En el tema de la Ley de Seguridad Nacional, la disyuntiva no es entre izquierda o derecha, sino entre democracia o autoritarismo. Algunos dirán que ha sido la realidad la que nos ha colocado entre la espada y la pared. Y tal vez tengan razón. Pero lo que proponen los diputados del PRI y del PAN equivale a ensartarse en la navaja. La reforma arroja dos bolas de fuego al corazón del constitucionalismo democrático: contradice frontalmente el sentido de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que esos mismos diputados acaban de votar (y que, para sumarle zozobra al desconcierto, está empantanada en las legislaturas de los estados) y constituye un paso hacia la perpetuación de la excepcionalidad militarizada en la que estamos viviendo. La violencia en el país es alarmante, ni duda cabe. Acabo de pasar una noche en Ciudad Victoria y, de regreso, en la playa, los amigos me sometieron a un anecdotario del horror acapulqueño. Ahora estoy atrapado en los brazos del insomnio. El drama de los padres que buscan a sus hijos desaparecidos es tristísimo. Y la certidumbre de que los de la fosa o los que buscan el cuerpo de un ser querido podríamos ser cualquiera de nosotros es aterradora. México, hoy, es una brasa ardiente. Y, ante esta realidad, resulta indiscutible la necesidad de adoptar medidas desde el Estado y desde la sociedad. El problema es que, con esta reforma, los diputados terminarán atizando las llamas del fogón en vez de apagarlo. Basta con leer —como bien sugirió Fernando Escalante— el devaneo conceptual con el que los legisladores intentan trazar la frontera entre la paz y la guerra para calibrar la canícula en que se encuentran. Un cantinfleo —no estamos en guerra, pero tampoco vivimos en paz— con el que intentan ofrecer fundamento constitucional a una propuesta que, además de estar inspirada en el miedo del presente, es incompatible con el constitucionalismo democrático. Esto último no es trivial. Más allá de las normas concretas de la Constitución que contradice, la propuesta de reforma, se opone frontalmente a la lógica y exigencias del paradigma democrático constitucional. Ni la figura de las declaratorias de las “afectaciones a la seguridad interior” a cargo del Presidente de la República; ni la reducción del Congreso de la Unión a una comisión bicameral de seis miembros; ni, sobre todo, las facultades de investigación e intervención que pretenden obsequiarse a las Fuerzas Armadas son compatibles con ese modelo de Estado. Dichas medidas responden a otro paradigma, a otro modelo constitucional inspirado en una lógica en la que el poder somete al derecho y no viceversa. O, en todo caso, responde a una lógica de guerra. Lo cual supone apostar por una estrategia en la que la violencia estatal se propone como única solución para la violencia delincuencial. Si aceptamos la premisa habremos caído en una trampa que vislumbró John Locke hace mucho tiempo: entraremos en las fauces del león para escapar de los zarpazos mortales de los gatos monteses. Por eso digo que la alternativa es entre autoritarismo y democracia. Una elección trágica, diría yo. El reto está en derrotar a la delincuencia sin abandonar el modelo democrático constitucional. Sólo así lograremos retomar el rumbo hacia una convivencia pacífica en la que los derechos sean la regla y el uso de la fuerza la excepción. En las democracias consolidadas las plazas están repletas de ciudadanos que conviven de forma armónica y no de tanquetas militares que vigilan amenazantes. La ruta para lograr que lo primero sea posible, en la coyuntura actual, puede parecer utópica e ingenua —políticas sociales, profesionalización de policías, justicia eficaz, cohesión ciudadana, derechos humanos—, pero es la única que existe. La experiencia internacional enseña. Ahí están la descomposición centroamericana o los “falsos positivos” colombianos como muestras ominosas de los peligros que conllevan las puertas falsas. Y no estamos lejos.
viernes, 29 de abril de 2011
LA REFORMA POLÍTICA
Finalmente, luego de más de un año de discusiones, el Senado aprobó modificaciones constitucionales en la llamada “reforma política”. A pesar de que el número de iniciativas en el Congreso para modernizar el régimen político había sido copiosa en la última década (al menos), el proceso que culminó ayer en su primera etapa en la Cámara Alta fue desatado por el decálogo que el presidente Calderón envió al Senado en diciembre de 2009 y que desencadenó que los grupos parlamentarios, así como por varios senadores, presentaran una decena de iniciativas adicionales en los meses siguientes. En su conjunto las propuestas específicas fueron más de 50 y constituyeron un abanico variado: desde la modificación al régimen de suspensión de garantías en el artículo 29 —incorporado en la reforma de derechos humanos que hoy se discute en los estados— hasta la autonomía del Ministerio Público, pasando por mecanismos de democracia directa, sistema electoral y controles recíprocos entre poder Legislativo y Ejecutivo. El proceso de negociación duró más de 12 meses y evidenció dos cosas. Por un lado, la existencia de consensos y disensos irreductibles (la minuta es resultado de los primeros y de algunos puntos que fueron matizados respecto de las propuestas originales, así como de algunos aspectos que implicaron un acercamiento entre las partes). Por otro lado, la fragilidad del tema ante los vaivenes cotidianos de la política. Pese a ser asuntos de una agenda que debería trascender el momento concreto, los eventos políticos gravitaron de manera importante en la negociación. Recuerdo que el senador Arturo Núñez afirmaba que “los temas calientes requieren de tiempos fríos”. Por eso es aplaudible que a pesar de que las épocas que corren no son las más propicias (las aguas de la política están agitadas), se haya hecho un esfuerzo para sacar adelante este paquete. Los temas que aborda la reforma son: la posibilidad de que un conjunto de ciudadanos presenten iniciativas de leyes o decretos; un mecanismo de consulta popular que, si tiene más de 40% de participación resulta vinculante para los órganos públicos y que contiene suficientes candados (como control de constitucionalidad previa por la SCJN) para evitar derivaciones plebiscitarias antidemocráticas; candidaturas independientes a todos los cargos de elección popular; iniciativas preferentes del Presidente que deberán tener prioridad en la discusión parlamentaria; la posibilidad expresa de que el Ejecutivo haga observaciones al Presupuesto; la reconducción de normas fiscales y gasto público para el año siguiente en la eventualidad de que las correspondientes no estén aprobadas en tiempo; un mecanismo de sustitución automática del Presidente en caso de falta absoluta en tanto el Congreso nombra Presidente interino o sustituto; ratificación por el Senado de los titulares de los órganos reguladores de competencia, energía y telecomunicaciones; encarecimiento de la cláusula de gobernabilidad en la ALDF; y reelección consecutiva acotada de los legisladores federales (y la posibilidad de que ello ocurra en los legislativos locales). Frente a la cantidad de propuestas presentadas, podría parecer que lo logrado es muy poco. Sin duda quedan muchos temas pendientes para concretar una reforma a fondo del Estado, como la autonomía plena del Ministerio Público o la plena democratización y apertura del sistema de partidos a nuevas alternativas, o la revisión integral del sistema de responsabilidades públicas. Pero también es cierto que los temas introducidos son de gran relevancia. Hay que asumir esta reforma como un paso consistente pero insuficiente en el proceso de transformación democrática del diseño del Estado, y en nosotros queda crear el contexto de exigencia para que el tema no se finiquite sino que siga teniendo prioridad. Debemos verla —y exigir que así sea— como un paquete de cambios desencadenante y no concluyente. El proceso legislativo acaba de iniciar. Falta que la Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos locales avalen. Muchos dicen que la Cámara Baja bloqueará los cambios atendiendo a intereses concretos. Sería algo inaceptable ceder a esas mezquindades y cortoplacismos. Queda a todos el impedir que ello ocurra.
