hablar del derecho a la mariguana. Este no es un tema ideológico ni de moralina; es un asunto en el hay que tener en cuenta las fallas en la estructura institucional del Estado mexicano, y que la inseguridad es sólo uno de sus muchos síntomas.

*Reforma 20-08-13