CIRO MURAYAMA RENDÓN
Como el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las Cámaras y coexiste a su vez con una oposición formada por otras dos minorías (PAN y PRD), el Pacto por México significó la oportunidad para construir una mayoría política y parlamentaria plural que en sus primeros pasos dio dos grandes frutos: las reformas constitucionales en materia educativa y de telecomunicaciones. Así, en una mesa amplia se lograban los acuerdos sustantivos, se redactaba la iniciativa, que luego el presidente hacía suya y enviaba a consideración del Legislativo. De antemano se sabía que se trataba de propuestas que contaban con el respaldo fundamental de los tres principales partidos y del gobierno, por lo que estaban “condenadas a la victoria”. Los mayores contratiempos vinieron de los grupos parlamentarios, no suficientemente involucrados en la confección de las iniciativas, lo que devino en tensiones intrapartidistas y permitió extraer —o eso parecía— la lección de que el Pacto debía ser más incluyente, no menos.
Pero ahora las cosas pueden ser distintas. No ha sido el marco del Pacto por México el espacio donde se ha procesado una iniciativa de reforma energética, sino que el PAN ya presentó la propia, mañana lo harán el PRI y el gobierno, y la próxima semana el PRD. Así habrá al menos tres propuestas a debate, de las que dos se presentan como irreconciliables: la del PAN que ve imprescindible modificar la Constitución y la del PRD que considera factible modernizar el sector energético sin cambiar la Carta Magna. En este tema que históricamente ha dividido y enfrentado a izquierdas y derechas, a liberales y nacionalistas, es difícil que la propuesta del presidente genere consenso. Es decir, en una de las reformas de mayor complejidad política y necesidad de consenso de las incluidas en el Pacto por México, la energética, se prescinde del método negociador del Pacto mismo.
Si como es de esperarse la izquierda decide ser una oposición real a la reforma constitucional, entonces el trípode del Pacto puede sufrir fracturas mayores y comprometer el resto de la agenda reformista. En lo que queda de 2013 las agrupaciones que quieren constituirse en partidos políticos nacionales deberán realizar las asambleas y reunir un mínimo de afiliados. La fuerza política con más visos de convertirse en partido, Morena, encontraría en la oposición a la reforma energética un escenario favorable a su causa, mientras el PRD deberá demostrar a propios y extraños que defenderá el actual texto constitucional como si en ello fuese su identidad progresista. Así, existen elementos que anticipan la polarización hacia la iniciativa del gobierno.
Con lo anterior puede estarse arriesgando la mayoría política tripartita que se requiere para sacar avante una genuina reforma hacendaria que va a tener por adversarios —como sucedió en la de telecomunicaciones y en la educativa— a fuertes grupos de poder privado. Asimismo, en esta Legislatura quedan por aprobar las leyes secundarias en educación y telecomunicaciones, sin las cuales las recientes reformas constitucionales no tendrán aterrizaje.
Por supuesto un acuerdo PRI y PAN con respaldo del Partido Verde reuniría los votos necesarios en el Congreso para aprobar la reforma energética Constitucional. Pero esa aritmética elemental no se hace cargo de los efectos negativos de la crispación política, más aún en una sociedad en la que sigue aumentando el número de pobres y cuando la economía va al estancamiento.
El haber decidido lanzar la iniciativa en el tema que más división genera en vez de avanzar en la hacendaria y concretar las reformas secundarias puede afectar el resultado en todas ellas, porque en política el orden de los factores sí altera el producto.
*El Universal 06-08-13
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