LA REFORMA POLÍTICA: BALANCE A BOTEPRONTO
El Senado de la República aprobó modificaciones a la Constitución en materia política que ahora corresponde dictaminar a la Cámara de Diputados y, si ello ocurre, a los congresos locales. Sobresalen la reelección de legisladores federales, las consultas populares, la creación de mecanismos para la sustitución del presidente ante su ausencia definitiva, las candidaturas independientes, la iniciativa preferente, así como la previsión de que ante la falta de acuerdo en la ley de ingresos continúe vigente la última aprobada.
Este batería de cambios se ha llegado a criticar por su falta de profundidad, mas hay ocasiones en que la omisión puede resultar en un acierto. Es el caso, por ejemplo, de no tomar en cuenta las iniciativas para crear mayorías artificiales en el Congreso de la Unión, que han circulado en los últimos años. Ello hubiese implicado un retroceso en los avances que permiten la expresión de la pluralidad política real de la sociedad mexicana en el Poder Legislativo; habría supuesto, también, castigar a las minorías políticas, restándoles representación. En el mismo sentido apuntaban las propuestas dirigidas a reducir el número de legisladores y, en particular, la representación proporcional, que es la que permite un mejor equilibrio entre votos y escaños.
También es adecuado que no se avanzara por la ruta de la segunda vuelta electoral para la presidencia de la república haciéndola coincidir con la elección del Congreso. Lo anterior habría implicado una jornada de votación con sólo dos candidatos presidenciales que induciría al voto entre esas dos opciones partidistas al legislativo, de tal manera que se alimentaría por la vía de las normas un bipartidismo por el que los electores mexicanos no han optado.
Ahora bien, de lo que sí se aprobó, a los aciertos se suman la posibilidad de la reelección legislativa por tres periodos para los diputados y por dos para los senadores. Se ha llegado a decir que en México hay “políticos profesionales y legisladores amateurs” pues en cada nueva legislatura todos los parlamentarios son recién llegados a esa cámara. Profesionalizar al Congreso, darle continuidad a sus trabajos entre una y otra legislatura es una decisión más que pertinente.
De igual manera resulta adecuado que se pongan límites a la capacidad del Congreso para enviar “a la congeladora” las iniciativas del presidente. Con la iniciativa preferente, el legislativo está obligado a entrar al fondo y a dictaminar hasta dos iniciativas de cambio de ley sugeridas por el Ejecutivo en cada periodo de sesiones.
Se acierta, también, al establecer con claridad quién sustituirá al presidente en caso de su ausencia definitiva. No me convence, sin embargo, que un encargado de despacho —es decir, el secretario de gobernación, el de relaciones exteriores o el de hacienda— se convierta en el primer mandatario de la nación en automático sólo porque un presidente electo lo designó para otra función.
Era necesario especificar que, en caso de que no hubiese acuerdo sobre ley de ingresos, el país no se quedase en un limbo jurídico y el Estado careciera de soporte legal para cobrar impuestos. No obstante, en materia presupuestal, la capacidad del Ejecutivo para observar la ley de egresos, ante lo cual el Congreso sólo podría mantener su decisión original si suma más de dos terceras partes de los legisladores, no hace sino favorecer las potestades presidenciales en un contexto donde el Ejecutivo tiene, de por sí, demasiada manga ancha en materia de gasto frente a las disposiciones del Congreso.
Las candidaturas independientes son un obsequio a la galería, al discurso que quiere separar a “los políticos” de los “ciudadanos”, como si hubiese algún político que no fuera a la vez ciudadano o como si alguien que pide el voto no estuviera haciendo política. Va a resultar crucial que en esta materia la ley impida que por la puerta falsa de las candidaturas independientes se rompa el diseño de condiciones equitativas de la competencia en lo que se refiere a acceso y uso de recursos, acceso a los medios de comunicación y exhaustiva fiscalización del dinero que fluye hacia y desde la política.
Las consultas populares son un reclamo frecuente entre quienes defienden mayores dosis de democracia directa dentro del sistema representativo. Estas consultas podrán ser activadas cuando lo solicite el Presidente de la República; el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión o, los ciudadanos en un número equivalente al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores (como hay 75 millones de electores en la lista nominal, ello implica que habría que reunir a un millón y medio de ciudadanos para proponer una consulta popular). El texto aprobado señala que: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”. Era necesario hacer ese acotamiento pues en América Latina, con frecuencia, los mecanismos de democracia directa se han utilizado para debilitar al régimen democrático: es el caso de los referéndums para modificar constituciones y aprobar sin límite la reelección de los gobernantes, cosa que no podría ocurrir en México pues las disposiciones electorales —y por ello la posibilidad de reelección presidencial- no serán objeto de consultas.
REFORMA POLÍTICA
Ejecutivo y Legislativo. Se permitiría la reelección inmediata de legisladores federales: por un periodo más (12 años) los senadores, y por dos periodos más los diputados (9 años). En un sistema competitivo, la reelección es una posibilidad sujeta a la sanción de los electores y no un trámite automático, y será útil para profesionalizar su labor. Hoy que el Congreso ha adquirido una enorme centralidad es bueno que no se dilapide la experiencia adquirida en la legislatura anterior.
Se establece además que la Cámara de senadores deberá ratificar las designaciones de los comisionados que el Ejecutivo realice en la Cofetel, Cofeco y Comisión Reguladora de Energía. En otro orden, pero que también impacta la relación entre poderes, el Ejecutivo podrá "observar" el Presupuesto y tendrá para ello 10 días hábiles, luego de lo cual la Cámara de Diputados tendrá otros 10 días hábiles para desahogarlo y se requerirá de 2/3 partes de los votos para confirmarlo y reenviarlo al Presidente para que lo publique.
El Presidente, por su parte, podrá remitir al inicio de cada periodo ordinario dos iniciativas preferentes que deberán ser desahogadas por cada una de las Cámaras en 30 días. Las iniciativas -que no podrán ser de reformas constitucionales- pueden ser modificadas pero no podrán congelarse. Es una buena medida que obligará al Presidente a establecer sus prioridades y al Congreso a dictaminarlas.
Se modificarán los criterios para la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Aunque parezca increíble en la capital se mantiene una mal llamada cláusula de gobernabilidad que convierte a una mayoría relativa de votos (30 por ciento) en mayoría absoluta de diputados. Ahora se requerirá de por lo menos el 40 por ciento de la votación para ello. No se entiende por qué no se le equipara a la Cámara de Diputados.
