martes, 27 de agosto de 2013

FIERROS EN LA LUMBRE*

JORGE ALCOCER

Más allá de lo que supone la saturación de temas para el trabajo del Congreso y su relación con el Ejecutivo y los partidos, hay que recuperar las condiciones materiales para que los legisladores y el Presidente puedan desarrollar sus tareas, sin el riesgo de padecer hechos como los vividos la semana pasada. Ayer por la tarde la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados intentaba llegar con la CNTE a los acuerdos que permitan iniciar el periodo ordinario y sesionar con normalidad. Ojalá así sea, pero la amenaza de tormenta sigue presente.

El próximo domingo dará inicio el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión; en la sesión de apertura, deberá darse cuenta de que se recibió el Primer Informe de Gobierno del presidente de la República, que será analizado en sesiones posteriores en cada una de las Cámaras.

De los temas por atender en las sesiones ordinarias destacan las leyes reglamentarias de la reforma política promulgada en agosto de 2012 (candidatos independientes, consulta popular, iniciativa ciudadana e iniciativa preferente). Sigue en trámite la reforma al IFAI, devuelta por los diputados al Senado, en tanto que este último devolvió a aquéllos la reforma constitucional en materia de deuda de estados y municipios. Los senadores tendrán que resolver, cuanto antes, sobre las designaciones de los comisionados del Ifetel y la Cofeco, con base en las propuestas que ya les envió el presidente Peña Nieto. De igual forma, espera turno en San Lázaro la iniciativa de Ley General del Servicio Profesional Docente, que motivó las radicales acciones de protesta de la CNTE.

Están pendientes de envío al Congreso las iniciativas de reformas a las leyes en materia de telecomunicaciones, televisión y radio, y competencia económica, en tanto que en el Senado sigue atorada la de reforma constitucional "anticorrupción" y no ha sido enviada, por el Ejecutivo, la de propaganda gubernamental. En materia electoral, la lista de temas sigue creciendo, unos derivados de los compromisos del Pacto por México y su adendum, y otros producto de las exigencias de cada partido; aunque se anunció que las mesas instaladas por el Consejo Rector trabajarían a marchas forzadas, no se avizoran, en el corto plazo, los acuerdos que permitan alcanzar el voto de, al menos, los tres mayores grupos parlamentarios, que sin ser un requisito jurídico, es necesario por razones políticas.

Con o sin reforma electoral, los diputados tendrán que emitir la convocatoria para la renovación del Consejo General del IFE (cuatro consejeros electorales y el consejero presidente), lo que deberá quedar resuelto a más tardar el 30 de octubre; de lo contrario, ese Instituto tendrá que funcionar con solamente cuatro consejeros.

Legisladores y dirigentes del PAN y PRD insisten en que primero deberán desahogarse los asuntos electorales, luego lo demás; lo que deja sin fecha previsible el debate y votación de las iniciativas de reforma energética, y la que se anuncia en materia fiscal, a presentarse por el Ejecutivo el 8 de septiembre. El Presupuesto de Egresos debe quedar aprobado antes del 16 de noviembre, lo que supone que previamente esté aprobada la Ley de Ingresos, y ésta a su vez requiere de las leyes tributarias, y de tener definido el régimen fiscal de Pemex.

Son muchos fierros en la lumbre.

No sabemos si el presidente Peña Nieto enviará al Congreso, el 1o. de septiembre, hasta dos iniciativas con carácter preferente, como lo hizo el ex presidente Felipe Calderón en 2012, o si mantendrá la decisión de no usar esa facultad.

Hay que hacer un alto en el camino para evitar que la agenda legislativa siga llenándose de asuntos en los que no existen condiciones para dictamen y votación; al tiempo que los ya incluidos en ella deben tener orden y concierto para su desahogo.

El mérito del Pacto fue abrir camino para la construcción de acuerdos entre el gobierno y los partidos políticos; su defecto ha sido tratar al Congreso como ventanilla receptora de iniciativas que carecen de la fuerza que solo otorga el diálogo entre los grupos parlamentarios para hacer posible su aprobación. Parece llegado el momento de subsanar el defecto, o al menos no seguir metiendo más fierros a la lumbre.

*Reforma 27-08-13

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