Lagunas. Ante la falta absoluta del Presidente, asumiría provisionalmente sus funciones el secretario de Gobernación, el de Hacienda o el de Relaciones Exteriores (en ese orden de prelación). Si esa falta se produjera durante los dos primeros años de su gestión, el Congreso nombraría un Presidente interino y se llamaría a una nueva elección para terminar el encargo; y si sucediera en los últimos cuatro, el Congreso elegiría un Presidente sustituto encargado de finalizar la gestión. Contar con una suplencia automática tiene sentido, como dicen las consideraciones del dictamen, porque México ha dejado atrás el formato de un partido hegemónico y hoy ninguna fuerza política tiene mayoría en el Congreso por lo que el nombramiento del interino o del sustituto podría llevar tiempo.
Una consideración similar puede hacerse en relación a la reconducción presupuestal. Se trata de una previsión que resultaba innecesaria en los tiempos en que el Ejecutivo tenía asegurada mayoría de votos en el Congreso. Si en los tiempos fijados no se aprueba la Ley de Ingresos, "se mantendrá vigente la del año anterior", y si sucediera lo mismo con el Presupuesto, "continuará vigente... el del año anterior... únicamente respecto de los gastos obligatorios que señale la Ley".
Ciudadanos. Los ciudadanos podrán presentar proyectos de ley cuando la iniciativa se encuentre respaldada por el 0.25% de firmantes en relación a la lista nominal de electores. Es decir, se requerirán como 175 mil adhesiones para que la iniciativa pueda ser considerada. Es un estímulo para la participación ciudadana y un puente entre el Congreso y ésta.
Se agrega la figura de la consulta popular como fórmula de "democracia semidirecta". La podrán solicitar el Presidente, el 33 por ciento de los legisladores de alguna de las Cámaras o el 2 por ciento de ciudadanos en relación a la lista de electores. En el caso de las dos primeras requerirán ser aprobadas por el Congreso. La o las preguntas tendrán que ser revisadas antes por la Corte. Sus resultados serán vinculantes si participa por lo menos el 40 por ciento más uno de los ciudadanos y se realizarán el día de la elección federal.
Se abre paso a las candidaturas independientes que tendrán que ser reguladas en el Cofipe. El dictamen apunta que dicha reglamentación deberá incluir temas como el de un respaldo mínimo de ciudadanos, derechos y prorrogativas, representantes y responsables, mecanismos de financiamiento y acceso a los medios y a la justicia electoral. Cuando se regulen tendremos nuevos partidos que no quieren reconocerse como tales.
PERÚ, VISITA INFRUCTUOSA
Ahora, un deber académico me hace estar en esta ciudad por unos días. Coincide con una reunión de cuatro mandatarios en Lima (Sebastián Piñera de Chile, Alan García de Perú, Juan Manuel Santos de Colombia. Por videoconferencia participó Ricardo Martinelli, presidente de Panamá, que se encuentra "sospechosamente" en Washington.
¿Qué hizo viajar a estos mandatarios a una reunión de un par de horas? La firma del acta de ratificación del "Acuerdo del Pacífico" supuestamente diseñado para fortalecer la integración económica y política entre los países firmantes. Hay dudas, después de la ceremonia en esta capital sobre este presunto lanzamiento del bloque del Pacífico, tanto por su contenido y su futuro como la oportunidad política. Sabido es que Perú ha tenido elecciones en las que quedaron dos candidatos para la segunda vuelta. Omanta Humala y Keiko Fujimori. Las elecciones se realizarán el 5 de junio y las encuestas el día de hoy dan un mínimo de 10 puntos de ventaja al candidato nacionalista. Merece destacarse que Humala descansa su apoyo principalmente en la clase media y baja; obviamente, Keiko, hija del dictador en cárcel, lleva amplia delantera en la clase alta. Es de pensarse que en la medida en que Humala modere su discurso y se distancie, por ahora, de Hugo Chávez, el triunfo será suyo. Ante este pronóstico y conocidas las presiones de los centros financieros internacionales la Bolsa de Lima va a la baja, así como las inversiones. Entre la población se oye que parte del financiamiento contra el amigo de Lula ha provenido de Estados Unidos.
Por otra parte, sabida la áspera relación que Perú y Chile mantienen, el presidente Piñera decidió hacer una visita relámpago y lo que se logró es simplemente un compromiso para actuar: "una hoja de ruta" que marca objetivos y metas para concretarse en los próximos años. Aun cuando los compromisos son de Estado, serán sólo el mandatario chileno y el colombiano los únicos que tendrán mando real dentro de un año. Aún más, el acto irrumpe en un momento de campaña del que Santiago quiere mantenerse al margen. Además, desde esta capital se ve con sospecha el que esta minoría de países del continente traten de iniciar un proceso de integración por una presunta vecindad geográfica -aunque México está mucho más lejos-, y más bien se ve como una respuesta a las iniciativas de Lula por integrar un bloque de países progresistas, tanto en el ámbito político, económico y militar.
Aquí se interpreta, el presidente Piñera lo confirma con su conducta, como un solapado esfuerzo de Washington por crear inútilmente un eje de países con gobiernos desprestigiados y ampliamente manipulados por Washington. Con sorna se dice que este acto es un giro del presidente Santos por salir del "aislamiento" regional de su predecesor. Colombia se lanza sin elementos suficientes, se dice, a la búsqueda de nuevos contactos en Europa, y a un prestigio disminuido que pretende recobrar en el Consejo de Seguridad. Este proyecto de liderazgo regional, sin fundamento, tiene una gran semejanza con las formas que se han adoptado en México en años recientes. Hemos perdido toda relevancia en el conjunto de las naciones latinoamericanas, lo mismo que ocurrió con Colombia, e ingenuamente ambas partes creen que con un documento, una visita y algunas fotografías, la situación cambiará. Pero desde Santiago podemos decir que ningún periódico de ayer jueves hace mención a la visita, ni siquiera los de la tarde, y las notas en televisión sacan solamente una referencia minúscula.
Agregamos también que fue beneficiado con la invitación el mandatario de este país para la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II y, pese a que el Pontífice se involucró en la mediación entre los dos países por los límites en el Canal de Beagle hasta lograr un Tratado de Paz y Amistad en 1984, no irá el Presidente, sino solamente su Ministro de Relaciones Exteriores.
De los dos extremos de la América Latina parecen surgir mensajes semejantes. Primero uno y luego otro Gobierno, México y Colombia, y el fulminado Alan García, intentan estérilmente y contra la historia una alianza finita.
P.D. Se ha revelado por un Cardenal que, antes del último Cónclave, a todos los participantes se les entregó una carta recomendando la inmediata beatificación de Juan Pablo II. Es decir, él mismo dejó la fórmula fast track para que la cumpliera en cinco años Benedicto XVI. (Continuará).
UNA VEZ MÁS EL LLAMADO INTERAMERICANO
miércoles, 27 de abril de 2011
LAS PROPUESTAS DE CALDERÓN Y DE DIPUTADOS PRIISTAS
martes, 26 de abril de 2011
EQUILIBRIO DE PODERES
En complemento a la expansión de derechos ciudadanos, se propone la introducción de dos mecanismos acordes a ese propósito: la iniciativa ciudadana y la consulta popular. La primera posibilitará que un determinado número de ciudadanos presente iniciativas ante el Congreso de la Unión; la segunda permitirá que asuntos de trascendencia nacional sean sometidos a la opinión directa de los electores, sea a propuesta del Ejecutivo, de una de las Cámaras o de los propios ciudadanos.
La ratificación por el Senado de los comisionados que el Ejecutivo designa en tres organismos reguladores en materia económica (Cofetel, CRE y Cofeco) es una de las medidas que abonan al mejor equilibrio entre poderes. La medida, impulsada tenazmente por el senador Manlio Fabio Beltrones, había sido ofrecida en campaña por Felipe Calderón, quien ya en la Presidencia la mandó al archivo.
¿Y si falta el Presidente? Durante décadas esa pregunta ha motivado preocupación ya que las normas vigentes al respecto dejan abierta la puerta para maniobras palaciegas que pueden retardar la designación de Presidente provisional, interino o substituto, según sea el caso. La propuesta es establecer, en caso de falta absoluta del titular del Ejecutivo, una suplencia automática, a cargo del secretario de Gobernación, en tanto el Congreso cumple su tarea. Coincido con quienes opinan que lo idóneo sería que el titular de Bucareli sea ratificado por el Senado. Vista la experiencia de 2006, el dictamen propone que si el Presidente se ve imposibilitado de rendir protesta ante el Congreso, lo hará ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Valga la prevención.
Como ocurre en cualquier Congreso o Parlamento, en el nuestro son muchas más las iniciativas que -por fortuna- se quedan en la "congeladora" que aquellas que merecen dictamen y votación. Sin embargo, el Ejecutivo está inerme ante la omisión legislativa; la reforma propone otorgarle el derecho de iniciativa preferente, para que al iniciar cada periodo ordinario de sesiones presente y otorgue esa calidad a dos iniciativas, las que deberán quedar resueltas dentro del mismo periodo.
Nuestra Constitución es omisa en definir qué pasa si el Congreso no aprueba la Ley de Ingresos o, si aprobada ésta, la Cámara de Diputados no aprueba el Presupuesto de Egresos (PEF). Más aún, persiste el debate sobre la facultad del Presidente para observar (vetar) el PEF; la SCJN resolvió hace pocos años a favor de aquél, pero la omisión constitucional persiste. Sobre este tema, el dictamen aporta un conjunto de soluciones que contribuirán a poner al día las normas en materia presupuestal, con el objetivo de otorgar seguridad a la sociedad y estabilidad a la economía.
Se introduce en la Constitución la llamada reconducción presupuestal, lo que implica que si la Ley de Ingresos y/o el PEF no están publicados para su entrada en vigor el 1o. de enero de cada año, continuarán vigentes los del año inmediato anterior, hasta en tanto el Congreso y el Ejecutivo se ponen de acuerdo. La reforma equilibra la balanza ya que, por un lado, otorga al Presidente la facultad explícita de veto sobre el PEF; por el otro, determina que en caso de reconducción sólo podrán realizarse los gastos obligatorios por ley (sueldos y salarios; cuotas a las instituciones de seguridad social; pago de la deuda pública), lo que es un estímulo para que ambos poderes moderen posiciones y alcancen acuerdos.
Más allá de quién propuso qué, lo cierto es que la reforma expande los derechos ciudadanos; fortalece al Ejecutivo, sin privar al Congreso de sus facultades fundamentales; crea un mejor equilibrio entre ambos poderes; resuelve añejas dudas y cubre omisiones que habían prevalecido por décadas.
Siempre será posible imaginar algo mejor; pero "lo mejor es enemigo de lo bueno". Aquí y ahora lo posible es avanzar en nuevas reformas. Eso es lo que está haciendo el Senado.
Posdata: En el Consejo General del IFE tres sillas siguen vacantes. Quedan cinco días.
GOBIERNO MILITAR
BIENVENIDA LA REFORMA POLÍTICA
En medio de una violencia sin tregua, de nuevos hallazgos macabros, balas y múltiples ya basta, en el Senado tiene lugar una deliberación cuya trascendencia está fuera de toda duda. En efecto, mientras la realidad de la delincuencia nos acosa, y la esgrima declarativa de algunos dirigentes políticos hace gala de bajo nivel, los senadores están por someter a votación un dictamen sobre lo que genéricamente se ha llamado reforma política y que modifica 16 artículos de la Constitución. Es una modificación de gran calado. Sin duda habrá críticas por lo que no contiene la reforma, las omisiones, los puntos que no pudieron ser consensuados, incluso por el tiempo que tardaron los legisladores en procesar sus acuerdos; pero si nos concentramos en lo que sí contiene el dictamen, me parece que habría que concluir que se trata de una reforma trascendente. Advierto cuatro grandes dimensiones. Por un lado, se ocupa de aclarar algunos vacíos constitucionales: qué ocurre en caso de ausencia definitiva del titular del Ejecutivo, qué ocurre si el Presupuesto de la Federación no es aprobado, qué atribuciones tiene el Presidente con el Pesupuesto que aprueban los diputados. Por otro lado, precisa nuevos términos de relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo: iniciativa preferente, reconducción presupuestal para el Ejecutivo, ratificación de nombramientos de los órganos reguladores en el caso del Legislativo. Adicionalmente introduce a la Constitución nuevas figuras que “empoderan” a los ciudadanos: el derecho a postularse como candidatos independientes, con lo que se rompe el monopolio que hasta hoy tenían en esa materia los partidos políticos; la posibilidad de iniciar leyes, al abrir una forma novedosa en la confección de la agenda legislativa; y el derecho de convocar consultas populares sobre temas de especial trascendencia nacional. Finalmente, me parece que el dictamen afectará provechosamente el funcionamiento del Poder Legislativo en su conjunto. No sólo porque se altera su conformación con la posibilidad de que lleguen legisladores no postulados por los partidos políticos, no nada más porque hay nuevos elementos para integrar la agenda parlamentaria sino, sobre todo, porque al introducir la posibilidad de reelección de los integrantes del Legislativo, presumiblemente la dinámica de trabajo se verá alterada. Habrá nuevos incentivos para el conjunto de los legisladores, aquellos que busquen su reelección deberán esgrimir sus argumentos más hacia sus electores y menos hacia sus dirigentes partidistas. Es decir, en estas cuatro dimensiones genéricas, es posible apreciar que la reforma política que se discute en el Senado tendrá efectos en la manera de hacer política en nuestro país. De nuevo, no se trata de una reforma superficial o intrascendente, sino de un conjunto de medidas que oxigenan la política. Sus efectos no serán inmediatos, pero en la medida que tanto los partidos como la ciudadanía se vayan apropiando de los nuevos instrumentos, el debate de lo público conocerá nuevos cauces. Por supuesto, todavía hace falta conocer los detalles, se trata de un dictamen con modificaciones puntuales al texto constitucional y no en pocos casos remite el desarrollo normativo a lo que establezca la ley en la materia. Es decir, todavía queda un trecho largo de trabajo legislativo para detallar los supuestos y alcances reglamentarios, pero sin duda se trata de un buen mapa de navegación que impone una agenda saludable. Bienvenido sea el dictamen de los senadores. Ojalá no se interrumpan los acuerdos.
lunes, 25 de abril de 2011
EN EL IFE NO SE GANAN ELECCIONES
El triunfo del partido “X” o la derrota del partido “Y” se explica, al menos desde 1991, por lo que ocurre allá afuera, en la calle, en las conversaciones, en los mensajes que llegan (o no llegan) por igual a todos los votantes; en las estrategias de campaña, spots, debates, aciertos, errores o atractivos de los candidatos. Humores públicos, formulación de temas y lemas que importan a los continentes de esa vasta masa informe que llamamos electorado. En 1994, por ejemplo, mediante un acuerdo político sin precedentes, los tres principales candidatos presidenciales (Zedillo, Fernández de Cevallos y Cárdenas) acordaron realizar un debate televisado nacionalmente. Dada la anémica cultura democrática de entonces, el hecho no podía sino volverse un espectáculo fundador, tanto, que hasta bien entrados los años 2000, el debate de 94 seguía siendo el programa más visto en la historia de la TV mexicana (40 millones de espectadores). Lo más importante, sin embargo, es que su efecto clarificó el curso de la elección, cambió preferencias y afinó percepciones de una gran parte de los ciudadanos sobre aquel dramático año político. El IFE no tuvo nada que ver en esos acomodos, y por el contrario, la celebración de debates entre candidatos se acreditó como un momento indispensable de la competencia política en México.En el año 2000, Vicente Fox se hizo bolas negociando su propio debate, con Francisco Labastida del PRI, en casa de Cuauhtémoc Cárdenas (otro candidato). La cosa se tornó un show de resbalones televisados, en directo, a cual más entretenido, pero dejó una gran interrogante sobre el ascenso del candidato panista, hecho que ya venían registrando las encuestas. La indiscutible terquedad de Fox, sin embargo, fue genialmente remontada por una operación publicitaria que metamorfoseó aquella necedad en un reclamo, el hartazgo compartido de los mexicanos (¡Hoy, hoy, hoy!) y con resultados que siguen sorprendiendo. Un ejemplo más: el 2006 fue el año en que la izquierda mexicana estuvo más cerca que nunca de conquistar la Presidencia de la República, catapultada por una torpe decisión judicial que se creyó con el poder de excluir a López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del DF, aún antes de comenzar el proceso electoral. De ese modo el tabasqueño tuvo todo para entrar a la campaña como víctima de una maquinación, lo que lo transformó en el contendiente más creíble ante los ojos de millones. Más atrás, en 1991, la popularidad del Presidente Salinas –justo en su cenit- fue el factor determinante de la última victoria rotunda y tricolor; y en 2006 fue la cruel escisión social de México, galvanizada por larguísimas campañas en las que ni tirios ni troyanos se ahorraron insultos, diatribas o injurias en las frecuencias de radio y televisión. Así nos fue. Lo que quiero decir es que la política, las decisiones, la estrategia y los personajes que galopan en campaña son los factores que determinan el ascenso, la caída y los jirones electorales en México. Por fortuna, la autoridad electoral, no tiene nada que ver en eso. Por el contrario, su primera tarea consiste en colocarse fuera de esa tramoya mercurial. Mientras las campañas transcurren, el IFE ha de preparar todos los elementos que en unos cuantos meses soportarán el flujo de la votación: la lista de electores, sus credenciales, entrenar a millones de vecinos para el momento crucial de la jornada electoral, generar todo el material necesario, tener listos los programas que darán los resultados, administrar los promocionales de partidos y autoridades en radio y televisión y un largo etcétera. Todas estas cosas y cada una de sus acciones, deben desplegarse, además, solicitando una y otra vez, el visto bueno de los partidos políticos. Por eso la estructura interna del IFE es una densa selva de consejos (general, locales y distritales), comisiones, comités, grupos de trabajo, a los que por ley, asisten los partidos políticos. Es en esos espacios de deliberación infinita, donde los consejeros electorales elaboran la aprobación explícita de todos los partidos a cada uno de los cientos de eslabones de la organización comicial. Es la chamba nodal de un consejero, rumbo al día de las votaciones, generar consensos una y otra vez, hacerse acompañar no de una parte, sino de todos los partidos gracias a sus razonamientos, la transparencia de los instrumentos que ofrece, las seguridades de imparcialidad, limpieza y de confianza. Y si he llegado hasta aquí con estas verdades de Perogrullo, es porque desde nuestro Congreso variopinto, he escuchado voces de legisladores que suponen lo contrario: en el IFE todavía es posible torcer el resultado, desde el Consejo General, se dice, es posible socorrer o complicar la trayectoria electoral. Se trata de un cálculo que ronda cabezas muy influyentes y que como una alucinación, se aparece en cada turno de negociación para nombrar a los tres Consejeros que le faltan al IFE. Por eso es preciso repetirlo: la colegialidad, la visibilidad y la permanente supervisión de ciudadanos, partidos, tribunales, medios, auditores y contralores, hacen del IFE una intrincada estructura de pesos y contrapesos de la que es imposible sorprender al público con truco alguno. Por el contrario: los partidos y los candidatos necesitan al IFE fuerte, del mayor nivel posible, para otra cosa aún más importante: para que su triunfo electoral, obtenido en la calle, sea inapelable frente a sus contrincantes o para que la aceptación de su derrota sea, civilizadamente, ineludible. Simplemente: de eso se trata la elección de consejeros.
VIOLENCIA Y DESARROLLO
La principal causa de muerte en México, para las personas de entre 15 y 49 años de edad, es el homicidio. Para esta amplia franja de la población es mayor la probabilidad de fallecer por un ataque violento que por un accidente o por cualquier enfermedad (datos del Instituto Nacional de Salud Pública). Por otra parte, los municipios que han visto crecer de manera exponencial la violencia son aquellos en los que mayor fue la destrucción de empleo formal a partir de la crisis económica de 2008, como Monterrey, Reynosa o Ciudad Juárez. Estos datos reveladores de nuestra realidad obligan a analizar con detenimiento el informe sobre el desarrollo mundial 2011, publicado la semana pasada por el Banco Mundial con el título “Conflicto, seguridad y desarrollo”. El informe permite documentar lo que debería de ser un diagnóstico extensamente compartido en México: que los temas de seguridad, buen gobierno y desarrollo son inseparables. Así lo subraya Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial: “Cuando las instituciones estatales no protegen adecuadamente a los ciudadanos, no los defienden de la corrupción ni les brindan acceso a la justicia, cuando los mercados no ofrecen oportunidades de empleo o cuando las comunidades han perdido su cohesión social, la probabilidad de conflictos violentos se incrementa”. El atraso económico genera violencia y la violencia alienta el rezago económico. Por ejemplo, un país o una zona al interior de una nación que ha vivido con violencia tiene una tasa de pobreza 21% superior a la de los espacios libres de ese problema. Ahí donde hay violencia es más alto el riesgo de que se padezca desnutrición, se triplica la inasistencia de los niños a la escuela y se duplica la probabilidad de que los niños menores de cinco años fallezcan o de que se carezca de acceso al agua potable. La presencia de la violencia es la cara actual del subdesarrollo. En América Latina, 35% de las empresas señalan a la violencia como uno de los grandes problemas para las actividades comerciales. La violencia delictiva involucra sobre todo a los jóvenes, que forman parte de las bandas; 96% de los detenidos y 90% de los desaparecidos son hombres, pero las mujeres y los niños sufren de forma desproporcionada los efectos indirectos de la violencia: ellos representan 80% de los refugiados y desplazados por la violencia. De acuerdo con el Banco Mundial, la violencia es resultado de un círculo vicioso alimentado por la dinámica imperante en la política, la seguridad y la economía. El desempleo juvenil es el principal motivo para incorporarse a las pandillas delictivas; contar con un empleo no sólo permite tener un ingreso, sino también reconocimiento y prestigio, lo que se asocia con la cohesión social. La inadecuada distribución de la riqueza es tierra fértil para la inseguridad: “la desigualdad entre los hogares más ricos y más pobres está estrechamente vinculada con una mayor probabilidad de criminalidad violenta”, dice el Banco Mundial. Por otra parte, la corrupción “tiene efectos doblemente perniciosos en los riesgos de violencia, ya que aumenta el agravio y reduce la eficacia de las instituciones nacionales y las normas sociales”. Entre los “factores de estrés” económicos asociados con la violencia que detecta el Banco Mundial se cuentan: los bajos ingresos de la población, el desempleo juvenil, la riqueza en recursos naturales —que pueden ser objeto de tráfico ilegal—, la fuerte corrupción y la rápida urbanización. Como se aprecia, todos ellos están presentes en el caso mexicano. El mensaje central del Banco Mundial es que para acabar con los ciclos de violencia “es imprescindible reforzar las instituciones y los sistemas de gobierno legítimos de manera que se pueda garantizar la seguridad ciudadana, la justicia y el empleo”. Siendo así, una estrategia para frenar la espiral violenta incluye la reducción de los altos niveles de corrupción y de abuso a los derechos humanos, de tal forma que se pueda recuperar la confianza en las instituciones. A la luz del informe del Banco Mundial, es oportuno reconocer, de una vez, que la generación de empleo para los jóvenes es un pilar central de la seguridad. Se requiere activar lo antes posible el crédito, la inversión en infraestructura, las oportunidades laborales. Contar con una enérgica estrategia en pos del crecimiento económico es ya sinónimo de tener una política integral contra la violencia. Claro, ello implicaría cambiar la orientación de la política económica vigente.
¿COMPLOT CONTRA EL IFE?
DE NUEVO LA REFORMA DEL ESTADO
electorera. Todas las reformas han sido
incompletaso
limitadas. Debería entenderse que en un régimen constitucional de normal funcionamiento no hay reforma que pueda ser completa. Sólo un Congreso Constituyente es capaz y, por cierto, no siempre, de dar una reforma total del Estado. Finalmente, los partidos representados en el Senado se han puesto de acuerdo, después de un año de negociaciones, en un proyecto que ya ha sido aprobado en comisiones y que se llevará al pleno, según se ha dicho, antes de que termine el mes de abril. Lo notable de este nuevo intento radica en el hecho de una virtual unanimidad de los consensos. Se trata de un acuerdo que tuvo como base varias iniciativas (incluida una de Calderón que fue rechazada en buena parte). Los puntos esenciales de la misma no son muchos (apenas ocho) ni representan un gran avance en la reforma del Estado. Me detendré luego en algunos de ellos. Son los siguientes: se aprueban las candidaturas independientes; se establece el principio de la consulta popular; se acepta el derecho de los ciudadanos a iniciar leyes; se permitirá la reelección legislativa limitada; se impone la llamada iniciativa presidencial preferente; el Ejecutivo podrá vetar el presupuesto y el veto sólo se podrá superar por las dos terceras partes de los legisladores; se establece un sistema muy limitado de ratificación de funcionarios por parte del Senado, y se especifican los casos en que el presidente faltante puede ser sustituido automáticamente por algunos servidores públicos. Calderón propuso otras modificaciones que no pasaron. Los senadores no quisieron meterse con asuntos como la reelección de presidentes municipales; reducción de las cámaras de Diputados (a 400 miembros) y de Senadores (a 96); segunda vuelta en la elección presidencial; aumentar de 2 a 4 por ciento la votación para que los partidos mantengan su registro; respaldo de la iniciativa ciudadana con el 0.1 por ciento del padrón electoral y de las candidaturas independientes con el aval de 1 por ciento, y la facultad de iniciativa de la Suprema Corte. En todo lo demás, la iniciativa presidencial fue aceptada. Ya esta última era limitadísima; pues el consenso de los senadores lo es mucho más. Me interesa comentar algunas de esas reformas. Sobre la reelección de legisladores, en realidad, hay que decir que siempre ha existido, con sus limitaciones. Yo he conocido legisladores que toda la vida lo han sido, como diputados, con el obligado intermedio de tres años, o como senadores. El senador Carlos Jiménez Macías, de San Luis Potosí, fue diputado conmigo en la 52 Legislatura (1982-1985) y no ha dejado de ser o diputado o senador; mi admirado y gran amigo José Luis Lamadrid Sauza también fue diputado conmigo (se alcanzó la puntada de organizar su rica biblioteca jurídica por secciones que hacían referencia a las diferentes comisiones legislativas). También en mi Legislatura, tuve a dos panistas, Gerardo Medina y Juan José Hinojosa, que estaban cumpliendo entonces su cuarto periodo legislativo. Lo único que cambia es que los diputados y los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente por doce años consecutivos los primeros y por nueve los segundos. Es un avance que haya una forma limitadísima de consulta popular (que será obligatoria según el nuevo propuesto artículo 36 constitucional) y la iniciativa popular (artículo 35). Las restricciones a la primera son casi totales; en la segunda es un exceso que se fije como número de iniciantes el 0.25 por ciento de la lista nominal, pues cualquier grupo de ciudadanos, claro, de cierta entidad, debería poder iniciar leyes. Las candidaturas independientes sólo se justifican por el hecho de representar una opción ciudadana; pero tiene más problemas de lo que suele imaginarse. Se podrían presentar, literalmente, cientos de miles de candidatos independientes y, en caso de tener una mediana viabilidad, como dijera en su momento José Woldenberg, habría algo así como un partido sin registro en torno suyo. Eso, por decir lo menos. Es bueno, desde mi punto de vista, que se establezca el veto presidencial al presupuesto. El titular del Ejecutivo debe hacer ver al Legislativo en qué considera que su proyecto no ha sido entendido o ha sido atropellado. Según el proyecto del Senado, en diez días naturales deberá hacer esas observaciones. Lo que me parece excesivo es que se requiera de una mayoría calificada para pasar por sobre el veto del presidente. En ese caso, no habrá modificación presupuestal formulada por el Legislativo que pueda atajar un veto presidencial y el presidente estará siempre en condiciones de burlar la voluntad del Legislativo. Se trata del 74 constitucional y se recurre al 72. El tema más polémico se presenta con la propuesta llamada de iniciativa preferente. Exceptuando la reforma de la Constitución que se excluye expresamente, se dice que el Ejecutivo podrá presentar dos iniciativas o volver a presentar otras dos que no hayan sido dictaminadas y que deberán ser aprobadas o rechazadas en cada periodo de sesiones del Legislativo. Aparte el hecho de que no se justifica ningún tipo de sumisiones del Legislativo al Ejecutivo, queda siempre el hecho de que en un régimen democrático, la labor legislativa implica siempre negociación y, si se quiere, hasta cabildeo por parte del Ejecutivo para que se aprueben sus iniciativas. No puede aceptarse que la labor del Legislativo esté subordinada a ningún principio de urgencia o de máxima necesidad ajena a su soberanía pues, en todo caso, corresponde al mismo Legislativo determinar lo que es urgente o necesario. El presidente puede proponer lo que le venga en gana, pero es el Legislativo el que debe determinar cómo y cuándo se aprueba o se desecha una iniciativa. El Ejecutivo es siempre el encargado natural de formular iniciativas de reformas legales, porque es el poder que gobierna a la nación; pero es, también de modo natural, el Legislativo el que debe decidir en cada caso. El tema de la sustitución del presidente por falta definitiva, en realidad, es un asunto de poca monta. Se trata sólo de fijar quién debe sustituir al presidente, porque, luego, es el Congreso el que debe decidir cómo se sustituye definitivamente al presidente faltante. Que sean los secretarios de Gobernación o de Haciendo o de Relaciones Exteriores me parece una fruslería. Sobre la ratificación de funcionarios, la verdad es que se avanza muy poco. Se había propuesto que el Senado ratificara a todos los funcionarios de alto nivel que nombre el presidente; pero sólo se hace referencia a embajadores, integrantes de los órganos de regulación de telecomunicaciones, energía y competencia económica, así como a oficiales superiores de las fuerzas armadas. Lo que se necesita es que todos los funcionarios de cierto nivel del Ejecutivo sean ratificados por el Legislativo y sean responsables de sus actos ante el mismo.
ELECTROSHOCKS
Llevo más de 15 años estudiando ese sistema y no conozco una mejor cara. Es más, creo que el valor de Presunto culpable es que presenta una cara ordinaria del sistema penal mexicano: es lo que sucede todos los días, no sólo lo que le sucedió a Antonio Zúñiga. Una de las características del sistema de justicia mexicano es la enorme resistencia de los operadores del sistema a mirarse críticamente y a ver y entender los problemas de la institución. ¿Por qué la miopía? Quizá los experimentos psicológicos del profesor Stanley Milgram de la Universidad de Yale puedan ayudarnos a entender de qué está hecha la miopía de algunos jueces.
Hace ya casi medio siglo, a través de anuncios en el periódico, el profesor Milgram reclutaba voluntarios para una hora de experimento a cambio de 20 dólares. A los voluntarios se les decía que el experimento traba de entender el efecto del castigo en la memorización y el aprendizaje. Milgram fingía que había dos voluntarios: a uno le tocaba el rol de maestro y a otro el de alumno. Pero en realidad el que le hacía de alumno no era voluntario, trabajaba para Milgram.
El experimento consistía en que el alumno tenía que memorizar ciertas pala- bras y el maestro le aplicaba electroshocks cada vez que se equivocaba. Con cada error que cometía el alumno, el voluntario le tenía que incrementar el shock en 15 voltios. La máquina para aplicar los electroshocks clasificaba la intensidad de los shocks: de 15 a 60 "shock suave", 375-420 "shock severo" y 435 a 450 volts "shock en extremo peligroso". El papel del alumno era cometer errores. Evidentemente la máquina no daba electroshocks pero ello no lo sabía el voluntario. El alumno tenía que fingir que temía por su vida y comenzaba a gritar y agitarse. Cuando ello desconcertaba al voluntario, un técnico del laboratorio le decía con cierta autoridad: "el experimento requiere continuar".
La pregunta que quería responder Mil- gram era qué porcen- taje de voluntarios es- taba dispuesto a aplicarle electroshocks al alumno hasta el tope de la máquina, es decir, hasta los 450 voltios. Los hallazgos fueron sorprendentes en todos sentidos: 6 de cada 10 voluntarios llegaron hasta los 450 voltios, no hubo diferencias entre hombres y mujeres y los resultados fueron iguales en Estados Unidos, Holanda, España, Australia, Sudáfrica y Alemania. Ello quiere decir que 6 de cada 10 personas con las que nos topamos en la calle estarían dispuestas a electrocutarnos si hay un técnico de laboratorio, con cierta autoridad, que les ordena continuar. ¿Por qué? ¿Qué explica este patrón?
Una de las explicaciones más sugestivas a esta interrogante es la de la denominada teoría de la disonancia cognoscitiva. De acuerdo con esa teoría, dado que el voluntario está incrementando en 15 voltios el electroshock por cada error que comete el alumno, para llegar a los 450 voltios ha aplicado antes 29 electroshocks (comienza en 15 voltios el experimento). Por ello, el dilema que enfrenta no es si es o no ético aplicar 450 voltios al alumno. Ésa no es la pregunta. La pregunta que realmente está contestando el voluntario es si está bien, en términos éticos, aplicar 450 voltios a una persona después de haberle aplicado 435. La teoría de la disonancia cognoscitiva sugiere que el voluntario no puede evaluar como malo o equivocado aplicar el siguiente electroshock (450 voltios) porque hacerlo significaría aceptar que acaba de cometer un acto equivocado o malo (435 voltios). Para decirlo en forma simple, cuánto más repetimos una determinada conducta, menos capacidad tenemos de evaluarla críticamente.
Esta teoría de la disonancia cognosci- tiva me parece que se puede aplicar espléndidamente a las resistencias al cambio de los operadores del sistema judicial. Los jueces, los ministerios públicos, los defensores pierden la capacidad de criticar y evaluar su desempeño pues llevan comportándose de determinada manera muchos años. Les es casi imposible ver las tremendas injusticias que la maquinaria produce todos los días.
Visto desde fuera no puedo más que pensar: ya basta de electroshocks de injusticias. Esa maquinaria tiene que parar. ¿Cómo? Busquemos a la minoría de jueces y ministerios públicos que, como en el experimento de Milgram, están dispuestos a mirar críticamente su trabajo y dejar de dar electroshocks a pesar de que los han dado por mucho tiempo.
jueves, 21 de abril de 2011
LA CARA TORVA DEL PUEBLO
El político en turno le habla a su auditorio en un gran salón de actos y sabe que existe un recurso -utilizado hasta la saciedad- que al parecer nunca se desgasta: elogiar sin medida al pueblo, a la sociedad (y si es civil mejor), a la gente. No sólo se trata de bloques compactos, sino de las fuentes de todas las probidades. "Porque el pueblo solidario..."; "Porque la sociedad civil cuya entereza, trabajo, honorabilidad..."; "Porque la gente repudia la intolerancia, la discriminación, el fraude...".
El comentarista contrapone a la impoluta sociedad a la pervertida clase política, al noble pueblo a la incapaz burocracia estatal, a la animosa nación con las displicentes direcciones partidistas. El mundo se divide en dos como en un buen cuento de Cachirulo: los nobles contra los fanfarrones, los valientes contra los zafios. Es fácil, tiene su pegue. No importa que sea mentira.
Cuando hablamos del pueblo, la sociedad, la gente, hacemos alusión a continentes enormes, diferenciados, contradictorios, portadores de valores y antivalores. Sabemos o intuimos que en esos inconmensurables agregados hay de todo como en botica, pero un resorte simplificador, útil, manipulador, nos lleva a usar esas inabarcables denominaciones como una fórmula eficaz del lenguaje. Al convertirlos en depositarios de cualidades sin fin estamos haciendo un acto de demagogia. Y algo peor, negándonos a comprender las dificultades de la vida en común, de la vida en sociedad.
La fea introducción anterior (me) sirve para comentar los resultados de la Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México realizada por el Conapred, en la que se documentan varias de las pulsiones preocupantes que anidan en la sociedad. Se trata de los resortes intolerantes, discriminatorios, excluyentes, que cualquier observador medio constata (o puede constatar) todos los días, pero que se esconden tras la bruma del pueblo preclaro y compasivo que tanto explotan los charlatanes.
El 44.1 y el 43.7 por ciento de los mexicanos no acepta vivir bajo el mismo techo que lesbianas u homosexuales; el 24.2 no admite que en su casa vivan personas de otra religión y el 26.6 no permite a extranjeros. En Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, el 31 por ciento de las personas justifican en alguna medida pegarle a los niños buscando que obedezcan. "No tener dinero, la apariencia física, la edad, el sexo y la religión son las condiciones más identificadas por la población que ha sentido que sus derechos no han sido respetados". Los porcentajes que respondieron a la pregunta, "en lo personal, ¿alguna vez ha sentido que sus derechos no han sido respetados por" las causas antes enunciadas son: 31.6, 24.5, 24.1, 23.5 y 20.5. "El principal problema que perciben las minorías étnicas es la discriminación; seguido de la pobreza y el desempleo". "Tres de cada diez personas que pertenecen a alguna minoría religiosa consideran que su principal problema es el rechazo y la falta de aceptación; mientras que una proporción similar considera que su principal problema son las burlas y la falta de respeto". El 26.7 por ciento de los niños respondió que sus padres les habían pegado. "De las personas que realizan trabajo del hogar, 8 de cada 10 no cuentan con seguro médico, 6 de cada 10 no tienen vacaciones y casi la mitad no recibe aguinaldo".
No es un asunto solamente mexicano. Esas pulsiones discriminatorias están presentes en todo el orbe. No son una cualidad exclusiva nuestra. Y es posible que se repartan de manera equitativa a lo largo y ancho del planeta. Apenas el lunes leíamos del avance electoral de la ultraderecha finlandesa. Los autodenominados "Verdaderos Finlandeses" (el nombre ya es en sí mismo todo un programa) se convirtieron en la tercera fuerza en el parlamento explotando una retórica antiinmigrante a pesar de que su país es de los que menos extranjeros ha recibido (sólo el 3.5 por ciento de la población es inmigrante). Y algo similar sucede en la República Dominicana con relación a los haitianos, en Alemania con los turcos o en Estados Unidos con los mexicanos. Y agrégale usted. El viejo refrán es sabio: mal de muchos es consuelo de tontos.
Por ello, porque las sociedades y los pueblos activan con facilidad profundos resortes discriminatorios, es por lo que se necesitan educación para la convivencia de la diversidad, políticas para atajar las exclusiones y construir las condiciones materiales e institucionales que igualen a las personas y normas para penalizar a quienes discriminan a sus semejantes.
EL HORROR ABSOLUTO
ESTO NO ES UNA NARCOMANTA
Comúnmente se habla de los efectos de los medios como si fuese algo inmediato, medible y observable. En los estudios sobre el tema aparece el concepto de habituación. Ésta no solo refiere a la manera en la cual incorporamos en nuestra rutina cotidianas cosas antes ajenas o extrañas sino que, además, da cuenta de la manera en la cual construimos nuestra propia idea de normalidad. Los medios, además, legitiman a quienes emiten un mensaje a través de ellos. Desde el director técnico que explica el último resultado de su equipo hasta el Presidente de la República que expresa su evaluación sobre un tema determinado. Estas opiniones contextualizan la información que, a la larga, otorga a dichos personajes la legitimidad para expresar un punto de vista determinado.
En no pocas ocasiones sus declaraciones constituyen la nota misma. Un disparate, improperio u ocurrencia marciana llegan con gran facilidad a la primera plana de la prensa nacional. Aquí la habituación es nociva pues abona el argumento de que la política es una porquería. Una concepción difícil de cuestionar y que, sin embargo, simplifica la realidad y desconoce todas aquellas cosas que la política si logra hacer (p.ej. conciliar diferencias en torno a temas que hoy proveen de un andamiaje institucional perfectible pero hasta cierto punto funcional).
El otro ejemplo de esta habituación es todavía más riesgoso. Me percaté de ello en una de mis clases en la Facultad de Psicología de la UNAM en donde abordamos el complejo entramado de los efectos de los medios de comunicación. Preguntaba a mis alumnos sobre cuál creían ellos que fuera la justificación editorial de los medios mexicanos para difundir imágenes de narcomantas colocadas a propósito en la escena de algún crimen. Para mí no son más que palabras podridas que acompañan la descomposición de los cuerpos que yacen a su lado. Un macabro pie de foto a actos bestialmente deshumanizados. Frases que, en todo caso, carecen de valor periodístico o informativo. No hay una sola de estas cartulinas, lonas o mantas que me haya transmitido otra cosa que la complacencia de los medios que las publican para legitimar la voz de quienes violan nuestras leyes y degradan a nuestra sociedad.
Reservando mis opiniones en ese momento, escuché atónito sus respuestas. Que los narcos son más confiables para informar que las instituciones del Estado, que lo que ellos digan puede aclararnos mejor lo que sucede en realidad entre las bandas criminales, que su presencia en los medios es justificada por el poder que estos tienen. En pocas palabras que los criminales que redactan estos “mensajes” tienen no solo el derecho de salir en los medios sino la autoridad moral para expresar su visión del mundo.
Le reivindicación de los redactores de estos mensajes como personas que tuvieran algo que decirle a la sociedad me espeluznó. No creo que, fuera de mi salón de clase, las opiniones sean muy distintas. Marchando hace unas semanas en la convocatoria surgida en torno al asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia, escuchaba las iracundas voces que dirigían su odio a Felipe Calderón ignorando en sus consignas a quienes son parte central del problema, las bandas del crimen organizado. Es tanto el enojo y frustración de la sociedad contra las autoridades encargadas de procurar justicia que parecería que el crimen organizado es una víctima más. Un actor agraviado por la virulenta incompetencia del gobierno que se ha visto obligado a escalar el uso de la violencia dentro de su operación comercial.
Pero qué nos puede decir una narcomanta sobre la realidad nacional. ¿Que los medios son voceros voluntariosos de las organizaciones criminales? ¿Que a fuerza de verlos y leerlos todos los días nos hemos habituado a compartir el espacio público con ellos? ¿Que hoy los sentimos parte de nuestro entorno y que los medios han tenido una gran responsabilidad en construir esta aceptación? Personalmente no me convence ninguno de los argumentos “periodísticos” para justificar la publicación de estos mensajes. A largo plazo creo que los medios nos han acostumbrado a considerar al crimen organizado como un elemento de poder legítimo, capaz de modificar percepciones y ganar simpatías para su causa. Y esa sería la más infortunada de las derrotas. Legitimar su existencia, pasarles el micrófono, darles la palabra. El idioma es el mismo pero el lenguaje de la violencia no construye al mundo, lo disuelve.